La explotación de mujeres con fines reproductivos  es ya un delito federal con penas de  prisión de 15 a 30 años y de 5 mil a 50 mil días  de multa para quien explote a una mujer con el fin de gestar una niña o un niño para que, después de nacido, sea separado de su madre, o se entregue a un tercero, informó la senadora Mely Romero Celis.

Así, la ley de Trata fue una de las pocas que lograron el consenso de todas las fracciones parlamentarias en este periodo ordinario que concluyó ayer, subrayó.

Detalló que cualquier tipo de trata de personas debe ser combatido por toda la sociedad, por lo que la propuesta de modificación al artículo 10 y la de adicionar el artículo 28 Bis al proyecto de decreto, para tipificar la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos en la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, fue respaldada por el Senado de la República.

La propuesta también alcanzó el consenso en la Cámara de Diputados y en el periodo que acaba de concluir el Pleno de la Cámara de Diputados  aprobó el dictamen con modificaciones a la referida Minuta del Senado  pero cambió las sanciones propuestas  de prisión de 4 a 10 años  y las incrementó  por prisión de 15 a 30 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa.

“La trata de personas tiene que ver en muchos sentidos con explotar a las personas, inclusive a través de los delitos sexuales” agregó la senadora Mely Romero Celis.

Detalló que a través de  la renta de vientres o útero subrogado se explota a mujeres con fines reproductivos.

 Si bien, agregó,  hay mujeres o  parejas que por alguna circunstancia no pueden tener hijos y buscan la ayuda de otras personas para poder adoptar propiamente, a nivel internacional se han comenzado a reportar casos de grupos del  crimen organizado que ven la renta de vientres  o úteros subrogados como un negocio con ganancias millonarias.

 “Buscan a mujeres que se encuentran en una situación vulnerable para que se presten a tener a estos bebés en sus vientres, que después son comercializados sin ningún tipo de garantía para la mujer”, agregó Romero Celis.

Desafortunadamente para estos casos usan a mujeres  que viven en pobreza y en zonas rurales, por ello, agregó la senadora priísta, se logró la sensibilización y respaldo  tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados  para evitar que las mujeres  mexicanas sean explotadas con fines reproductivos.