¿Qué tipo de sociedad queremos?

Como resulta obvio, son muchas las reflexiones que pueden hacerse a partir de la última elección, que incluso en algunos aspectos debieran ser objeto de estudio entre otros, por los especialistas en ciencia y filosofía política. Comentaremos al voleo algunas de ellas, referidas sobre todo a los resultados del sufragio presidencial.

            Una primera cosa que llama la atención es la baja votación que obtuvieron varios candidatos que o eran conocidos desde hace tiempo (algunos incluso habiéndose presentado en otras ocasiones) o contaban con el respaldo de los partidos tradicionales más importantes. De entre las muchas lecturas que lo anterior suscita, una muy verosímil es el cansancio o desilusión que parecieran generar los políticos y los partidos tradicionales en un segmento cada vez mayor de la población. Da la impresión que muchos se han aburrido de votar por el “mal menor”, que en no pocas ocasiones ha terminado siendo una opción tanto o más mala que la que se quería evitar y en el fondo, contra la cual se sufragó al elegir a la supuestamente contraria.

            De hecho, pareciera crecer en gran parte del electorado la sensación que en buena medida, estos sectores tradicionales son más aliados entre sí que verdaderos competidores, como se presentan oficialmente. Y que ellos operan en una especie de mundo paralelo, siendo cada vez más impermeables a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la población.

            Otro aspecto llamativo es la votación que obtuvieron candidatos o partidos nuevos, no alineados con las posturas tradicionales. Incluso uno de los candidatos ni siquiera está en Chile, quedando tercero en las preferencias. Este hecho sin duda debe ser estudiado científicamente en el futuro inmediato. Otro signo más que indica el cansancio aludido, lo que hace buscar nuevas alternativas para que el clamor de muchos votantes sea realmente escuchado.

            Un tercer elemento interesante es que en atención a las candidaturas presentadas, fueran las posturas más extremas de este abanico las más votadas. Otro factor que parece indicar que las posturas de centro no atraen demasiado, precisamente por ser cada vez más impermeables a las necesidades de vastos sectores de la población.

            En cuarto lugar, lo anterior significa que esta segunda vuelta tiene bastante más importancia que las situaciones análogas que se han dado en elecciones anteriores. Ello, pues el concepto de sociedad que representa uno y otro candidato no pueden ser más antagónicos, que simplificando mucho las cosas, podría resumirse en el binomio estatismo-libertad. De ahí la trascendencia del presente caso, que permitirá saber qué tipo de sociedad queremos.

            Finalmente, es de esperar que el actual proceso constituyente no busque interferir a posteriori cambiando las reglas del juego de esta elección, dependiendo de quién sea el ganador del 19 de diciembre. No sólo sería una actuación ilegítima, sino que además estaría desconociendo la voluntad popular, que ha sido, no hay que olvidarlo, la que ha dado vida a la Convención Constitucional.

            Como se ve, se trata de una elección crucial, razón por la cual todos debemos votar. Ante una situación tan trascendente, no tendrá después derecho a alegar por lo que ocurra quien no cumpla con este grave deber cívico.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿A nuestras espaldas?

Recién el 14 de octubre pasado, fue promulgada (y publicada al día siguiente) la Ley 21.383, titulada:Modifica la Carta Fundamental, para establecer el desarrollo científico y Tecnológico al servicio de las personas”.

El proyecto tuvo su inicio a instancias de los parlamentarios Girardi, Goic, Chahuán, Coloma y De Urresti; y como su nombre indica, versa sobre el desarrollo científico y tecnológico, la actividad cerebral y el respeto a nuestra integridad física y psíquica.

            De esta manera, se modificó el importantísimo art. 19 (que establece los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución), específicamente su Nº1, que tutela el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Es decir, el numeral clave del entramado de nuestros derechos, al depender todos ellos del hecho de permanecer vivos.

            Sin embargo, pese a lo anterior, se trató de una tramitación muy poco conocida por la opinión pública, al punto que su promulgación ha tomado por sorpresa a casi todo el mundo.

