La persecución religiosa contra la Iglesia en México

En 14 de noviembre de 1921, el entonces Presidente de México, General Álvaro Obregón (1920-1924) dio la orden que pusieran una bomba a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El autor material, escondió la bomba en un gran ramo de flores y lo puso a los pies del Altar en la Antigua Basílica, huyendo rápidamente.  Pienso que con ingenuidad este político anticlerical, imaginó que destruyendo el Sagrado Ayate de Nuestra Señora acabaría con el Catolicismo en nuestro país. Pero ocurrió todo lo contrario, porque corrió por todo el país la noticia y, por tanto, la indignación de los fieles. Además, en muchas otras Catedrales e Iglesias de México también mandó cometer atentados.

Ya desde tiempos de Venustiano Carranza había mostrado un odio agresivo contra el Catolicismo. Cuando se redactó la Constitución de 1917, a través de su lectura, se puede comprobar esta inquina contra la religión. Muchos historiadores comentan que en mucho tuvieron que ver las logias masónicas y la nociva influencia del protestantismo, procedente de Estados Unidos.

En el siglo XIX, el embajador del vecino país anglófono, Joel Poinsett (779-1851), tenía grandes ambiciones expansionistas y un fuerte nacionalismo. Estaba plenamente convencido de “La Doctrina Monroe”: “América para los americanos”. Elaborada en 1823 por John Adams y atribuida al Presidente de USA, James Monroe.

Poinsett intentó convencer al Ministro del Exterior, Juan Francisco de Azcárate la venta a la Unión Americana de Texas, Nuevo México, Alta y Baja California, Sonora, parte de Arizona, Coahuila y Nuevo León, pero fracasó. A raíz de su intento fallido escribió el libro “Notas sobre México” donde hace un completo resumen de la situación política, geográfica y social del gobierno mexicano.  Fue el padre de la logia yorkina en nuestro país. Fue quien sembró el odio contra todo lo católico. Y así continuaron los siguientes embajadores, que además funcionaban como agentes espías al servicio del gobierno yankee.

El general Porfirio Díaz, Presidente de México por muchos años hasta que fue derrocado, también perteneció a la masonería. A él le impresionó sobremanera el pensamiento de Augusto Compte (1798-1857), fundador del Positivismo. Compte supo captar muy bien las ideas fundamentales de la Ilustración Francesa y el “cientificismo”. Creía en el irreversible progreso racional y -según él- que las ideas del pasado sobre la religión estaban completamente superadas, y se habían reducido a un mero “fetichismo”, producto de la ignorancia del vulgo.

Por lo tanto, la misión de los gobernantes, filósofos, humanistas y pedagogos era contribuir a eliminar ese “oscurantismo” opuesto a esas ideas revolucionarias y dejar paso a la luz de la razón. Es decir, muchos pensadores y científicos de ese tiempo eligieron a la razón como a una nueva “diosa” y al Positivismo como una especie de nueva religión.

Porfirio Díaz decidió enviar a un numeroso grupo de pedagogos y maestros para ser instruidos en el Positivismo. A su regreso a México, los envió a las principales capitales de la república para que, a su vez, formaran en esa nueva filosofía existencial al mayor número posible de maestros. En el Estado de Sonora fue capacitado, entre otros muchos otros, el profesor Plutarco Elías Calles, quien a la postre sería Presidente de México de 1924 a 1928.

Con esos prejuicios antirreligiosos, este gobernante detonó “La Guerra Cristera” (1926-1929), como magistralmente lo narra el prestigiado historiador francés, radicado en México, Jean Meyer en su publicación “La Cristiada”. Ese conflicto fue un desigual e injusto enfrentamiento entre el Ejército mexicano, perfectamente equipado y preparado para la guerra contra un improvisado grupo de patriotas que defendían heroicamente su fe, a cambio de perder sus vidas, si fuera necesario. Años después, varios Papas -entre ellos San Juan Pablo II- han beatificado y canonizado a numerosos de estos mártires.

Los sucesivos gobiernos del partido en el poder mantuvieron su aversión contra la religión. Particular mención merece el General Lázaro Cárdenas, quien fue Presidente de 1936 a 1940.  Nombró Ministro de Agricultura y Ganadería a Tomás Garrido Canabal (1891-1943), quien fue gobernador de Tabasco y Yucatán, destacando por su anticlericalismo. En cierta ocasión, con su grupo de choque “Las Camisas Rojas” ordenó que se ametrallaran a los fieles -sin razón alguna- que iban saliendo de Misa en la conocida Iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Ese atentado provocó muchos heridos y ahí cayó herida de muerte la joven María de la Luz Camacho.  El Presidente Lázaro Cárdenas afirmó de inmediato que se haría una investigación y se castigaría a los culpables de ese atentado. Garrido Canabal tuvo que dejar la Secretaría de Agricultura y huir a Centroamérica, ante la gran indignación de los creyentes en toda la nación. Pero durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se restablecieron las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Aparentemente esos nuevos vínculos habían suavizado esas tensiones. Pero, en 2018, con la llegada al poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han vuelto a recrudecer las hostilidades. Han sido muchas sus manifestaciones agresivas y fuertes declaraciones a los medios de comunicación sobre su animadversión al Catolicismo.

