Por fin la Presidenta ha hecho su propuesta para generar una nueva Constitución –en realidad, modificar la actual–, aunque con un camino tan alambicado y en parte por determinar, que de llegar a realizarse, sería culminado por el próximo gobierno, todo lo cual prolonga innecesaria y dañinamente la incertidumbre sobre este tema en nuestro país.

Ahora bien, uno de los principales argumentos para impulsar esta medida, es que la actual Carta Fundamental sería ilegítima debido a su origen no democrático. Sin embargo, hay que andarse con cuidado cuando se habla de legitimidad e ilegitimidad.

En efecto, la legitimidad no alude solo al origen de las instituciones, sino también a su funcionamiento. Es por eso que puede existir un origen ilegítimo y una posterior legitimación con el tiempo, fruto de sus buenos resultados; y al revés, un origen legítimo y una posterior deslegitimación por la mala actuación de dicha institución.

Una muestra del primer fenómeno podría ser nuestra Constitución, puesto que ella se ha legitimado no solo por las profundas reformas que ha sufrido en más de 35 años, sino sobre todo, debido a su funcionamiento, lo que ha sido clave en el progreso general de nuestro país en relación a sus vecinos, situación que aunque perfectible, en algunos casos incluso llega a asombrar. Aunque volviendo a su origen, hay que advertir que el solo sentido común indica que poderosas razones tienen que haber existido para que feneciera la Constitución de 1925.

Pero además, si fuera cierto que nuestra Constitución es ilegítima, ello querría decir que todo lo hecho bajo su vigencia lo sería igualmente, lo que incluye a los actuales gobernantes; con lo cual estaríamos ante un gobierno también ilegítimo, el que no tendría ninguna autoridad moral para proponer una nueva Constitución.

Obviando este delicado punto, si volvemos a la segunda situación (una institución con un origen legítimo pero que se deslegitima con el tiempo), no parece muy aventurado señalar que es esta precisamente la situación que afecta al actual gobierno: es cosa de ver las encuestas y el profundo rechazo que la gran mayoría de la ciudadanía manifiesta a las reformas que contra viento y marea sigue impulsando. De esta manera, si desde muy temprano tenemos un gobierno profundamente deslegitimado, ¿con qué autoridad moral –nuevamente– propone no ya cambios importantes, sino el más fundamental de todos, cual es modificar el marco legal global del país?

Incluso, sumando todo lo anterior, algunos podrían considerar que la ilegitimidad de este gobierno es doble: por su origen y por su ejercicio. ¿Tiene así autoridad para continuar con su empeño?

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián