¿Vamos a ponernos la soga al cuello?

Conocido el borrador de la nueva Constitución que se someterá a votación popular en septiembre, ya no caben dudas ni es necesario hacer vaticinios respecto de lo que su aprobación significará para el futuro de nuestro país. El solo texto ya revela muy a las claras el nefasto rumbo que seguirá Chile en caso de ser aprobada dicha propuesta.

            Ante todo, una cosa que llama la atención luego de un primer análisis “al voleo” del texto propuesto, es el rol absolutamente aplastante y omnipresente que se asigna al Estado en la regulación y fiscalización de prácticamente todo. Lo cual se encuentra muy lejos –cuando no en las antípodas– del principio de subsidiariedad propugnado por la actual carta Fundamental, que deja un buen espacio a la libertad de los ciudadanos para resolver sus propios asuntos. No solo por ser los primeros interesados en esos problemas y muchas veces comprenderlos de mejor manera que una lejana y no pocas veces ideologizada autoridad, sino además, por ser al mismo tiempo un buen escudo para evitar los abusos de esa misma autoridad. A fin de cuentas, las instituciones están conformadas por personas, iguales que nosotros, y por ello, con nuestras mismas virtudes y defectos, lo que hace temer con justa razón un posible abuso de su parte, al tener de su lado el poder del Estado para cometerlo.

            Pero además, el texto propuesto, lejos de ser, como se prometía en un principio, una “casa común” para todos los chilenos, no solo no lo es, sino que nos divide profundamente en multitud de aspectos, partiendo por las diferentes nacionalidades que dice reconocer. Con lo cual, en el fondo nos pone a unos en contra de otros, generando incluso instituciones distintas para cada etnia, como su propio sistema de justicia, por ejemplo. Igualmente, la existencia de los gobiernos regionales termina haciendo de nuestro país casi un mosaico de territorios semiindependientes, que en nada contribuye a nuestra unidad como Estado no solo frente a nosotros mismos, sino de cara al resto del mundo.

            Por último (y se comentarán otros aspectos en columnas venideras), este Estado omnipresente que no confía en la libertad de las personas y que pretende casi dejarnos en una especie de interdicción, se compromete a una cantidad de cosas tan impresionante, que uno no puede menos que preguntarse de dónde se sacarán los cuantiosísimos recursos que exige cumplir siquiera una mínima parte de esas promesas. Todo lo cual, lejos de satisfacer las necesidades que dice querer resolver, será fuente de nuevos y complejos conflictos, al sentirse sus supuestos beneficiados, literalmente estafados por dichas promesas constitucionales.

            En suma, además de convertir a Chile en un Estado totalitario, secuestrado por una ideología estatalista que no representa ni de lejos a la mayoría de los chilenos, equivale, tal como lo demuestra la historia –lejana y cercana, pasada y reciente– a ponernos la soga al cuello, truncando el camino de progreso que hemos tenido en las últimas décadas y que ha causado la admiración de muchos de nuestros vecinos, por fórmulas fallidas una y mil veces, que podrían poner a nuestro país en un camino sin retorno y perder las actuales libertades a las cuales tanto nos hemos acostumbrado. Libertades que muchos consideran como algo evidente y que no puede perderse, pese a que la historia ha mostrado mil veces lo contrario.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Ha pasado algo en los últimos cinco siglos en Chile?

Los afanes refundacionales que la Convención Constitucional busca instaurar en nuestro país son tan profundos y desarraigados de la realidad, que parecen venir de un universo paralelo que pretende borrar de un plumazo toda la historia y las tradiciones que han moldeado la identidad que tenemos la gran mayoría de los chilenos. Y al obrar de este modo, están yendo precisamente contra aquello que prometieron representar: el auténtico Chile, del cual provendría la legitimidad de la nueva Carta Fundamental.

