Una bola de nieve

Desde Chile escribe el Dr. Max Silva Abbott.- La Comisión de Salud del Senado ha decidido reabrir el debate para regular la eutanasia activa en nuestro país. Hay que recordar que el anterior proyecto, de 2006, fue archivado en la Cámara de Diputados. Y como era obvio, la polémica no se ha hecho esperar.

La eutanasia es un problema sumamente complejo. Es ello lo que explica que hasta ahora sean pocos los países que la han normado (Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y en algunas regiones de Estados Unidos). Sin embargo, viendo lo que ha ocurrido, sobre todo en los tres primeros países, puede verse claramente cómo la eutanasia es una auténtica bola de nieve y por ello, un camino en el cual no conviene adentrarse.

Veamos. Luego de regir durante una década para adultos, a mediados de 2013, Bélgica aprobó también la eutanasia infantil para aquellos niños que tuvieran una enfermedad terminal, exigiéndose su propio consentimiento “informado y maduro” (pese a que no pueden votar o comprar alcohol, por ejemplo), además del visto bueno de los médicos y de sus padres.

Algo parecido ha ocurrido en Holanda: desde 2005 se ha practicado impunemente la eutanasia en niños y bebés, siguiendo las pautas del “Protocolo de Groningen”, de 2004, donde uno de los criterios fundamentales a tener en cuenta, además del estado del menor, es el sufrimiento de los padres.

Incluso, en 2011, la Real Asociación Médica de Holanda publicaba unas nuevas directrices para la aplicación de la Ley de Eutanasia, vigente desde el año 2002. Según ellas, es posible aplicar la eutanasia a personas que sufran a causa de la soledad, por carecer de habilidades sociales o de dinero, aun si no están en peligro de muerte ni con una enfermedad terminal. Es por eso que existe un sistema de “eutanasia móvil”, que acude al domicilio del solicitante para brindarle este “servicio” de manera prolija y silenciosa. De hecho, en 2014 hubo un caso famoso, si bien en Suiza, en que una anciana solicitó la eutanasia por considerarse inadaptada para la vida de hoy.

Lo anterior demuestra que es inevitable que se vaya propagando y aceptando la noción de “vidas sin valor”, que “no merecen la pena ser vividas” o, desde una perspectiva más cercana a la medicina, de una cierta “calidad de vida” (en vez de dignidad humana) que justificaría la eutanasia. Además, que en muchas ocasiones la decisión no depende del afectado, sino de terceros. Y finalmente, que se aplica en casos que curiosamente no solo aumentan sin cesar, sino que se alejan cada vez más de las situaciones extremas de dolor y desesperación que para sus partidarios, la justificaban en un principio.

Es por eso que la eutanasia acaba convirtiéndose en una práctica cada vez más habitual y en suma, en una verdadera bola de nieve. ¿La iniciaremos también aquí?

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Cogobierno universitario

Un principio de la más elemental lógica indica que los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo una actividad, deben ser idóneos para la misma. Ello, porque en caso contrario, se corre el riesgo de no poder realizarla o de hacerlo mal.

Bueno, es precisamente esto lo que puede ocurrir si se aprueba el proyecto de ley de cogobierno universitario: porque el instrumento que se pretende fabricar (un gobierno conformado por académicos, personal administrativo y alumnos) no es el apropiado para ese fin.

Son muchas las razones que hacen desaconsejable esta iniciativa, además de las nefastas experiencias históricas de nuestro país a finales de los años 60 y principios de los 70. Por razones de espacio, sólo se hará alusión al cogobierno de los alumnos.

Un primer aspecto es que los alumnos no tienen la preparación adecuada, pues precisamente llegan a la universidad para aprender. Por eso no están en la mejor situación para tomar decisiones que además, repercutirán en ellos mismos. Con todo, ello no obsta para la existencia de otras instancias de participación estudiantil, como los centros de alumnos o la inclusión de sus representantes en diferentes órganos colegiados, con derecho a voz.

Por otro lado, los alumnos están de paso en la institución, por lo que carecen de la perspectiva de largo plazo que una universidad requiere.

Como si fuera poco, el cogobierno es la puerta de entrada perfecta para una malsana politización de las universidades, lo que además de desdibujarlas, merma su calidad.

