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¿Qué tipo de sociedad queremos?

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Como resulta obvio, son muchas las reflexiones que pueden hacerse a partir de la última elección, que incluso en algunos aspectos debieran ser objeto de estudio entre otros, por los especialistas en ciencia y filosofía política. Comentaremos al voleo algunas de ellas, referidas sobre todo a los resultados del sufragio presidencial.

            Una primera cosa que llama la atención es la baja votación que obtuvieron varios candidatos que o eran conocidos desde hace tiempo (algunos incluso habiéndose presentado en otras ocasiones) o contaban con el respaldo de los partidos tradicionales más importantes. De entre las muchas lecturas que lo anterior suscita, una muy verosímil es el cansancio o desilusión que parecieran generar los políticos y los partidos tradicionales en un segmento cada vez mayor de la población. Da la impresión que muchos se han aburrido de votar por el “mal menor”, que en no pocas ocasiones ha terminado siendo una opción tanto o más mala que la que se quería evitar y en el fondo, contra la cual se sufragó al elegir a la supuestamente contraria.

            De hecho, pareciera crecer en gran parte del electorado la sensación que en buena medida, estos sectores tradicionales son más aliados entre sí que verdaderos competidores, como se presentan oficialmente. Y que ellos operan en una especie de mundo paralelo, siendo cada vez más impermeables a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la población.

            Otro aspecto llamativo es la votación que obtuvieron candidatos o partidos nuevos, no alineados con las posturas tradicionales. Incluso uno de los candidatos ni siquiera está en Chile, quedando tercero en las preferencias. Este hecho sin duda debe ser estudiado científicamente en el futuro inmediato. Otro signo más que indica el cansancio aludido, lo que hace buscar nuevas alternativas para que el clamor de muchos votantes sea realmente escuchado.

            Un tercer elemento interesante es que en atención a las candidaturas presentadas, fueran las posturas más extremas de este abanico las más votadas. Otro factor que parece indicar que las posturas de centro no atraen demasiado, precisamente por ser cada vez más impermeables a las necesidades de vastos sectores de la población.

            En cuarto lugar, lo anterior significa que esta segunda vuelta tiene bastante más importancia que las situaciones análogas que se han dado en elecciones anteriores. Ello, pues el concepto de sociedad que representa uno y otro candidato no pueden ser más antagónicos, que simplificando mucho las cosas, podría resumirse en el binomio estatismo-libertad. De ahí la trascendencia del presente caso, que permitirá saber qué tipo de sociedad queremos.

            Finalmente, es de esperar que el actual proceso constituyente no busque interferir a posteriori cambiando las reglas del juego de esta elección, dependiendo de quién sea el ganador del 19 de diciembre. No sólo sería una actuación ilegítima, sino que además estaría desconociendo la voluntad popular, que ha sido, no hay que olvidarlo, la que ha dado vida a la Convención Constitucional.

            Como se ve, se trata de una elección crucial, razón por la cual todos debemos votar. Ante una situación tan trascendente, no tendrá después derecho a alegar por lo que ocurra quien no cumpla con este grave deber cívico.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿A nuestras espaldas?

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Recién el 14 de octubre pasado, fue promulgada (y publicada al día siguiente) la Ley 21.383, titulada: “Modifica la Carta Fundamental, para establecer el desarrollo científico y Tecnológico al servicio de las personas”.

El proyecto tuvo su inicio a instancias de los parlamentarios Girardi, Goic, Chahuán, Coloma y De Urresti; y como su nombre indica, versa sobre el desarrollo científico y tecnológico, la actividad cerebral y el respeto a nuestra integridad física y psíquica.

            De esta manera, se modificó el importantísimo art. 19 (que establece los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución), específicamente su Nº1, que tutela el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Es decir, el numeral clave del entramado de nuestros derechos, al depender todos ellos del hecho de permanecer vivos.