            Sin embargo, más que la imagen del verdadero Chile, el espíritu que parece impulsar a la desproporcionada mayoría que domina este organismo (y que tampoco representa al Chile real), es la de un revanchismo de los llamados “pueblos originarios”, como si no hubiera ocurrido nada en nuestro país –o no importara en absoluto– en los últimos 500 años.

            Por tanto, en varios aspectos, se trata de una Constitución indigenista que pretende retrotraernos hasta antes de la llegada de los españoles, poniendo entre paréntesis, casi pretendiendo negar su existencia, todo lo que nos ha ocurrido como nación –primero en formación como colonia y consolidada luego de la independencia– en medio milenio.

            No otra cosa explica el auténtico fastidio hacia las tradiciones republicanas que han formado nuestra idiosincrasia, sobre todo las que provienen de nuestra historia independiente. Desde el desprecio hacia nuestro himno nacional y los demás símbolos patrios (que no han modificado, pretendiendo que ello es una gran concesión hacia nosotros), hasta el nulo respeto por varias instituciones fundamentales de nuestra república (como el Senado o el Poder Judicial), o los derechos de quienes no pertenecen a esas etnias originarias, pero que han tenido tanta o más importancia que ellas en la formación de nuestro país.

            Pero además, cabría preguntarse cuántos de aquellos que pertenecen o dicen pertenecer a dichas etnias originarias están de acuerdo con lo que la Convención propone. Pues en muchísimos casos, ellos se sienten más chilenos que miembros de dichas etnias, aunque consideren esto último como un orgullo. Por tanto, ¿identifica realmente este afán refundacional-revanchista a quienes dice representar?

            Por otro lado, en muchos aspectos lo que ha primado ha sido la asesoría (cuando no conducción directa) de diversos organismos internacionales que poco o nada tienen que ver con nosotros. ¿Es esa la representación del “verdadero Chile”? ¿Hasta qué punto no se están copiando al pie de la letra fórmulas más que discutibles y de criticables resultados aplicadas en otras latitudes del continente? ¿No parece más una Constitución impuesta desde fuera?

Lo anterior, al margen del grave problema de representatividad (y a nuestro juicio, de legitimidad) de varios de los convencionales, algunos de los cuales ni siquiera lograron obtener mil votos, dado el sistema de elección empleado en su oportunidad. ¿Otorga un puñado de votos, a veces ridículo, la autoridad para proponer refundarlo todo desde cero y a partir de una óptica más que discutible?

            Pero se insiste en el primer punto: ¿es que de nada han valido los 500 años de historia que hemos tenido como chilenos? ¿Es que no han afectado en absoluto a quienes pretenden que no hemos tenido historia y parecen encapsulados en un pasado utópico e idealizado?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un peligroso solipsismo

La labor realizada por la Convención Constitucional recibe más y más críticas de múltiples sectores, varios en un principio muy afines a su existencia. Y la razón fundamental pareciera radicar en lo que podría considerarse un peligroso solipsismo de su parte.

            Como se sabe, el solipsismo apunta a aquella situación en la cual para el sujeto sólo es real lo que él ve o percibe, o como señala la RAE, es una “forma radical de subjetivismo según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo”. Y algo así pareciera estarle ocurriendo a la Convención, si se analizan las propuestas que de ella emanan.

            No vamos a entrar aquí en los múltiples ejemplos de propuestas que a lo menos llaman la atención, cuando no son vistas como una amenaza por buena parte de la población. Queremos llamar la atención sobre lo que estimamos, es parte del origen de este problema.

            A nuestro juicio, este “solipsismo convencional”, manifestado en el deseo de refundar Chile, no sólo obedece a razones ideológicas, sino a un aspecto que ya advertimos apenas fue elegida la Convención: el sistema de votación empleado para darle origen.

            En efecto, mutatis mutandis, se utilizó el mismo sistema que se emplea para las demás elecciones “normales”, lo que a nuestro juicio tiene al menos dos graves inconvenientes.

