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¿Más de lo mismo?

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Como se dice vulgarmente, “el movimiento se prueba andando”. Y efectivamente, el “movimiento”, o si se prefiere, la real calidad de la labor que la ciudadanía ha encomendado a la Convención Constitucional se prueba, más allá de promesas e intenciones, por el modo real y cotidiano de comportarse, por los hechos concretos de los cuales todos somos testigos.

            Resulta indudable que el alto porcentaje obtenido por el “Apruebo”, así como gran parte de los votos que dieron un escaño a los actuales integrantes de la Convención, fue motivado en buena medida por un rechazo generalizado de la población a la actividad cotidiana de la llamada “clase política”. Y no es para menos, pues la gente está más que harta de ver, salvo honrosas excepciones, cómo esta verdadera casta que tenemos enquistada, sólo vela por sus propios intereses, importándole bastante poco el bienestar de la ciudadanía a la cual dice servir, al punto que todo aquello que beneficie a esta última siempre se haga para que los primeros obtengan una ventaja y así seguir donde están.

            En consecuencia, fue la posibilidad de dar origen a un proceso jurídico y político que en teoría estuviera al menos en parte libre de esta “clase política”, lo que atrajo la atención de la ciudadanía y explica los resultados de las anteriores votaciones.

            Sin embargo, esta creencia y esperanza de la ciudadanía que permitió la llegada de varias caras nuevas a la Convención, es al mismo tiempo una espada de doble filo, pues las deudas se pagan. En consecuencia, y más allá de las ilusiones o deseos de los votantes, resulta crucial el modo en que cumplan su misión estos convencionales, misión que es clara y exclusiva: proponer una nueva Constitución, solo eso.

            Mas, si están enfrascados en un cúmulo de rencillas que no tienen ninguna relación con la tarea encomendada, o teniéndola, pretenden imponer una visión única y dejar sin voz a los que piensan distinto; o si comienzan a exigirse un cúmulo de dádivas y privilegios y hasta se han presentado personas disfrazadas en alguna sesión, ¿existe aquí realmente esa tan ansiada diferencia respecto de la política tradicional, que fue lo que motivó a votar a la ciudadanía como finalmente lo hizo? ¿Dónde está la tan ansiada pureza de intención, o si se prefiere, el verdadero interés por el bien común que anhela esta misma ciudadanía? ¿O es que estamos nuevamente en presencia de lo mismo de siempre y todo ha sido un engaño?

            Lo hemos dicho otras veces: la labor de la Convención conlleva una enorme responsabilidad, pues en definitiva, es un servicio, no una instancia para abusar de la buena fe que ha llevado a parte de la ciudadanía a poner a sus integrantes ahí. Máxime, si como se mencionó hasta el cansancio, la idea era que por fin el pueblo se sintiera representado en este proceso.

            En realidad, lo único que se consigue con todo lo que está ocurriendo es deslegitimar este mismo proceso, pues mientras más promesas se hayan realizado antes del mismo, mayor será la exigencia por la labor realizada. O si se prefiere, hay que estar a la altura de las circunstancias. Debe recordarse además, que existe un plebiscito de salida, lo que a veces parecieran olvidar nuestros convencionales. A menos que en su embotamiento, se crean con la legitimidad y el poder para declararlo innecesario. ¿Llegarán a tanto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un servicio, no un poder ilimitado

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Como no puede ser de otra forma en cualquier democracia que se precie de tal, la ciudadanía observa con atención la labor que ha ido realizando la Convención Constitucional en sus primeros días de trabajo, dada la trascendencia de su tarea. Lo cual no debe ni puede ser de otra forma, puesto que mientras más ojos estén pendientes de su desempeño, existen más garantías de llegar a un mejor resultado.

            Lo anterior significa –lo hemos dicho antes– que la tarea de los convencionales es y debe ser vista como un servicio, no como una delegación ilimitada de facultades, una hoja en blanco o un poder absoluto. Mal que mal, la legitimidad de este organismo no solo proviene de la decisión popular (de ahí su carácter de servicio), pese a la alta abstención que hubo en su elección, sino que también está condicionada al plebiscito de salida, en el cual nuevamente, este mismo pueblo puede de forma libre y soberana aprobar o rechazar la propuesta que este organismo haga.