            Sin embargo, pese a lo anterior, se trató de una tramitación muy poco conocida por la opinión pública, al punto que su promulgación ha tomado por sorpresa a casi todo el mundo.

            Pues bien, el aludido proyecto añadió un último párrafo al art. 19 Nº1 que reza: “El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

            Es decir, esta modificación alude a los llamados “neuroderechos”, que pretenden que los avances de la tecnología, como la genética, la bioingeniería y sobre todo la inteligencia artificial, no vulneren nuestros derechos humanos. Y defienden entre otros, ni más ni menos que derechos como la privacidad mental, la identidad personal o el libre albedrío.

            Ahora bien, si se legisla acerca de algo, es porque ese “algo” existe y puede causar problemas. De ahí que resulte imposible no vincular esta modificación constitucional con algunas de las frases que en su momento pronunciara el Presidente de la República, al anunciar el inicio de la licitación pública de la red 5G para Chile, y que se hicieron virales. Ello, pues señalaba textualmente (se transcribe del video de YouTube) que esta tecnología permitiría  “impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del internet de las cosas”; que igualmente dicha tecnología abría “la posibilidad que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos”; y finalmente, sentenciaba que “va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro”.

            Ahora bien, una materia tan sensible y trascendente al menos podría haber sido publicitada un poco más, y no hacerse esta reforma casi a nuestras espaldas, máxime al estar íntimamente vinculada a aspectos tan fundamentales como la vida, la integridad psíquica y la libertad. Lo menos que puede pedirse es que nos hubieran tomado algo más en cuenta.

Sin embargo, parece que tanto encierro forzoso ha ido acostumbrando a la autoridad a tomar una serie de importantes y trascendentes decisiones para la ciudadanía a la que en teoría sirve, de manera completamente autónoma y presentarle los hechos consumados. Lo cual hace preguntarse cada vez más a menudo, quién está realmente al servicio de quién.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿El punto débil de nuestro sistema electoral?

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La verdad es que en los varios años que llevo escribiendo en este diario, no creo recordar otra columna en que comparta una experiencia personal como en este caso, lo que también me lleva a escribir en primera persona, cosa que no suelo hacer.

            La razón de lo anterior radica en la crucial importancia que tienen las próximas elecciones, situación que justifica de sobra a mi juicio lo que se va a decir a continuación.

            Empecemos. En la penúltima elección me tocó ser apoderado de local en la ciudad de Concepción. Para ello, junto a muchos otros voluntarios, recibí por Zoom la formación básica para poder desempeñar esa labor, experiencia que resultó muy interesante.

            Ahora bien, dentro del curso que se nos impartió (de varias sesiones), se nos señaló expresa y reiteradamente que los apoderados de local tenían no solo el derecho, sino también el grave deber de estar presentes en la sala de digitación del local, en la cual como su nombre indica, se digitan los datos obtenidos de las actas de cada mesa luego del escrutinio, a fin de transferir la información final a la base central del Servel.

            La importancia de esta etapa final del conteo de los votos resulta evidente, lo que explica la insistencia en fiscalizar este momento crucial, del cual depende, ni más ni menos, que el cómputo final que dirime los ganadores del proceso eleccionario.

            Sin embargo, profunda fue mi sorpresa y desagrado, cuando llegado el momento de ingresar a la sala aludida, se me informó con absoluta indolencia que ello no era posible. Extrañado, señalé que de acuerdo con la formación que había recibido, tenía derecho a presenciar el proceso de digitación. Finalmente, y luego de llamar, según se me dijo, a la autoridad regional, se me denegó el acceso. Con lo cual este proceso fue realizado, al menos en ese local, a puerta cerrada y sin la fiscalización de nadie ajeno al sistema.

            Se comprende sin ninguna dificultad lo irregular de la situación. Es precisamente por eso que el proceso electoral contempla una serie de resguardos, para que la información se maneje a la luz, evitando los secretismos y, en consecuencia, posibles fraudes. Ello, pues la tentación de alterar los resultados para el candidato propio están a la orden del día.