            Pues bien, el aludido proyecto añadió un último párrafo al art. 19 Nº1 que reza:El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

            Es decir, esta modificación alude a los llamados “neuroderechos”, que pretenden que los avances de la tecnología, como la genética, la bioingeniería y sobre todo la inteligencia artificial, no vulneren nuestros derechos humanos. Y defienden entre otros, ni más ni menos que derechos como la privacidad mental, la identidad personal o el libre albedrío.

            Ahora bien, si se legisla acerca de algo, es porque ese “algo” existe y puede causar problemas. De ahí que resulte imposible no vincular esta modificación constitucional con algunas de las frases que en su momento pronunciara el Presidente de la República, al anunciar el inicio de la licitación pública de la red 5G para Chile, y que se hicieron virales. Ello, pues señalaba textualmente (se transcribe del video de YouTube) que esta tecnología permitiría  “impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del internet de las cosas”; que igualmente dicha tecnología abría “la posibilidad que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos”; y finalmente, sentenciaba que “va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro”.

            Ahora bien, una materia tan sensible y trascendente al menos podría haber sido publicitada un poco más, y no hacerse esta reforma casi a nuestras espaldas, máxime al estar íntimamente vinculada a aspectos tan fundamentales como la vida, la integridad psíquica y la libertad. Lo menos que puede pedirse es que nos hubieran tomado algo más en cuenta.

Sin embargo, parece que tanto encierro forzoso ha ido acostumbrando a la autoridad a tomar una serie de importantes y trascendentes decisiones para la ciudadanía a la que en teoría sirve, de manera completamente autónoma y presentarle los hechos consumados. Lo cual hace preguntarse cada vez más a menudo, quién está realmente al servicio de quién.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿El punto débil de nuestro sistema electoral?

La verdad es que en los varios años que llevo escribiendo en este diario, no creo recordar otra columna en que comparta una experiencia personal como en este caso, lo que también me lleva a escribir en primera persona, cosa que no suelo hacer.

            La razón de lo anterior radica en la crucial importancia que tienen las próximas elecciones, situación que justifica de sobra a mi juicio lo que se va a decir a continuación.

            Empecemos. En la penúltima elección me tocó ser apoderado de local en la ciudad de Concepción. Para ello, junto a muchos otros voluntarios, recibí por Zoom la formación básica para poder desempeñar esa labor, experiencia que resultó muy interesante.

            Ahora bien, dentro del curso que se nos impartió (de varias sesiones), se nos señaló expresa y reiteradamente que los apoderados de local tenían no solo el derecho, sino también el grave deber de estar presentes en la sala de digitación del local, en la cual como su nombre indica, se digitan los datos obtenidos de las actas de cada mesa luego del escrutinio, a fin de transferir la información final a la base central del Servel.

            La importancia de esta etapa final del conteo de los votos resulta evidente, lo que explica la insistencia en fiscalizar este momento crucial, del cual depende, ni más ni menos, que el cómputo final que dirime los ganadores del proceso eleccionario.

            Sin embargo, profunda fue mi sorpresa y desagrado, cuando llegado el momento de ingresar a la sala aludida, se me informó con absoluta indolencia que ello no era posible. Extrañado, señalé que de acuerdo con la formación que había recibido, tenía derecho a presenciar el proceso de digitación. Finalmente, y luego de llamar, según se me dijo, a la autoridad regional, se me denegó el acceso. Con lo cual este proceso fue realizado, al menos en ese local, a puerta cerrada y sin la fiscalización de nadie ajeno al sistema.

            Se comprende sin ninguna dificultad lo irregular de la situación. Es precisamente por eso que el proceso electoral contempla una serie de resguardos, para que la información se maneje a la luz, evitando los secretismos y, en consecuencia, posibles fraudes. Ello, pues la tentación de alterar los resultados para el candidato propio están a la orden del día.