A últimas fechas se ha planteado en la Cámara de Diputados el que se prohíban colocar Nacimientos de Nuestro Señor Jesucristo en lugares públicos y, además, todos los signos de la fe cristiana, como Crucifijos, imágenes de la Virgen María y de los santos. Esta iniciativa aún no se ha aprobado. Pero, por ejemplo, la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por su propia cuenta, tomó la determinación de desmantelar la capilla de San Ramón Nonato y algunos muebles en el Hospital General de Especialidades de esta ciudad capital (cfr. “Milenio” y “El Diario de Yucatán”, 31-8-2022).

Existe una indignación general tanto de los fieles como de los que profesan cualquier religión por considerar estos actos como un abierto atropello contra la libertad religiosa. Desgraciadamente el panorama aparece negativo y muy incierto cara al futuro de esta lamentable situación, así como muchos otros asuntos en el terreno de las libertades, comenzando por los Derechos Humanos, verbigracia, el Derecho a la vida humana, a la libertad de expresión, a la libertad de disentir de las decisiones Presidenciales y de su Partido Morena, etc. La pregunta es, ¿hasta dónde van a llegar estas nuevas fricciones? ¿Estamos a las puertas de un brusco rompimiento de las relaciones Iglesia y Estado? El tiempo lo dirá.

El “Maximato” del Presidente Calles, ¿AMLO impondrá un “segundo Maximato”?

El Político y Diplomático, Porfirio Muñoz Ledo, Doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional por la Universidad de París, afirmó que “AMLO quiere la perpetuación en el poder de un solo Partido (“Morena”)” y que “no podemos avalar la reforma electoral. Hay que defender al INE (Instituto Nacional Electoral), porque es un límite todavía al poder omnímodo del Presidente (Andrés Manuel López Obrador)”. (“El Universal”, 2-11-2022, páginas A1 y A 6).

Estas declaraciones me hicieron recordar el llamado “Maximato” del Presidente Plutarco Elías Calles. Al término de la Revolución Mexicana, se convocó a elecciones presidenciales y fue electo por una aplastante mayoría al General Álvaro Obregón, el 5 de septiembre de 1920. El  Presidente Obregón (1880-1928) gobernó del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924.

A este respecto, es interesante la lectura de la novela del escritor Martín Luis Guzmán, titulada “La Sombra del Caudillo” quien narra la maquiavélica estrategia del Presidente Obregón para imponer a su elegido, el General Plutarco Elías Calles, quien gobernó a México desde el 1 de diciembre de 1924 hasta el 30 de noviembre de 1928.

Martín Luis Guzmán narra de modo magistral y con un excelente estilo literario, como se fueron asesinando a los que pretendían acceder a la Silla Presidencial, como es el caso del General Francisco R. Serrano, quien fue acribillado en la matanza de Huitzilac.

Esta novela, publicada en Madrid en 1929, representa una fuerte crítica al “caudillismo” que imperaba en nuestro país. Es evidente que tanto esta novela como la película que se filmó, el PRI impidió su difusión en México hasta pasados muchos años después.

Al término del gobierno del General Calles, el ex Presidente Álvaro Obregón, rompió el principio de la “No Reelección”, se postuló como candidato y ganó las elecciones. Esto provocó una gran indignación en Plutarco Elías Calles. El hecho es que el 17 de julio de 1928, al Presidente Electo Obregón se le organizó una comida en el Restaurante “La Bombilla” (San Ángel) y el joven José León Toral, mientras le mostraba una caricatura que le dibujó a Obregón, le disparó varios tiros en la cabeza y en el tórax. Cuando se realizó la autopsia de este político sonorense, se descubrió que, en el momento del magnicidio, recibió muchos más impactos de bala de parte de los simpatizantes del General Calles, que se oponían a la reelección.

Esto marcó un hito histórico porque se impuso el poder político del “Jefe Máximo de la Revolución Mexicana” como se le empezó a llamar al General Calles. A continuación, Calles impuso a Emilio Portes Gil, como Presidente Interino y gobernó de 1928 a 1930.

Al término de ese período, se convocó a elecciones presidenciales. Los candidatos fueron Pascual Ortiz Rubio y José Vasconcelos, quien tenía a muchos seguidores y había sido Secretario de Educación Pública en tiempos del gobierno de Obregón. Pero la decisión ya estaba tomada por Calles e impuso como Presidente a Ortiz Rubio. Los simpatizantes de Vasconcelos consideraron que esa elección había sido el mayor fraude político en la historia mexicana.

El Presidente Ortiz Rubio había sido Embajador de México en Alemania y Brasil. Y Calles lo mandó llamar para que fuera el candidato oficial del Partido Nacional Revolucionario (P.N.R., que con el paso de los años se le llamaría el P.R.I.). Ortiz Rubio gobernó de 1930 y presentó su renuncia en 1932, a raíz de un atentado que sufrió y que, no obstante que salió con vida, le causó un fuerte trauma psíquico que lo imposibilitó para continuar gobernando.

El ”Jefe Máximo” aceptó su renuncia e impuso como Presidente Interino a un sonorense como él, al General Abelardo L. Rodríguez, quien gobernó desde 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. De este Presidente “títere” procede la conocida anécdota de que como Calles y él vivían calle de por medio, un día amaneció en la pared de la fachada de la residencia del General Rodríguez, la siguiente leyenda: “Aquí vive el Presidente, pero el que manda vive enfrente”. En efecto, Abelardo L. Rodríguez reconocía que él no era sino un mero administrador a las órdenes del General Calles.

Terminado su mandato, de nuevo Calles impuso al “chamaco” (como así le llamaba, porque le llevaba por 18 años de edad), al General Lázaro Cárdenas. Ambos habían luchado juntos en la Revolución y Calles admiraba su valentía y determinación para luchar en combate.

El General Cárdenas gobernó de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Pero “el Chamaco le salió respondón”, porque debido a unas imprudentes declaraciones de Calles a la prensa en que trataba de demostrar que “él seguía siendo el hombre fuerte de la Revolución”, dos días después Cárdenas le respondió con unas fuertes declaraciones dejando en claro que el Presidente de México era él. El 19 de junio de 1935, a Calles se le pidió que tomara un avión con destino a Los Ángeles, California. Este exilio supuso el fin histórico de “El Maximato”.

Ahora, en 2022, AMLO quiere realizar una reforma electoral del INE que le beneficie ampliamente a sus desproporcionadas ambiciones de poder político. La gran mayoría de la población se opone rotundamente a la instauración de un “Segundo Maximato”, tanto intelectuales, como científicos, catedráticos de universidades y gente pensante. Aunque AMLO sostiene que las encuestas y “el pueblo” están a favor de dicha reforma, todos saben que está muy manipulada. El próximo domingo 13 de noviembre se realizará una Marcha en la CDMX y el lunes 14 de noviembre habrá un Paro Nacional para defender la autonomía e independencia del INE Siempre me ha parecido acertada la célebre frase del político inglés Edmund Burke: “Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”.

UN PROPÓSITO NO LOGRADO

Faltando menos de cien horas para el trascendental plebiscito obligatorio que nos convoca este domingo, es imposible no hacer unas últimas reflexiones a su respecto.

            Si algo indudable puede decirse, es que al margen de cuál opción gane, el propósito de este proyecto constitucional, al menos el declarado oficialmente, no se logró. Y no se cumplió, porque como se ha demostrado en este período hasta la saciedad, el borrador final está en las antípodas de ser, como en teoría pretendía, un texto de “todos los chilenos”.

            Al contrario, lo único que ha generado el texto resultante es una enorme polarización del país, situación que continuará, independientemente de cuál opción gane en las urnas. De esta manera, incluso si ganara el “apruebo”, sería por un estrecho margen, demasiado poco para saciar ese ideal, lo que en el fondo, le quitaría buena parte de su legitimidad.

            Ahora bien, las causas de lo anterior son muchas, pero una que hemos advertido desde el inicio mismo de este proceso constituyente, se vincula al sistema de elección de los miembros de la Convención Constitucional. Ya en nuestra columna del 26 de mayo del año pasado, advertíamos sobre el defectuoso proceso de elección de sus integrantes, lo cual trajo como resultado que su conformación fuera desequilibrada, favoreciendo a la extrema izquierda, lo cual se agravó con la posterior (y no consultada a la ciudadanía en el plebiscito para optar por un proceso constituyente) incorporación de los escaños reservados.

            Todo esto no pudo sino generar una integración de la Convención que no representaba al Chile que decía y que en teoría, quería reflejar. De este modo, por mucho que se diga que su composición fue “decidida por el pueblo”, a la postre se obtuvo una notable dispersión de votos, al punto que algunos miembros fueron elegidos con un número miserable de sufragios, a lo cual se suma la distorsión que generaron los escaños reservados. Así las cosas, ¿qué nivel de representación del Chile real podía esperarse?

            Si a lo anterior se agrega el auténtico matonaje del sector mayoritario, que rechazó todo lo que proviniera de quienes considera sus enemigos (¿qué constitución de unidad puede lograrse así?), no es de extrañar que el texto resultante no represente, ni de lejos, el sentir ni las convicciones de un enorme sector del país.