            El primero es que se dio origen a una notable dispersión de candidatos y votos, lo que hizo que muchos convencionales resultaran electos por un puñado de sufragios a veces ridículo, casi un insulto dada la trascendental importancia de la labor a la que estaban postulando. De esta forma, se ha dado el absurdo que para otros cargos de mucho menor importancia, quienes los detentan obtuvieron muchos más votos que varios convencionales.

Evidentemente, lo anterior resta mucha legitimidad a este proceso. No sólo por no representar realmente al “pueblo”, dada la exigua votación obtenida por muchos convencionales, sino además, porque claramente las bancadas resultantes no reflejan la realidad del país, habiendo por ello sectores sobre y sub representados, a veces groseramente. Mal puede, así las cosas, surgir una Constitución “de todos los chilenos”.

            Y esto se vincula al segundo inconveniente: que al elegirse al órgano que tiene la misión de establecer las “reglas del juego” para el país entero, se supone que por mucho tiempo, debieran haberse generado unas reglas de elección muy diferentes a las usadas (ignoro cuáles: no soy politólogo), precisamente porque no era una elección común.

Por tanto, lo absurdo es que se haya usado el mismo tipo de procedimiento que en la elección de todas las demás autoridades, que simplemente “juegan” de acuerdo con las reglas ya establecidas de antemano –sin poder alterarlas–, no que tienen, como en este caso, la misión de crearlas para el futuro. Es evidente que esta “receta electoral” debiera haber sido otra, para garantizar un muy amplio voto popular y real legitimidad para cada uno de los convencionales elegidos y que además, representaran de verdad nuestra realidad nacional.

            Así, esta falla en su origen ha hecho que al no representar realmente a nuestra sociedad, el sector ideológico dominante sobre representado no tenga contrapeso y que por tanto, no exista un debate equilibrado. Esto contribuye a que este sector se separe cada vez más y más de la realidad, cayendo así en este auténtico “solipsismo convencional”.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Como si ya estuviera todo cocinado de antemano

La verdad es que ni siquiera combinando los refranes “la realidad siempre supera la ficción” y “las cosas siempre pueden ser peor”, es posible aquilatar las increíbles propuestas que semana a semana surgen de la labor de la Convención Constitucional, al punto que no se acaba de salir del estupor de una, para caer en el que produce la siguiente idea que emana de dicha entidad.

Si bien la lista se va haciendo excesivamente larga (multinacionalismo, fragmentación del país, sistemas judiciales y estatutos jurídicos paralelos, destrucción de la inversión y de la propiedad privada, graves atentados contra la libertad de expresión, la consolidación de un Estado asfixiante, etc.), quisiéramos llamar la atención respecto de la propuesta de consagrar el aborto libre y sin plazos, pues creemos, es un buen botón de muestra de lo que está pasando y de lo que se puede esperar de este proceso político-jurídico.

En efecto, al hacer una propuesta semejante (es decir, poder abortar libremente hasta los nueve meses de embarazo y sin esgrimir justificaciones, salvo la mera voluntad), ello muestra muy a las claras la verdadera dimensión en que está operando la Convención, dada la absoluta falta de contrapeso de su sector más radical, lo que hace, literalmente, que dicho sector se considere dueño y señor absoluto del país y de su futuro. Una peligrosa muestra de lo que ocurre casi sin excepción cuando no existe un adecuado equilibrio en cualquier institución ni fiscalización a su respecto.

En este caso, la Convención estima que puede hacer literalmente lo que quiera, sin importar e incluso contra el sentir y tradición de buena parte o incluso de la gran mayoría de la sociedad chilena. En el fondo, actúa como una especie de Demiurgo que puede moldear a su antojo el material con el que trabaja, cual arcilla, y creyéndose además con derecho a hacerlo.

