Mientras todo el mundo está preocupado por los avances de la actual pandemia, el confinamiento forzado al que se nos ha obligado por su causa, o a la grave crisis económica ya presente y sobre todo futura como resultado de todo lo anterior, diversos proyectos de ley, de alto y polémico contenido valórico, siguen avanzando sigilosamente en el Congreso. En este sentido, el actual inmovilismo que afecta a nuestras sociedades, ha venido como anillo al dedo para los partidarios de estos proyectos, puesto que la ciudadanía no puede expresar su malestar como en tiempos normales, o al menos, generar la legítima y pacífica presión que es de la esencia de cualquier verdadera democracia.
Según se comentaba en nuestra columna anterior, el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) busca que se imponga de manera global y al margen del querer de los padres, una determinada forma de entender la sexualidad a nuestros niños, desde la más tierna infancia. De esta manera, además de sexualizarlos de forma casi patológica, de aprobarse este proyecto, surgirán muchísimos problemas, tanto entre los padres y el Estado por medio de las entidades educacionales, como entre estos padres y sus propios hijos, pues como se ha dicho, se pretende adoctrinarlos de acuerdo a la perspectiva de género, de acuerdo a la cual, la sexualidad es una realidad completamente plástica y cambiable. Y sobre esta base impuesta, se buscará otorgarles una completa libertad y autonomía para llevarla a la práctica.
Así, solo por poner algunos problemas sobre la mesa, ¿se imagina alguien las consecuencias que podría tener para las próximas generaciones el haber sido empujado a dar rienda suelta con su sexualidad desde párvulo y experimentar con ella a más no poder, probando todas las formas posibles a su respecto? ¿Existe algún estudio que advierta sobre las posibles secuelas que lo anterior podría tener para nuestros niños, secuelas que sin duda los afectarán durante toda su vida? O para mencionar problemas más concretos y medibles, ¿se imagina alguien la proliferación de enfermedades de transmisión sexual que podría producirse, fruto de forzar a ejercer una sexualidad sin límites? ¿O los abusos de que podrían ser objeto los niños, al postular su tempranísima “autonomía progresiva” en este ámbito?
Lo anterior, sin perjuicio de la delicada pregunta de si el Estado tiene realmente el derecho de imponer su visión en esta materia, haciendo tabula rasa con las concepciones y la libertad de los padres. Ello, pues lo anterior equivale a un auténtico secuestro de nuestros niños, cuya formación pasa a depender casi exclusivamente del Estado. Más, ¿por qué habría que preferir a un funcionario público en vez de la familia natural para la formación de nuestros niños y jóvenes? ¿Es que los padres van a perder la tuición de sus propios hijos si no están de acuerdo con estas políticas? Incluso, ¿tienen los padres alguna función respecto de sus hijos o solo deben comportarse como obedientes borregos en lo que a su formación atañe, según los dictados del Estado?
En fin, las preguntas e inquietudes pueden seguir acumulándose hasta el infinito. Sin embargo, un aspecto que pocas veces se señala, es que parece absolutamente contradictoria una legislación totalitaria como esta, dentro de un sistema democrático. De ahí que surjan razonables dudas de si realmente seguimos viviendo en un régimen semejante.
Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián
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