Finalmente, entre otras razones, porque resulta inevitable que con este sistema, tanto el proyecto institucional de una universidad, así como las exigencias de su claustro académico (tanto para ingresar al plantel como para evaluar a los alumnos) terminen malográndose, pues la presión estudiantil podría deshacerse de ciertos docentes considerados políticamente incorrectos o demasiado duros; con lo cual, la mediocridad terminaría campeando a sus anchas.

Es por eso que la universidad es, por esencia, jerárquica; no por un afán de poder, sino por necesidades mínimas de conocimientos y de competencias para saber qué hacer. De ahí que no pueda pretenderse que todas las instituciones funcionen democráticamente, por razones elementales de sentido común. Con semejante criterio, podría abogarse para que los pacientes cogobernaran los hospitales, y que además, pudieran cuestionar de igual a igual las decisiones de sus médicos; con lo cual, no solo funcionarían mal los hospitales sino que los pacientes podrían incluso poner en riesgo su propia vida. ¿Cree alguien que sería este un camino correcto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Una clara señal; pasa hasta en las mejores familias

Revuelo ha causado en ciertos sectores académicos y políticos, la negativa chilena de aprobar la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “Protección de la Familia” votada el 25 de junio último.

Esta iniciativa no vinculante, busca que el estado proteja a la familia ‘tradicional’ de manera sistemática, en atención a su rol insustituible en cualquier sociedad, al formar a los hombres y mujeres del mañana, de los cuales depende la continuidad de ese mismo estado. Sin embargo, Chile ha sido uno de los 14 países que ha rechazado la propuesta, pese a que lo que establece dicha resolución es asombrosamente similar a lo que señalan nuestras propias leyes.

La situación descrita presenta varias aristas, de las cuales se comentarán dos.

La primera, es que muestra un creciente malestar por parte de varios países, cansados de la presión del Primer Mundo occidental por imponer el matrimonio homosexual y, de manera más general, los derechos sexuales y reproductivos, todo dentro de la llamada ideología de género. Es por eso que ven con malos ojos este intento occidental (y ni siquiera compartido por todos los países que lo componen) de universalizar su particular modo de ver las cosas a todo el mundo, haciendo tabla rasa de sus distintivos culturales, pues parece evidente que redefinir la familia equivale a redefinir a una sociedad en su conjunto.

Con todo, debe tenerse en cuenta que esta resolución va contra corriente en el ámbito internacional (tanto de la ONU, la OEA y la UE) respecto de la postura mayoritaria pro género, y habrá que ver si toma fuerza en el futuro.

La segunda arista es interna, de cara al país: consiste en que actitudes como esta (y lo mismo puede decirse respecto del apoyo de la delegación chilena al llamado ‘derecho al aborto’ en la ONU hace algunas semanas atrás) muestran muy a las claras la agenda valórica del actual gobierno, que literalmente, quiere cambiarlo todo, en sintonía con esta corriente mayoritaria del ámbito internacional.

Es por eso que la actual situación debe ser tenida muy en cuenta para no engañarnos: tanto por presiones internacionales, como por modificaciones que pretenden hacerse –y en parte se han hecho ya– a nuestro orden jurídico interno, se quiere modificar profundamente nuestra sociedad.

Lo anterior es mucho más grave que las conocidas y debatidas reformas al sistema tributario y educacional, que tanto han llamado nuestra atención en los últimos meses. Aquí, con toda seguridad, puede hablarse no de una “aplanadora”, sino de una “retroexcavadora” que pretende cambiar totalmente la geografía cultural de nuestro país, fruto de una completa reingeniería social que está en marcha desde hace tiempo.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El aborto terapéutico y sus engaños

Mucho se ha dicho respecto de esta iniciativa del gobierno, defendida en no pocos casos con slogans y consignas que se pretenden verdaderos dogmas. Es por eso que resulta difícil hacer entender con hechos y razonamientos (no con argumentos religiosos) a algunos que en el fondo, no quieren ni pretenden entender.

Vamos a los hechos. Se dice que el aborto terapéutico disminuiría la mortalidad materna. Falso: Chile tiene la segunda tasa más baja de mortalidad materna de América (superado sólo por Canadá), proceso que comienza desde 1989, precisamente cuando se eliminó el aborto terapéutico. Reponerlo no hará sino aumentar esta cifra, sencillamente, porque el aborto es una intervención peligrosa también para la madre (y obviamente para el hijo, el gran ausente en este debate). Esto sin perjuicio de los casos lícitos, practicados y documentados, de abortos indirectos, producidos involuntaria pero inevitablemente, al combatir el mal que aqueja a la madre, no eliminando directamente al no nacido.