            Sin embargo, todos estos remedios para evitar el fraude se van al tacho de la basura si en el momento decisivo no hay fiscalización. Esta situación es inaceptable, y proyecta una oscura sombra de duda sobre todo el proceso. Espero que nadie se ofenda, pero habría que ser demasiado iluso para asegurar que en esta instancia informática resulta imposible falsear los datos.

            Por eso lo anterior hace más necesario aún contar con apoderados de todos los candidatos en todas las mesas, a fin de que cada grupo pueda acceder a la información y enviarla a su vez a sus bases centrales, lo que hoy es muy fácil gracias a las redes sociales.

            He querido así compartir esta desagradable experiencia ad portas de la próxima votación, a fin de que el mayor número posible de personas sea consciente de este delicado e inaceptable punto débil que, al menos desde mi experiencia, presenta nuestro sistema electoral. Situaciones como esta no pueden volver a ocurrir, pues hacen que todo el sistema democrático –digámoslo de manera suave– pueda no servir para nada.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Por qué obedecer a quien viola las reglas?

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Si como es obvio, resulta fundamental que las autoridades se sometan estrictamente a las leyes y a la constitución que regulan sus competencias, en el caso de la actual convención constitucional, dicha exigencia adquiere una importancia crucial, puesto que del resultado de su labor –de ser aprobada por la ciudadanía– depende nuestro presente y futuro.

            Sin embargo, se sabe que este organismo pretende que tanto su reglamentación como la toma de decisiones que en teoría debe proponer a la ciudadanía, puedan ser determinadas por mayoría simple y no por los dos tercios que establece y exige la reforma constitucional que ha permitido todo este proceso, en particular, el art. 133 de la actual carta fundamental. Lo cual constituye una violación flagrante de sus facultades, que a nuestro juicio, le quita por completo legitimidad a su labor.

            Hay que ser enfático: la convención constitucional no es la dueña de Chile, ni sus miembros dioses o reyes absolutos que tengan derecho a hacer lo que les plazca. La ciudadanía no ha consentido, ni de lejos, en darles carta blanca para  que puedan hacer lo que les venga en gana, ni menos obligarnos a seguir las directrices que de ellos emanen, por absurdas, dañinas o ilógicas que sean. Lejos ha quedado el tiempo de los monarcas o de los grupos absolutistas, que pretenden estar sobre la ley, pues esto atenta contra la democracia y los derechos humanos.

            En realidad, la situación es de extrema gravedad, y la violación de la normativa constitucional absolutamente inaceptable, a fuer de irresponsable. Además, de darse esta situación, ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué se estableció y reguló esta reforma constitucional si todo puede ser borrado de un plumazo por la convención?

            Más aún: ¿qué legitimidad puede tener un órgano que obra de este modo, por muy elegido que haya sido? ¿Quién le ha dado la prerrogativa o el derecho de dejar sin efecto estas normas que le permiten existir y actuar? Además, con semejante actitud, surgen poderosas razones para sospechar que ante tal grado de prepotencia (porque eso es), al final no habrá plebiscito de salida. Con lo cual, estaríamos consintiendo nuestra propia esclavitud.

            Por eso hay que decirlo con todas sus letras: este desacato total a la autoridad del pueblo y a la constitución es una auténtica revolución no violenta, pues al hacer caso omiso a la legalidad, atenta contra el sistema jurídico en su conjunto.

            Pero al mismo tiempo y como correlato más natural, también resulta válido preguntarse por qué habría que obedecer en un futuro los dictámenes de este órgano que claramente ha abusado de sus facultades. Ello, pues por razones evidentes (y es un principio básico del derecho público), todo lo que se haga como consecuencia de esta ilegalidad es nulo y de ningún valor, no generando obligación alguna de obediencia.

