¿Importa realmente la voluntad popular?

Se supone que vivimos en una época en la cual la democracia es considerada un dogma incuestionable, que en teoría permite ampliar la libertad y la autonomía personales al grupo en su globalidad, al someter a votación las más diversas materias, con lo cual este grupo no estaría haciendo otra cosa, siguiendo la afamada frase de Rousseau, que “obedecerse a sí mismo”.

            Sin embargo, al margen del constante problema de si todo puede ser votado por una mayoría, o si se prefiere, si lo que ella determina está más allá del bien y del mal y se legitima por sí mismo, a veces surge la inquietante pregunta de si la actual clase política de verdad respeta esta voluntad popular, como no se cansa de repetir.

            En efecto, si se analiza someramente lo que ha ocurrido recientemente en el Reino Unido a propósito del Brexit, y hace más o menos un año, en Colombia, con motivo del plan de paz con las Farc, surgen poderosas razones para dudarlo. Ello, pues los hechos han demostrado que quienes ocupan puestos políticos gracias al sistema democrático, parecieran respetan esta forma colectiva de tomar decisiones únicamente cuando coincide con sus propias convicciones.

            Como se recordará, en el caso del Brexit, en su momento se llamó a la ciudadanía a votar, en un ejercicio de democracia directa, respecto de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, ganando sorpresivamente (al menos de acuerdo a lo que los medios de comunicación señalaban), la opción por abandonarla. Sin embargo, recientemente, el Parlamento británico ha dado pasos en sentido contrario, incluso surgiendo la posibilidad de llamar a una nueva votación popular para volver a debatir la cuestión.

            En el caso de Colombia, hace ya un tiempo, pese a la increíble campaña mediática y política a favor del proceso de paz con las Farc, el pueblo nuevamente usando su voto, rechazó este proposición. ¿Qué pasó luego? El congreso, haciendo oídos sordos al clamor popular, dio luz verde al proceso, firmándose posteriormente el acuerdo de paz que había sido además, debatido en La Habana, un ejemplo impecable de respeto por los derechos humanos, por lo demás. Sin perjuicio que el actual presidente ha dado pasos en el sentido de respetar esa decisión popular, el hecho es que en su momento, en el anterior gobierno, sencillamente, se la desconoció.

            En consecuencia, pareciera que en ciertas materias la voluntad popular debe seguir con mucho respeto y sumisión lo que la clase gobernante y el dogma de lo políticamente correcto han determinado ya de manera inapelable. En caso contrario, su decisión será ignorada o esquivada de alguna manera, para que el plan inicial pueda continuar.

            Lo anterior significa que la apelación a la voluntad popular ha sido, en estos casos, sólo una pantalla, un simple elemento legitimador para darle valor a una decisión que ya ha sido tomada en las alturas. Ello, sin considerar la a veces grosera presión de muchos medios de comunicación en pro del resultado querido por la cúpula dominante.

            Por tanto, nos queda esta inquietante duda: ¿hasta qué punto es realmente libre y soberana esta voluntad popular que tanto dicen respetar y defender aquellos mismos que gracias a esa voluntad popular han sido elegidos y nos gobiernan?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera de Derecho

Universidad San Sebastián

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