Directivo de la ONU renuncia a transparencia sobre fondos para salud reproductiva.

Fuente: C-Fam

NUEVA YORK, 15 de abril (C-Fam) El Secretario General de la ONU no presentó un informe anual que mantiene un registro de los fondos para la salud reproductiva, el cual sirvió como una importante herramienta de supervisión y rendición de cuentas por casi veinte años.

Ban Ki-moon se negó a presentarlo, pese a que es obligatorio, mencionando dificultades en el cálculo de los gastos para diferentes áreas de la salud reproductiva y su carácter cada vez más «integrado» (algo que el Secretario General ha estado impulsando en el transcurso de la última década).

Esta semana, Ban invitó a la Comisión de Población y Desarrollo a considerar un cambio en la metodología y en el enfoque del informe. Propuso la utilizada por el Fondo de Población y el Instituto Guttmacher en el documento «Sumando» que fue publicado dos años atrás, el cual recomienda desembolsar más dinero en planificación familiar a fin de evitar el gasto en la atención de la salud materna.

Este abordaje cedería una función crucial de supervisión a los mismos grupos que tienen que ser controlados. Se vale del desacreditado indicador de «necesidad insatisfecha» de planificación familiar como justificación para reducir las erogaciones en salud materna y sostiene que la anticoncepción salvará la vida de los niños (la cual, irónicamente, evitará su misma existencia).

En este planteamiento, compartido por la iniciativa de Ban llamada «Cada mujer, cada niño», la salud materna se desatiende o se diluye cada vez más en favor de programas que financian la planificación familiar y la defensa del aborto, y, hace poco, incluso la defensa LGBT.

Desde 1997, el Secretario General prepara un informe que rastrea los fondos mundiales de ayuda exterior y recursos internos de financiamiento para planificación familiar, servicios básicos de salud reproductiva, que incluyen la salud materna, las enfermedades de transmisión sexual, las actividades de prevención del VIH/Sida, investigación básica y análisis de políticas sobre asuntos demográficos y de desarrollo. Aunque imperfecta, la información es muy útil y el informe ofrece una base para el control y la rendición de cuentas.

Los empleados del Secretario General calculaban los recursos necesarios para alcanzar las metas de la ONU en cada una de las cuatro áreas de interés del informe. Esto ayudaba a los países pobres a evaluar las prioridades de los países donantes y ajustar de acuerdo con esto sus posturas sobre la política de la ONU y sus pedidos de ayuda.

La presión por la «integración» en la salud reproductiva ha sido una estrategia para ocultar el aborto dentro de un programa sanitario más amplio y no polémico que cuenta con apoyo popular y político. Hace más difícil a los gobiernos detener el financiamiento del aborto sin entorpecer otras iniciativas que, aparte de eso, son positivas.

La estrategia va de la mano del actual ataque de las agrupaciones abortistas a las leyes estadounidenses que bloquean el financiamiento del aborto y de su defensa. Mientras que se encuentren vigentes prohibiciones a la subvención gubernamental del aborto como la Enmienda de Helms, las dichos grupos no pueden ocultar sus actividades bajo el título de «salud reproductiva» ni incluso de «salud materna».

Sin el informe, todo el dinero que fluye hacia la salud reproductiva será considerado dentro de un fondo común de «servicios integrados de salud sexual y reproductiva», pese a que las diversas áreas de la salud genésica requieren intervenciones y gastos distintos. Por ejemplo, la asistencia a la salud materna precisa personal calificado para el parto y atención obstétrica de emergencia, que son considerablemente más caros que la provisión de métodos de planificación familiar mediante trabajadores sociales con escasa capacitación y formación.

El hecho de negarse a presentar estos datos generará más confusión en cuanto a dónde están yendo los recursos. El gasto en ciertas áreas de la salud reproductiva ya es difícil de rastrear incluso en la contabilidad vigente.

La financiación de la asistencia sanitaria materna, que históricamente recibe fondos insuficientes a comparación de las políticas de reducción de la fecundidad, no se distingue de la salud reproductiva de forma más amplia en el actual sistema de contabilidad.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

Agrupaciones proabortistas y ONU buscan convertir el aborto en derecho humanitario.

