Como si no hubiera otros muchos problemas bastante más urgentes y acuciantes que resolver, nuestro país se verá nuevamente sometido a un proceso constituyente, que otra vez traerá incertidumbre respecto de las reglas del juego que se pretende nos rijan en las próximas décadas y, por tanto, un nuevo compás de espera en que resultará mucho más difícil hacer proyecciones respecto de nuestro futuro inmediato.

            Ahora, al margen de lo antes señalado, lo que más desconcierta es que para este proceso tan importante y que se supone debiera emanar en última instancia de la nación, la supuesta detentadora de la soberanía, se la haya saltado olímpicamente, al omitir un plebiscito de entrada para iniciarlo. Ello, puesto que el anterior proceso feneció con el plebiscito de salida de septiembre pasado: esas eran las reglas del juego a que dio lugar el anterior plebiscito de entrada.

            Se equivocan (en realidad, violan la Constitución y las leyes) quienes pretenden atribuir una especie de autorización perpetua y a todo evento para la realización de este proceso constituyente en ese plebiscito de entrada; no sólo porque la pregunta no era algo así como: “¿quiere iniciar un proceso constituyente permanente por si fracasa esta primera chance?”, sino que la decisión a tomar dependía de las reglas establecidas, esto es, que el proceso concluía con el plebiscito de salida de septiembre, fuera cual fuese su resultado. Ahora, si no se estaba dispuesto a aceptar el veredicto en caso de no aprobarse el texto propuesto, resulta completamente absurdo que se llame a la ciudadanía a dar su parecer.

            De hecho, si tan seguros estaban los promotores de este nuevo proceso de dicha autorización perpetua, ¿por qué no se hizo otro plebiscito de entrada? ¿O es que se temía una negativa?

            Por otro lado, si se establecieron de partida tantos puntos de inicio (habrá que ver si se respetan en el proceso), que ya se encuentran en la actual Carta Fundamental, ¿no hubiera sido mucho más fácil reformar la Constitución ya vigente que hacerla toda de nuevo? Aquí no hubiera sido necesario un plebiscito de entrada, pues toda Constitución tiene y debe ejercer sus mecanismos de reforma si quiere durar en el tiempo, como en realidad se ha hecho desde 1989.

            Finalmente, este modo de proceder y de presentarle a la ciudadanía los hechos consumados no sólo equivale a una tremenda bofetada al abrumador triunfo del “Rechazo” en septiembre, sino que tal como están las cosas, de no aceptarse nuevamente el texto que se proponga el próximo año, nada impediría que buena parte de la clase política inicie nuevamente otro proceso; y así sucesivamente hasta que por fin logren imponer una Constitución a su gusto.

            Por eso y como ya hemos advertido en más de una oportunidad, lo anterior muestra una profunda crisis de nuestra democracia, que cada día parece más un simple trámite para legitimar decisiones que no emanan del querer popular, querer que sólo es tomado en cuenta si coincide con el de quienes nos gobiernan. Así las cosas, ¿Quién está realmente al servicio de quién?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián