LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

A pesar de las advertencias de varios médicos y estudios sobre sus serios efectos negativos, la legalización del consumo de marihuana sigue avanzando en varios países, de la mano de banderas pseudolibertarias y de la democracia.

El principal argumento que suele escucharse es que cada uno es libre para hacer con su vida lo que quiera, siempre que no afecte a otros, razón por la cual el Estado no debiera inmiscuirse en la esfera privada de las personas.

¿Es tan cierto esto? Es verdad que cada uno posee una libertad que lo puede llevar a tomar muchos caminos; mas lo anterior no quiere decir que cualquier uso de la libertad sea indiferente. Es por eso que entre otros, la moral y el derecho intentan orientar la conducta para lograr una mejor vida individual y colectiva, lo cual demuestra que existen varias decisiones ilícitas, por mucho que las defiendan quienes las realizan.

Pero además, y sin caer en ningún tipo de paternalismo, parece impropio que el Estado permita que los sujetos se dañen a sí mismos, a sabiendas. Es la misma idea que inspira las crecientes restricciones al consumo de tabaco o de alcohol, o se exija más información en la rotulación de los alimentos, todo por razones de salud pública. Mas pareciera que todas estas razonables razones se hicieran literalmente humo cuando se trata de la marihuana.

Finalmente, tampoco es cierto que la decisión sólo afecte al sujeto, como suele decirse. Ello, porque a menos que estuviera totalmente solo, siempre existen seres cercanos (usualmente su familia), quienes de alguna u otra forma se verán afectados por esta conducta si es que comienza a salirse de control, como puede pasar, según advierten los especialistas.

Sin embargo el problema llega más lejos: si miramos a la sociedad en su conjunto, los costos de este comportamiento supuestamente privado la afectan, y no poco. Por ejemplo, en la falta de productividad, en problemas de trato con terceros, o incluso en conductas reñidas con la ley, que podría cometer quien se inicia por este camino; sin perjuicio que por mucho que se niegue alegremente, los daños a su salud, a la larga, pueden ser severos, lo cual, además de mermar su potencial para contribuir al bien común, puede significar una pesada carga para el Estado, por las eventuales prestaciones médicas que requeriría en algún momento. Desde esta perspectiva, si la conducta fuera tan “privada”, lo lógico sería que el sujeto renunciara de antemano al auxilio del Estado en caso de que la cosa salga mal.

Estas y otras razones hacen que por muy respaldada que se encuentre esta idea, sigue siendo una mala idea, pues las mayorías no deciden lo que es verdadero o bueno.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

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