            Sin embargo, todos estos remedios para evitar el fraude se van al tacho de la basura si en el momento decisivo no hay fiscalización. Esta situación es inaceptable, y proyecta una oscura sombra de duda sobre todo el proceso. Espero que nadie se ofenda, pero habría que ser demasiado iluso para asegurar que en esta instancia informática resulta imposible falsear los datos.

            Por eso lo anterior hace más necesario aún contar con apoderados de todos los candidatos en todas las mesas, a fin de que cada grupo pueda acceder a la información y enviarla a su vez a sus bases centrales, lo que hoy es muy fácil gracias a las redes sociales.

            He querido así compartir esta desagradable experiencia ad portas de la próxima votación, a fin de que el mayor número posible de personas sea consciente de este delicado e inaceptable punto débil que, al menos desde mi experiencia, presenta nuestro sistema electoral. Situaciones como esta no pueden volver a ocurrir, pues hacen que todo el sistema democrático –digámoslo de manera suave– pueda no servir para nada.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Por qué obedecer a quien viola las reglas?

Si como es obvio, resulta fundamental que las autoridades se sometan estrictamente a las leyes y a la constitución que regulan sus competencias, en el caso de la actual convención constitucional, dicha exigencia adquiere una importancia crucial, puesto que del resultado de su labor –de ser aprobada por la ciudadanía– depende nuestro presente y futuro.

            Sin embargo, se sabe que este organismo pretende que tanto su reglamentación como la toma de decisiones que en teoría debe proponer a la ciudadanía, puedan ser determinadas por mayoría simple y no por los dos tercios que establece y exige la reforma constitucional que ha permitido todo este proceso, en particular, el art. 133 de la actual carta fundamental. Lo cual constituye una violación flagrante de sus facultades, que a nuestro juicio, le quita por completo legitimidad a su labor.

            Hay que ser enfático: la convención constitucional no es la dueña de Chile, ni sus miembros dioses o reyes absolutos que tengan derecho a hacer lo que les plazca. La ciudadanía no ha consentido, ni de lejos, en darles carta blanca para  que puedan hacer lo que les venga en gana, ni menos obligarnos a seguir las directrices que de ellos emanen, por absurdas, dañinas o ilógicas que sean. Lejos ha quedado el tiempo de los monarcas o de los grupos absolutistas, que pretenden estar sobre la ley, pues esto atenta contra la democracia y los derechos humanos.

            En realidad, la situación es de extrema gravedad, y la violación de la normativa constitucional absolutamente inaceptable, a fuer de irresponsable. Además, de darse esta situación, ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué se estableció y reguló esta reforma constitucional si todo puede ser borrado de un plumazo por la convención?

            Más aún: ¿qué legitimidad puede tener un órgano que obra de este modo, por muy elegido que haya sido? ¿Quién le ha dado la prerrogativa o el derecho de dejar sin efecto estas normas que le permiten existir y actuar? Además, con semejante actitud, surgen poderosas razones para sospechar que ante tal grado de prepotencia (porque eso es), al final no habrá plebiscito de salida. Con lo cual, estaríamos consintiendo nuestra propia esclavitud.

            Por eso hay que decirlo con todas sus letras: este desacato total a la autoridad del pueblo y a la constitución es una auténtica revolución no violenta, pues al hacer caso omiso a la legalidad, atenta contra el sistema jurídico en su conjunto.

            Pero al mismo tiempo y como correlato más natural, también resulta válido preguntarse por qué habría que obedecer en un futuro los dictámenes de este órgano que claramente ha abusado de sus facultades. Ello, pues por razones evidentes (y es un principio básico del derecho público), todo lo que se haga como consecuencia de esta ilegalidad es nulo y de ningún valor, no generando obligación alguna de obediencia.