            Por tanto, la conclusión es completamente evidente: si la legitimidad es el poder digno de ser obedecido, en caso de saltarse sus propias reglas, la convención la perdería completamente, pues nadie puede autoarrogarse más derechos de los que realmente tiene; y al mismo tiempo, no existe el deber de obedecer a quien ha violado sus propias competencias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Dos órdenes jurídicos paralelos

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Una cosa que resulta absolutamente clara en nuestros días, es que el Derecho como fenómeno humano –y exclusivamente humano– no puede seguir siendo contemplado desde lo que podría llamarse una mirada “estatocéntrica”, esto es, como un orden jurídico emanado prioritaria o fundamentalmente del Estado, con un contenido autónomo.

            Muy por el contrario, en la actualidad existen un cúmulo de instancias internacionales que influyen cada vez más en nuestros ordenamientos jurídicos nacionales, ya sea instándolos a adoptar determinados contenidos, ya sea vedando normas internas, por no estar de acuerdo con su modo de ver y regular las cosas.

            De esta manera, hoy constituye una quimera pensar que un país estaría lo suficientemente “protegido” de influencias internacionales, por ejemplo, por poseer un sólido escudo de derechos fundamentales establecidos en su constitución. Ello, pues como se ha dicho, la permeabilidad de nuestros derechos nacionales va en aumento, pues existen cada vez más agentes internacionales de todo tipo –unos formales, otros no tanto–, que influyen en su contenido. En ocasiones, a través de normas vinculantes para los Estados, pero las más de las veces, gracias a la emisión de todo tipo de observaciones y recomendaciones (comprendidas dentro del llamado “soft law” internacional, esto es, disposiciones no vinculantes), que de alguna u otra manera, influyen en nuestros ordenamientos domésticos.

            En consecuencia, lo que hoy está ocurriendo en el fondo, es que existen dos órdenes jurídicos paralelos que afectan a nuestros países, uno nacional, emanado supuestamente del pueblo en caso de poseer un régimen democrático, y otro internacional, bastante difuso a decir verdad, surgido de un sinnúmero de organismos más o menos formales, compuesto de una infinidad de disposiciones tanto vinculantes como no vinculantes, y finalmente, carente de una unidad o coherencia material o de contenido entre unas disposiciones y otras, como pretende lograrse dentro de un ordenamiento jurídico nacional.

            Sin embargo, uno de los principales problemas de este orden foráneo que influye cada vez más en los nacionales, es su total falta de fiscalización, pues la ciudadanía no controla en absoluto (y ni siquiera conoce) la composición de los miembros de estos muchos y múltiples organismos internacionales (la ONU y sus aliados, la OEA, múltiples organismos formales, comités y comisiones de todo tipo, tribunales internacionales, ONGs casi infinitas, etc.). Además, estos organismos no son tampoco controlados por nadie en su labor (como en el Estado, en que en teoría unos poderes vigilan a otros), y finalmente, no responden por su tarea una vez concluida ésta.

            No obstante, pese a toda esta flagrante falta de control, la influencia de estos organismos no hace sino crecer día a día, al punto que los Estados son paulatinamente menos libres para decidir sus propios asuntos y se encuentran cada vez más amarrados por compromisos internacionales que sin embargo, con el tiempo obligan a más y más cosas, siendo difícil que esta haya sido la intención original al darles vida. En este sentido, casi daría la impresión que nos encontráramos al servicio de estas entidades.

            La gran pregunta que queda es sin embargo, si la ciudadanía ha dado su anuencia para terminar siendo tutelada prácticamente en todo por estos organismos que no la representan.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Un proceso soberano y democrático?

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Como hemos dicho otras veces, resulta fundamental que un evento político tan trascendente para nuestro país como lo es el actual proceso constituyente sea objeto del máximo escrutinio y debate, propio de cualquier sociedad democrática que se precie y que no sea solo una apariencia de tal.