La violación: aun siendo una situación espantosa, es muy raro que resulte un embarazo de una violación esporádica; suele ocurrir cuando ella es una situación reiterada. Permitir el aborto no sólo agrega al trauma de la violación uno nuevo (el síndrome post aborto), sino que además, permite perpetuar la situación de abuso, pues el violador será el más interesado en que se aborte.

Por otro lado, la noción de “violación” está comenzando a hacerse cada vez más amplia, y se exigen menos requisitos para probarla, con lo que al final, se abre una peligrosa puerta para el aborto a voluntad.

La inviabilidad del feto: además del síndrome post aborto, el problema es que con este argumento se está realizando una eutanasia intrauterina, sin perjuicio de los posibles errores de diagnóstico y de eventuales laxitudes respecto de la “viabilidad” del no nacido.

Finalmente, si tanta importancia se da actualmente al genoma humano, viendo en él la explicación para todo lo que nos ocurre o podría ocurrirnos, llama poderosamente la atención que en el caso del recién concebido, dicho genoma –que aparece con toda claridad– sea ignorado como dato de la causa, llegando incluso algunos a dudar –curiosamente, se insiste– en su pertenencia a la especie humana.

Y es este el aspecto verdaderamente importante: qué es (o mejor, quién es) el concebido, cuya puesta en duda resulta más llamativa hoy, que tanto se alega contra la discriminación arbitraria. Ello, porque no hay nada más arbitrario que desconocerle su calidad a alguien. De este modo, por muchos intereses o buenos deseos que existan, no podemos ni tenemos nunca derecho a matar a un ser humano inocente.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Interventor de Universidades #Chile

 El proyecto de ley que crea el Administrador Provisional y el Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior (Boletín 9333–04), más conocidos como “interventores”, requiere, en razón de su trascendencia, de un debate mucho más profundo y largo de lo que permite la “suma urgencia” que le ha asignado el gobierno.

Parece claro que una regulación que establezca mecanismos para ayudar a instituciones en crisis, o incluso para tramitar su cierre y que perjudique lo menos posible a los estudiantes, es necesaria, siempre que esto no permita “crear” dichas crisis ni en el fondo, expropiar instituciones de educación superior, terminando así con la libertad de enseñanza. Y si bien se han formulado algunas indicaciones al proyecto original, aún existen muchos aspectos delicados.

Uno que merece mucha atención apunta a las facultades que tendría este “interventor”. Es por eso que se ha tendido a limitarlas. Así, originalmente podía revisar con amplísimos poderes –e incluso revocar–, todos los contratos realizados por la institución hasta dos años antes de su nombramiento, lo cual claramente afectaba al derecho de propiedad, siendo por ello, inconstitucional. Ahora, sólo podría impugnar los contratos realizados de mala fe y con entidades relacionadas a la institución, y además –como debe ser–, con intervención de los tribunales.

Un segundo aspecto importante es que se han dado más facultades al Consejo Nacional de Educación, elevándose los requisitos para la toma de decisiones, a fin que el Ministerio respectivo no actúe prácticamente solo, con todos los peligros de abuso que esto conlleva. Sin embargo, estas instituciones vienen a ser, en el fondo, jueces y partes, al punto que no es posible –como en otras situaciones en que interviene algún órgano de la administración del estado– recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para impugnar su decisión –salvo mediante un recurso de protección–, lo que resulta inaceptable.

Pero además, si se analiza el espíritu del proyecto, se aprecia claramente que la intención de sus promotores apunta más a regularizar la situación económica de la institución intervenida, que a velar por la real calidad de los servicios que presta; es decir, el “interventor” posee mayor semejanza a un gerente, o en su caso, a un síndico de quiebras, que a una autoridad que tenga como primera prioridad –como tanto se ha dicho–, velar porque los estudiantes reciban una educación de calidad. Sin duda alguna, este es un aspecto fundamental que requiere mejorarse.