            Por tanto, la conclusión es completamente evidente: si la legitimidad es el poder digno de ser obedecido, en caso de saltarse sus propias reglas, la convención la perdería completamente, pues nadie puede autoarrogarse más derechos de los que realmente tiene; y al mismo tiempo, no existe el deber de obedecer a quien ha violado sus propias competencias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un servicio, no un poder ilimitado

Como no puede ser de otra forma en cualquier democracia que se precie de tal, la ciudadanía observa con atención la labor que ha ido realizando la Convención Constitucional en sus primeros días de trabajo, dada la trascendencia de su tarea. Lo cual no debe ni puede ser de otra forma, puesto que mientras más ojos estén pendientes de su desempeño, existen más garantías de llegar a un mejor resultado.

            Lo anterior significa –lo hemos dicho antes– que la tarea de los convencionales es y debe ser vista como un servicio, no como una delegación ilimitada de facultades, una hoja en blanco o un poder absoluto. Mal que mal, la legitimidad de este organismo no solo proviene de la decisión popular (de ahí su carácter de servicio), pese a la alta abstención que hubo en su elección, sino que también está condicionada al plebiscito de salida, en el cual nuevamente, este mismo pueblo puede de forma libre y soberana aprobar o rechazar la propuesta que este organismo haga.

            En consecuencia, tanto en su origen como en su fin, la Convención está sujeta a un poder más alto y por lo mismo, ello muestra que su propio poder no es total, pues en ese caso nos encontraríamos en una tiranía, no en una democracia. De ahí que deba atenerse estrictamente a la tarea que le ha sido encomendada.

            Sin embargo, no han faltado actuaciones más que criticables de varios convencionales, que muestran claramente una extralimitación de sus facultades, lo cual –hay que decirlo– viene a ser una traición a la misión encomendada por el pueblo y no hace más que deslegitimar el proceso.

            Dicho de otro modo: por muy elegidos que hayan sido la mayoría de sus miembros para este proceso constituyente (si bien en varios casos con votaciones bien exiguas), esto no les otorga ni de lejos, un poder que pretenda imponerse sobre ese pueblo que les ha delegado esta misión. De ahí que sea ilegítimo pretender “refundar” este país, como si todo lo que ha ocurrido hasta ahora, incluida su propia elección, no valiera nada o fuera inexistente.

            Si se hubiera querido un poder ilimitado a la usanza de “L’Ancien Régime”, el mismo pueblo habría tenido que desprenderse de su propia soberanía, entregándola sin condiciones a este organismo, convirtiéndolo en consecuencia en un auténtico Leviatán. Pero una posibilidad así es impensable e imposible en una verdadera democracia.

            Sin embargo, a momentos da la impresión que varios de sus miembros no pensaran así, que no fueran conscientes de la existencia de un plebiscito de salida, o que estuvieran absolutamente confiados en que la ciudadanía aprobará su propuesta de Constitución (pues es sólo eso: una propuesta). Incluso, a veces pareciera que actuaran como si éste no fuera a producirse de acuerdo a lo establecido. También y por otro lado, como si sus integrantes estuvieran por sobre la ley. Todo lo cual, repetimos, no hace más que deslegitimar el proceso.

            Por eso se insiste: es fundamental que la ciudadanía y los demás poderes del Estado estén muy atentos a los pasos que dé la Convención Constitucional, pues ella es parte de algo mucho más amplio y profundo: no solo de un Estado de Derecho, sino de todo un país que por derecho y por deber, tiene la obligación de prestar la máxima atención al devenir de este momento y que no está obligado de antemano a aprobar cualquier cosa que ella proponga.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Una gran responsabilidad

Los graves y lamentables incidentes ocurridos el domingo con motivo de la instauración de la Convención Constitucional deben llamar a una profunda reflexión, dada la mayúscula importancia que su labor tendrá para nuestro país, pues sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento histórico.

            En efecto, la tarea que recae sobre los hombros de sus integrantes debe ser tomada con la máxima responsabilidad y competencia, dadas sus mayúsculas repercusiones a mediano y largo plazo. Sin embargo, situaciones como la vivida no hacen más que manchar el proceso, pues de nada sirve haber sido elegidos por una parte de la ciudadanía (pues debe recordarse que hubo una gran abstención), si la violencia, la prepotencia y las descalificaciones van a estar a la orden del día.