            Es por eso, se insiste, que aun si ganara el “apruebo”, la misión de fondo ha fracasado, perdiendo la Convención la oportunidad de lograr un texto de unidad. De nada vale excusarse en un proceso de elección que ha demostrado ser defectuoso.

            De hecho, es todo lo contrario: se nota que el sector dominante no aboga por la unidad, sino por la división, proponiendo fragmentar a Chile en un cúmulo de pueblos y naciones, trayendo conflicto donde antes existía mucha más armonía.

            Si a lo anterior se añade la grotesca e inaceptable vejación de que fuera objeto nuestra bandera en el acto oficial de cierre del “apruebo”, surgen poderosas sospechas no solo de que no se representa a la mayoría de nuestro país, sino que existe en el sector que predominó en la Convención, un auténtico fastidio, incluso odio hacia el mismo.

            Por tanto, al margen del contenido del texto propuesto, que tantas y fundadas críticas ha generado y que podría meternos en innumerables problemas como país, ¿para qué aprobar un proyecto que no cumple con su propósito de unidad?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Por qué obedecer a quien viola las reglas?

Si como es obvio, resulta fundamental que las autoridades se sometan estrictamente a las leyes y a la constitución que regulan sus competencias, en el caso de la actual convención constitucional, dicha exigencia adquiere una importancia crucial, puesto que del resultado de su labor –de ser aprobada por la ciudadanía– depende nuestro presente y futuro.

            Sin embargo, se sabe que este organismo pretende que tanto su reglamentación como la toma de decisiones que en teoría debe proponer a la ciudadanía, puedan ser determinadas por mayoría simple y no por los dos tercios que establece y exige la reforma constitucional que ha permitido todo este proceso, en particular, el art. 133 de la actual carta fundamental. Lo cual constituye una violación flagrante de sus facultades, que a nuestro juicio, le quita por completo legitimidad a su labor.

            Hay que ser enfático: la convención constitucional no es la dueña de Chile, ni sus miembros dioses o reyes absolutos que tengan derecho a hacer lo que les plazca. La ciudadanía no ha consentido, ni de lejos, en darles carta blanca para  que puedan hacer lo que les venga en gana, ni menos obligarnos a seguir las directrices que de ellos emanen, por absurdas, dañinas o ilógicas que sean. Lejos ha quedado el tiempo de los monarcas o de los grupos absolutistas, que pretenden estar sobre la ley, pues esto atenta contra la democracia y los derechos humanos.

            En realidad, la situación es de extrema gravedad, y la violación de la normativa constitucional absolutamente inaceptable, a fuer de irresponsable. Además, de darse esta situación, ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué se estableció y reguló esta reforma constitucional si todo puede ser borrado de un plumazo por la convención?

            Más aún: ¿qué legitimidad puede tener un órgano que obra de este modo, por muy elegido que haya sido? ¿Quién le ha dado la prerrogativa o el derecho de dejar sin efecto estas normas que le permiten existir y actuar? Además, con semejante actitud, surgen poderosas razones para sospechar que ante tal grado de prepotencia (porque eso es), al final no habrá plebiscito de salida. Con lo cual, estaríamos consintiendo nuestra propia esclavitud.

            Por eso hay que decirlo con todas sus letras: este desacato total a la autoridad del pueblo y a la constitución es una auténtica revolución no violenta, pues al hacer caso omiso a la legalidad, atenta contra el sistema jurídico en su conjunto.

            Pero al mismo tiempo y como correlato más natural, también resulta válido preguntarse por qué habría que obedecer en un futuro los dictámenes de este órgano que claramente ha abusado de sus facultades. Ello, pues por razones evidentes (y es un principio básico del derecho público), todo lo que se haga como consecuencia de esta ilegalidad es nulo y de ningún valor, no generando obligación alguna de obediencia.

            Por tanto, la conclusión es completamente evidente: si la legitimidad es el poder digno de ser obedecido, en caso de saltarse sus propias reglas, la convención la perdería completamente, pues nadie puede autoarrogarse más derechos de los que realmente tiene; y al mismo tiempo, no existe el deber de obedecer a quien ha violado sus propias competencias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un proceso cada vez más cuestionable

Toda auténtica sociedad democrática exige –y de hecho es un deber grave– que la actividad de las autoridades y servicios públicos esté siempre bajo la lupa de la ciudadanía, por la sencilla razón que existen menos posibilidades de abuso mientras más ojos observen la actuación de sus integrantes, la sometan a crítica –si corresponde desde su perspectiva–, e incluso acusen irregularidades en caso de haberlas. Pretender lo contrario no sólo resulta sospechoso (quien nada oculta, nada teme), sino propio de sociedades que se acercan peligrosamente al totalitarismo.