            Aclarado lo anterior, el tema que queremos comentar en esta oportunidad, que pese a su enorme trascendencia no ha recibido ni de lejos la atención ni el debate que merece, es la inquietante y cada vez mayor injerencia de diversos organismos e instancias internacionales de todo tipo en el que se supone, es “nuestro” proceso para generar una nueva Constitución.

            En efecto, tanto las mayores autoridades de la Convención como diversas comisiones, se muestran cada vez más abiertas y dispuestas a generar todo tipo de lazos con entidades foráneas, a fin de que ellas “asesoren” y eventualmente “guíen” nuestro camino constituyente. Y eso que siempre se dijo que en esta oportunidad –ahora sí–, se trataría de un proceso genuinamente representativo de los chilenos, popular y soberano, no dependiente de cúpulas y sectores alejados de la base ciudadana, a fin de plasmar en la nueva Carta Fundamental nuestras verdaderas intenciones y aspiraciones.

            Sin embargo, el 23 de agosto se firmó un Convenio de Colaboración con el Sistema de Naciones Unidas (que abarca a casi todos sus organismos) para la redacción de la nueva Constitución. Igualmente, “la OCDE asesorará a Chile en la redacción de la nueva constitución y acompañará el proceso”, según se leía en un titular hace pocos días.

Por otro lado, han existido varias reuniones con embajadores de la Unión Europea y con diversos organismos y ONGs internacionales, que poco o nada tienen que ver con el sentir popular, nuestras necesidades y aspiraciones. Finalmente, y como si fuera poco, el PNUD envío recientemente una serie de “recomendaciones” para el establecimiento de normas y conductas de la Convención.

            Ahora bien, pareciera que todo esto estaría vinculado con compromisos anteriores ya asumidos antes de nuestro proceso constituyente, como el de 2019, consistente en un Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible con la ONU para avanzar en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

            De este modo, se está produciendo una peligrosa, desconocida, creciente, no controlada ni tampoco solicitada injerencia de organismos internacionales de todo tipo –cuyo actuar no es fiscalizado por nadie– sobre nuestro proceso constituyente, supuestamente soberano. Con lo cual, surge cada vez más la impresión que la Convención –o al menos la mayoría de ella– es una caja de resonancia de lo que señalan estas instancias internacionales y no de lo que desea nuestro país. Situación que al menos debiera ser fuerte e insistentemente denunciada por quienes, dentro de este organismo, no estén de acuerdo con ella.

            ¿Es esto lo que realmente se prometió? ¿Es este el proceso popular, soberano y democrático que nos ofrecieron? ¿Es esto verdaderamente por lo que se votó? De hecho, y ante la cada vez mayor osadía de nuestros convencionales y de esta injerencia internacional, ¿dejarán expresarse a este pueblo, al que en teoría sirven, en un plebiscito de salida? Es más: ¿habrá plebiscito de salida?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un proceso cada vez más cuestionable

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Toda auténtica sociedad democrática exige –y de hecho es un deber grave– que la actividad de las autoridades y servicios públicos esté siempre bajo la lupa de la ciudadanía, por la sencilla razón que existen menos posibilidades de abuso mientras más ojos observen la actuación de sus integrantes, la sometan a crítica –si corresponde desde su perspectiva–, e incluso acusen irregularidades en caso de haberlas. Pretender lo contrario no sólo resulta sospechoso (quien nada oculta, nada teme), sino propio de sociedades que se acercan peligrosamente al totalitarismo.

            Es por lo anterior que una actividad tan importante para nuestro país como la que realiza la Convención Constitucional debe ser sometida al máximo escrutinio posible, por el bien general del país, y por lo mismo, su proceder a una fiscalización rigurosa y constante.

            Sin embargo, cada vez crece más la impresión en virtud de la cual, buena parte de sus integrantes se creen más allá del bien y del mal, casi como si estuvieran premunidos de un mandato divino e irrevocable, que les hubiera dado carta blanca para hacer lo que les plazca y que además, tampoco se les pedirá cuenta por su labor. En otras palabras, actúan casi como si fueran los dueños de Chile, cual monarcas absolutos, cuyo actuar estaría sobre las leyes y la misma Constitución (que hay que recordarlo: aún nos rige), pretendiendo así refundar nuestro país desde cero.

