¿Por qué obedecer a quien viola las reglas?

Si como es obvio, resulta fundamental que las autoridades se sometan estrictamente a las leyes y a la constitución que regulan sus competencias, en el caso de la actual convención constitucional, dicha exigencia adquiere una importancia crucial, puesto que del resultado de su labor –de ser aprobada por la ciudadanía– depende nuestro presente y futuro.

            Sin embargo, se sabe que este organismo pretende que tanto su reglamentación como la toma de decisiones que en teoría debe proponer a la ciudadanía, puedan ser determinadas por mayoría simple y no por los dos tercios que establece y exige la reforma constitucional que ha permitido todo este proceso, en particular, el art. 133 de la actual carta fundamental. Lo cual constituye una violación flagrante de sus facultades, que a nuestro juicio, le quita por completo legitimidad a su labor.

            Hay que ser enfático: la convención constitucional no es la dueña de Chile, ni sus miembros dioses o reyes absolutos que tengan derecho a hacer lo que les plazca. La ciudadanía no ha consentido, ni de lejos, en darles carta blanca para  que puedan hacer lo que les venga en gana, ni menos obligarnos a seguir las directrices que de ellos emanen, por absurdas, dañinas o ilógicas que sean. Lejos ha quedado el tiempo de los monarcas o de los grupos absolutistas, que pretenden estar sobre la ley, pues esto atenta contra la democracia y los derechos humanos.

            En realidad, la situación es de extrema gravedad, y la violación de la normativa constitucional absolutamente inaceptable, a fuer de irresponsable. Además, de darse esta situación, ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué se estableció y reguló esta reforma constitucional si todo puede ser borrado de un plumazo por la convención?

            Más aún: ¿qué legitimidad puede tener un órgano que obra de este modo, por muy elegido que haya sido? ¿Quién le ha dado la prerrogativa o el derecho de dejar sin efecto estas normas que le permiten existir y actuar? Además, con semejante actitud, surgen poderosas razones para sospechar que ante tal grado de prepotencia (porque eso es), al final no habrá plebiscito de salida. Con lo cual, estaríamos consintiendo nuestra propia esclavitud.

            Por eso hay que decirlo con todas sus letras: este desacato total a la autoridad del pueblo y a la constitución es una auténtica revolución no violenta, pues al hacer caso omiso a la legalidad, atenta contra el sistema jurídico en su conjunto.

            Pero al mismo tiempo y como correlato más natural, también resulta válido preguntarse por qué habría que obedecer en un futuro los dictámenes de este órgano que claramente ha abusado de sus facultades. Ello, pues por razones evidentes (y es un principio básico del derecho público), todo lo que se haga como consecuencia de esta ilegalidad es nulo y de ningún valor, no generando obligación alguna de obediencia.

            Por tanto, la conclusión es completamente evidente: si la legitimidad es el poder digno de ser obedecido, en caso de saltarse sus propias reglas, la convención la perdería completamente, pues nadie puede autoarrogarse más derechos de los que realmente tiene; y al mismo tiempo, no existe el deber de obedecer a quien ha violado sus propias competencias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un proceso cada vez más cuestionable

Toda auténtica sociedad democrática exige –y de hecho es un deber grave– que la actividad de las autoridades y servicios públicos esté siempre bajo la lupa de la ciudadanía, por la sencilla razón que existen menos posibilidades de abuso mientras más ojos observen la actuación de sus integrantes, la sometan a crítica –si corresponde desde su perspectiva–, e incluso acusen irregularidades en caso de haberlas. Pretender lo contrario no sólo resulta sospechoso (quien nada oculta, nada teme), sino propio de sociedades que se acercan peligrosamente al totalitarismo.

            Es por lo anterior que una actividad tan importante para nuestro país como la que realiza la Convención Constitucional debe ser sometida al máximo escrutinio posible, por el bien general del país, y por lo mismo, su proceder a una fiscalización rigurosa y constante.