Sin embargo, de ahí a pasar a propuestas delirantes no hay más que un paso. Piénsese, para volver al caso de la lamentable propuesta respecto del aborto libre, que esto colocaría a Chile al borde de la legalización del infanticidio. En efecto, ¿qué diferencia tiene abortar a un niño de 8 meses de gestación que matar a otro de dos meses de nacido? Y obviamente, la objeción de conciencia desaparece ante esta aberración.

Pero además (y esto llama profundamente la atención), la Convención está actuando como si tuviera el triunfo asegurado, como si no abrigara dudas que su propuesta será acatada, incluso por una gran mayoría; en buen chileno, como si ya estuviera todo cocinado de antemano. Sólo eso explica que no tenga empacho alguno en hacer las propuestas más disparatadas sin siquiera arrugarse, sin el mayor disimulo, incluso con prepotencia. Desde su perspectiva, estiman que se les ha dado un cheque en blanco que les permite con total seguridad, hacer realidad todo lo que desee el grupo dominante que yace en su interior.

La verdadera pregunta que queda por hacer es si realmente el pueblo tiene algo que decir en todo esto; o si se prefiere, si nuestra democracia funciona, e incluso si existe. Lamentablemente, a momentos da la impresión que se ha convertido en un simple trámite validador de las decisiones de quienes detentan el poder, de manera sumisa y obediente, para darle legitimidad. ¿Habremos llegado tan lejos?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Hacia una democracia tutelada o protegida?

Un problema sobre el cual no se ha reflexionado lo suficiente de cara al actual proceso constituyente, es cómo podría verse afectado el sistema democrático con motivo de la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución, como se pretende.

            La idea en principio parece buena: que los tratados de derechos humanos suscritos por Chile sean incorporados al llamado “bloque de constitucionalidad”, de tal forma de enriquecer y complementar el catálogo de derechos fundamentales establecidos por la propia Carta Magna. De esta manera, podrían mejorarse varios de ellos, al tener que armonizar ambas normativas, nacional e internacional, teniendo el juez local más elementos de juicio al momento de resolver los casos que se le encomienden.

            Sin embargo, lo que pocas veces se señala es que en la práctica lo que termina incorporándose a este bloque no son propiamente los textos de los tratados, sino la interpretación -bastante libre, dicho sea de paso- que de los mismos hacen los organismos internacionales encargados de tutelarlos (cortes, comisiones y comités), que en la práctica han terminado monopolizando dicha interpretación.

            Lo anterior ha hecho que el sentido y alcance de estos tratados haya evolucionado mucho y muy rápido, de la mano de sus órganos guardianes, lo que hace que muchas veces lo que ellos exigen a los Estados suscriptores, se aleje del primitivo sentido del tratado que además de los derechos contemplados, ha dado origen a dichos órganos guardianes. Mas, al tener este monopolio, muchos estiman que en el fondo, el tratado es lo que ellos interpretan.

            En consecuencia, puesto que los Estados habrían aceptado esta situación al suscribir los tratados originales (y por tanto, la labor de estos organismos guardianes), sus defensores consideran que las leyes e incluso la Constitución de estos países debiera seguir a pies juntillas los dictámenes y recomendaciones de estos tribunales y comités, limitando bastante su libertad para autodeterminarse como nación.

            Más aún: varios de sus defensores estiman que estos derechos humanos establecidos internacionalmente, también son un límite para las decisiones democráticas, que nunca podrían oponerse a ellos o contradecirlos. Incluso, llevado a sus extremos, estos derechos humanos en permanente evolución, podrían afectar aspectos fundamentales de los itinerarios y razón de ser de diversos partidos políticos, al estar en contra, se insiste, de estos derechos humanos establecidos y monopolizados desde las alturas internacionales.

            Es por todo lo anterior que podríamos terminar en presencia de una democracia “tutelada o protegida”, en el sentido de estar sometida a los dictámenes de estos organismos internacionales, que se han convertido en la actualidad en los verdaderos censores de los derechos humanos a nivel global.