            En realidad, la conducta que hasta la fecha han tenido la mayoría de sus miembros no sólo deja mucho que desear, sino que lo único que produce es la creciente deslegitimación del proceso. Debe recordarse, aunque incomode a algunos, que existen varios vicios que de entrada ya quitan bastante legitimidad al mismo, aspectos que debieran ser tenidos muy en cuenta para no acrecentar este déficit. El primero es que en el fondo, todo este devenir ha sido fruto de la violencia, con motivo del “estallido social” de octubre de 2019; el segundo, es que el proceso de elección de los constitucionales deja bastante que desear, al existir votaciones muy bajas de muchos –demasiados– de sus integrantes, al margen de haber sufragado en dicha elección menos del 40% de la ciudadanía.

            Si a lo anterior se añade el aumento desproporcionado de las asignaciones (lo cual resulta impresentable, pues todos sabían de antemano las reglas del juego al momento de presentarse para la elección); que se pretenda no exigir ningún requisito a los futuros asesores; el menosprecio de nuestra bandera y de nuestro himno nacional; el que se pretenda que Chile deje de ser una República; la exclusión de quienes piensan distinto a la mayoría de diversas comisiones, etc., la gran pregunta que procede formular ante estas y otras conductas claramente criticables, es ¿quién les dio la prerrogativa para obrar de este modo? ¿Es que acaso nos hemos convertido en esclavos de sus caprichos?

            El hecho de haber existido una votación popular (y al margen de las críticas mencionadas más arriba), no da un poder absoluto a los sujetos elegidos por ella ni legitima de antemano todo lo que hagan. En caso contrario, no serían responsables por su actuación. La soberanía sigue radicando en el pueblo, en nuestra nación, que tiene el pleno derecho de recuperarla si se traiciona la delegación que de ella pueda haber hecho en su momento. Quien no entienda esto, no es un verdadero demócrata.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Más de lo mismo?

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Como se dice vulgarmente, “el movimiento se prueba andando”. Y efectivamente, el “movimiento”, o si se prefiere, la real calidad de la labor que la ciudadanía ha encomendado a la Convención Constitucional se prueba, más allá de promesas e intenciones, por el modo real y cotidiano de comportarse, por los hechos concretos de los cuales todos somos testigos.

            Resulta indudable que el alto porcentaje obtenido por el “Apruebo”, así como gran parte de los votos que dieron un escaño a los actuales integrantes de la Convención, fue motivado en buena medida por un rechazo generalizado de la población a la actividad cotidiana de la llamada “clase política”. Y no es para menos, pues la gente está más que harta de ver, salvo honrosas excepciones, cómo esta verdadera casta que tenemos enquistada, sólo vela por sus propios intereses, importándole bastante poco el bienestar de la ciudadanía a la cual dice servir, al punto que todo aquello que beneficie a esta última siempre se haga para que los primeros obtengan una ventaja y así seguir donde están.

            En consecuencia, fue la posibilidad de dar origen a un proceso jurídico y político que en teoría estuviera al menos en parte libre de esta “clase política”, lo que atrajo la atención de la ciudadanía y explica los resultados de las anteriores votaciones.

            Sin embargo, esta creencia y esperanza de la ciudadanía que permitió la llegada de varias caras nuevas a la Convención, es al mismo tiempo una espada de doble filo, pues las deudas se pagan. En consecuencia, y más allá de las ilusiones o deseos de los votantes, resulta crucial el modo en que cumplan su misión estos convencionales, misión que es clara y exclusiva: proponer una nueva Constitución, solo eso.