            En consecuencia, tanto en su origen como en su fin, la Convención está sujeta a un poder más alto y por lo mismo, ello muestra que su propio poder no es total, pues en ese caso nos encontraríamos en una tiranía, no en una democracia. De ahí que deba atenerse estrictamente a la tarea que le ha sido encomendada.

            Sin embargo, no han faltado actuaciones más que criticables de varios convencionales, que muestran claramente una extralimitación de sus facultades, lo cual –hay que decirlo– viene a ser una traición a la misión encomendada por el pueblo y no hace más que deslegitimar el proceso.

            Dicho de otro modo: por muy elegidos que hayan sido la mayoría de sus miembros para este proceso constituyente (si bien en varios casos con votaciones bien exiguas), esto no les otorga ni de lejos, un poder que pretenda imponerse sobre ese pueblo que les ha delegado esta misión. De ahí que sea ilegítimo pretender “refundar” este país, como si todo lo que ha ocurrido hasta ahora, incluida su propia elección, no valiera nada o fuera inexistente.

            Si se hubiera querido un poder ilimitado a la usanza de “L’Ancien Régime”, el mismo pueblo habría tenido que desprenderse de su propia soberanía, entregándola sin condiciones a este organismo, convirtiéndolo en consecuencia en un auténtico Leviatán. Pero una posibilidad así es impensable e imposible en una verdadera democracia.

            Sin embargo, a momentos da la impresión que varios de sus miembros no pensaran así, que no fueran conscientes de la existencia de un plebiscito de salida, o que estuvieran absolutamente confiados en que la ciudadanía aprobará su propuesta de Constitución (pues es sólo eso: una propuesta). Incluso, a veces pareciera que actuaran como si éste no fuera a producirse de acuerdo a lo establecido. También y por otro lado, como si sus integrantes estuvieran por sobre la ley. Todo lo cual, repetimos, no hace más que deslegitimar el proceso.

            Por eso se insiste: es fundamental que la ciudadanía y los demás poderes del Estado estén muy atentos a los pasos que dé la Convención Constitucional, pues ella es parte de algo mucho más amplio y profundo: no solo de un Estado de Derecho, sino de todo un país que por derecho y por deber, tiene la obligación de prestar la máxima atención al devenir de este momento y que no está obligado de antemano a aprobar cualquier cosa que ella proponga.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Una gran responsabilidad

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Los graves y lamentables incidentes ocurridos el domingo con motivo de la instauración de la Convención Constitucional deben llamar a una profunda reflexión, dada la mayúscula importancia que su labor tendrá para nuestro país, pues sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento histórico.

            En efecto, la tarea que recae sobre los hombros de sus integrantes debe ser tomada con la máxima responsabilidad y competencia, dadas sus mayúsculas repercusiones a mediano y largo plazo. Sin embargo, situaciones como la vivida no hacen más que manchar el proceso, pues de nada sirve haber sido elegidos por una parte de la ciudadanía (pues debe recordarse que hubo una gran abstención), si la violencia, la prepotencia y las descalificaciones van a estar a la orden del día.

            En realidad, con una actitud semejante, un flaco favor se le está haciendo a este proceso. De hecho, lo lógico es que se dé un debate con altura de miras, con argumentos, no ideologizado, que sea realista con lo que el país y su ciudadanía pueden aportar, pues lo peor sería terminar dando origen a una especie de “Constitución quimera”, o sea, un texto imposible de cumplir, fantasioso, que lejos de solucionar nuestros problemas los ahondará, al generar más tarde o más temprano decepción y descontento.

            Por iguales razones, este debate tiene que ser hecho sin presiones. De ahí que nuevamente se le quitaría gran parte, sino toda la legitimidad a este proceso, si existiera permanentemente una amenaza y una presión indebida hacia los constitucionales, que infunda miedo en unos y un envalentonamiento abusivo en otros. En realidad, si al final se terminara “acordando” una Carta Fundamental impulsada por la violencia y el temor, de nada habría valido el proceso de elección previo y el resultado no tendría ninguna legitimidad

             Es algo parecido a lo que en Derecho Civil se llaman los “vicios de la voluntad”, esto es, aquellas situaciones en que alguno de los contratantes no ha consentido de manera libre, sino –entre otras posibilidades– por temor (o como dice la ley, por existir una “fuerza” que lo provoca). En este caso, para la ley ese contrato es nulo, pues existe un vicio del consentimiento. Por eso, extrapolando esta situación a la labor de nuestros constitucionales, sería lamentable, además de ilegítimo, que se siguiera un camino semejante.

            En el fondo, pensamos que una de las claves es darse cuenta que esta tarea no hace a los convencionales dueños del país, ni tampoco se les ha entregado una carta ni una hoja en blanco, ni mucho menos. Por eso también sería inaceptable que se arrogaran más poderes de los que les fueron encomendados. Igualmente, es fundamental darse cuenta que este país no comienza su historia con ellos, sino que son ellos parte de nuestra historia. O si se prefiere, que su labor no puede partir de cero.

            En el fondo, lo que debe quedar absolutamente claro, es que ellos son realmente servidores de nuestro país, en quienes parte de la ciudadanía ha depositado su confianza. Todo esto podría tirarse por la borda, si el proceso se convierte en una batalla campal que la ciudadanía no necesita ni merece. El país exige que se esté a la altura de las circunstancias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Otro paso más hacia el totalitarismo

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Hace pocos días y pese a la enorme polémica que ha generado, terminó aprobándose en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Garantías de la Niñez, gracias al cual el Estado podrá imponer, de llegar a convertirse en ley, una visión única no solo respecto de la sexualidad, sino más profundamente, de la concepción del ser humano, haciendo tabula rasa con las convicciones de los padres –religiosas o no–, su derecho preferente para educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia, entre otros derechos fundamentales que han sido borrados de un plumazo con esta nueva legislación.

            Debe advertirse que el carácter totalitario de este y de otros intentos del Estado de imponer una visión “oficial” en materias amplia y legítimamente discutibles, incluso en áreas o ambientes privados y hasta íntimos de las personas, conlleva otorgarle un enorme poder, al permitirle por esta vía moldear la mente de sus ciudadanos. Es por eso que pocas cosas hay más nefastas para una sociedad, que el afán del Estado por meterse y regularlo todo.

            De nada vale que exista o no un régimen democrático que en teoría, avale esta ilegítima intromisión. A fin de cuentas, este sistema político es sólo un mecanismo para elegir a sus gobernantes y para la toma de sus decisiones, pero no garantiza de suyo que dichas decisiones sean justas. Ello, porque el mero procedimiento o ritualidad no convierte en correctos sus resultados, pues tanto el bien como el mal pueden haber sido fruto de un arduo y meticuloso trabajo. Es a esto a lo que se ha llamado también “falacia procedimentalista”.

            Otro argumento usualmente utilizado para imponer esta y otras conductas totalitarias del Estado, consiste en justificar dicho proceder señalando que se están protegiendo diversos “derechos humanos”, sea lo que fuere que se entienda por los mismos. En realidad, es tanto el prestigio que aún posee este concepto, pese a lo manoseado que se encuentra, que su sola evocación genera una casi automática legitimación de lo que se pretenda lograr a su sombra, lo que podría llamarse un “efecto talismán” de los derechos humanos.

            El problema es que en la actualidad, estos derechos no son una realidad a descubrir sino a inventar, a crear mediante decisiones supuestamente consensuadas por los Estados mediante tratados internacionales. Pero al final, terminan dependiendo en los hechos de la interpretación más que antojadiza que hacen de estos tratados los comités y tribunales encargados de tutelarlos, gracias a lo cual han acabado en no pocos casos completamente deformados y alejados de su sentido original. Ello explica además que los mismos problemas (y por tanto, análogas aspiraciones totalitarias) se estén dando en la actualidad en muchísimos países al mismo tiempo, lo cual evidentemente no puede ser casualidad.