            Es por lo anterior que una actividad tan importante para nuestro país como la que realiza la Convención Constitucional debe ser sometida al máximo escrutinio posible, por el bien general del país, y por lo mismo, su proceder a una fiscalización rigurosa y constante.

            Sin embargo, cada vez crece más la impresión en virtud de la cual, buena parte de sus integrantes se creen más allá del bien y del mal, casi como si estuvieran premunidos de un mandato divino e irrevocable, que les hubiera dado carta blanca para hacer lo que les plazca y que además, tampoco se les pedirá cuenta por su labor. En otras palabras, actúan casi como si fueran los dueños de Chile, cual monarcas absolutos, cuyo actuar estaría sobre las leyes y la misma Constitución (que hay que recordarlo: aún nos rige), pretendiendo así refundar nuestro país desde cero.

            En realidad, la conducta que hasta la fecha han tenido la mayoría de sus miembros no sólo deja mucho que desear, sino que lo único que produce es la creciente deslegitimación del proceso. Debe recordarse, aunque incomode a algunos, que existen varios vicios que de entrada ya quitan bastante legitimidad al mismo, aspectos que debieran ser tenidos muy en cuenta para no acrecentar este déficit. El primero es que en el fondo, todo este devenir ha sido fruto de la violencia, con motivo del “estallido social” de octubre de 2019; el segundo, es que el proceso de elección de los constitucionales deja bastante que desear, al existir votaciones muy bajas de muchos –demasiados– de sus integrantes, al margen de haber sufragado en dicha elección menos del 40% de la ciudadanía.

            Si a lo anterior se añade el aumento desproporcionado de las asignaciones (lo cual resulta impresentable, pues todos sabían de antemano las reglas del juego al momento de presentarse para la elección); que se pretenda no exigir ningún requisito a los futuros asesores; el menosprecio de nuestra bandera y de nuestro himno nacional; el que se pretenda que Chile deje de ser una República; la exclusión de quienes piensan distinto a la mayoría de diversas comisiones, etc., la gran pregunta que procede formular ante estas y otras conductas claramente criticables, es ¿quién les dio la prerrogativa para obrar de este modo? ¿Es que acaso nos hemos convertido en esclavos de sus caprichos?

            El hecho de haber existido una votación popular (y al margen de las críticas mencionadas más arriba), no da un poder absoluto a los sujetos elegidos por ella ni legitima de antemano todo lo que hagan. En caso contrario, no serían responsables por su actuación. La soberanía sigue radicando en el pueblo, en nuestra nación, que tiene el pleno derecho de recuperarla si se traiciona la delegación que de ella pueda haber hecho en su momento. Quien no entienda esto, no es un verdadero demócrata.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Más de lo mismo?

Como se dice vulgarmente, “el movimiento se prueba andando”. Y efectivamente, el “movimiento”, o si se prefiere, la real calidad de la labor que la ciudadanía ha encomendado a la Convención Constitucional se prueba, más allá de promesas e intenciones, por el modo real y cotidiano de comportarse, por los hechos concretos de los cuales todos somos testigos.

            Resulta indudable que el alto porcentaje obtenido por el “Apruebo”, así como gran parte de los votos que dieron un escaño a los actuales integrantes de la Convención, fue motivado en buena medida por un rechazo generalizado de la población a la actividad cotidiana de la llamada “clase política”. Y no es para menos, pues la gente está más que harta de ver, salvo honrosas excepciones, cómo esta verdadera casta que tenemos enquistada, sólo vela por sus propios intereses, importándole bastante poco el bienestar de la ciudadanía a la cual dice servir, al punto que todo aquello que beneficie a esta última siempre se haga para que los primeros obtengan una ventaja y así seguir donde están.

            En consecuencia, fue la posibilidad de dar origen a un proceso jurídico y político que en teoría estuviera al menos en parte libre de esta “clase política”, lo que atrajo la atención de la ciudadanía y explica los resultados de las anteriores votaciones.

            Sin embargo, esta creencia y esperanza de la ciudadanía que permitió la llegada de varias caras nuevas a la Convención, es al mismo tiempo una espada de doble filo, pues las deudas se pagan. En consecuencia, y más allá de las ilusiones o deseos de los votantes, resulta crucial el modo en que cumplan su misión estos convencionales, misión que es clara y exclusiva: proponer una nueva Constitución, solo eso.

            Mas, si están enfrascados en un cúmulo de rencillas que no tienen ninguna relación con la tarea encomendada, o teniéndola, pretenden imponer una visión única y dejar sin voz a los que piensan distinto; o si comienzan a exigirse un cúmulo de dádivas y privilegios y hasta se han presentado personas disfrazadas en alguna sesión, ¿existe aquí realmente esa tan ansiada diferencia respecto de la política tradicional, que fue lo que motivó a votar a la ciudadanía como finalmente lo hizo? ¿Dónde está la tan ansiada pureza de intención, o si se prefiere, el verdadero interés por el bien común que anhela esta misma ciudadanía? ¿O es que estamos nuevamente en presencia de lo mismo de siempre y todo ha sido un engaño?

