Quedando un mes para el trascendental plebiscito en que se decide el futuro político y económico del país, conviene tener en cuenta dos aspectos muy generales de estas dos áreas de la vida humana: la política y la economía, tan estrechamente vinculadas entre sí.
Respecto de la política, una cosa que resulta bastante curiosa, es que al mismo tiempo que la clase política es no sólo cada vez más rechazada, sino incluso despreciada por gran parte de la opinión pública, al mismo tiempo existan tantos sectores que ven en el Estado y su agresiva e intervencionista actividad la solución a todos sus problemas y casi podría decirse que el secreto de su propia felicidad. Ello, pues ese mismo Estado en el que se colocan todas las esperanzas de una vida mejor, está dirigido, precisamente, por esa clase política que tanto se critica, a través de un nepotismo y clientelismo cada vez más inaceptable.
Es decir, los mismos personajes son vistos desde un ángulo casi como delincuentes (por ejemplo, al denunciarse múltiples escándalos de corrupción) y por otro, casi como ángeles (al asumir que el Estado y sus cada vez más entidades lucharán de forma honesta y desinteresada por el bien de sus ciudadanos). Ello, porque las instituciones están formadas por personas, precisamente esas mismas de la clase política y sus múltiples allegados.
Por tanto, pareciera existir algo así como un desdoblamiento de la realidad (incluso casi una esquizofrenia), al diferenciar artificialmente entre las personas de carne y hueso y las “instituciones” del Estado, sin darse cuenta que estas instituciones son dirigidas por esas mismas personas que tanto fastidio producen.
Y este es un dato que debe tenerse muy en cuenta de cara al borrador de la nueva Constitución, pues el grado de intervencionismo estatal que propone resulta absolutamente asfixiante, al entrometerlo prácticamente en todas las actividades de los ciudadanos.
En cuanto a la vida económica, también parece existir una notable distorsión de la realidad, pues se cree que a mayor intervencionismo estatal, mejores serán sus resultados, siendo que la historia ha mostrado mil veces lo contrario, aunque evidentemente, se requiere una mínima regulación. Y la razón es la misma: porque el aparato estatal está formado por personas, que como se ha visto tanto, en demasiados casos querrán sacar su “tajadita” de los negocios sobre los cuales pueden intervenir fruto de este entrometimiento estatal.
Por tanto, lo único que ocasiona lo anterior es un notable empobrecimiento del país –además de la corrupción, que contribuye a su vez al desprestigio de esa misma clase política, volviendo al primer problema–, tumbando por tierra las a veces irresponsables e incumplibles promesas hechas por los múltiples derechos sociales que promete el texto constitucional. Por eso, algo está pasando con la percepción que mucha gente tiene de la realidad.
De hecho, a tanto llega esta situación, que no deja de ser curioso que ante la grave crisis económica en ciernes, pero que ya se hace sentir (sobre todo con una inflación galopante, mucho mayor que la oficial), no se haya producido un nuevo “estallido social”, como el de hace tres años, pues parece inexplicable que en ese momento se hayan destruido sectores enteros de varias ciudades por un alza de 30 pesos en el valor del pasaje del metro, y hoy nadie haga nada, pese a que la bencina sube al menos 10 pesos todas las semanas.
Sin duda alguna, hay cosas de nuestro mundo actual que cuesta mucho entender.
Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián
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