            En consecuencia, lo importante entre otras cosas, es el fundamento y el resultado de las políticas y decisiones que se adoptan, sea a nivel nacional (exista o no una democracia) como internacional, y no tanto la manera en que se decidan, o si se prefiere, el camino que se siga para implantarlas.

            Avanzamos así hacia un Estado cada vez más totalitario, que no contento con la dictadura sanitaria que ha impuesto desde casi un año y medio y del colapso económico global que esto está produciendo, pretende también ir cercenando cada vez más y más libertades. ¿Hasta dónde llegará?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Una elección crucial

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Como es de sobra conocido, este fin de semana se define literalmente el futuro de nuestro país para muchos años y eventualmente, su destino último.

            Lo anterior no es exagerado en lo más mínimo. Y no lo es, porque del resultado que arrojen las urnas respecto de los constituyentes, dependerá el rumbo que siga nuestro país, que podría oscilar entre un relativo continuismo o un cambio radical respecto de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Mas lo claro y que nunca hay que olvidar, es que tal como las personas no tienen su futuro asegurado, lo mismo aplica a cualquier país: el éxito no es un derecho, ni tampoco debe darse por descontado. Muchos ejemplos ya existen, que muestran cómo países que iban relativamente bien encaminados, han acabado siendo Estados fallidos.

            Por eso a nuestro juicio, el primer deber es salir a votar. La actual coyuntura es tal, que resulta una incomprensible irresponsabilidad no cumplir con este deber ciudadano.

            En segundo lugar, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, es que uno de los propósitos de una constitución es limitar al poder en pro de los derechos y la libertad de los ciudadanos. De ahí que haya que mirar con sospecha aquellas propuestas que buscan acrecentar de manera desmedida el poder del Estado –y por tanto, de quienes lo detentan–, pues ya tenemos experiencia de sobra para saber que a más poder, más corrupción y abuso. El problema es que en buena medida, muchos de los que pretenden redactar esta norma fundamental, son los mismos que terminarán siendo regulados por ella. De ahí que la tentación de hacer un traje a la medida sea más fuerte que nunca. Por eso se insiste: cuidado con aquellas propuestas que abogan por entregarle todo al Estado.

            En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior, también deben mirarse con sospecha aquellas propuestas que prometan demasiado, pretendiendo que una nueva constitución arreglará como por arte de magia todos nuestros problemas. Además de ser flagrantemente falso (entre otras cosas, porque se requieren de muchas leyes complementarias), debe recordarse que la constitución y las leyes son sólo normas, que señalan lo que desde su perspectiva debe ser. Pero tal como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, lo cierto es que “el papel resiste todo”. Por tanto, hay que ser lo suficientemente realistas y maduros para no pedir o esperar más de lo que realmente se puede dar.

            Finalmente, debemos ser conscientes que todo tiene un precio, y por tanto, mientras más se ofrezca, más caro terminará costando para la ciudadanía. No sólo en recursos económicos (lo que podría generar por ejemplo, impuestos insufribles, una ruina de la clase media y una destrucción de la economía), sino también –y tal vez sobre todo– políticos. Ello, pues las dádivas que se prometan tendrán inevitablemente una contrapartida: mantener a quienes las otorgan en el poder, al punto de terminar usándose como un verdadero chantaje por quienes detentan dicho poder para conservarlo. Nada es gratis en esta vida y lo contrario, esto es, creer que todo es por nuestro bien, o que la clase política está poblada únicamente por buenos samaritanos, es pecar de una ingenuidad rayana en lo infantil. De hecho, las peores esclavitudes son aquellas que se generan al aprovecharse de la necesidad de otros.

            Todo esto y mucho más debemos tener en cuenta ante esta importante decisión que como pueblo tenemos que tomar, para no arrepentirnos después.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

La necesidad de controlar al poder

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Poco a poco, diversos recursos judiciales fallados exitosamente para los requirentes, han ido poniendo coto a lo que de manera clara a nuestro juicio, constituyen excesos de la autoridad. Ello, pues la actual situación de pandemia está permitiendo a esta última tener un desmesurado poder para restringir o impedir el ejercicio de un cúmulo de derechos, lo que evidentemente, puede generar situaciones injustas, sea por error o por su inadecuado uso.