            Lo hemos dicho otras veces: la labor de la Convención conlleva una enorme responsabilidad, pues en definitiva, es un servicio, no una instancia para abusar de la buena fe que ha llevado a parte de la ciudadanía a poner a sus integrantes ahí. Máxime, si como se mencionó hasta el cansancio, la idea era que por fin el pueblo se sintiera representado en este proceso.

            En realidad, lo único que se consigue con todo lo que está ocurriendo es deslegitimar este mismo proceso, pues mientras más promesas se hayan realizado antes del mismo, mayor será la exigencia por la labor realizada. O si se prefiere, hay que estar a la altura de las circunstancias. Debe recordarse además, que existe un plebiscito de salida, lo que a veces parecieran olvidar nuestros convencionales. A menos que en su embotamiento, se crean con la legitimidad y el poder para declararlo innecesario. ¿Llegarán a tanto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Una elección crucial

Como es de sobra conocido, este fin de semana se define literalmente el futuro de nuestro país para muchos años y eventualmente, su destino último.

            Lo anterior no es exagerado en lo más mínimo. Y no lo es, porque del resultado que arrojen las urnas respecto de los constituyentes, dependerá el rumbo que siga nuestro país, que podría oscilar entre un relativo continuismo o un cambio radical respecto de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Mas lo claro y que nunca hay que olvidar, es que tal como las personas no tienen su futuro asegurado, lo mismo aplica a cualquier país: el éxito no es un derecho, ni tampoco debe darse por descontado. Muchos ejemplos ya existen, que muestran cómo países que iban relativamente bien encaminados, han acabado siendo Estados fallidos.

            Por eso a nuestro juicio, el primer deber es salir a votar. La actual coyuntura es tal, que resulta una incomprensible irresponsabilidad no cumplir con este deber ciudadano.

            En segundo lugar, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, es que uno de los propósitos de una constitución es limitar al poder en pro de los derechos y la libertad de los ciudadanos. De ahí que haya que mirar con sospecha aquellas propuestas que buscan acrecentar de manera desmedida el poder del Estado –y por tanto, de quienes lo detentan–, pues ya tenemos experiencia de sobra para saber que a más poder, más corrupción y abuso. El problema es que en buena medida, muchos de los que pretenden redactar esta norma fundamental, son los mismos que terminarán siendo regulados por ella. De ahí que la tentación de hacer un traje a la medida sea más fuerte que nunca. Por eso se insiste: cuidado con aquellas propuestas que abogan por entregarle todo al Estado.

            En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior, también deben mirarse con sospecha aquellas propuestas que prometan demasiado, pretendiendo que una nueva constitución arreglará como por arte de magia todos nuestros problemas. Además de ser flagrantemente falso (entre otras cosas, porque se requieren de muchas leyes complementarias), debe recordarse que la constitución y las leyes son sólo normas, que señalan lo que desde su perspectiva debe ser. Pero tal como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, lo cierto es que “el papel resiste todo”. Por tanto, hay que ser lo suficientemente realistas y maduros para no pedir o esperar más de lo que realmente se puede dar.

            Finalmente, debemos ser conscientes que todo tiene un precio, y por tanto, mientras más se ofrezca, más caro terminará costando para la ciudadanía. No sólo en recursos económicos (lo que podría generar por ejemplo, impuestos insufribles, una ruina de la clase media y una destrucción de la economía), sino también –y tal vez sobre todo– políticos. Ello, pues las dádivas que se prometan tendrán inevitablemente una contrapartida: mantener a quienes las otorgan en el poder, al punto de terminar usándose como un verdadero chantaje por quienes detentan dicho poder para conservarlo. Nada es gratis en esta vida y lo contrario, esto es, creer que todo es por nuestro bien, o que la clase política está poblada únicamente por buenos samaritanos, es pecar de una ingenuidad rayana en lo infantil. De hecho, las peores esclavitudes son aquellas que se generan al aprovecharse de la necesidad de otros.

            Todo esto y mucho más debemos tener en cuenta ante esta importante decisión que como pueblo tenemos que tomar, para no arrepentirnos después.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Los verdaderos amos

Resulta casi un lugar común hablar hoy de una “crisis de la democracia”, motivada por diversos factores de todo tipo, desde la corrupción de la clase política, hasta la poca transparencia de sus procesos eleccionarios, sin olvidar la creciente apatía y desilusión de buena parte de la ciudadanía, o al contrario, el hecho que los que más hagan oír sus demandas, sean los grupos más agresivos, siempre minoritarios. Todo ello y mucho más, está haciendo que esta forma de organización política, hasta hace pocos años idolatrada de modo casi infantil, hoy sea vista con desdén y hasta desprecio por vastos sectores de la población.

