Esto es una clara forma de violencia y discriminación a la mujer: investigadora.

Urge una legislación adecuada en apoyo a las mujeres embarazadas que buscan empleo, en el marco del Día Internacional contra la Violencia a la Mujer.

México, D.F. Noviembre, 2011.- De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en el 2006 a un 10.7% de las mujeres trabajadoras se les solicitó el certificado de ingravidez (no embarazo), de las cuales al 1% se le disminuyó el sueldo, no se le renovó su contrato o fue despedida por estar embarazada.

Sin duda, “esta es una forma de violencia y discriminación a la mujer que busca un desarrollo profesional y que lamentablemente se topa con serias dificultades si se encuentra embarazada”, así lo expresa la Maestra Diana Ibarra Soto del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV).

Aún cuando el despido por embarazo y la petición de certificado de ingravidez es ilegal en las dependencias públicas, “la práctica sigue efectuándose, afectando a un gran número de mujeres que necesitan trabajar para sacar adelante a su familia”.

“La realización de pruebas de embarazo antes y después de la contratación tiene un principio de productividad, en tanto se considera que la mujer embarazada no es igualmente productiva a las trabajadoras que no lo están, que se genera mayor ausentismo laboral por atención médica y situaciones referentes al embarazo, además de los permisos que establece la ley (durante la lactancia) y los gastos referentes a las prestaciones propias de la maternidad”. 

Precisamente esta forma de pensar y falta de apoyos ha hecho que nuestro país sea catalogado como uno de los sitios que menos incentivos concede a este sector en materia laboral, por no señalar otros rubros.

“Proteger el embarazo es un compromiso social y para empezar habría que cambiar nuestro pensamiento de considerar a las mujeres embarazadas como personas no aptas para desempeñar un trabajo, simplemente requieren otros cuidados. Después de eso, deberían crearse esquemas de apoyo a las empresas y a los patrones para que los gastos derivados no sea un factor que influya en la decisión para contratar o no a una mujer en gestación”, señala la también investigadora de tiempo completo del CISAV.

La importancia de contar con una legislación clara y adecuada al respecto, evitaría atropellos, abusos y, sobre todo, la existencia de discriminación hacia la mujer embarazada, “el único medio a través del cual se puede tener un registro de las anomalías existentes respecto a la discriminación laboral a la mujer embarazada  es a través de las denuncias pero en esto también desafortunadamente son pocas las mujeres que denuncian por la falta de conocimiento de sus derechos en esta materia”, enfatiza Ibarra Soto.

Fuente: lrincon@1tad.net

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