            Mas, si están enfrascados en un cúmulo de rencillas que no tienen ninguna relación con la tarea encomendada, o teniéndola, pretenden imponer una visión única y dejar sin voz a los que piensan distinto; o si comienzan a exigirse un cúmulo de dádivas y privilegios y hasta se han presentado personas disfrazadas en alguna sesión, ¿existe aquí realmente esa tan ansiada diferencia respecto de la política tradicional, que fue lo que motivó a votar a la ciudadanía como finalmente lo hizo? ¿Dónde está la tan ansiada pureza de intención, o si se prefiere, el verdadero interés por el bien común que anhela esta misma ciudadanía? ¿O es que estamos nuevamente en presencia de lo mismo de siempre y todo ha sido un engaño?

            Lo hemos dicho otras veces: la labor de la Convención conlleva una enorme responsabilidad, pues en definitiva, es un servicio, no una instancia para abusar de la buena fe que ha llevado a parte de la ciudadanía a poner a sus integrantes ahí. Máxime, si como se mencionó hasta el cansancio, la idea era que por fin el pueblo se sintiera representado en este proceso.

            En realidad, lo único que se consigue con todo lo que está ocurriendo es deslegitimar este mismo proceso, pues mientras más promesas se hayan realizado antes del mismo, mayor será la exigencia por la labor realizada. O si se prefiere, hay que estar a la altura de las circunstancias. Debe recordarse además, que existe un plebiscito de salida, lo que a veces parecieran olvidar nuestros convencionales. A menos que en su embotamiento, se crean con la legitimidad y el poder para declararlo innecesario. ¿Llegarán a tanto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un servicio, no un poder ilimitado

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Como no puede ser de otra forma en cualquier democracia que se precie de tal, la ciudadanía observa con atención la labor que ha ido realizando la Convención Constitucional en sus primeros días de trabajo, dada la trascendencia de su tarea. Lo cual no debe ni puede ser de otra forma, puesto que mientras más ojos estén pendientes de su desempeño, existen más garantías de llegar a un mejor resultado.

            Lo anterior significa –lo hemos dicho antes– que la tarea de los convencionales es y debe ser vista como un servicio, no como una delegación ilimitada de facultades, una hoja en blanco o un poder absoluto. Mal que mal, la legitimidad de este organismo no solo proviene de la decisión popular (de ahí su carácter de servicio), pese a la alta abstención que hubo en su elección, sino que también está condicionada al plebiscito de salida, en el cual nuevamente, este mismo pueblo puede de forma libre y soberana aprobar o rechazar la propuesta que este organismo haga.

            En consecuencia, tanto en su origen como en su fin, la Convención está sujeta a un poder más alto y por lo mismo, ello muestra que su propio poder no es total, pues en ese caso nos encontraríamos en una tiranía, no en una democracia. De ahí que deba atenerse estrictamente a la tarea que le ha sido encomendada.

            Sin embargo, no han faltado actuaciones más que criticables de varios convencionales, que muestran claramente una extralimitación de sus facultades, lo cual –hay que decirlo– viene a ser una traición a la misión encomendada por el pueblo y no hace más que deslegitimar el proceso.

            Dicho de otro modo: por muy elegidos que hayan sido la mayoría de sus miembros para este proceso constituyente (si bien en varios casos con votaciones bien exiguas), esto no les otorga ni de lejos, un poder que pretenda imponerse sobre ese pueblo que les ha delegado esta misión. De ahí que sea ilegítimo pretender “refundar” este país, como si todo lo que ha ocurrido hasta ahora, incluida su propia elección, no valiera nada o fuera inexistente.

            Si se hubiera querido un poder ilimitado a la usanza de “L’Ancien Régime”, el mismo pueblo habría tenido que desprenderse de su propia soberanía, entregándola sin condiciones a este organismo, convirtiéndolo en consecuencia en un auténtico Leviatán. Pero una posibilidad así es impensable e imposible en una verdadera democracia.