            Este poder se ha manifestado no sólo en prohibiciones de todo tipo, sino además, en las sanciones –a veces absolutamente excesivas–, que la administración ha establecido a su completo arbitrio para quienes infrinjan la normativa generada por ella misma.

            Uno de los casos más frecuentes, ha sido considerar situaciones que a lo sumo debieran ser tratadas como una falta administrativa y que ameritan una multa –proporcionada, eso sí–, como si se tratara de delitos (en particular, el de poner en peligro la salud pública), que generan una pena mucho mayor. Sin embargo, por muy buenas intenciones que tenga la autoridad, ello no le da un cheque en blanco para establecer lo que quiera sin cortapisas.

            Afortunadamente como se ha dicho, algunos tribunales han comenzado a reaccionar. Así, el Tribunal Constitucional ha fallado en más de un caso, que para que se constituya un delito semejante, éste debe ser perpetrado por una persona enferma y no por una sana.

            Igualmente, la Corte Suprema y de forma unánime, consideró recientemente que la presencia en la noche de dos personas en la vía pública, de por sí, tampoco constituía un peligro para la salud pública, como sí podría serlo, por ejemplo, transitar de día e ir a un lugar concurrido sin tener el respectivo permiso o salvoconducto. La clave es así, el contacto con otros, la formación de grupos de personas sin tomar las medidas pertinentes. Por ello, si una situación objetivamente no va a contagiar a nadie, no hay por qué castigarla penalmente.

También se han producido otros fallos, como por ejemplo, el de la Corte Suprema que en razón del derecho de libertad de culto, permitió la celebración de misas con las medidas sanitarias requeridas, incluso en tiempos de cuarentena. Igualmente, y en estas mismas circunstancias, se le permitió a una librería realizar ventas de diversos artículos, tal como se deja a un supermercado, que sí pueden abrir pese a ofrecer productos similares.

            Todo lo relatado pretende así, poner un límite razonable a la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Evidentemente, no se trata de relajar las cosas al extremo de la irresponsabilidad, pero tampoco se puede pretender convertir al país en una inmensa cárcel. La idea es sancionar administrativamente lo que merezca serlo, pero no abusar de ello ni del poder del Estado para imponer castigos draconianos de naturaleza penal por situaciones que objetivamente, no implican la comisión de ningún delito. Lo cual tampoco quiere decir que la autoridad administrativa pueda hacer cualquier cosa dentro de sus competencias.

            En realidad, el actual Estado-policía está llegando demasiado lejos, conculcando con una facilidad pasmosa una serie de derechos fundamentales de la gran mayoría de la población. Y de hecho, el afán de control se hace cada vez más intenso. Una razón más para fiscalizar lo que ella hace, por medio de otros poderes que puedan vigilar su proceder, pues es propio de toda sociedad democrática y respetuosa del estado de derecho, tener instancias controladoras de la actividad de los poderes públicos a las que se pueda acudir.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Constitución y tratados de derechos humanos

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Terminado el plebiscito del domingo, se abre un nuevo horizonte para la creación de una nueva carta fundamental.

            Sin embargo, existe un tema que hasta donde hemos podido ver, ha permanecido casi ignorado, pese a su enorme importancia: la relación de la constitución con los tratados internacionales de derechos humanos.

            Tradicionalmente, se ha considerado que estos tratados deben incorporarse al ordenamiento interno luego de corroborarse su concordancia con las normas jurídicas del país y su constitución. Por lo mismo, se estimaba que ellos tenían una jerarquía igual o superior a la de la ley, pero siempre subordinada a la carta fundamental. Esto resulta lógico, pues si la constitución exige requisitos para la incorporación de un tratado, es porque se considera a sí misma la norma fundamental y superior de un Estado.