            El problema se agrava, además, pues tanto en el nombramiento de sus integrantes, el desempeño de sus funciones y en la exigencia de ulteriores responsabilidades, la ciudadanía no tiene ninguna participación. De hecho, prácticamente desconoce su existencia. Y además, la actividad de estos organismos no es controlada por nadie, pues no existe ni de lejos algo así como una división de poderes, como ocurre al interior de los Estados.

            Este es pues, un gran problema, que amerita un abierto y amplio debate.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un momento crucial

Al igual que las personas, los países no tienen su futuro asegurado, como lo demuestran sobradamente la existencia de vidas arruinadas y de estados fallidos. Y si bien ese futuro va construyéndose paso a paso con las decisiones que se toman a cada instante, existen momentos decisivos para la historia, tanto individual como colectiva, o si se prefiere, situaciones de inflexión cruciales, en que hay que actuar con mucho cuidado, al mismo tiempo que con decisión.

            Ahora bien, tal como una persona tendrá mayores posibilidades de éxito si posee un cierto equilibrio global que le permita tomar mejores decisiones (lo cual sería muy difícil, por ejemplo, para un sujeto irascible o demasiado cómodo), mutatis mutandis, algo parecido ocurre también en el caso de los países: que es especialmente importante que en esos momentos cruciales existan ciertos equilibrios en su interior, a fin que las decisiones que se adopten no sean demasiado extremas, pues como decía el viejo Aristóteles, en el justo medio está la virtud.

            Pues bien, actualmente en Chile estamos viviendo un momento de inflexión en nuestra historia, al estar en debate ni más ni menos que una nueva Constitución, que de ser aprobada –lo que por cierto no puede darse por descontado–, tendrá enormes e insospechadas consecuencias para todos nosotros de aquí a las próximas décadas.

            Sin embargo y como se ve a diario, en razón de las mayorías obtenidas en la Convención Constitucional, no existe en su interior ningún equilibrio entre las diferentes y arraigadas cosmovisiones de país que conviven en nuestra realidad cotidiana. Lo anterior ha hecho que esa mayoría actúe sin contrapeso, con lo que más que acuerdos entre visiones distintas, se está produciendo la imposición de una de ellas. Es por eso que resulta imperioso tratar de equilibrar esta situación de alguna manera –o al menos aminorar esta grave descompensación–, a través de otras instituciones del Estado.

            De esta forma, ¿se imagina alguien el impulso y el aumento de potencia que podría tener la ya desbocada actuación de nuestros convencionales, con un Poder Ejecutivo que no sólo le siga la corriente, sino que incluso pueda impulsarla a llegar más lejos? Al menos la composición del Congreso del próximo gobierno será algo más equilibrada que la actual. Sin embargo, desde el punto de vista de los contrapesos, sería nefasto seguir cargando la balanza a favor de la mayoría de la Convención Constitucional.

            Es por eso que pese a estar ya muy cargadas las tintas, para al menos tratar de evitar un aún mayor extremismo, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo haga o al menos intente hacerle de contrapeso. No para estorbar, se insiste, sino para al menos intentar equilibrar las aguas en este momento fundamental de nuestra historia.

            Es algo parecido a lo que ocurre con la tiranía de las mayorías: que cuando no existe nada que al menos morigere su afán o incluso fiebre por imponer su visión de las cosas, el fruto resultante termina siendo peor que la situación que en teoría se quería superar.

Esa es la razón por la cual estamos en un momento crucial de nuestra historia, y la actual elección presidencial es de lejos la más importante, tal vez de los últimos cien años.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Qué tipo de sociedad queremos?

Como resulta obvio, son muchas las reflexiones que pueden hacerse a partir de la última elección, que incluso en algunos aspectos debieran ser objeto de estudio entre otros, por los especialistas en ciencia y filosofía política. Comentaremos al voleo algunas de ellas, referidas sobre todo a los resultados del sufragio presidencial.

            Una primera cosa que llama la atención es la baja votación que obtuvieron varios candidatos que o eran conocidos desde hace tiempo (algunos incluso habiéndose presentado en otras ocasiones) o contaban con el respaldo de los partidos tradicionales más importantes. De entre las muchas lecturas que lo anterior suscita, una muy verosímil es el cansancio o desilusión que parecieran generar los políticos y los partidos tradicionales en un segmento cada vez mayor de la población. Da la impresión que muchos se han aburrido de votar por el “mal menor”, que en no pocas ocasiones ha terminado siendo una opción tanto o más mala que la que se quería evitar y en el fondo, contra la cual se sufragó al elegir a la supuestamente contraria.

            De hecho, pareciera crecer en gran parte del electorado la sensación que en buena medida, estos sectores tradicionales son más aliados entre sí que verdaderos competidores, como se presentan oficialmente. Y que ellos operan en una especie de mundo paralelo, siendo cada vez más impermeables a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la población.

            Otro aspecto llamativo es la votación que obtuvieron candidatos o partidos nuevos, no alineados con las posturas tradicionales. Incluso uno de los candidatos ni siquiera está en Chile, quedando tercero en las preferencias. Este hecho sin duda debe ser estudiado científicamente en el futuro inmediato. Otro signo más que indica el cansancio aludido, lo que hace buscar nuevas alternativas para que el clamor de muchos votantes sea realmente escuchado.

            Un tercer elemento interesante es que en atención a las candidaturas presentadas, fueran las posturas más extremas de este abanico las más votadas. Otro factor que parece indicar que las posturas de centro no atraen demasiado, precisamente por ser cada vez más impermeables a las necesidades de vastos sectores de la población.

            En cuarto lugar, lo anterior significa que esta segunda vuelta tiene bastante más importancia que las situaciones análogas que se han dado en elecciones anteriores. Ello, pues el concepto de sociedad que representa uno y otro candidato no pueden ser más antagónicos, que simplificando mucho las cosas, podría resumirse en el binomio estatismo-libertad. De ahí la trascendencia del presente caso, que permitirá saber qué tipo de sociedad queremos.

            Finalmente, es de esperar que el actual proceso constituyente no busque interferir a posteriori cambiando las reglas del juego de esta elección, dependiendo de quién sea el ganador del 19 de diciembre. No sólo sería una actuación ilegítima, sino que además estaría desconociendo la voluntad popular, que ha sido, no hay que olvidarlo, la que ha dado vida a la Convención Constitucional.

            Como se ve, se trata de una elección crucial, razón por la cual todos debemos votar. Ante una situación tan trascendente, no tendrá después derecho a alegar por lo que ocurra quien no cumpla con este grave deber cívico.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿A nuestras espaldas?

Recién el 14 de octubre pasado, fue promulgada (y publicada al día siguiente) la Ley 21.383, titulada:Modifica la Carta Fundamental, para establecer el desarrollo científico y Tecnológico al servicio de las personas”.

El proyecto tuvo su inicio a instancias de los parlamentarios Girardi, Goic, Chahuán, Coloma y De Urresti; y como su nombre indica, versa sobre el desarrollo científico y tecnológico, la actividad cerebral y el respeto a nuestra integridad física y psíquica.

            De esta manera, se modificó el importantísimo art. 19 (que establece los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución), específicamente su Nº1, que tutela el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Es decir, el numeral clave del entramado de nuestros derechos, al depender todos ellos del hecho de permanecer vivos.

            Sin embargo, pese a lo anterior, se trató de una tramitación muy poco conocida por la opinión pública, al punto que su promulgación ha tomado por sorpresa a casi todo el mundo.

