Un problema insoluble

Los derechos humanos han irrumpido prácticamente en todos los ámbitos de la vida, al punto que en la actualidad, casi no existe esfera humana que no se relacione con ellos: desde la estructuración política y jurídica de un país, hasta aspectos tan íntimos como la sexualidad y la familia, pareciera que nada puede quedar fuera de su vista.

            Ahora bien, aun siendo muy positivo que un aspecto tan importante del Derecho como su contenido sea objeto de creciente atención, y no baste con la sola promulgación formal de las leyes de un país, como casi todo en la vida, los beneficios de esta exigencia material dependen del adecuado planteamiento que se haga de estos derechos humanos, pues como decía ya el viejo Aristóteles, en el punto medio está la virtud.

            En efecto, aun siendo un aspecto fundamental de nuestras actuales sociedades, la sola proclamación y defensa de los derechos humanos no bastan por sí mismas para conseguir un mundo mejor, pues en buena medida, ello depende de cómo se lleve a cabo dicha proclamación y defensa. O si se prefiere, hechas de mala manera, pueden resultar a la postre un remedio peor que la enfermedad, e incluso convertirse un problema insoluble.

            Lo anterior se debe a que en muchas ocasiones, cuando se analiza el modo en que los diferentes organismos internacionales (a saber, cortes y comités) plantean e incluso exigen a los Estados el cumplimiento de los derechos humanos que defienden, resulta imposible no experimentar cierta inquietud, que es lo que motiva la aprensión recién señalada. Ello, ya que por regla general, esas exigencias respecto de la puesta en práctica de estos derechos (o mejor dicho, las críticas por no lograrlo) tienen al menos tres características.

            La primera, es que tendríamos derecho prácticamente a todo, con lo cual el catálogo de derechos humanos que se exige cumplir a los Estados no hace más que crecer y crecer.

            La segunda, que en ningún momento se aborda el delicado problema de los recursos económicos necesarios para llevarlos a cabo, casi como si fuera un tema sin importancia, pese a que cada vez se reclaman más prestaciones por parte del Estado para su satisfacción.

            Y la tercera, que suele ser muy común que cuando se critica a un Estado por no estar a la altura de las exigencias de estos organismos internacionales, ello no se atribuya a la falta de recursos, sino a la mala voluntad o incluso la acción conspiradora de sectores contrarios a estos derechos, presentándolos así como los grandes enemigos de los mismos.

            Se comprende que con estos supuestos, se genera una creciente rabia y frustración en vastos sectores de la población, que se consideran vejados tanto por poseer expectativas irrealizables (al presuponerse derechos y recursos infinitos), como por la animadversión que estiman, existiría hacia ellos de parte de diversos sectores de la sociedad.

            Con lo cual, lejos de contribuir a la paz y a la armonía social, los derechos humanos así planteados logran exactamente lo contrario: un creciente y permanente descontento, que nunca se conforma con nada, al crecer y crecer el catálogo de derechos, que además, se hacen cada vez más irrealizables por falta de recursos o por la supuesta acción contraria de sus enemigos. De esta manera, los derechos humanos se van convirtiendo en un problema insoluble. ¿Estaremos yendo por un buen camino?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Entendiendo la Bioética ante la pandemia COVID-19

Por: Alejandra Diener Olvera

Doctora en Bioética (Candidata)

ale@alediener.com

México ha entrado en Fase tres con relación a la pandemia del Coronavirus. La fase temida por la población ya que significa que es el periodo de máxima transmisión, la de máximos casos por día. Durante este periodo de cuarentena hemos ido viviendo distintas etapas, en las cuales hemos estado pendientes de nuevos términos y acontecimientos poco conocidos o antes nunca mencionados. La bioética es uno de los conceptos que se ha estado planteando desde finales de la segunda fase, pues se publicó una Guía Bioética de Asignación de Recursos Escasos de Medicina Crítica. Un documento que deja mucho que desear.

Una guía que ha sido ampliamente criticada por ser poco considerada con las personas de edad avanzada. Tanto que la han retirado de la red para seguramente revisarla y lograr un nuevo planteamiento que logre alcanzar los lineamientos que requiere el sector salud en la situación actual.

Al respecto, hemos considerado prudente hacer una radiografía de lo que la bioética implica. Desde la academia intentando usar un lenguaje amigable para que cualquiera pueda comprender lo que esta disciplina implica para la vida humana.

Como inicio, es imprescindible explicar el término desde la raíz etimológica y que como su nombre lo dice, es la ética aplicada a la vida. A cualquier forma de vida. Lo que se debe y no se debe de hacer con relación a la vida. El ser humano, dotado con inteligencia, voluntad y libertad es capaz de enfrentarse a varios dilemas, que a pesar de poder lograr manipular o crear ciertas cosas, gracias al avance tecnológico y científico, puede discernir qué sí y qué no, aunque le sea casi todo posible.