            Sin embargo, en las últimas décadas, ha ido surgiendo un movimiento que considera que los tratados de derechos humanos, tendrían una jerarquía igual o incluso superior a la carta fundamental, por derivar de la voluntad internacional de muchos Estados y no de la voluntad unilateral de uno solo, como ocurre con su constitución y sus leyes. De ahí que existen constituciones que han incorporado estos tratados de derechos humanos a su propio catálogo de derechos, llamado generalmente “bloque de constitucionalidad”.

            A nuestro juicio, este fenómeno reviste la máxima importancia, porque implica incorporar al texto más importante de un país, no sólo un conjunto de normativas foráneas, sino además, la interpretación que de ellas realizan los organismos encargados de tutelar estos tratados (comités y tribunales internacionales). Esto último es fundamental, porque en la práctica, lo que realmente importa a estas alturas, no es el tenor literal de los tratados o las intenciones de sus redactores, sino la forma en que son entendidos por estos organismos, que con el correr del tiempo, a veces se ha ido separando notablemente de su primigenio sentido. Además, en razón de diversas características del derecho internacional de los derechos humanos que no pueden comentarse aquí, esta interpretación evoluciona muy rápido.

            En consecuencia, de incorporarse estos tratados de derechos humanos y las dúctiles interpretaciones que vayan surgiendo a su respecto, el bloque de constitucionalidad se vería influido por ellos, al estar ingresando permanentemente un contenido no generado ni fiscalizado por las autoridades nacionales.

            Lo anterior posee, entre otras, dos consecuencias que a nuestro juicio resultan bastante graves. La primera, que gracias a este contenido nuevo, se estaría de hecho, modificando permanentemente la constitución, saltándose sus mecanismos de reforma, pues los derechos humanos la afectan en su globalidad. Y segundo, que las materias que “toquen” estos tratados e interpretaciones internacionales, no podrían ser modificadas posteriormente por una reforma constitucional, a menos que ella mejorara esos criterios internacionales.

            Todo esto trae varios problemas, entre otros, de soberanía y de autodeterminación de los pueblos. De ahí que sea un asunto de extrema importancia, que debe ser abordado en este debate constitucional que recién comienza.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

CONFIARLE AL GATO LA CARNICERÍA

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La verdad es que no es mi costumbre hacer columnas de política contingente, pues siempre he buscado analizar las raíces de los problemas que comento desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, en esta ocasión, y tomando en cuenta la importancia trascendental para nuestro futuro como país del plebiscito del 25 de octubre, haré una rara excepción.

            A mi juicio –y lo adelanto desde ya–, existen varias y poderosas razones para votar “Rechazo”, que se fundamentan tanto en la génesis como en el desarrollo de este proceso.

            Respecto de su génesis, esta no nos parece legítima, pues el acuerdo de noviembre por una nueva Constitución se obtuvo en un clima de violencia y temor, con un gobierno acorralado y bajo amenaza de derrocamiento, pese a su legitimidad democrática. Este solo hecho ya vicia todo el proceso, pues no se puede negociar “con una pistola sobre la mesa”, como podría decirse, razón por la cual el consentimiento obtenido es nulo. Ello, sin perjuicio que la vía violenta debiera ser inexistente para un auténtico demócrata, particularmente si este régimen funciona de una manera mínimamente decente, como es en nuestro caso.

            En segundo lugar, la idea de una nueva Constitución no era hasta ese momento –ni tampoco parece serlo ahora– un anhelo de la ciudadanía, pese a los esfuerzos del gobierno anterior por ponerlo en el tapete. Por tanto, resulta claro que obedece a los intereses de buena parte de la actual clase política, no a un clamor popular.

            En tercer lugar, el clima de violencia que se ha dado durante este proceso, interrumpido por la pandemia, que ya está retornando, enrareciendo y viciando el ambiente idóneo para una decisión como esta. Con lo cual, no cuesta mucho imaginar cómo será este ambiente en el futuro –y esto es crucial–, cualquiera sea la opción que triunfe, “Rechazo” o “Apruebo”. Por tanto, un proceso como este no puede darse bajo la sombra del temor.