            Sin embargo, cada vez crece más la impresión en virtud de la cual, buena parte de sus integrantes se creen más allá del bien y del mal, casi como si estuvieran premunidos de un mandato divino e irrevocable, que les hubiera dado carta blanca para hacer lo que les plazca y que además, tampoco se les pedirá cuenta por su labor. En otras palabras, actúan casi como si fueran los dueños de Chile, cual monarcas absolutos, cuyo actuar estaría sobre las leyes y la misma Constitución (que hay que recordarlo: aún nos rige), pretendiendo así refundar nuestro país desde cero.

            En realidad, la conducta que hasta la fecha han tenido la mayoría de sus miembros no sólo deja mucho que desear, sino que lo único que produce es la creciente deslegitimación del proceso. Debe recordarse, aunque incomode a algunos, que existen varios vicios que de entrada ya quitan bastante legitimidad al mismo, aspectos que debieran ser tenidos muy en cuenta para no acrecentar este déficit. El primero es que en el fondo, todo este devenir ha sido fruto de la violencia, con motivo del “estallido social” de octubre de 2019; el segundo, es que el proceso de elección de los constitucionales deja bastante que desear, al existir votaciones muy bajas de muchos –demasiados– de sus integrantes, al margen de haber sufragado en dicha elección menos del 40% de la ciudadanía.

            Si a lo anterior se añade el aumento desproporcionado de las asignaciones (lo cual resulta impresentable, pues todos sabían de antemano las reglas del juego al momento de presentarse para la elección); que se pretenda no exigir ningún requisito a los futuros asesores; el menosprecio de nuestra bandera y de nuestro himno nacional; el que se pretenda que Chile deje de ser una República; la exclusión de quienes piensan distinto a la mayoría de diversas comisiones, etc., la gran pregunta que procede formular ante estas y otras conductas claramente criticables, es ¿quién les dio la prerrogativa para obrar de este modo? ¿Es que acaso nos hemos convertido en esclavos de sus caprichos?

            El hecho de haber existido una votación popular (y al margen de las críticas mencionadas más arriba), no da un poder absoluto a los sujetos elegidos por ella ni legitima de antemano todo lo que hagan. En caso contrario, no serían responsables por su actuación. La soberanía sigue radicando en el pueblo, en nuestra nación, que tiene el pleno derecho de recuperarla si se traiciona la delegación que de ella pueda haber hecho en su momento. Quien no entienda esto, no es un verdadero demócrata.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Más de lo mismo?

Como se dice vulgarmente, “el movimiento se prueba andando”. Y efectivamente, el “movimiento”, o si se prefiere, la real calidad de la labor que la ciudadanía ha encomendado a la Convención Constitucional se prueba, más allá de promesas e intenciones, por el modo real y cotidiano de comportarse, por los hechos concretos de los cuales todos somos testigos.

            Resulta indudable que el alto porcentaje obtenido por el “Apruebo”, así como gran parte de los votos que dieron un escaño a los actuales integrantes de la Convención, fue motivado en buena medida por un rechazo generalizado de la población a la actividad cotidiana de la llamada “clase política”. Y no es para menos, pues la gente está más que harta de ver, salvo honrosas excepciones, cómo esta verdadera casta que tenemos enquistada, sólo vela por sus propios intereses, importándole bastante poco el bienestar de la ciudadanía a la cual dice servir, al punto que todo aquello que beneficie a esta última siempre se haga para que los primeros obtengan una ventaja y así seguir donde están.

            En consecuencia, fue la posibilidad de dar origen a un proceso jurídico y político que en teoría estuviera al menos en parte libre de esta “clase política”, lo que atrajo la atención de la ciudadanía y explica los resultados de las anteriores votaciones.

            Sin embargo, esta creencia y esperanza de la ciudadanía que permitió la llegada de varias caras nuevas a la Convención, es al mismo tiempo una espada de doble filo, pues las deudas se pagan. En consecuencia, y más allá de las ilusiones o deseos de los votantes, resulta crucial el modo en que cumplan su misión estos convencionales, misión que es clara y exclusiva: proponer una nueva Constitución, solo eso.