            Lo anterior está generando lo que podríamos llamar metafóricamente, “democracias de cartón”, queriendo significar con lo anterior, una mera imagen, una máscara que pretende ser algo que claramente no es. O si se prefiere, una casi desesperada maniobra para mantener las apariencias, a fin que este statu quo pueda preservarse el mayor tiempo posible, para sacar del mismo el máximo de beneficios que pueda dar. Todo lo cual se hace cada día más difícil, al ir desafectándose de este sistema crecientes sectores de la población, según se mencionaba.

            Sin embargo (y no se trata de echar leña al árbol caído, sino de intentar descubrir realmente lo que está pasando), existe otro elemento que a nuestro juicio, viene a empeorar aún más las cosas, pero que pocas veces se comenta, y que ya henos tratado en varias oportunidades, si bien desde otros ángulos: el Derecho y las organizaciones internacionales.

            En efecto, las normas y, sobre todo, los organismos internacionales, están teniendo cada vez más injerencia en los asuntos internos de todo tipo de muchos países, incluido el nuestro, de una manera que por regla general, es completamente ignorada por la ciudadanía. Pese a lo cual, limita notable y a veces injustificadamente nuestras democracias, al punto que podría hablarse de democracias “tuteladas” o “protegidas” por este Derecho y organismos internacionales, llegando a bloquear y hasta prohibir algunas de sus decisiones.

            Evidentemente, no se trata que cada país se transforme en una burbuja que se desentienda de lo que ocurra más allá de sus fronteras y haga lo que le venga en gana, entre otras cosas, porque tarde o temprano, lo que pase en el exterior lo afectará a él también. Igualmente, razones mínimas de convivencia y humanidad, obligan a los Estados a estar en armonía y a cooperar con sus vecinos y en general, con la comunidad internacional.

            Sin embargo, existen un cúmulo de materias que nos afectan profundamente (piénsese por ejemplo, en los derechos humanos en general, en la inmigración o en diversas políticas públicas), cuyo origen último viene de estos organismos internacionales, que casi están dándole órdenes a nuestros países. Materias que evidentemente, no han sido determinadas por quienes nos vemos afectados por ellas, el pueblo, mediante ninguna decisión democrática, y que incluso, ni siquiera han estado presentes en los programas de gobierno previos a las elecciones. Y el gran problema, es que estos organismos internacionales no son controlados por nadie y por regla general, la ciudadanía ignora su existencia y poder. Todo lo cual, va poniendo día a día más cortapisas a nuestras propias decisiones democráticas.

            En consecuencia, la gran pregunta aquí, es a quién obedecen nuestros dirigentes, cuáles son sus verdaderos amos: ¿el pueblo al que ellos dicen representar, o estos organismos internacionales que nadie controla y que parecen querer ser nuestros titiriteros?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Para qué tenemos democracia entonces?

En las últimas semanas, hemos dedicado varias columnas a analizar las recientes elecciones de Estados Unidos, no por un especial interés en ese país, sino debido a haber quedado literalmente atónitos frente al impresionante nivel de corrupción de todo tipo que se ha dado a su respecto, gracias a lo cual, hoy existe un presidente que no debiera ostentar el cargo de tal. Ello, porque si todo esto ocurre en un país desarrollado y con instituciones que aparentemente funcionan, surge una justificada e inquietante sombra de duda respecto al funcionamiento de nuestras propias democracias.

            La verdad es que al menos de manera pública, todos los esfuerzos que se han realizado desde las elecciones de noviembre para mostrar el gigantesco fraude electoral no han impedido que este haya conseguido su objetivo, torciendo completamente la voluntad popular. Ni los tribunales estatales, ni la Corte Suprema, ni el Congreso, fueron capaces de parar esta farsa. Todo lo cual demuestra que no basta con tener buenas leyes –que obviamente son necesarias–, sino que la clave es contar con personas honestas en los cargos de poder, lo que hace que la corrupción sea el cáncer de cualquier democracia.

            Sin embargo, tal vez lo más increíble de todo esto, es que la prestigiosa y conocida revista Time, haya reconocido abiertamente que Trump tenía razón, y que en el fondo, le robaron la elección. Para ello –continúa la revista–, se produjo una gigantesca coordinación entre diversos sectores políticos y empresariales, a fin de cambiar las reglas electorales y el modo de llevar a cabo los comicios en varios estados, con el confesado propósito de impedir la reelección del ex presidente. Todo, obviamente, en beneficio de la propia democracia, para lo cual, paradojalmente, hubo que destruir sus propias reglas de funcionamiento. El reportaje se titula “The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election” y se puede encontrar en el link: https://time.com/5936036/secret-2020-election-campaign/.