Ante la pandemia del Coronavirus, nos centraremos en una bioética dirigida al ser humano. A las personas enfermas del virus y a su estadio de gravedad. Sus requerimientos y el discernimiento de la asignación de recursos de medicina crítica. Qué sí y qué no.

Para ello hemos elegido definir brevemente las distintas corrientes que existen en la bioética y concluyendo, explicaremos en cuál de ellas nos basaremos para emitir juicios de valor ante la situación de emergencia vivida en México actualmente y en cuál o cuáles la Guía de referencia presumimos se basó según la información ofrecida. Asimismo, concluiremos intentado proporcionar los elementos bioéticos para poder discernir un dilema.

Comenzamos con la bioética utilitarista, que busca el bien mayor para el mayor número de personas. Sobre los valores individuales, están los de la sociedad, es decir, los valores éticos tienen que ver con la utilidad. La línea de pensamiento utilitarista es pragmática, pues considera la utilidad de las cosas a la par que de las personas poniéndolos al mismo nivel.

La bioética universalista, es una corriente de pensamiento que deja la toma de decisiones a que la opinión de la mayoría de las personas involucradas en el dilema ético, las considere. Es decir, sin importar las competencias de las personas involucradas, basta con que en promedio sean las más para que se acepte o se rechace un acto humano ante una disyuntiva.

La bioética personalista, es la que considera a la persona y su dignidad ontológica por encima de todo. Parafraseando a Juan Manuel Burgos, fundador y presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, esta corriente bioética desde el punto de vista estructural, se caracteriza por la centralidad de la persona, lo que significa no solo que una filosofía o línea de pensamiento “tenga en cuenta” a la persona, algo relativamente común, sino que emplea este concepto como “clave arquitectónica de su antropología.” Sintetizando, del qué al quién: el hombre no es una cosa, y ni siquiera un qué, una naturaleza. Es un sujeto individual irrepetible, es decir, un quién.

Y finalmente, aunque estamos conscientes de que pueden existir otras distintas formas de considerar a la bioética, está el principialismo bioético. Con estas cuatro, desglosamos las más importantes dentro de la disciplina en cuestión. Al respecto, cuenta con cuatro grandes características para considerarla dentro de un dilema; la beneficencia, la autonomía, la no maleficencia y la justicia.

A decir, la beneficencia busca el bien del usuario sin menospreciar a nadie, la autonomía supone que el usuario puede gobernarse a sí mismo y decidir sobre su propio estado y corporeidad, la no maleficencia se refiere a que no haya una mala intención y la justicia implica un trato igual sin importar las condiciones del usuario.

Ahora bien, habiendo explicado brevemente las distintas corrientes de pensamiento bioético que en la actualidad más se aceptan en la academia, emitiremos nuestro juicio con relación a la asignación de recursos escasos durante la actual pandemia del COVID 19 desde la línea de pensamiento personalista. Ya que consideramos que es la más acorde a la vida humana y sus dilemas éticos. Una antropología defensora de la dignidad de la persona. El personalismo nació para defender al ser humano de los peligros opuestos representados por el colectivismo y el liberalismo individualista. Desde entonces siempre ha luchado por la defensa de la persona. Por ello, quien comparta esta convicción encontrará sin duda en el personalismo un poderoso aliado para las contiendas que se libran y se librarán en este terreno.

La Guía Bioética, en donde en la primera parte se pretende orientar de manera específica cómo asignar recursos escasos de medicina crítica y en la segunda, describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación, notamos que no consideran la estructura tridimensional de la persona. Puesto que para una comprensión adecuada del ser humano es necesario superar la distinción alma-cuerpo y pasar a una estructura más compleja, tripartita, que permite explicar mucho mejor las características del ser personal. Estas tres dimensiones son cuerpo, psique y espíritu.

La Guía sopesa al usuario enfermo conforme a su utilidad y lo reduce antropológicamente a un objeto que puede durar más o menos tiempo. “Paciente A de 80 años necesita de un ventilador, paciente B de 20 años necesita de un ventilador. Si paciente A recibe el ventilador ella vivirá 7 años más, si paciente B recibe el ventilador ella vivirá 65 años más. Ante dicho problema se tiene que introducir un principio adicional: salvar la mayor cantidad de vidas-por-completarse.” Es claramente un pensamiento utilitarista.

Cabe señalar, entonces que para poder discernir un dilema desde una línea personalista, contamos con cuatro principios “relativos a la intervención del hombre sobre la vida humana en el terreno biomédico”. Que son los siguientes:

  1. El principio de defensa de la vida física
  2. El principio de libertad y responsabilidad
  3. El principio de totalidad o principio terapéutico
  4. El principio de socialidad y subsidiaridad

          Continuando con el caso del paciente A y el paciente B, es preciso hacer notar que los dos pacientes cumplen con el Principio de Totalidad, ya que la persona humana —de suyo libre— con el organismo corpóreo, constituye una totalidad y el organismo mismo es una totalidad. De aquí se deriva el principio terapéutico, por el cual es lícito intervenir en una parte del cuerpo cuando no hay otra forma para sanar la totalidad del cuerpo. Y para tal efecto se requieren las siguientes condiciones precisas: consentimiento informado de la persona, esperanza de éxito, e imposibilidad de curar la totalidad sin intervención.

          Los criterios de limitación de recursos no resultan válidos cuando se toman aisladamente por: edad, prioridad en el tiempo, enfermedad, vulnerabilidad, discapacidad, deterioro cognitivo, como si fuera posible cuantificar sin más estos valores y formular matemáticamente una relación costo-beneficio. (www.Bioeticaweb.com Comité de Bioética de España)

Quitar o poner el respirador debe igualmente de cumplir con el principio de proporcionalidad, en donde el acto sea proporcional al caso. Es decir, ponerlo no implica necesariamente salvar la vida, ya que el paciente puede tener una comorbilidad y se podría ocasionar una distanasia (alargar la vida).

          Finalmente, conscientes del breve espacio y de lo complejo del tema, dejamos a reflexión las líneas redactadas desde un conocimiento bioético, recomendando que quien durante esta emergencia decida emitir una Guía Bioética como ayuda para el personal de salud, sea un experto en esta disciplina y no así solamente conocedor.

***

¿Importa realmente la voluntad popular?

Se supone que vivimos en una época en la cual la democracia es considerada un dogma incuestionable, que en teoría permite ampliar la libertad y la autonomía personales al grupo en su globalidad, al someter a votación las más diversas materias, con lo cual este grupo no estaría haciendo otra cosa, siguiendo la afamada frase de Rousseau, que “obedecerse a sí mismo”.

            Sin embargo, al margen del constante problema de si todo puede ser votado por una mayoría, o si se prefiere, si lo que ella determina está más allá del bien y del mal y se legitima por sí mismo, a veces surge la inquietante pregunta de si la actual clase política de verdad respeta esta voluntad popular, como no se cansa de repetir.

            En efecto, si se analiza someramente lo que ha ocurrido recientemente en el Reino Unido a propósito del Brexit, y hace más o menos un año, en Colombia, con motivo del plan de paz con las Farc, surgen poderosas razones para dudarlo. Ello, pues los hechos han demostrado que quienes ocupan puestos políticos gracias al sistema democrático, parecieran respetan esta forma colectiva de tomar decisiones únicamente cuando coincide con sus propias convicciones.

            Como se recordará, en el caso del Brexit, en su momento se llamó a la ciudadanía a votar, en un ejercicio de democracia directa, respecto de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, ganando sorpresivamente (al menos de acuerdo a lo que los medios de comunicación señalaban), la opción por abandonarla. Sin embargo, recientemente, el Parlamento británico ha dado pasos en sentido contrario, incluso surgiendo la posibilidad de llamar a una nueva votación popular para volver a debatir la cuestión.

            En el caso de Colombia, hace ya un tiempo, pese a la increíble campaña mediática y política a favor del proceso de paz con las Farc, el pueblo nuevamente usando su voto, rechazó este proposición. ¿Qué pasó luego? El congreso, haciendo oídos sordos al clamor popular, dio luz verde al proceso, firmándose posteriormente el acuerdo de paz que había sido además, debatido en La Habana, un ejemplo impecable de respeto por los derechos humanos, por lo demás. Sin perjuicio que el actual presidente ha dado pasos en el sentido de respetar esa decisión popular, el hecho es que en su momento, en el anterior gobierno, sencillamente, se la desconoció.

            En consecuencia, pareciera que en ciertas materias la voluntad popular debe seguir con mucho respeto y sumisión lo que la clase gobernante y el dogma de lo políticamente correcto han determinado ya de manera inapelable. En caso contrario, su decisión será ignorada o esquivada de alguna manera, para que el plan inicial pueda continuar.

            Lo anterior significa que la apelación a la voluntad popular ha sido, en estos casos, sólo una pantalla, un simple elemento legitimador para darle valor a una decisión que ya ha sido tomada en las alturas. Ello, sin considerar la a veces grosera presión de muchos medios de comunicación en pro del resultado querido por la cúpula dominante.