            En realidad, con una actitud semejante, un flaco favor se le está haciendo a este proceso. De hecho, lo lógico es que se dé un debate con altura de miras, con argumentos, no ideologizado, que sea realista con lo que el país y su ciudadanía pueden aportar, pues lo peor sería terminar dando origen a una especie de “Constitución quimera”, o sea, un texto imposible de cumplir, fantasioso, que lejos de solucionar nuestros problemas los ahondará, al generar más tarde o más temprano decepción y descontento.

            Por iguales razones, este debate tiene que ser hecho sin presiones. De ahí que nuevamente se le quitaría gran parte, sino toda la legitimidad a este proceso, si existiera permanentemente una amenaza y una presión indebida hacia los constitucionales, que infunda miedo en unos y un envalentonamiento abusivo en otros. En realidad, si al final se terminara “acordando” una Carta Fundamental impulsada por la violencia y el temor, de nada habría valido el proceso de elección previo y el resultado no tendría ninguna legitimidad

             Es algo parecido a lo que en Derecho Civil se llaman los “vicios de la voluntad”, esto es, aquellas situaciones en que alguno de los contratantes no ha consentido de manera libre, sino –entre otras posibilidades– por temor (o como dice la ley, por existir una “fuerza” que lo provoca). En este caso, para la ley ese contrato es nulo, pues existe un vicio del consentimiento. Por eso, extrapolando esta situación a la labor de nuestros constitucionales, sería lamentable, además de ilegítimo, que se siguiera un camino semejante.

            En el fondo, pensamos que una de las claves es darse cuenta que esta tarea no hace a los convencionales dueños del país, ni tampoco se les ha entregado una carta ni una hoja en blanco, ni mucho menos. Por eso también sería inaceptable que se arrogaran más poderes de los que les fueron encomendados. Igualmente, es fundamental darse cuenta que este país no comienza su historia con ellos, sino que son ellos parte de nuestra historia. O si se prefiere, que su labor no puede partir de cero.

            En el fondo, lo que debe quedar absolutamente claro, es que ellos son realmente servidores de nuestro país, en quienes parte de la ciudadanía ha depositado su confianza. Todo esto podría tirarse por la borda, si el proceso se convierte en una batalla campal que la ciudadanía no necesita ni merece. El país exige que se esté a la altura de las circunstancias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Otro paso más hacia el totalitarismo

Hace pocos días y pese a la enorme polémica que ha generado, terminó aprobándose en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Garantías de la Niñez, gracias al cual el Estado podrá imponer, de llegar a convertirse en ley, una visión única no solo respecto de la sexualidad, sino más profundamente, de la concepción del ser humano, haciendo tabula rasa con las convicciones de los padres –religiosas o no–, su derecho preferente para educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia, entre otros derechos fundamentales que han sido borrados de un plumazo con esta nueva legislación.

            Debe advertirse que el carácter totalitario de este y de otros intentos del Estado de imponer una visión “oficial” en materias amplia y legítimamente discutibles, incluso en áreas o ambientes privados y hasta íntimos de las personas, conlleva otorgarle un enorme poder, al permitirle por esta vía moldear la mente de sus ciudadanos. Es por eso que pocas cosas hay más nefastas para una sociedad, que el afán del Estado por meterse y regularlo todo.

            De nada vale que exista o no un régimen democrático que en teoría, avale esta ilegítima intromisión. A fin de cuentas, este sistema político es sólo un mecanismo para elegir a sus gobernantes y para la toma de sus decisiones, pero no garantiza de suyo que dichas decisiones sean justas. Ello, porque el mero procedimiento o ritualidad no convierte en correctos sus resultados, pues tanto el bien como el mal pueden haber sido fruto de un arduo y meticuloso trabajo. Es a esto a lo que se ha llamado también “falacia procedimentalista”.