            Mas, si están enfrascados en un cúmulo de rencillas que no tienen ninguna relación con la tarea encomendada, o teniéndola, pretenden imponer una visión única y dejar sin voz a los que piensan distinto; o si comienzan a exigirse un cúmulo de dádivas y privilegios y hasta se han presentado personas disfrazadas en alguna sesión, ¿existe aquí realmente esa tan ansiada diferencia respecto de la política tradicional, que fue lo que motivó a votar a la ciudadanía como finalmente lo hizo? ¿Dónde está la tan ansiada pureza de intención, o si se prefiere, el verdadero interés por el bien común que anhela esta misma ciudadanía? ¿O es que estamos nuevamente en presencia de lo mismo de siempre y todo ha sido un engaño?

            Lo hemos dicho otras veces: la labor de la Convención conlleva una enorme responsabilidad, pues en definitiva, es un servicio, no una instancia para abusar de la buena fe que ha llevado a parte de la ciudadanía a poner a sus integrantes ahí. Máxime, si como se mencionó hasta el cansancio, la idea era que por fin el pueblo se sintiera representado en este proceso.

            En realidad, lo único que se consigue con todo lo que está ocurriendo es deslegitimar este mismo proceso, pues mientras más promesas se hayan realizado antes del mismo, mayor será la exigencia por la labor realizada. O si se prefiere, hay que estar a la altura de las circunstancias. Debe recordarse además, que existe un plebiscito de salida, lo que a veces parecieran olvidar nuestros convencionales. A menos que en su embotamiento, se crean con la legitimidad y el poder para declararlo innecesario. ¿Llegarán a tanto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Una elección crucial

Como es de sobra conocido, este fin de semana se define literalmente el futuro de nuestro país para muchos años y eventualmente, su destino último.

            Lo anterior no es exagerado en lo más mínimo. Y no lo es, porque del resultado que arrojen las urnas respecto de los constituyentes, dependerá el rumbo que siga nuestro país, que podría oscilar entre un relativo continuismo o un cambio radical respecto de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Mas lo claro y que nunca hay que olvidar, es que tal como las personas no tienen su futuro asegurado, lo mismo aplica a cualquier país: el éxito no es un derecho, ni tampoco debe darse por descontado. Muchos ejemplos ya existen, que muestran cómo países que iban relativamente bien encaminados, han acabado siendo Estados fallidos.

            Por eso a nuestro juicio, el primer deber es salir a votar. La actual coyuntura es tal, que resulta una incomprensible irresponsabilidad no cumplir con este deber ciudadano.

            En segundo lugar, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, es que uno de los propósitos de una constitución es limitar al poder en pro de los derechos y la libertad de los ciudadanos. De ahí que haya que mirar con sospecha aquellas propuestas que buscan acrecentar de manera desmedida el poder del Estado –y por tanto, de quienes lo detentan–, pues ya tenemos experiencia de sobra para saber que a más poder, más corrupción y abuso. El problema es que en buena medida, muchos de los que pretenden redactar esta norma fundamental, son los mismos que terminarán siendo regulados por ella. De ahí que la tentación de hacer un traje a la medida sea más fuerte que nunca. Por eso se insiste: cuidado con aquellas propuestas que abogan por entregarle todo al Estado.

            En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior, también deben mirarse con sospecha aquellas propuestas que prometan demasiado, pretendiendo que una nueva constitución arreglará como por arte de magia todos nuestros problemas. Además de ser flagrantemente falso (entre otras cosas, porque se requieren de muchas leyes complementarias), debe recordarse que la constitución y las leyes son sólo normas, que señalan lo que desde su perspectiva debe ser. Pero tal como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, lo cierto es que “el papel resiste todo”. Por tanto, hay que ser lo suficientemente realistas y maduros para no pedir o esperar más de lo que realmente se puede dar.

            Finalmente, debemos ser conscientes que todo tiene un precio, y por tanto, mientras más se ofrezca, más caro terminará costando para la ciudadanía. No sólo en recursos económicos (lo que podría generar por ejemplo, impuestos insufribles, una ruina de la clase media y una destrucción de la economía), sino también –y tal vez sobre todo– políticos. Ello, pues las dádivas que se prometan tendrán inevitablemente una contrapartida: mantener a quienes las otorgan en el poder, al punto de terminar usándose como un verdadero chantaje por quienes detentan dicho poder para conservarlo. Nada es gratis en esta vida y lo contrario, esto es, creer que todo es por nuestro bien, o que la clase política está poblada únicamente por buenos samaritanos, es pecar de una ingenuidad rayana en lo infantil. De hecho, las peores esclavitudes son aquellas que se generan al aprovecharse de la necesidad de otros.

            Todo esto y mucho más debemos tener en cuenta ante esta importante decisión que como pueblo tenemos que tomar, para no arrepentirnos después.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Los verdaderos amos

Resulta casi un lugar común hablar hoy de una “crisis de la democracia”, motivada por diversos factores de todo tipo, desde la corrupción de la clase política, hasta la poca transparencia de sus procesos eleccionarios, sin olvidar la creciente apatía y desilusión de buena parte de la ciudadanía, o al contrario, el hecho que los que más hagan oír sus demandas, sean los grupos más agresivos, siempre minoritarios. Todo ello y mucho más, está haciendo que esta forma de organización política, hasta hace pocos años idolatrada de modo casi infantil, hoy sea vista con desdén y hasta desprecio por vastos sectores de la población.

            Lo anterior está generando lo que podríamos llamar metafóricamente, “democracias de cartón”, queriendo significar con lo anterior, una mera imagen, una máscara que pretende ser algo que claramente no es. O si se prefiere, una casi desesperada maniobra para mantener las apariencias, a fin que este statu quo pueda preservarse el mayor tiempo posible, para sacar del mismo el máximo de beneficios que pueda dar. Todo lo cual se hace cada día más difícil, al ir desafectándose de este sistema crecientes sectores de la población, según se mencionaba.

            Sin embargo (y no se trata de echar leña al árbol caído, sino de intentar descubrir realmente lo que está pasando), existe otro elemento que a nuestro juicio, viene a empeorar aún más las cosas, pero que pocas veces se comenta, y que ya henos tratado en varias oportunidades, si bien desde otros ángulos: el Derecho y las organizaciones internacionales.

            En efecto, las normas y, sobre todo, los organismos internacionales, están teniendo cada vez más injerencia en los asuntos internos de todo tipo de muchos países, incluido el nuestro, de una manera que por regla general, es completamente ignorada por la ciudadanía. Pese a lo cual, limita notable y a veces injustificadamente nuestras democracias, al punto que podría hablarse de democracias “tuteladas” o “protegidas” por este Derecho y organismos internacionales, llegando a bloquear y hasta prohibir algunas de sus decisiones.

            Evidentemente, no se trata que cada país se transforme en una burbuja que se desentienda de lo que ocurra más allá de sus fronteras y haga lo que le venga en gana, entre otras cosas, porque tarde o temprano, lo que pase en el exterior lo afectará a él también. Igualmente, razones mínimas de convivencia y humanidad, obligan a los Estados a estar en armonía y a cooperar con sus vecinos y en general, con la comunidad internacional.

            Sin embargo, existen un cúmulo de materias que nos afectan profundamente (piénsese por ejemplo, en los derechos humanos en general, en la inmigración o en diversas políticas públicas), cuyo origen último viene de estos organismos internacionales, que casi están dándole órdenes a nuestros países. Materias que evidentemente, no han sido determinadas por quienes nos vemos afectados por ellas, el pueblo, mediante ninguna decisión democrática, y que incluso, ni siquiera han estado presentes en los programas de gobierno previos a las elecciones. Y el gran problema, es que estos organismos internacionales no son controlados por nadie y por regla general, la ciudadanía ignora su existencia y poder. Todo lo cual, va poniendo día a día más cortapisas a nuestras propias decisiones democráticas.