            Sin embargo, a momentos da la impresión que varios de sus miembros no pensaran así, que no fueran conscientes de la existencia de un plebiscito de salida, o que estuvieran absolutamente confiados en que la ciudadanía aprobará su propuesta de Constitución (pues es sólo eso: una propuesta). Incluso, a veces pareciera que actuaran como si éste no fuera a producirse de acuerdo a lo establecido. También y por otro lado, como si sus integrantes estuvieran por sobre la ley. Todo lo cual, repetimos, no hace más que deslegitimar el proceso.

            Por eso se insiste: es fundamental que la ciudadanía y los demás poderes del Estado estén muy atentos a los pasos que dé la Convención Constitucional, pues ella es parte de algo mucho más amplio y profundo: no solo de un Estado de Derecho, sino de todo un país que por derecho y por deber, tiene la obligación de prestar la máxima atención al devenir de este momento y que no está obligado de antemano a aprobar cualquier cosa que ella proponga.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Una gran responsabilidad

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Los graves y lamentables incidentes ocurridos el domingo con motivo de la instauración de la Convención Constitucional deben llamar a una profunda reflexión, dada la mayúscula importancia que su labor tendrá para nuestro país, pues sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento histórico.

            En efecto, la tarea que recae sobre los hombros de sus integrantes debe ser tomada con la máxima responsabilidad y competencia, dadas sus mayúsculas repercusiones a mediano y largo plazo. Sin embargo, situaciones como la vivida no hacen más que manchar el proceso, pues de nada sirve haber sido elegidos por una parte de la ciudadanía (pues debe recordarse que hubo una gran abstención), si la violencia, la prepotencia y las descalificaciones van a estar a la orden del día.

            En realidad, con una actitud semejante, un flaco favor se le está haciendo a este proceso. De hecho, lo lógico es que se dé un debate con altura de miras, con argumentos, no ideologizado, que sea realista con lo que el país y su ciudadanía pueden aportar, pues lo peor sería terminar dando origen a una especie de “Constitución quimera”, o sea, un texto imposible de cumplir, fantasioso, que lejos de solucionar nuestros problemas los ahondará, al generar más tarde o más temprano decepción y descontento.

            Por iguales razones, este debate tiene que ser hecho sin presiones. De ahí que nuevamente se le quitaría gran parte, sino toda la legitimidad a este proceso, si existiera permanentemente una amenaza y una presión indebida hacia los constitucionales, que infunda miedo en unos y un envalentonamiento abusivo en otros. En realidad, si al final se terminara “acordando” una Carta Fundamental impulsada por la violencia y el temor, de nada habría valido el proceso de elección previo y el resultado no tendría ninguna legitimidad

             Es algo parecido a lo que en Derecho Civil se llaman los “vicios de la voluntad”, esto es, aquellas situaciones en que alguno de los contratantes no ha consentido de manera libre, sino –entre otras posibilidades– por temor (o como dice la ley, por existir una “fuerza” que lo provoca). En este caso, para la ley ese contrato es nulo, pues existe un vicio del consentimiento. Por eso, extrapolando esta situación a la labor de nuestros constitucionales, sería lamentable, además de ilegítimo, que se siguiera un camino semejante.

            En el fondo, pensamos que una de las claves es darse cuenta que esta tarea no hace a los convencionales dueños del país, ni tampoco se les ha entregado una carta ni una hoja en blanco, ni mucho menos. Por eso también sería inaceptable que se arrogaran más poderes de los que les fueron encomendados. Igualmente, es fundamental darse cuenta que este país no comienza su historia con ellos, sino que son ellos parte de nuestra historia. O si se prefiere, que su labor no puede partir de cero.

            En el fondo, lo que debe quedar absolutamente claro, es que ellos son realmente servidores de nuestro país, en quienes parte de la ciudadanía ha depositado su confianza. Todo esto podría tirarse por la borda, si el proceso se convierte en una batalla campal que la ciudadanía no necesita ni merece. El país exige que se esté a la altura de las circunstancias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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