Recién el 14 de octubre pasado, fue promulgada (y publicada al día siguiente) la Ley 21.383, titulada: “Modifica la Carta Fundamental, para establecer el desarrollo científico y Tecnológico al servicio de las personas”.
El proyecto tuvo su inicio a instancias de los parlamentarios Girardi, Goic, Chahuán, Coloma y De Urresti; y como su nombre indica, versa sobre el desarrollo científico y tecnológico, la actividad cerebral y el respeto a nuestra integridad física y psíquica.
De esta manera, se modificó el importantísimo art. 19 (que establece los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución), específicamente su Nº1, que tutela el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Es decir, el numeral clave del entramado de nuestros derechos, al depender todos ellos del hecho de permanecer vivos.
Sin embargo, pese a lo anterior, se trató de una tramitación muy poco conocida por la opinión pública, al punto que su promulgación ha tomado por sorpresa a casi todo el mundo.
Pues bien, el aludido proyecto añadió un último párrafo al art. 19 Nº1 que reza: “El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.
Es decir, esta modificación alude a los llamados “neuroderechos”, que pretenden que los avances de la tecnología, como la genética, la bioingeniería y sobre todo la inteligencia artificial, no vulneren nuestros derechos humanos. Y defienden entre otros, ni más ni menos que derechos como la privacidad mental, la identidad personal o el libre albedrío.
Ahora bien, si se legisla acerca de algo, es porque ese “algo” existe y puede causar problemas. De ahí que resulte imposible no vincular esta modificación constitucional con algunas de las frases que en su momento pronunciara el Presidente de la República, al anunciar el inicio de la licitación pública de la red 5G para Chile, y que se hicieron virales. Ello, pues señalaba textualmente (se transcribe del video de YouTube) que esta tecnología permitiría “impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del internet de las cosas”; que igualmente dicha tecnología abría “la posibilidad que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos”; y finalmente, sentenciaba que “va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro”.
Ahora bien, una materia tan sensible y trascendente al menos podría haber sido publicitada un poco más, y no hacerse esta reforma casi a nuestras espaldas, máxime al estar íntimamente vinculada a aspectos tan fundamentales como la vida, la integridad psíquica y la libertad. Lo menos que puede pedirse es que nos hubieran tomado algo más en cuenta.
Sin embargo, parece que tanto encierro forzoso ha ido acostumbrando a la autoridad a tomar una serie de importantes y trascendentes decisiones para la ciudadanía a la que en teoría sirve, de manera completamente autónoma y presentarle los hechos consumados. Lo cual hace preguntarse cada vez más a menudo, quién está realmente al servicio de quién.
Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián
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