El pleno de la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal (ALDF) aprobó en diciembre el dictamen de la Ley de Gestación Subrogada.
Según lo contempla esta ley, las mujeres que deseen “prestar” su útero deberán de contar con un certificado de salud en el que se acredite que cumplen con los requisitos para ser la madre gestante y sólo podrán hacerlo en dos ocasiones.
Los involucrados en este proceso deberán cumplir con un contrato el cual establecerá que el préstamo del útero debe realizarse sin fines de lucro, y que los gastos del embarazo, desde los exámenes previos, los 9 meses de gestación, el nacimiento y el puerperio (cuarenta días posteriores al parto), correrán a cargo de los solicitantes.
Asmismo, la ley indica que una vez que concluya el proceso de embarazo, se emitirá un certificado en el cual se registrará al recién nacido con el nombre de la mujer que aportó su óvulo y del hombre que donó el espermatozoide, y que no se generará ningún parentesco entre la mujer gestante y el menor.
En México está prohibida la venta o comercialización de órganos; ¿cómo es posible que el PRD quiera exponer a la mujer a que sea utilizada como un engendrador de niños ajenos? lo cual implicará una contraprestación económica (aunque no se estipule en la ley); es decir que se está exponiendo a la mujer a que comercialice su cuerpo y con esto, una vez más, su dignidad será profundamente vulnerada.
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