En cuarto lugar, porque la votación se verá notablemente distorsionada con motivo de la pandemia, al impedirle votar a muchísimos ciudadanos, lo que añade más ilegitimidad al proceso. Así, si ni siquiera el claro riesgo para la vida de muchos chilenos ha sido suficiente para postergarlo, ¿qué decisiones se pueden esperar respecto de otros problemas futuros?

            En quinto lugar, porque en caso de ganar el “Apruebo”, nos parece que las diferencias entre la Convención Mixta y la Convención Constitucional son meramente cosméticas. Ello, pues resulta evidente que ambas serán conformadas en su grandísima mayoría o incluso en su totalidad por políticos, no por ciudadanos comunes, como pretende hacerse creer, sobre todo respecto de la Convención Constitucional. Difícilmente podrá competir un candidato independiente contra la maquinaria electoral y la experiencia de sus contrincantes.

            Y finalmente, en sexto lugar –y al margen de las presiones y clima de violencia antes aludido que se daría durante el proceso–, porque dada la composición de la eventual comisión redactora, se daría el absurdo que quienes generen una nueva Constitución, serían los mismos que en teoría, debieran ser limitados por ella, en caso de aprobarse en el plebiscito de salida. En consecuencia, y dado el actual clima político de nuestro país, de lucha fratricida entre gobierno y oposición, ¿cree alguien sinceramente que nuestra clase política no terminará haciendo un traje a su medida para adquirir más poder del que ya tiene? Pensar lo contrario sería como confiarle al gato la carnicería, como se dice vulgarmente.

            Estas son, entre otras, las razones por las cuales estoy a favor del “Rechazo” en el próximo plebiscito. Reitero mis disculpas por hacer una columna tan política, pero insisto, las actuales y trascendentales circunstancias de nuestro país lo ameritan sobradamente y me obligan, en conciencia, a compartir estas reflexiones.

Max Silva Abbott

#Chile Una mínima coherencia

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La tozuda insistencia de la gran mayoría del mundo político en realizar el plebiscito del 25 de octubre a como dé lugar, no sólo resulta sorprendente en atención a la realidad del país, sino que puede darnos una muy buena pista respecto de lo que podría ocurrir de redactarse una nueva Constitución.

            En efecto, desde el inicio de la pandemia, se ha obligado a la gran mayoría de la población a permanecer en sus hogares, restringiendo de manera incluso abusiva sus libertades públicas, a fin, se dice, de evitar contagios y eventuales muertes. De esta manera, y dependiendo del nivel de expansión de la enfermedad, o nos han encarcelado en nuestras propias casas, o las posibilidades de locomoción se han visto muy reducidas, al exigirse permisos –que no siempre se dan– para hacer algo que antes se podía realizar libremente: ir de un lugar a otro.

            De igual manera, y también en nombre de la pandemia, se han reducido y también prohibido diversas actividades económicas, lo que a nuestro juicio podría tener efectos más graves que la actual crisis sanitaria, por lo que creemos que se trata de un remedio peor que la enfermedad. Y en fin, la autoridad ha restringido o se ha inmiscuido prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas y privadas, lo que se acerca peligrosamente a prácticas totalitarias. Con la salvedad que al menos por ahora, cuenta con la aprobación de buena parte de la ciudadanía, al custodiar un fin mayor: nuestra la salud y nuestra vida.

            Así entonces, si fiestas, manifestaciones, misas y muchas otras actividades se han prohibido amparándose, como se ha dicho, en la protección de la salud e incluso de la vida de la población, ¿cómo se explica que pese a todo esto, se insista a brazo partido en la realización del plebiscito, con las aglomeraciones que conllevaría? Por mucho que se pretenda regular minuciosamente –una vez más– nuestro modo de proceder en tal evento, las posibilidades de contagio resultan evidentes y aumentarían exponencialmente.

            Tampoco parece justo que quienes tengan la enfermedad, los que estén cerca de contagiados o los ancianos, no puedan ejercer su derecho a voto, sobre todo en una ocasión tan importante como esta. Así, tanto si se generan restricciones, como si no se establecieran y se permitiera votar a todo el mundo, se producen problemas insolubles, a nuestro juicio.