            Por tanto, nos queda esta inquietante duda: ¿hasta qué punto es realmente libre y soberana esta voluntad popular que tanto dicen respetar y defender aquellos mismos que gracias a esa voluntad popular han sido elegidos y nos gobiernan?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera de Derecho

Universidad San Sebastián

Derechos que esclavizan

Actualmente vivimos en un mundo curioso: en múltiples latitudes –y la nuestra no es la excepción– existen políticos, programas e incluso gobiernos que prometen garantizar y varios intentan llevar a la práctica, un cúmulo de “derechos humanos” francamente excepcional, que nos aseguran, harán de nosotros seres más felices.

            En efecto, desde hace ya varios años, las promesas de derechos van mucho más allá de aquellos que pretenden garantizar un conjunto de libertades, sobre todo de la intromisión estatal (vida, propiedad, privacidad, iniciativa económica, etc.) y por el contrario, buscan que ese mismo Estado se haga cargo cada vez de más y más aspectos de nuestra vida. De esta manera, se busca garantizar un derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda; y de ahí se pasa a derechos más inasibles, como el derecho a un medio ambiente sano, al desarrollo, a la paz y un largo etcétera.

            En realidad, son tantos y tan bien intencionados los derechos que se prometen y que varios exigen como algo evidente, que a momentos casi dan ganas de agradecer de rodillas por vivir en esta privilegiada época, en que por fin nos hemos dado cuenta que la clave para alcanzar la felicidad es sólo desearla fervientemente. Sin embargo, también a veces surge la duda de si estaremos en lo correcto, si estos derechos que nos prometen no serán sólo una buena intención, pues parece demasiado bueno para ser cierto: ¿estaremos soñando?

            En realidad, este sueño puede muy pronto transformarse en pesadilla, a poco que abramos los ojos y veamos que nada es gratis en este mundo. No sólo porque todo tiene un costo, y a fin de cuentas, alguien tendrá que pagarlo, monetariamente hablando, sino también porque existe otro precio bastante más alto que al parecer, muchos no alcanzan a percibir y hasta es posible que algunos no quieran ver.

            Este precio es, ni más ni menos, que nuestra libertad. Y lo es, porque hay que recordar que estos derechos se cobran, no solo económica, según se ha dicho, sino también políticamente. Es decir, muchos de quienes los ofrecen (dejemos por ahora de lado el problema de su sustentabilidad en el tiempo) lo hacen no por un especial espíritu altruista o filantrópico, sino simplemente, por puro y simple afán de poder.

            En efecto, para varios, la idea de estos derechos que se nos ofrecen a manos llenas es hacernos cada vez más dependientes de los mismos, pues a fin de cuentas, dichos derechos facilitan o pretenden facilitar la vida. El problema es que para mantenerlos, sobre todo si ya ha habido un acostumbramiento a los mismos, el precio es perpetuar en el poder a quienes los otorgan, con lo cual, los favorecidos con estos derechos terminan siendo esclavos de quienes los dan: algo así como un boleto para su reelección indefinida, al terminar los electores siendo completamente dependientes de esas ayudas que otorgan los gobernantes.

            De esta manera, tal como ocurre con unas muletas, cuyo uso e incluso abuso puede terminar debilitando tanto las piernas que ya no sea posible sostenerse sin ellas, estos derechos pueden terminar haciéndose imprescindibles, así como quienes los otorgan. En consecuencia, hay razones para desconfiar de estos derechos que se nos ofrecen sin más.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director carrera de Derecho

Universidad San Sebastián

Derechos totalitarios

Como se sabe, recientemente el Tribunal Constitucional dio luz verde a la objeción de conciencia institucional –como lo había sostenido él mismo en la sentencia que dio luz verde a la ley de aborto en tres causales–, permitiendo de esta manera que instituciones privadas cuyo itinerario esté en contra de esta discutible práctica, puedan oponerse a ella. De no haberse dado esta sentencia, dichas instituciones hubieran tenido que traicionarse a sí mismas o sencillamente, dejar de existir.

            Ahora bien, más allá del debate que genera lo anterior, la actual situación es una muestra más del notable cariz totalitario que están adquiriendo lo que llamamos los “nuevos derechos humanos”, que poco o nada tienen que ver con los establecidos en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Ello, pues en la actualidad, ellos pretenden convertirse en una auténtica religión laica, con sus dogmas y herejes, contra la cual estaría prohibido oponerse y en caso de hacerlo, exponerse a las sanciones más drásticas y ejemplificadoras. Con lo cual se da la paradoja que en nombre de los derechos humanos, nacidos para protegerse del abuso, sobre todo estatal, pretende imponerse –repito: en nombre de estos “nuevos derechos humanos” – un auténtico totalitarismo no solo nacional, sino mundial.