            Otro argumento usualmente utilizado para imponer esta y otras conductas totalitarias del Estado, consiste en justificar dicho proceder señalando que se están protegiendo diversos “derechos humanos”, sea lo que fuere que se entienda por los mismos. En realidad, es tanto el prestigio que aún posee este concepto, pese a lo manoseado que se encuentra, que su sola evocación genera una casi automática legitimación de lo que se pretenda lograr a su sombra, lo que podría llamarse un “efecto talismán” de los derechos humanos.

            El problema es que en la actualidad, estos derechos no son una realidad a descubrir sino a inventar, a crear mediante decisiones supuestamente consensuadas por los Estados mediante tratados internacionales. Pero al final, terminan dependiendo en los hechos de la interpretación más que antojadiza que hacen de estos tratados los comités y tribunales encargados de tutelarlos, gracias a lo cual han acabado en no pocos casos completamente deformados y alejados de su sentido original. Ello explica además que los mismos problemas (y por tanto, análogas aspiraciones totalitarias) se estén dando en la actualidad en muchísimos países al mismo tiempo, lo cual evidentemente no puede ser casualidad.

            En consecuencia, lo importante entre otras cosas, es el fundamento y el resultado de las políticas y decisiones que se adoptan, sea a nivel nacional (exista o no una democracia) como internacional, y no tanto la manera en que se decidan, o si se prefiere, el camino que se siga para implantarlas.

            Avanzamos así hacia un Estado cada vez más totalitario, que no contento con la dictadura sanitaria que ha impuesto desde casi un año y medio y del colapso económico global que esto está produciendo, pretende también ir cercenando cada vez más y más libertades. ¿Hasta dónde llegará?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Constitución y tratados de derechos humanos

Terminado el plebiscito del domingo, se abre un nuevo horizonte para la creación de una nueva carta fundamental.

            Sin embargo, existe un tema que hasta donde hemos podido ver, ha permanecido casi ignorado, pese a su enorme importancia: la relación de la constitución con los tratados internacionales de derechos humanos.

            Tradicionalmente, se ha considerado que estos tratados deben incorporarse al ordenamiento interno luego de corroborarse su concordancia con las normas jurídicas del país y su constitución. Por lo mismo, se estimaba que ellos tenían una jerarquía igual o superior a la de la ley, pero siempre subordinada a la carta fundamental. Esto resulta lógico, pues si la constitución exige requisitos para la incorporación de un tratado, es porque se considera a sí misma la norma fundamental y superior de un Estado.

            Sin embargo, en las últimas décadas, ha ido surgiendo un movimiento que considera que los tratados de derechos humanos, tendrían una jerarquía igual o incluso superior a la carta fundamental, por derivar de la voluntad internacional de muchos Estados y no de la voluntad unilateral de uno solo, como ocurre con su constitución y sus leyes. De ahí que existen constituciones que han incorporado estos tratados de derechos humanos a su propio catálogo de derechos, llamado generalmente “bloque de constitucionalidad”.

            A nuestro juicio, este fenómeno reviste la máxima importancia, porque implica incorporar al texto más importante de un país, no sólo un conjunto de normativas foráneas, sino además, la interpretación que de ellas realizan los organismos encargados de tutelar estos tratados (comités y tribunales internacionales). Esto último es fundamental, porque en la práctica, lo que realmente importa a estas alturas, no es el tenor literal de los tratados o las intenciones de sus redactores, sino la forma en que son entendidos por estos organismos, que con el correr del tiempo, a veces se ha ido separando notablemente de su primigenio sentido. Además, en razón de diversas características del derecho internacional de los derechos humanos que no pueden comentarse aquí, esta interpretación evoluciona muy rápido.

            En consecuencia, de incorporarse estos tratados de derechos humanos y las dúctiles interpretaciones que vayan surgiendo a su respecto, el bloque de constitucionalidad se vería influido por ellos, al estar ingresando permanentemente un contenido no generado ni fiscalizado por las autoridades nacionales.

            Lo anterior posee, entre otras, dos consecuencias que a nuestro juicio resultan bastante graves. La primera, que gracias a este contenido nuevo, se estaría de hecho, modificando permanentemente la constitución, saltándose sus mecanismos de reforma, pues los derechos humanos la afectan en su globalidad. Y segundo, que las materias que “toquen” estos tratados e interpretaciones internacionales, no podrían ser modificadas posteriormente por una reforma constitucional, a menos que ella mejorara esos criterios internacionales.

            Todo esto trae varios problemas, entre otros, de soberanía y de autodeterminación de los pueblos. De ahí que sea un asunto de extrema importancia, que debe ser abordado en este debate constitucional que recién comienza.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

CONFIARLE AL GATO LA CARNICERÍA

La verdad es que no es mi costumbre hacer columnas de política contingente, pues siempre he buscado analizar las raíces de los problemas que comento desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, en esta ocasión, y tomando en cuenta la importancia trascendental para nuestro futuro como país del plebiscito del 25 de octubre, haré una rara excepción.

            A mi juicio –y lo adelanto desde ya–, existen varias y poderosas razones para votar “Rechazo”, que se fundamentan tanto en la génesis como en el desarrollo de este proceso.

            Respecto de su génesis, esta no nos parece legítima, pues el acuerdo de noviembre por una nueva Constitución se obtuvo en un clima de violencia y temor, con un gobierno acorralado y bajo amenaza de derrocamiento, pese a su legitimidad democrática. Este solo hecho ya vicia todo el proceso, pues no se puede negociar “con una pistola sobre la mesa”, como podría decirse, razón por la cual el consentimiento obtenido es nulo. Ello, sin perjuicio que la vía violenta debiera ser inexistente para un auténtico demócrata, particularmente si este régimen funciona de una manera mínimamente decente, como es en nuestro caso.

            En segundo lugar, la idea de una nueva Constitución no era hasta ese momento –ni tampoco parece serlo ahora– un anhelo de la ciudadanía, pese a los esfuerzos del gobierno anterior por ponerlo en el tapete. Por tanto, resulta claro que obedece a los intereses de buena parte de la actual clase política, no a un clamor popular.

            En tercer lugar, el clima de violencia que se ha dado durante este proceso, interrumpido por la pandemia, que ya está retornando, enrareciendo y viciando el ambiente idóneo para una decisión como esta. Con lo cual, no cuesta mucho imaginar cómo será este ambiente en el futuro –y esto es crucial–, cualquiera sea la opción que triunfe, “Rechazo” o “Apruebo”. Por tanto, un proceso como este no puede darse bajo la sombra del temor.

En cuarto lugar, porque la votación se verá notablemente distorsionada con motivo de la pandemia, al impedirle votar a muchísimos ciudadanos, lo que añade más ilegitimidad al proceso. Así, si ni siquiera el claro riesgo para la vida de muchos chilenos ha sido suficiente para postergarlo, ¿qué decisiones se pueden esperar respecto de otros problemas futuros?

            En quinto lugar, porque en caso de ganar el “Apruebo”, nos parece que las diferencias entre la Convención Mixta y la Convención Constitucional son meramente cosméticas. Ello, pues resulta evidente que ambas serán conformadas en su grandísima mayoría o incluso en su totalidad por políticos, no por ciudadanos comunes, como pretende hacerse creer, sobre todo respecto de la Convención Constitucional. Difícilmente podrá competir un candidato independiente contra la maquinaria electoral y la experiencia de sus contrincantes.