Fuente: C-Fam

By Marianna Orlandi, Ph.D | March 5, 2016

WASHINGTON, 4 de marzo (C-Fam) Agrupaciones proabortistas y funcionarios de la ONU están intentando captar espacio humanitario para obligar a todos los grupos que ofrecen ayuda en esta área a ofrecer el aborto a víctimas de violación en situaciones de conflicto.

En «El aborto y las leyes de la guerra: subvirtiendo el humanitarismo por decreto del ejecutivo» (“Abortion and the Laws of War: Subverting Humanitarianism by Executive Edict”), Susan Yoshihara, Vicepresidente Senior para la Investigación de C-Fam, que publica Friday Fax, documenta los últimos intentos «furtivos» de imposición del derecho internacional al aborto, esta vez para las víctimas de violación en situaciones de conflicto.

Yoshihara muestra la génesis de esta militancia dentro del sistema de la ONU y documentos recientes en los que funcionarios de la Organización han afirmado que el aborto es un derecho humanitario, a la vez que prueba que los defensores del aborto no pueden decir que cuentan con el respaldo del derecho humanitario.

El derecho internacional humanitario, también conocido como «derecho de la guerra», protege a los civiles y otros no combatientes de daños durante los conflictos. Se trata de una rama del derecho internacional muy arraigada y venerada, además de ser vinculante para todos los países.

Las agrupaciones abortistas han ideado un nuevo objetivo para el derecho humanitario, en concreto, el de abortar bebés concebidos en violaciones durante conflictos armados, y han logrado convencer a funcionarios y personal de la ONU que la respuesta para la violación en tiempos de guerra es el aborto.

No existen fundamentos jurídicos para un derecho humanitario al aborto, según Yoshihara. Ni el derecho humanitario ni el derecho de los derechos humanos crean un derecho al aborto bajo ninguna circunstancia. En realidad, un derecho de esta clase entra en conflicto con la obligación vinculante asumida por los estados miembros de proteger la vida y otros principios del derecho internacional muy arraigados.

Global Justice Center es una de las agrupaciones que con mayor estrépito expone argumentos a favor del aborto humanitario. Es dirigida por Janet Benshoof, que fundó el Centro de Derechos Reproductivos, firma de abogados proabortista, en la década del noventa.

Para defender su postura, Benshoof se vale de recomendaciones no vinculantes de funcionarios y expertos de la ONU. Es más, según Yoshihara, intenta crear nuevas obligaciones humanitarias por sí misma, de puro invento.

Entre los obstáculos para alcanzar el derecho humanitario al aborto se encuentran restricciones a los fondos de los contribuyentes estadounidenses. Global Justice Center fue la primera en argumentar que la Enmienda de Helms (ley estadounidense que prohíbe el uso de la ayuda exterior para ofrecer o promover el aborto) viola los Convenios de Ginebra, que esbozan las obligaciones básicas del derecho internacional humanitario. Benshoof presentó esta reclamación ante las Naciones Unidas y la Comisión Europea y dichas autoridades internacionales la desestimaron completamente.
Claus Sorensen, Director General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, respondió a los reclamos diciendo: «Ni el DIH ni el derecho internacional de los derechos humanos hacen referencia de forma explícita al derecho al aborto», y advirtió sobre el modo en el que la defensa de éste puede debilitar paulatinamente el humanitarismo en general. «La ley solo es aplicable si los socios humanitarios recomiendan a su personal que opera en el país que se atenga a las leyes de la nación».

La reivindicación de un derecho humanitario al aborto contradice el principio fundamental del consentimiento en el derecho humanitario. Incluso la interpretación que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre los Convenios de Ginebra coincide en este punto: el aborto no puede ser financiado ni practicado allí donde se protege la vida por nacer.

Aún así, como lo advierte Susan Yoshihara, y como lo confirman noticias recientes, la Enmienda de Helms en efecto está siendo amenazada. Tanto Hillary Clinton como Bernie Sanders prometieron revocarla.
Yoshihara asimismo demuestra cómo, lamentablemente, esta clase de defensa contribuye a la estigmatización de miles de niños nacidos producto de violaciones durante la guerra. Ellos no son mencionados en los planes de desarrollo humanitarios y posconflicto.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano