¿Quién manda a quién?

En los últimos años, se ha ido dando una tendencia en el funcionamiento de nuestras democracias, que debiera generar una profunda reflexión a su respecto, pues equivale a una completa extrapolación de su genuino sentido y razón de ser: que en vez de ser las autoridades políticas las que acaten los designios de la voluntad popular, sea la ciudadanía la que tenga que seguirle el juego a dichas autoridades y en general, a toda la clase política.

            En efecto, ya se ha visto en algunos países, a saber, Colombia o el Reino Unido, como luego de hacerse una consulta popular directa sobre materias cruciales para esos Estados, pese a lo manifestado por la ciudadanía, el mundo político haya hecho todo lo posible para torcerle la nariz a dicha decisión (en Colombia con éxito, en Gran Bretaña no), según ocurrió con el proceso de paz con las Farc y el Brexit, respectivamente. O incluso, que otras decisiones de tanta o más importancia (como en nuestro caso, llamando a votar por un proceso constituyente), se haya tomado esta decisión entre gallos y medianoche, en un contexto por decir lo menos enrarecido y de extrema violencia, forzando a la población a votar por una materia que hasta antes de ese momento, se encontraba muy al final de las encuestas y de lo decidido en la elección política anterior: si se quería o no generar una nueva Carta Fundamental.

            Por tanto, lo que en el fondo pareciera estar ocurriendo, es que la que lleva la voz cantante es la clase política, y a la ciudadanía sólo le correspondería plegarse obedientemente a sus dictados, a fin de darles legitimidad y hacer como si se tratara de una demanda popular. De ahí entonces, que sea lícito preguntarse quién manda a quién en nuestra actual situación.

            Tómese en cuenta, además, el creciente desprestigio en que ha caído la clase política no solo en Chile, sino en el mundo en general, fruto de una serie de prácticas e intereses que no coinciden, y a veces están en contra de los anhelos y necesidades de la población. De ahí que no extrañe que se la acuse reiteradamente de estar en una “burbuja”, o de vivir una “realidad paralela”, velando generalmente por sus prioridades –el poder– y no las nuestras.

            Así entonces, si se unen ambos factores, a saber, por un lado, la calidad de auténticos borregos en que se pretende convertir a la voluntad popular y por otro, el desprestigio de la clase política, la gran pregunta que surge sin mucha dificultad, es hasta cuándo se les va a seguir el juego.

            Es por eso qeu a partir de las premisas anteriores, convendría mirar con más atención las propuestas que formula el mundo político a la ciudadanía, máxime si buena parte o incluso la mayoría de este mismo espectro político está de acuerdo en lo que plantea para la “decisión” popular. Habría que ser demasiado iluso para pensar que aquí sólo existen las mejores intenciones para mejorar la vida de las personas, en particular cuando se exige para ello, tener más facultades o incluso un cheque en blanco. Y en los casos en que esta mejoría efectivamente pueda llegar a formar parte de la ecuación, los costos son generalmente una notable ganancia de poder de quienes la promueven.

            Por tanto, se vuelve a insistir: ¿hasta cuándo seguiremos obediente y sumisamente los dictados de quienes supuestamente nos obedecen? ¿Seremos capaces de romper este círculo vicioso y no seguir, como un burro, una zanahoria?

 

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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