            En consecuencia, la gran pregunta aquí, es a quién obedecen nuestros dirigentes, cuáles son sus verdaderos amos: ¿el pueblo al que ellos dicen representar, o estos organismos internacionales que nadie controla y que parecen querer ser nuestros titiriteros?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Para qué tenemos democracia entonces?

En las últimas semanas, hemos dedicado varias columnas a analizar las recientes elecciones de Estados Unidos, no por un especial interés en ese país, sino debido a haber quedado literalmente atónitos frente al impresionante nivel de corrupción de todo tipo que se ha dado a su respecto, gracias a lo cual, hoy existe un presidente que no debiera ostentar el cargo de tal. Ello, porque si todo esto ocurre en un país desarrollado y con instituciones que aparentemente funcionan, surge una justificada e inquietante sombra de duda respecto al funcionamiento de nuestras propias democracias.

            La verdad es que al menos de manera pública, todos los esfuerzos que se han realizado desde las elecciones de noviembre para mostrar el gigantesco fraude electoral no han impedido que este haya conseguido su objetivo, torciendo completamente la voluntad popular. Ni los tribunales estatales, ni la Corte Suprema, ni el Congreso, fueron capaces de parar esta farsa. Todo lo cual demuestra que no basta con tener buenas leyes –que obviamente son necesarias–, sino que la clave es contar con personas honestas en los cargos de poder, lo que hace que la corrupción sea el cáncer de cualquier democracia.

            Sin embargo, tal vez lo más increíble de todo esto, es que la prestigiosa y conocida revista Time, haya reconocido abiertamente que Trump tenía razón, y que en el fondo, le robaron la elección. Para ello –continúa la revista–, se produjo una gigantesca coordinación entre diversos sectores políticos y empresariales, a fin de cambiar las reglas electorales y el modo de llevar a cabo los comicios en varios estados, con el confesado propósito de impedir la reelección del ex presidente. Todo, obviamente, en beneficio de la propia democracia, para lo cual, paradojalmente, hubo que destruir sus propias reglas de funcionamiento. El reportaje se titula “The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election” y se puede encontrar en el link: https://time.com/5936036/secret-2020-election-campaign/.

            Lo notable, se insiste, es que se reconozca, de un modo descarado, que se hizo trampa, justificándola en nombre de la misma democracia. Es que parece que la democracia solo vale si beneficia a determinados sectores, y en caso contrario, resulta lícito cargarse sus reglas y amañarlas a gusto, a fin de lograr el resultado querido por ellos, aunque implique dar una tremenda bofetada a la voluntad popular. Con lo cual, resulta no solo válido, sino incluso obligado, preguntarse para qué tenemos democracia, si se la puede manipular de esta manera.

            Lo anterior resulta crucial, pues como se ha dicho más arriba, proyecta una sombra de duda más que justificada para poner en tela de juicio la legitimidad total de nuestros sistemas políticos y jurídicos, en los cuales las decisiones democráticas podrían terminar siendo solo una pantalla que buscaría legitimar situaciones ya consolidadas u obtenidas de manera ilegal y clandestina. Incluso da pie para preguntarse hasta qué punto nuestras democracias son auténticas y si no estaremos frente a un espejismo.

            Con todo, aún quedan algunas batallas por librar, sobre todo luego del fracaso del segundo impeachment interpuesto contra Trump. Este viernes 19, la Corte Suprema debe ver varios casos de fraude electoral de diferentes estados disputados. Veremos si por fin, la ley y la constitución de ese país podrán imponerse y dejar de ser pisoteadas impunemente.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía dl Derecho

Universidad San Sebastián

Un auténtico “zapato chino”

Al más puro estilo de la mejor serie de suspenso e intriga, las abundantes noticias que han ido apareciendo con motivo del presunto fraude en las elecciones de Estados Unidos, han seguido un curso inquietante y cada vez más asombroso.