            Lo anterior es más sorprendente aún, tomando en cuenta que si hay algo en lo cual no estamos de acuerdo en nuestras sociedades, es respecto de los parámetros del bien y del mal. Por eso no deja de ser curioso que en sociedades tan fragmentadas, se pretenda tener una especie de tabla de salvación de objetividad moral y jurídica en los derechos humanos. Es como si quisiera recobrarse algún grado de objetivismo moral, perdida para muchos, cualquier noción que apunte a la existencia de una ley natural.

            Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Y eso es lo que ocurre aquí: porque estos “nuevos derechos humanos” (como el supuesto “derecho al aborto”)  no tienen, como muchos pretenden, un origen consensuado de la comunidad internacional, que es el modo en que habitualmente son presentados a fin de dotarlos de legitimidad. No: su origen subyace en la labor que realizan diversos organismos –comisiones y tribunales internacionales en particular–, que pese a las buenas intenciones de algunos de sus miembros, se han erigido en auténticos oráculos de esta nueva religión en ciernes. Oráculos que por cierto, no responden ante nadie y cuya labor la ciudadanía ignora prácticamente por completo.

            El problema, como también hemos señalado reiteradamente, es que por muy discutibles o incluso arbitrarios que resulten algunos de estos nuevos planteamientos, están revestidos del manto de legitimidad que otorgan los derechos humanos, razón por la cual gozan, al menos en un principio, de carta de ciudadanía.

            Sin embargo, entre otros, existe un punto clave que permite distinguir el trigo de la paja: el grado de intervencionismo estatal, sumado a la injerencia en la vida privada de los ciudadanos, que los derechos humanos proclamados conllevan. Así, mientras más crecen ambas situaciones, más claro resulta su raigambre totalitaria, pues debe recordarse siempre que los verdaderos derechos humanos surgieron precisamente para defendernos del Estado, no para darle carta blanca a fin que pudiera inmiscuirse en todo y pretender así moldear nuestras vidas de acuerdo a su pseudo sacrosanta voluntad.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

Privacidad y vigilancia

Los días 6, 7 y 8 de noviembre en Santiago y 9 y 10 de noviembre en Concepción, se llevaron a cabo las “XIII Jornadas Internacionales de Derecho Natural”, coorganizadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad San Sebastián, con la presencia de destacadas personalidades chilenas y extranjeras, cuyo tema central fue “Conflictos entre privacidad y vigilancia”, en que además se abordaron problemas tan modernos y desafiantes como la seguridad ciudadana, la privacidad de los datos personales, la identidad digital, el blockchain y las bitcoins y criptomonedas.

            A primera vista, temas tan actuales como los mencionados pueden parecer extraños para un congreso de Derecho Natural, tradicionalmente abocado a temas más “clásicos”, por ejemplo, vinculados a la vida, la familia o la libertad religiosa, por mencionar sólo algunos de los más conocidos. Sin embargo, ello no es así. Y no lo es, puesto que la misión de la Ley y del Derecho natural es ir descubriendo –no inventando ni creando arbitrariamente– aquellos parámetros morales y jurídicos objetivos emanados de la realidad profunda del hombre, que realcen y resguarden la dignidad humana, parámetros necesarios para guiar nuestra conducta libre en las originales y cambiantes circunstancias históricas de cada época y lugar. En suma, recordarnos que la persona humana es un ser digno y que no puede ser reducido a la calidad de objeto, por muchos frutos que eventualmente puedan extraerse por medio de las nuevas tecnologías, como en el presente caso.

            Reflexionar sobre las amenazas a la privacidad en el mundo actual se hace cada vez más urgente, en atención al portentoso avance de la tecnología, que hace literalmente, que no acabemos de asimilar alguno de sus increíbles logros, cuando ya nos vemos remecidos por otro aún más espectacular, y así sucesivamente. Tan sucesivamente, que corremos el riesgo de insensibilizarnos ante tan inimaginables resultados…, o que algunos pretendan erigirse en dioses respecto de otros a través de los mismos.

            Y dentro de este mutifacético fenómeno, tal vez uno de los más inquietantes sea el de la creciente pérdida de privacidad, sea por propia voluntad de los afectados –que al exponer aspectos íntimos de sus vidas en las redes sociales estarían de alguna manera renunciando a la misma–, como por los cada vez más y mejores “ojos” que nos miran y vigilan por todas partes, al punto que ya no sabemos a ciencia cierta cuándo estamos realmente solos con nosotros mismos. No por nada, se señalaba en uno de los workshops de las jornadas, que hoy estamos siendo vigilados por incontables “pequeños hermanos”, haciendo referencia a la famosa novela “1984”, de George Orwell.

