México DF, Mayo, 2014. IFO Colaboradores.- Las recientes declaraciones del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, respecto a los motivos para despenalizar el aborto en el Estado, se han mediatizado bajo el desgastado argumento de “reducir la mortalidad materna”, evidenciando su desconocimiento sobre estudios serios que hace tiempo desecharon tal argumento.

Por si fuera poco, Rosario Herrera Ascencio, titular de la Secretaría de la Mujer de la entidad, no se queda atrás cuando declara que en Guerrero  “hay más mujeres que mueren por abortos clandestinos que por muerte materna”. La funcionaria desconoce, en principio, que las muertes por aborto son también parte de la estadística de la mortalidad materna.

Su ignorancia se vuelve temeraria cuando se arriesga a dar algunos números sobre el tema: sin referir ninguna fuente, declara que durante  2013 murieron 145 mujeres por abortos clandestinos, cifra sumamente dudosa si se contrasta con la arrojada por la Secretaría de Salud (federal), que ha informado que en Guerrero, desde hace más de 20 años, no se han presentado los fallecimientos que Ascencio Herrera refiere. De acuerdo con la dependencia federal, en 2012 ocurrieron 56 muertes maternas en dicho Estado (incluyendo las ocasionadas por hemorragias, preeclamsia, abortos espontáneos e inducidos, entre otros).

Por otro lado, el gobernador parece olvidar las verdaderas problemáticas que aquejan a su Estado y que no ha solucionado:

Hace unas semanas, por ejemplo, trabajadores de centros de salud de la capital informaron a diputados locales de la Comisión de Salud que carecen de medicamentos básicos, que muchos de los que hay están caducados y que no cuentan con el equipo  médico y sanitario necesario para atender a quienes lo requieren. La situación es aún más preocupante en la población indígena de distintas zonas de Guerrero, donde casi el 96% de esta población no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamientos básicos, ¿sabe el gobernador que un ginecólogo tiene que atender a 2 mil 414 mujeres en edad fértil en Guerrero y a 4 mil 132 mujeres en localidades como La Montaña?

Resulta contradictorio que mientras el congreso local discute la despenalización del aborto con el afán de “evitar muertes maternas”, las mujeres embarazadas que sí quieren ser madres se sigan muriendo en la sala de espera de sus hospitales, ¿ya no recuerda a  la indígena mixteca de 20 años (y su hijo) que murió en Ayutla por negligencia y discriminación?

No olvidemos -aunque algunos funcionarios ya lo hicieron- que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha externado su preocupación porque en Estados como Guerrero ocurran “casos lamentables que pudieron evitarse de contar con las condiciones médicas y tecnológicas necesarias derivadas de garantizar  el acceso universal a servicios de atención calificada del embarazo, parto y puerperio y a cuidados y protocolos de emergencia obstétrica”.

No hay que confundirnos: la reducción de la mortalidad materna no puede seguir siendo el argumento con el que legisladores levantan la mano en el Congreso. Si el Estado desea resolver de fondo las problemáticas que subyacen a la mortalidad materna deberían comenzar por ofrecer a la población servicios de salud de calidad y elevar su nivel educativo, factores que sí tienen una incidencia directa en el tema.

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