            En efecto, en ya varios estados en disputa (como Pensilvania, Georgia, Arizona, Wisconsin y Michigan), se han hecho (o están programadas) audiencias públicas en que se han presentado pruebas de todo tipo de lo que parece ser el mayor fraude electoral de la historia de ese país. Desde declaraciones juradas (cuya falsedad es un delito federal castigado con cárcel), hasta relatos de varios testigos, pasando por impactantes videos –algunos de cámaras de seguridad de locales de votación que duran horas–, e incluso peritajes al software encargado del conteo de votos, esta verdadera avalancha de antecedentes, está afectando a la opinión pública estadounidense, generándose una preocupante tensión dentro de ese país.

            Al mismo tiempo, se han presentado una multitud de demandas en estos y otros estados, alegando todo tipo de irregularidades. Entre otras cosas, votaciones presenciales en que no se corroboró la identidad de los sufragantes, votos de personas inhabilitadas para hacerlo, de menores de edad, de sujetos de otros estados, e incluso de personas ya fallecidas; o también, diversas situaciones anómalas respecto del voto por correo (boletas llegadas tardíamente, incluso en camiones llenos, en la madrugada del 04 de noviembre, luego que se parara el conteo que se estaba llevando a cabo, la imposibilidad de corroborar a los votantes que usaron este mecanismo, y hasta se ha hablado de boletas falsas); la falta de fiscalización adecuada en los conteos; o momentos en que todos o casi todos los votos contabilizados favorecieron a Biden, y un largo etcétera.

            Muchas de las demandas presentadas, tanto por el equipo de Trump como por otras organizaciones independientes, han sido rechazadas y todo hace presagiar que tendrá que ser la Corte Suprema de ese país la que termine de dirimir la cuestión. Igualmente, en algunos estados se ha ordenado más que un reconteo, una auditoría del último proceso electoral, a fin de verificar su idoneidad.

            Finalmente, se ha estado indagando en los sistemas informáticos utilizados en el proceso de conteo (siendo el más conocido el denominado “Dominium Voting System”), surgiendo varias denuncias de inexactitudes importantes en dicho proceso, siempre a favor de Biden. Y como si todo lo anterior fuera poco, hay sectores, dentro de los cuales se incluyen altos mandos militares, que acusan directamente una intervención extranjera de más de diez países, vinculados a este proceso informático, con el fin de interferir en estas elecciones. En suma, que se trataría ni más ni menos que de un asunto de seguridad nacional.

            Inquietante, sin lugar a dudas todo lo que está ocurriendo en el país del norte, al punto que como dice un refrán, estamos frente a un auténtico “zapato chino”. Y en realidad, la avalancha de noticias es tan colosal, que casi no alcanza a asimilarse la última, cuando llega otra tanto o más impactante que la deja como una más del montón. Es de esperar que todo este embrollo se aclare luego y a fondo, pues está en entredicho, ni más ni menos, que el prestigio y el futuro de una de las democracias más antiguas y respetadas del mundo.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Por imagen

A pesar que la gran mayoría de los medios de comunicación y de los gobiernos del mundo han dado por ganador al Joe Biden –si bien basándose en proyecciones, pues hasta ahora no ha sido proclamado oficialmente–, diversas y abundantes acusaciones de supuestas irregularidades, han empañado este proceso eleccionario y merecen atención.

            En efecto, existen varios indicios que al menos hacen atendible dicha posibilidad: desde aparentes discordancias anunciadas por diversas entidades, como Judicial Watch, entre el número total de votantes inscritos y los sufragios emitidos, hasta supuestos problemas con el conteo informático de votos, pasando por incidentes de todo tipo en muchos locales de votación (expulsión de observadores, llegada de boletas fuera de plazo, incluso de madrugada, acciones inapropiadas de vocales, etc.), entre otras. De hecho, en al menos siete estados (Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia) el conteo de votos no ha terminado, o se está haciendo uno nuevo y en algunos de ellos, ya han intervenido sobre el particular, cortes federales o incluso la Corte Suprema.

            Con todo, debe recordarse que esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Si bien a muchísima menor escala (pue solo aludía a Florida), pasó algo parecido en el año 2000, entre George W. Bush y Al Gore. En esa ocasión, luego de más de un mes de incertidumbre, y –aunque él mismo no lo hiciera– pese a que los medios también proclamaron a Gore como ganador, la Corte Suprema determinó que Bush era el real vencedor.

Por tanto, no es inédito que la Corte Suprema dirima quién es el vencedor en una elección presidencial en Estados Unidos, con la particularidad que el actual escenario parece bastante más grave que la de hace veinte años.

            Lo anterior amerita que esta situación deba ser investigada profundamente, sabiendo que el peso de la prueba sobre una supuesta irregularidad, recae totalmente sobre Trump, pues de acuerdo a las tendencias que hasta el momento se tienen, el ganador es Biden.

            Debe aclararse que lo anterior no se fundamenta solo en esta elección, sino en la integridad del sistema democrático en sí mismo, al darse en uno de los países en que dicho sistema se presenta de forma más sólida y que por su importancia, sirve de referencia para el resto del mundo. Es imperioso así, despejar toda duda razonable a este respecto.

            Además, también lo merecen los que votaron por Trump, que al final, resultaron ser una masa bastante mayor que la proyectada por las encuestas, que aseguraban una victoria fácil para Biden, lo que claramente no ocurrió.

            Finalmente, esta situación también debe investigarse de cara a los electores de Biden, para que no se cuestione su eventual futuro gobierno. Además, si todo está en regla, no hay nada que temer (ni probar en principio), razón por la cual, no se ve una razón irrefutable para negarse a esta revisión. Quien nada oculta, nada teme, dice el refrán.

            En consecuencia, todo lo dicho hace que, por simple imagen ante el resto del mundo y ante sí mismos, dado que los indicios van mucho más allá de un simple chisme (y a fin de no parecer un país bananero), resulte imperioso investigar esta delicada y lamentable situación. Dada su importancia, esta elección no puede quedar manchada, siendo por ello necesario salir de toda duda a su respecto.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

La necesidad de parámetros externos

Hace ya bastante tiempo que se ha ido imponiendo un dogma en materia política que se repite sin cesar –y que no se puede discutir–, aun cuando pareciera que por regla general, no se hayan calibrado adecuadamente sus reales y peligrosas implicancias: que el sistema democrático es el único posible, razón por la cual, nunca y bajo ninguna circunstancia podría optarse por otra forma de gobierno.

            Resulta evidente que la democracia ha sido una gran conquista de la humanidad, conquista que ha permitido convivir y progresar de manera pacífica a muchos pueblos y evitado conflictos graves, que de surgir, habrían cambiado notablemente nuestra historia. Sin embargo, ¿se entiende verdaderamente lo que significa el dogma recién mencionado?

            Si lo lleváramos a sus extremos, como muchos pretenden, significaría, en último término, que quienes dirigen un país –y de manera más general, la entera clase política–, tendrían una completa libertad para hacer, literalmente, lo que quisieran, siempre que se respetaran los cauces democráticos establecidos.

            Algunos podrán señalar, en parte con razón, que para eso existe la oposición y la alternancia en el poder, con lo cual la ciudadanía podría sancionar a quienes no logren hacer un gobierno mínimamente aceptable. Sin embargo, y siendo cierto en muchos casos, nuestro planteamiento va más allá: si de verdad la democracia resultara completamente inamovible ¿qué pasaría si la entera clase política se corrompiera y se pusiera de acuerdo para adueñarse de un país cambiando su institucionalidad, de tal modo de hacerse inexpugnables en el poder, sin dejar que surjan nuevas y reales alternativas? ¿Le daríamos este cheque en blanco?

            Con semejante situación, la alternancia en el poder no existiría realmente y el rol del gobierno y de la oposición se convertiría en una asquerosa parodia para aparentar la autodeterminación de un pueblo que en el fondo, sería esclavo de dicha clase política.

            Mas, de llegarse a una situación semejante, ¿qué diferenciaría en realidad a un régimen “democrático” de estas características de uno totalitario? A fin de cuentas, el pueblo sería un simple pelele de las decisiones de esta clase política, que sabiéndose invulnerable –al no poder sustituirse el sistema democrático por ningún otro–, tendría en el fondo, carta blanca para hacer lo que quisiera. Y si además cuenta con los suficientes aliados a nivel internacional que avalen su actuar, la tiranía puede hacerse peligrosamente posible.