            Y finalmente, en sexto lugar –y al margen de las presiones y clima de violencia antes aludido que se daría durante el proceso–, porque dada la composición de la eventual comisión redactora, se daría el absurdo que quienes generen una nueva Constitución, serían los mismos que en teoría, debieran ser limitados por ella, en caso de aprobarse en el plebiscito de salida. En consecuencia, y dado el actual clima político de nuestro país, de lucha fratricida entre gobierno y oposición, ¿cree alguien sinceramente que nuestra clase política no terminará haciendo un traje a su medida para adquirir más poder del que ya tiene? Pensar lo contrario sería como confiarle al gato la carnicería, como se dice vulgarmente.

            Estas son, entre otras, las razones por las cuales estoy a favor del “Rechazo” en el próximo plebiscito. Reitero mis disculpas por hacer una columna tan política, pero insisto, las actuales y trascendentales circunstancias de nuestro país lo ameritan sobradamente y me obligan, en conciencia, a compartir estas reflexiones.

Max Silva Abbott

La autonomía del Banco Central

Como se sabe, una Constitución establece los órganos que configuran la organización de un Estado (Presidente de la República, Congreso, Poder Judicial, etc.), determina su estructura (cómo se conforman) y su funcionamiento (qué pueden hacer y qué no).

            Este entramado de reglas es fundamental para el funcionamiento de cualquier Estado, pues la idea es que quienes detentan en poder tengan sus prerrogativas establecidas de antemano de la manera más estricta posible, a fin de evitar abusos. Es decir, todo lo opuesto a darles un “cheque en blanco”, pues la tentación de usar mal sus facultades resulta demasiado fuerte. Lo anterior se resume diciendo que estas autoridades “sólo pueden hacer lo que está previa y expresamente permitido por la constitución y la ley”.

            Ahora bien, puesto que la tentación del poder resulta insaciable, la actividad económica no ha estado libre de caer en sus garras (en realidad, ha sido lo contrario). Sin embargo, suele olvidarse que la economía, disciplina aún en estudio, posee reglas y dinamismos propios y tremendamente complejos, que hacen difícil prever a cabalidad su funcionamiento y que además, se resisten a sucumbir ante excesivas reglamentaciones legales que pretendan “domesticarla”, por decirlo de alguna manera.

            Es así como por ejemplo, las políticas de congelamiento de precios pueden dar algunos buenos resultados en el corto plazo, pero más temprano que tarde, el desbarajuste y los costos que originarán serán mucho mayores que los beneficios iniciales. Y la razón es obvia: al poseer su propia “vida”, el devenir económico buscará el camino por el cual fluir, tal como un cauce de agua al cual se quisiera contener de manera indefinida y total.

            Obviamente, no se trata que al interior de un país impere la ley de la selva o un mercado salvaje, pues los abusos que se originarían serían espantosos y perjudicarían a la propia economía en su funcionamiento global. Es por eso que el Estado debe evitar estos abusos y dar el marco para su adecuado funcionamiento.

            Pues bien, una de las piezas clave para lograr lo anterior, es el Banco Central, encargado entre otras muchas cosas, de la emisión de moneda y de la fijación de las tasas de interés. Que este importante organismo tenga autonomía –como actualmente ocurre en Chile, al estar garantizada en la Constitución– y pueda tomar sus decisiones de acuerdo a criterios realmente económicos y no meramente políticos es esencial, pues como se ha dicho, la economía resulta bastante “indomable”.

            Por desgracia, cuando esta autonomía no ha existido, no ha sido raro que los gobiernos de turno intervengan en la emisión de moneda –generando a veces índices de inflación estratosféricos–, o pretendan fijar artificialmente tasas de interés ajenas a la realidad económica, siempre –era que no– con fines populistas.

            En consecuencia, tan importante como la separación de poderes para un país y que ellos gocen de verdadera autonomía, es que la economía pueda funcionar siguiendo su propia naturaleza. Es claro que la Constitución y la ley deben fijar un marco adecuado para permitir el desarrollo de la actividad económica y evitar abusos, como se ha dicho. Mas, luego de esta imprescindible reglamentación, se la debe dejar fluir, pues en caso contrario puede terminar arruinándola.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

1 2 3 4