            Todo eso y mucho más amerita, como resulta evidente, una constante y crítica reflexión, a fin que la privacidad y otros derechos esenciales no sean avasallados por estas nuevas tecnologías, que tientan fácilmente al poder, sea público o privado, para dominar a las masas. En el fondo, acudir a la Ley y al Derecho natural es una obligación, si queremos no sucumbir ante este dominio de unos sobre otros por medio de la tecnología y seguir defendiendo la inclaudicable e indeleble dignidad humana.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera de Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Objeción de conciencia

Criticable, por decir lo menos, ha resultado la actitud de buena parte de la oposición a la iniciativa del Ministerio de Salud para permitir la objeción de conciencia, tanto a personas naturales como jurídicas, a propósito de la ley de aborto aprobada hace unos meses, siguiendo en esto el dictamen del Tribunal Constitucional sobre el particular. De tal forma, estos críticos pretenden que nada ni nadie pueda oponerse a esta práctica, por muy controvertida que sea, al tratarse en el fondo para ellos de un “derecho humano”.

Lo anterior resulta curioso, puesto que es sabido que el tema del aborto produce uno de los mayores debates de nuestro tiempo, al punto que en muchas ocasiones, su avance ha sido fruto de polémicas sentencias de tribunales superiores o de exiguas mayorías parlamentarias, todo lo cual demuestra muy a las claras que no se trata para nada de una materia pacífica. De ahí que los que se oponen a esta práctica, al menos hayan tratado de mantener a salvo sus propios principios y convicciones mediante la objeción de conciencia.

Y no es para menos: por mucho que algunos consideren el aborto como un derecho, incluso un “derecho humano”, parece demasiado, es más, resulta inaceptable, que un médico tenga que ser violentado en sus convicciones más profundas y obligado a cometer lo que él considera, con fundamento biológico, un asesinato. Por eso resulta totalitaria una actitud que so pretexto de supuestos “derechos humanos” (que se insiste, en este caso generan una gran y fundamentada polémica), pretenda imponerse de manera avasalladora, no aceptando la más mínima crítica ni disidencia. Lo cual se muestra con las amenazas que usualmente se esgrimen contra los objetores, que van desde la pérdida de sus trabajos o la imposibilidad de acceder a los mismos, hasta el corte de los fondos en caso de ser una institución que recibe ayuda del Estado.

¿Dónde ha quedado pues, el derecho humano fundamental a no verse obligado a actuar contra las convicciones más profundas de una persona? ¿Justifica el supuesto derecho de algunos la cuasi esclavitud de otros? ¿Es justo que el profesional de salud que de buena fe considera que el aborto es un crimen, tenga que ensuciarse las manos para no perder su fuente de trabajo, si además, es posible derivar a quien lo solicita con otro profesional que sí está dispuesto a hacerlo? ¿Ocurrirá lo mismo si se llega a aprobar la eutanasia?

El problema de fondo, y al cual hemos aludido varias veces, es que en la actualidad, el progresismo pretende imponer su agenda valórica amparándose en la noción de “derechos humanos”, que desprovistos de cualquier raigambre objetiva, hoy dan para todo. De esta manera, basta con asignarle este rótulo a cualquier pretensión, por polémica o absurda que sea, para que por ese solo hecho, se sacralice y se conviertan automáticamente en los peores herejes quienes se opongan a ella. Por eso volvemos a repetirlo: actualmente muchos de los “nuevos derechos humanos” –que poco o nada tienen que ver con la Declaración Universal de 1948– están siendo utilizados como verdaderos instrumentos de dominación, como mecanismos para imponer de manera totalitaria una serie de comportamientos que van desde el irrespeto a la vida de los más débiles, hasta anular el derecho de los padres para educar a sus hijos, por mencionar sólo algunas de las polémicas más conocidas de nuestros días. ¿Seguiremos pisando el palito?

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Constituciones mágicas

El envío del gobierno de un proyecto de nueva Constitución a sólo unos días de terminar su mandato, ha sido visto por muchos como un último y porfiado empeño por influir en los destinos del país desde su particular perspectiva, pese a la contundente derrota electoral sufrida hace poco. Ello, porque ante este resultado, la sola idea de seguir mandando proyectos de ley, y máxime de una Constitución, ha perdido buena parte de su legitimidad democrática.