Es de esperar, pues, que se produzca un profundo debate, para que este tan importante proyecto de ley no devengue en totalitario.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un horizonte lleno de dudas: Chile después de las elecciones

Tal como se preveía, Michel Bachelet ha sido elegida en segunda vuelta con una amplia mayoría. Con todo, dada la altísima abstención (cercana al 60%), el 62% obtenido de los votos válidamente emitidos hace que en realidad, haya sufragado por ella alrededor del 25% del electorado total; aspecto no menor, dadas las profundas reformas que ahora, con bastante más claridad, se han anunciado luego del triunfo.

​Es de esperar una verdadera avalancha de modificaciones de todo tipo, dadas las mayorías parlamentarias obtenidas, razón por la cual, algunos prevén que no quedará “títere con cabeza”, como se dice.

​Ahora bien, en un escenario en el cual se han anunciado cambios mayúsculos –asamblea constituyente incluida–, al punto que como señaló Evelyn Matthei, “se quiere cambiar la casa en la que vivimos”, no es de extrañar que la bonanza económica a la que tanto nos hemos acostumbrado –y que tan profundamente ha cambiado nuestra forma de vida en las últimas décadas–, sufra una desaceleración no menor, no sólo impulsada por la economía global, como suele decirse (de hecho, hasta hace algunos meses, esa situación global apenas influía en nosotros), sino sobre todo, por estos cambios anunciados.

​En efecto: ¿qué inversionista extranjero va a arriesgar su capital, no teniendo claras las reglas que se le propondrán en unos pocos años o meses más? Lo lógico será aguardar a que decanten esas vociferadas modificaciones, para ver si, dadas esas nuevas condiciones, invierte aquí o en otro lado. En consecuencias, aun cuando no se hicieran grandes reformas, el mero anuncio de cambios ya produce una merma en este sentido.

​Lo anterior significa que en pocos años, este nivel de vida al que estamos tan acostumbrados podría cambiar notablemente. Esto es importante, porque a momentos, da la impresión que se pensara que este dinamismo económico seguirá igual que antes, como por inercia, lo que es fundamental para la obtención de recursos vía impuestos, como pretende la reforma tributaria anunciada. Sin embargo, no es improbable que si esta reforma se lleva a cabo, en un principio suba la recaudación, pero a costa, como se ha dicho, de “matar la gallina de los huevos de oro”, como también se dice; o sea, “pan para hoy, hambre para mañana”.

​Por tanto, en lo que se refiere a bienestar económico, por alguna parte tendremos que perder, pues tal como pretenden hacerse las cosas, parece imposible mantener el crecimiento económico (con sus lógicas altas y bajas), fruto de este modelo tan criticado últimamente –pero que nos ha diferenciado con holgura de nuestros vecinos– y al mismo tiempo, cambiar dicho modelo por más Estado y gastar casi lo que no tenemos en un montón de beneficios sociales que han sido la promesa fundamental para llegar al poder. El problema se agrava, además, porque las aspiraciones pueden llegar a ser insaciables…

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián, Chile.

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De cara a las elecciones en Chile: «¿Demasiado bueno para durar?»

Da la impresión que nuestros países no supieran apreciar lo que tienen, lo cual parece acentuarse cuando ya han logrado ser satisfechas un cúmulo de necesidades precisamente gracias a lo que tienen. Dicho de otra manera: es como si superado cierto umbral de bienestar, mucha gente olvidara lo que ello ha costado y lo difícil que es mantener dicha situación y, dando casi por descontada su actual estado de cosas (y casi como si tuvieran derecho a conservarla sin más), se lanzara en pos de ideales que ponen en peligro lo alcanzado.

            Esto es lo que puede ocurrir en Chile, tal como se presentan las cosas. Ello, porque pareciera que casi todos los candidatos de la oposición a la presidencia compiten por ver cuál propone un plan de gobierno más antisistémico y reaccionario, que trastoque hasta más no poder, las reglas del juego que, si bien con falencias, han conseguido que Chile sea visto con admiración y hasta con envidia por nuestros vecinos e incluso por países lejanos.

            Dicho de otra manera: ¿para qué experimentar con otros modelos y con modificaciones de muy grueso calibre (como por ejemplo, una nueva Constitución, lo que viene a ser un cheque en blanco), siguiendo en muchos casos ideas y modelos adoptados por nuestros vecinos, que han demostrado de sobra ser un completo fracaso? A fin de cuentas, la mejor prueba de que las cosas funcionan es verlas en la práctica, y Chile claramente se encuentra en una situación de privilegio en el continente, que recuerda el sitial de preminencia que tuvo en el siglo XIX.