            Todo lo anterior significa que la sola democracia, como forma de gobierno, es únicamente eso: una “forma”, o sea, un procedimiento, un mecanismo, un modo de obrar en política; pero por eso mismo, por ser un camino, es solo un medio, no un fin en sí misma.

            De ahí entonces, que el verdadero parámetro de legitimidad no pueda limitarse –ni empobrecerse– solo a un mero procedimiento, pues estaría abriendo las puertas a una posible tiranía, precisamente lo que la democracia busca evitar. Por eso, la democracia no puede legitimarse sólo a partir de sí misma, sin parámetros externos. Este parámetro debe ser material, de contenido: el real grado de libertad y de bienestar material y espiritual de su población.

            En caso contrario, se insiste, la democracia puede transformarse en una tiranía camuflada y en el fondo, en un dócil y soterrado instrumento de dominación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Por la Constitución muere el político

Siguiendo con las columnas referidas a una Constitución, un tema que no puede dejar de abordarse es el de los derechos que ésta consagra, que determinan tanto el marco jurídico de un país, como aquello a lo cual los ciudadanos pueden aspirar.

            El tema de los derechos fundamentales, esto es, los establecidos en una Carta Fundamental, es hoy un aspecto obligado de cualquier régimen legítimo, pues la idea es que el Estado esté al servicio de la persona. Sin embargo, luego de este punto de partida universal, comienza la discusión respecto de cuáles derechos deben establecerse y su fisonomía.

            Dentro de este interminable debate, uno de los aspectos más controvertidos es el referido a los derechos económicos, sociales y culturales (y algunos están comenzando a agregar los derechos ambientales). La característica común a los mismos, es que exigen recursos y acciones directas por parte del Estado. Y obviamente, la cantidad de matices respecto de cuánta injerencia puede o debe tener el Estado en esta labor, también es objeto de ardua polémica.

            Ahora bien, un aspecto que resulta fundamental al momento de abordar estos derechos, es su real posibilidad de ser llevados a la práctica; o si se prefiere, que no se saca nada con establecerlos genial y brillantemente en el papel, si al momento de realizarlos, ellos quedan en las meras buenas intenciones.

            En realidad, si ocurre lo anterior, se puede crear un escenario mucho más complejo y hasta peligroso que el existente antes de establecer estos derechos. Ello, pues al consagrarlos en una Constitución, se generan un cúmulo de expectativas en la ciudadanía –muchas veces irreales, por cierto–, que hacen que la vara con que se medirá la labor de los gobernantes de turno se eleve sobremanera, lo que evidentemente, hace mucho más difícil satisfacer dichas expectativas.

            Lo anterior se ve agravado además, pues como se ha dicho, la puesta en práctica de estos derechos sociales requiere abundantes recursos del Estado, que como todo el mundo sabe, hay que producir, pues ellos generan, por decirlo de algún modo, “costos fijos permanentes” para el Estado, al tener que “mantener funcionando” estos derechos.

            Todo esto y mucho más hace, como se ha dicho, que haya que tener mucho cuidado al establecer los derechos económicos, sociales y culturales, pues tal como “por la boca muere el pez”, podría decirse que “por la Constitución muere el político”.

            Por lo mismo, la historia es maestra para mostrarnos lo que ocurre cuando se actúa de manera irresponsable sobre el particular. Conocida es la situación que generó el despliegue de estos derechos en la Alemania de la Constitución de Weimar (1919), en que al ser imposible cumplir con lo prometido (dada la crisis económica post Primera Guerra Mundial), contribuyeron al advenimiento del Nacionalsocialismo y luego a la Segunda Guerra Mundial.

            Obviamente en nuestro caso, las repercusiones serían mucho menores. Pero la historia muestra igualmente demasiados casos de países que destruyen su futuro al prometer aquello que no pueden cumplir.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

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