            Tómese en cuenta además, que podría existir un segundo brote (la “segunda ola”) precisamente en esas fechas, como de hecho ya está ocurriendo aquí en Concepción, lo que vendría a empeorar aún más las cosas.

            En consecuencia, pareciera que a buena parte de nuestra clase política le importara la salud y la vida de los ciudadanos, siempre que ello no afecte sus propios intereses. Con lo cual, de ganar el Apruebo, surge una fundada duda y sospecha respecto de las reales preocupaciones de esta clase política que se plasmarían en una nueva Constitución. ¿Se puede esperar una Constitución realmente benéfica, que proteja a las personas, como se promete, si ni siquiera se es capaz de posponer el plebiscito, pese a las actuales circunstancias?

            No existe así, la más mínima coherencia, o si se prefiere, no puede haber mayor contradicción, entre la esta actitud de la clase política y el proceder que ha tenido hasta ahora de cara a la pandemia. El doble estándar resulta de esta manera, escandaloso.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Los censores del mundo

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Si se miran con atención los hechos de violencia que se han registrado en nuestro país desde hace ya varios años, pero en particular desde octubre pasado, sus devastadoras secuelas, su mantención e incluso recrudecimiento en algunos sectores y, en particular, la imposibilidad del Estado y de sus autoridades para restablecer –y eventualmente mantener– el orden público, se puede apreciar que la gran piedra de tope para solucionar este problema han sido los actuales “derechos humanos”.

            En efecto, los actuales “derechos humanos” han estado en el meollo de nuestra presente crisis político-social (y ahora económica) desde dos perspectivas complementarias: primero, legitimando en buena medida los hechos de violencia que nos aquejan hasta hoy; y segundo, impidiendo que la fuerza pública pueda restablecer el orden y la paz social, imprescindibles para cualquier convivencia democrática y Estado de Derecho.

            Respecto de la violencia, ella ha sido ampliamente justificada por los actuales “derechos humanos”, al considerarla legítima, en atención a exigir o a defender ciertos derechos que se consideran fundamentales, tanto, que incluso se mira con buenos ojos a quienes usan la violencia para luchar por ellos.

            En cuanto a la verdadera neutralización de la fuerza pública que hoy nos aqueja, los actuales “derechos humanos” consideran que quienes participan en estas manifestaciones violentas, por el hecho de estar defendiendo estos derechos, se encuentran escudados por ellos, de tal forma que cualquier respuesta que se dé a su agresión, es considerada ilegítima y será duramente sancionada, como de hecho ha ocurrido frecuentemente.

            Sin embargo, los actuales “derechos humanos” no toman en cuenta para nada los derechos de quienes sufren graves daños en su persona o bienes, como consecuencia de estas protestas violentas que han sido sacralizadas en su nombre: el resto de la población y las fuerzas de orden del país. Al parecer, estos últimos no tendrían importancia desde la perspectiva de los actuales “derechos humanos”, debiendo plegarse sumisamente a sus exigencias. Con lo cual, ya no seríamos todos iguales, pues los actuales “derechos humanos” protegen solamente a ciertos grupos, aquellos que están de su lado, evidentemente.

            Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a una situación semejante? En parte, ello se debe a la conquista y al auténtico monopolio que se ha producido en la composición de los organismos internacionales encargados de determinar cuáles son estos derechos y quiénes los cumplen o no. De esta manera, lo que surgió como un gran avance en el proceso civilizador de la humanidad (cuya acta de nacimiento fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), hoy se encuentra completamente ideologizado por la izquierda más radical, que paso a paso, ha vaciado a los verdaderos derechos humanos de su genuino sentido, y los ha reemplazado por los actuales “derechos humanos”, usándolos como dóciles instrumentos para sus propios fines, usufructuando del prestigio que aún mantienen.

            Todo lo cual muestra el enorme poder que conlleva haberse erigido en una especie de “censor internacional”, que determina a su arbitrio qué es correcto e incorrecto a nivel global y quiénes se encuentran en el lado correcto de esta visión.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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