            Pues bien, el aludido proyecto añadió un último párrafo al art. 19 Nº1 que reza:El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

            Es decir, esta modificación alude a los llamados “neuroderechos”, que pretenden que los avances de la tecnología, como la genética, la bioingeniería y sobre todo la inteligencia artificial, no vulneren nuestros derechos humanos. Y defienden entre otros, ni más ni menos que derechos como la privacidad mental, la identidad personal o el libre albedrío.

            Ahora bien, si se legisla acerca de algo, es porque ese “algo” existe y puede causar problemas. De ahí que resulte imposible no vincular esta modificación constitucional con algunas de las frases que en su momento pronunciara el Presidente de la República, al anunciar el inicio de la licitación pública de la red 5G para Chile, y que se hicieron virales. Ello, pues señalaba textualmente (se transcribe del video de YouTube) que esta tecnología permitiría  “impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del internet de las cosas”; que igualmente dicha tecnología abría “la posibilidad que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos”; y finalmente, sentenciaba que “va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro”.

            Ahora bien, una materia tan sensible y trascendente al menos podría haber sido publicitada un poco más, y no hacerse esta reforma casi a nuestras espaldas, máxime al estar íntimamente vinculada a aspectos tan fundamentales como la vida, la integridad psíquica y la libertad. Lo menos que puede pedirse es que nos hubieran tomado algo más en cuenta.

Sin embargo, parece que tanto encierro forzoso ha ido acostumbrando a la autoridad a tomar una serie de importantes y trascendentes decisiones para la ciudadanía a la que en teoría sirve, de manera completamente autónoma y presentarle los hechos consumados. Lo cual hace preguntarse cada vez más a menudo, quién está realmente al servicio de quién.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿El punto débil de nuestro sistema electoral?

La verdad es que en los varios años que llevo escribiendo en este diario, no creo recordar otra columna en que comparta una experiencia personal como en este caso, lo que también me lleva a escribir en primera persona, cosa que no suelo hacer.

            La razón de lo anterior radica en la crucial importancia que tienen las próximas elecciones, situación que justifica de sobra a mi juicio lo que se va a decir a continuación.

            Empecemos. En la penúltima elección me tocó ser apoderado de local en la ciudad de Concepción. Para ello, junto a muchos otros voluntarios, recibí por Zoom la formación básica para poder desempeñar esa labor, experiencia que resultó muy interesante.

            Ahora bien, dentro del curso que se nos impartió (de varias sesiones), se nos señaló expresa y reiteradamente que los apoderados de local tenían no solo el derecho, sino también el grave deber de estar presentes en la sala de digitación del local, en la cual como su nombre indica, se digitan los datos obtenidos de las actas de cada mesa luego del escrutinio, a fin de transferir la información final a la base central del Servel.

            La importancia de esta etapa final del conteo de los votos resulta evidente, lo que explica la insistencia en fiscalizar este momento crucial, del cual depende, ni más ni menos, que el cómputo final que dirime los ganadores del proceso eleccionario.

            Sin embargo, profunda fue mi sorpresa y desagrado, cuando llegado el momento de ingresar a la sala aludida, se me informó con absoluta indolencia que ello no era posible. Extrañado, señalé que de acuerdo con la formación que había recibido, tenía derecho a presenciar el proceso de digitación. Finalmente, y luego de llamar, según se me dijo, a la autoridad regional, se me denegó el acceso. Con lo cual este proceso fue realizado, al menos en ese local, a puerta cerrada y sin la fiscalización de nadie ajeno al sistema.

            Se comprende sin ninguna dificultad lo irregular de la situación. Es precisamente por eso que el proceso electoral contempla una serie de resguardos, para que la información se maneje a la luz, evitando los secretismos y, en consecuencia, posibles fraudes. Ello, pues la tentación de alterar los resultados para el candidato propio están a la orden del día.

            Sin embargo, todos estos remedios para evitar el fraude se van al tacho de la basura si en el momento decisivo no hay fiscalización. Esta situación es inaceptable, y proyecta una oscura sombra de duda sobre todo el proceso. Espero que nadie se ofenda, pero habría que ser demasiado iluso para asegurar que en esta instancia informática resulta imposible falsear los datos.