            Lo notable, se insiste, es que se reconozca, de un modo descarado, que se hizo trampa, justificándola en nombre de la misma democracia. Es que parece que la democracia solo vale si beneficia a determinados sectores, y en caso contrario, resulta lícito cargarse sus reglas y amañarlas a gusto, a fin de lograr el resultado querido por ellos, aunque implique dar una tremenda bofetada a la voluntad popular. Con lo cual, resulta no solo válido, sino incluso obligado, preguntarse para qué tenemos democracia, si se la puede manipular de esta manera.

            Lo anterior resulta crucial, pues como se ha dicho más arriba, proyecta una sombra de duda más que justificada para poner en tela de juicio la legitimidad total de nuestros sistemas políticos y jurídicos, en los cuales las decisiones democráticas podrían terminar siendo solo una pantalla que buscaría legitimar situaciones ya consolidadas u obtenidas de manera ilegal y clandestina. Incluso da pie para preguntarse hasta qué punto nuestras democracias son auténticas y si no estaremos frente a un espejismo.

            Con todo, aún quedan algunas batallas por librar, sobre todo luego del fracaso del segundo impeachment interpuesto contra Trump. Este viernes 19, la Corte Suprema debe ver varios casos de fraude electoral de diferentes estados disputados. Veremos si por fin, la ley y la constitución de ese país podrán imponerse y dejar de ser pisoteadas impunemente.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía dl Derecho

Universidad San Sebastián

Un auténtico “zapato chino”

Al más puro estilo de la mejor serie de suspenso e intriga, las abundantes noticias que han ido apareciendo con motivo del presunto fraude en las elecciones de Estados Unidos, han seguido un curso inquietante y cada vez más asombroso.

            En efecto, en ya varios estados en disputa (como Pensilvania, Georgia, Arizona, Wisconsin y Michigan), se han hecho (o están programadas) audiencias públicas en que se han presentado pruebas de todo tipo de lo que parece ser el mayor fraude electoral de la historia de ese país. Desde declaraciones juradas (cuya falsedad es un delito federal castigado con cárcel), hasta relatos de varios testigos, pasando por impactantes videos –algunos de cámaras de seguridad de locales de votación que duran horas–, e incluso peritajes al software encargado del conteo de votos, esta verdadera avalancha de antecedentes, está afectando a la opinión pública estadounidense, generándose una preocupante tensión dentro de ese país.

            Al mismo tiempo, se han presentado una multitud de demandas en estos y otros estados, alegando todo tipo de irregularidades. Entre otras cosas, votaciones presenciales en que no se corroboró la identidad de los sufragantes, votos de personas inhabilitadas para hacerlo, de menores de edad, de sujetos de otros estados, e incluso de personas ya fallecidas; o también, diversas situaciones anómalas respecto del voto por correo (boletas llegadas tardíamente, incluso en camiones llenos, en la madrugada del 04 de noviembre, luego que se parara el conteo que se estaba llevando a cabo, la imposibilidad de corroborar a los votantes que usaron este mecanismo, y hasta se ha hablado de boletas falsas); la falta de fiscalización adecuada en los conteos; o momentos en que todos o casi todos los votos contabilizados favorecieron a Biden, y un largo etcétera.

            Muchas de las demandas presentadas, tanto por el equipo de Trump como por otras organizaciones independientes, han sido rechazadas y todo hace presagiar que tendrá que ser la Corte Suprema de ese país la que termine de dirimir la cuestión. Igualmente, en algunos estados se ha ordenado más que un reconteo, una auditoría del último proceso electoral, a fin de verificar su idoneidad.

            Finalmente, se ha estado indagando en los sistemas informáticos utilizados en el proceso de conteo (siendo el más conocido el denominado “Dominium Voting System”), surgiendo varias denuncias de inexactitudes importantes en dicho proceso, siempre a favor de Biden. Y como si todo lo anterior fuera poco, hay sectores, dentro de los cuales se incluyen altos mandos militares, que acusan directamente una intervención extranjera de más de diez países, vinculados a este proceso informático, con el fin de interferir en estas elecciones. En suma, que se trataría ni más ni menos que de un asunto de seguridad nacional.

            Inquietante, sin lugar a dudas todo lo que está ocurriendo en el país del norte, al punto que como dice un refrán, estamos frente a un auténtico “zapato chino”. Y en realidad, la avalancha de noticias es tan colosal, que casi no alcanza a asimilarse la última, cuando llega otra tanto o más impactante que la deja como una más del montón. Es de esperar que todo este embrollo se aclare luego y a fondo, pues está en entredicho, ni más ni menos, que el prestigio y el futuro de una de las democracias más antiguas y respetadas del mundo.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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