Además, se ha criticado el casi total secretismo de los contenidos de este proyecto, al punto que la ciudadanía se entera tarde y superficialmente de los mismos, pese a que se realizó un publicitado aunque polémico trabajo con “cabildos”, como supuesto mecanismo de consulta popular, cuyos resultados finales tampoco fueron de público conocimiento. En suma, se trata casi de un as bajo la manga, sacado a punto de terminar la partida.

Sin embargo y sin negar lo anterior, este proceso constituyente tiene raíces más profundas y extensas de lo que se cree. Ello, porque se relaciona con un ya viejo ideal de muchos juristas y políticos de América Latina, consistente en dotar a sus diferentes países, ya sea de nuevas constituciones o de modificaciones profundas a las existentes y en ambos casos, hacerlas muy receptivas a lo señalado por instancias internacionales de derechos humanos, en particular, la Corte Interamericana. Ello, con el fin de dotar a estas naciones de un andamiaje internacional, constitucional y legal, que garantice un cúmulo de derechos económicos, sociales y culturales, a fin de superar los problemas y desigualdades de nuestra región. Y por supuesto, el Estado tiene un papel protagónico en la promoción y puesta en práctica de estos derechos, así como para sancionar a quienes no los reconozcan. En suma, se busca tener un Estado todopoderoso que regule casi todos los aspectos de la vida, o también como otros han señalado, un “Estado-niñera”.

De esta forma, el empeño constitucional del actual gobierno no debe ser entendido como un arranque de originalidad autóctono, sino como parte de un movimiento mucho mayor, de tipo continental, que pretende llegar a lo que ellos mismos llaman, un “Ius Constitutionale Commune” para América Latina. Ello, porque como todos los textos constitucionales propuestos se abren generosamente a la influencia del Derecho Internacional, en particular de la Corte Interamericana, se iría generando una simetría en todos los países en la protección y promoción de estos derechos humanos, al tener a dicho tribunal como la última palabra y como garante final en cuanto a lo jurídicamente correcto.

Sin embargo, además de ceder soberanía a raudales a órganos internacionales que nadie controla, tal vez lo más llamativo de este fenómeno es que se crea, ingenuamente, que basta con cambiar las constituciones para que casi por arte de magia, los problemas se arreglen, entregándole además al Estado –ente iluminado e infalible para dirigir los destinos de ciudadanos que parecen ser tenidos por idiotas–, las riendas totales de este proceso. Lo anterior, sin perjuicio del grave problema del financiamiento de estos ambiciosos derechos.

Es por eso que los actuales debates de nuestros países no pueden seguir siendo vistos sólo desde una perspectiva nacional, sino que es necesario añadirles una óptica internacional.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

¿Por qué aún no llega la paz?

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre cumplirá 70 años, pero sus aspiraciones a favor de la dignidad humana y de la paz internacional aún no se han cumplido. ¿Cuáles son los obstáculos actuales para conseguir esas grandes metas?

1. El papel de la Santa Sede en la política internacional. Como cada mes de enero, el Obispo de Roma se reunió con el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano para dar el esperado discurso de Año nuevo, que es una especie de mensaje sobre la “situación del mundo”.

El Papa sabe que él no es el gobernante de las naciones y que no le corresponde interferir en las decisiones de los Estados, pero sí es consciente de que su papel consiste en recordarles el llamado “principio de humanidad y de fraternidad”, que son “fundamento de toda sociedad cohesionada y armónica”. (Discurso, 8 ene. 2018)

2. Hitos en la historia de los Derechos humanos. En este 2018 se cumplen 100 años de la terminación de la Primera Guerra Mundial, cuyo pacto final no pudo garantizar la paz, pues tan sólo 21 años después se inició otra conflagración bélica más destructiva aún.

Para evitar otra gran guerra, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal del Hombre, que propone el respeto a la dignidad de la persona como fundamento de la libertad, la justicia y la paz (cfr. Preámbulo).

Sin embargo, estos derechos, que facilitan el desarrollo integral de todos los seres humanos por igual, sufrieron un cambio de interpretación a raíz de las agitaciones sociales del “sesenta y ocho”, según la visión del Papa Francisco.

De manera, que los derechos humanos se han ido interpretando hasta la contraposición entre ellos y con la cultura de muchos países. En consecuencia, “en nombre de los mismos derechos humanos”, advino el riesgo de instaurar “formas modernas de colonización ideológica” de los más fuertes y los más ricos en detrimento de los más pobres y los más débiles, afirmó el Pontífice.

3. Volver al fundamento de los Derechos Humanos. En los últimos años, los Derechos Humanos se han vaciado de contenido objetivo, porque se ha abandonado la argumentación basada en la dignidad de la persona, y ha sido sustituida en parte por intereses económicos o de poder.

Por eso, Francisco recordó en su discurso que hablar de derechos humanos quiere decir proponer “la centralidad de la dignidad de la persona”, y explicó que hay una “significativa relación” entre el mensaje evangélico sobre la persona y los derechos humanos según el “espíritu de los redactores” de la Declaración de 1948.

4. Los derechos humanos, aún son poco respetados. Con la valentía que le caracteriza para denunciar los grandes problemas de la humanidad, el Pontífice declaró también que, después de setenta años de la Declaración Universal, “duele constatar cómo muchos derechos fundamentales están siendo todavía hoy pisoteados”.

Francisco constató que hoy los derechos importantes son los más violados, como el derecho a la vida, junto con los derechos a la libertad y a la inviolabilidad de toda persona. Y esto se debe, no sólo a la guerra o la violencia, sino también a “formas más sutiles”, como sucede en el caso de “los niños inocentes, descartados antes de nacer; no deseados, a veces sólo porque están enfermos o con malformaciones o por el egoísmo de los adultos”.

Epílogo. El desconocimiento y menosprecio de los derechos de las personas son la causa de las barbaries contra la humanidad, según la Declaración de los Derechos del Hombre, la cual propone como solución el respeto de los derechos humanos. Para conseguir esta gran meta, se requiere tanto de medidas civiles como de la formación de la conciencia de cada individuo. Por eso, las religiones que proponen a sus fieles una visión de respeto por el hombre juegan un papel fundamental para lograr la paz.

@FeyRazon lfvaldes@gmail.com
http://www.columnafeyrazon.blogspot.com

Como si fueran algo evidente

Resulta muy llamativo que varios defensores de los derechos humanos a nivel global, planteen las exigencias que plantea a su respecto del Derecho Internacional (esto es, cuáles derechos debieran ser respetados por todo país que se pretenda legítimo), como algo evidente, que casi no requiriere explicación, criticando duramente a quienes no los “vean” de manera tan clara.

En efecto, como se ha dicho muchas veces, actualmente nos encontramos en sociedades profundamente fragmentadas en cuanto a lo que se considera bueno o malo, al punto que se ha hablado de un “politeísmo valórico” a este respecto. Asunto grave, a decir verdad, no sólo por generar un cúmulo de conflictos al interior de las mismas, sino también porque atenta contra la cohesión de un espíritu común que dé fuerza a su ideario como grupo.

Así entonces, ante este panorama innegable de dispersión moral, resulta al menos llamativo que varios estudiosos del Derecho Internacional vean en este ámbito algo así como un remanso de objetividad, manifestada en ciertos “derechos humanos” que se postulan casi como evidentes y que nadie en su sano juicio podría desconocer sin ser considerados tonto en el mejor de los casos, o en el peor, malvado.

Pero además, debe recordarse que para la mentalidad dominante, los derechos humanos no son una realidad a descubrir (una especie de ley natural), sino, como se señala insistentemente, un dato a crear o fabricar de acuerdo a nuestros intereses. Ello, pues siendo el principio fundamental del Derecho Internacional el llamado “pacta sunt servanda” (esto es, “lo pactado obliga”), los actuales derechos humanos son convencionales y por tanto, fruto de los acuerdos a los que lleguen los Estados al suscribir soberanamente los tratados que los consagran.

Por tanto, si el origen de estos derechos es consensual y no natural, difícilmente pueden ser entendidos como algo “evidente”, pues si realmente lo fueran, no sería necesario ponerse de acuerdo a su respecto, sino de forma aunada, ir descubriéndolos con el correr del tiempo. En consecuencia, como son algo construido y en buena medida dependiente del querer de quienes los acuerdan, su carácter evidente y objetivo se hace imposible, pues en el fondo, dependen de una opinión, por muy mayoritaria que pudiera ser ésta eventualmente.

Pero además de lo anterior, tal vez lo que atenta de manera más grave contra esta supuesta “evidencia” sea la dúctil interpretación que de estos tratados hacen algunos tribunales y organismos internacionales (como ocurre por ejemplo en nuestra región con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), quienes mediante dicha exégesis, se han alejado a veces bastante del tenor literal e incluso del espíritu de estos tratados previamente consensuados por los Estados. Con lo cual, al ser dicha interpretación en buena medida imprevisible, este carácter “evidente” de los actuales “derechos humanos” se hace absolutamente quimérico.

Por tanto, hay que andarse con más cuidado al momento de hablar de este tema, porque por mucho prestigio que tenga el rótulo “derechos humanos”, bajo su aparente solidez se esconde no sólo un contenido pantanoso, sino también bastante imprevisible, muy lejos de la objetividad y evidencia con que suelen ser presentados por sus defensores.

 

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

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