            Sin embargo, tal como en ese entonces, las malas decisiones echaron por tierra lo que se había conseguido con tanto esfuerzo, relegando a nuestro país a un papel absolutamente mediocre durante la mayor parte del siglo XX. Y hoy podríamos estar ad portas de un giro semejante. En efecto, si han sido la libertad y la iniciativa las principales fuerzas que han hecho progresar al país, ¿para qué queremos más Estado y un intervencionismo (en educación, en la familia, en impuestos, etc.) que da un poder inusitado a los gobernantes?

            De ahí que resulte imposible no concluir que existen sectores que no toleran que el país progrese y que se enfocan con una mirada casi enfermiza, solo en lo negativo, proponiendo reformas descomunales que amenazan con echarlo todo por tierra, tanto en lo valórico como en lo económico. Y por supuesto, todo lo que no haya salido de sus propias manos (incluyendo el modelo económico que han mantenido a su pesar) es ahora considerado el peor de los males. Parece así que ha sido demasiado bueno para durar.

            Chile se encuentra así en un momento decisivo de su historia: entre seguir con su actual modelo, si bien éste requiera ajustes, o dar un auténtico salto al vacío. Y esto no es una política del terror: es simplemente objetividad. ¿Sabremos apreciar lo que aún tenemos?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El aborto terapéutico

Chile tiene el índice de mortalidad materna más baja, inclusive que EUA y tiene el aborto terapéutico prohibido.

Como era de esperar, el caso de Belén sigue levantando polémica, pese a que ella ha decidido tener a su bebé. Con todo, da la impresión que para algunos, sólo se ejerce la libertad si se decide eliminar al no nacido, la otra víctima, completamente inocente, de este lamentable hecho.

Este asunto tiene muchas aristas, lo que obliga hablar sólo de algunas de ellas, todas no religiosas, por cierto:

En primer lugar, se ha dicho que el cuerpo de Belén no estaría preparado para dar a luz. Con todo, se olvida que Chile tiene el segundo índice de mortalidad materna más bajo de América (incluso sobre Estados Unidos, superado sólo por Canadá), el cual ha disminuido sobre todo desde la derogación del aborto terapéutico en 1989, según demuestra un notable estudio del Dr. Koch y otros, de hace un par de años, entre otras cosas, porque el aborto es un procedimiento peligroso también para la mujer.

Es así como por ejemplo, hace algunos años hubo un caso de una mujer muy pequeñita (una “enanita”, se diría de forma vulgar), que quedó embarazada y se vaticinaron todo tipo de males –produciéndose una polémica parecida a la actual, aunque menos intensa–, aconsejándose el aborto. Al final, tuvo a su bebé y como si fuera poco, ¡a los pocos años tuvo otro más!

Desde otra perspectiva –y es algo que se ha dicho poco–, si se permite el aborto en caso de violación, se puede dar el trágico hecho que el violador obligue a su víctima a abortar, con lo cual no sólo quedaría en la impunidad, sino que podría continuar perpetrando su abuso indefinidamente. La prohibición del aborto facilita así descubrir al delincuente.

Con todo, uno de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en todo esto, es que para muchos, cualquier aborto es “terapéutico”, pues el concepto de “salud” de la madre se hace omnicomprensivo, y en el fondo, el no nacido es tratado, aunque cueste creerlo, como una enfermedad de transmisión sexual. Igualmente, debe tenerse en cuenta que a nivel internacional se está produciendo una peligrosa ampliación de lo que se entiende por “violación”.

También existen múltiples estudios que prueban los nefastos efectos del “síndrome post-aborto”, lo que sólo viene a empeorar la situación de la madre víctima, que ya tiene bastante con superar el trauma de la violación.

Por último –a mi juicio lo más importante–, entre otros argumentos, debe recordarse que la “solución” que se pretende es matar a un ser humano, el no nacido, quien no tiene culpa alguna de nada de lo ocurrido y seguramente es el más inocente en toda esta situación. Lo mínimo que se puede exigir es que se lo respete y se lo deje vivir. Ya verá la madre si lo cría ella o lo entrega en adopción.

En fin, hay varias razones más para defender la vida del no nacido, ninguna de ellas “religiosa”, como muchos dicen.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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