            Por eso lo anterior hace más necesario aún contar con apoderados de todos los candidatos en todas las mesas, a fin de que cada grupo pueda acceder a la información y enviarla a su vez a sus bases centrales, lo que hoy es muy fácil gracias a las redes sociales.

            He querido así compartir esta desagradable experiencia ad portas de la próxima votación, a fin de que el mayor número posible de personas sea consciente de este delicado e inaceptable punto débil que, al menos desde mi experiencia, presenta nuestro sistema electoral. Situaciones como esta no pueden volver a ocurrir, pues hacen que todo el sistema democrático –digámoslo de manera suave– pueda no servir para nada.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Por qué obedecer a quien viola las reglas?

Si como es obvio, resulta fundamental que las autoridades se sometan estrictamente a las leyes y a la constitución que regulan sus competencias, en el caso de la actual convención constitucional, dicha exigencia adquiere una importancia crucial, puesto que del resultado de su labor –de ser aprobada por la ciudadanía– depende nuestro presente y futuro.

            Sin embargo, se sabe que este organismo pretende que tanto su reglamentación como la toma de decisiones que en teoría debe proponer a la ciudadanía, puedan ser determinadas por mayoría simple y no por los dos tercios que establece y exige la reforma constitucional que ha permitido todo este proceso, en particular, el art. 133 de la actual carta fundamental. Lo cual constituye una violación flagrante de sus facultades, que a nuestro juicio, le quita por completo legitimidad a su labor.

            Hay que ser enfático: la convención constitucional no es la dueña de Chile, ni sus miembros dioses o reyes absolutos que tengan derecho a hacer lo que les plazca. La ciudadanía no ha consentido, ni de lejos, en darles carta blanca para  que puedan hacer lo que les venga en gana, ni menos obligarnos a seguir las directrices que de ellos emanen, por absurdas, dañinas o ilógicas que sean. Lejos ha quedado el tiempo de los monarcas o de los grupos absolutistas, que pretenden estar sobre la ley, pues esto atenta contra la democracia y los derechos humanos.

            En realidad, la situación es de extrema gravedad, y la violación de la normativa constitucional absolutamente inaceptable, a fuer de irresponsable. Además, de darse esta situación, ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué se estableció y reguló esta reforma constitucional si todo puede ser borrado de un plumazo por la convención?

            Más aún: ¿qué legitimidad puede tener un órgano que obra de este modo, por muy elegido que haya sido? ¿Quién le ha dado la prerrogativa o el derecho de dejar sin efecto estas normas que le permiten existir y actuar? Además, con semejante actitud, surgen poderosas razones para sospechar que ante tal grado de prepotencia (porque eso es), al final no habrá plebiscito de salida. Con lo cual, estaríamos consintiendo nuestra propia esclavitud.

            Por eso hay que decirlo con todas sus letras: este desacato total a la autoridad del pueblo y a la constitución es una auténtica revolución no violenta, pues al hacer caso omiso a la legalidad, atenta contra el sistema jurídico en su conjunto.

            Pero al mismo tiempo y como correlato más natural, también resulta válido preguntarse por qué habría que obedecer en un futuro los dictámenes de este órgano que claramente ha abusado de sus facultades. Ello, pues por razones evidentes (y es un principio básico del derecho público), todo lo que se haga como consecuencia de esta ilegalidad es nulo y de ningún valor, no generando obligación alguna de obediencia.

            Por tanto, la conclusión es completamente evidente: si la legitimidad es el poder digno de ser obedecido, en caso de saltarse sus propias reglas, la convención la perdería completamente, pues nadie puede autoarrogarse más derechos de los que realmente tiene; y al mismo tiempo, no existe el deber de obedecer a quien ha violado sus propias competencias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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