¿Una democracia funcional?

Un no, es un no. Y es eso lo que expresó por abrumadora mayoría el pueblo de Chile el 4 de septiembre pasado, sobre todo esa mayoría silenciosa que generalmente no vota, por desinterés, por desilusión, por apatía, por cualquier causa, pero siempre en el fondo, debido a su desencanto con la democracia y la clase política.

            Además, al haber sido obligatorio, este plebiscito tiene mucho más valor que el plebiscito de entrada, pues nunca antes en nuestra historia había sufragado tanta gente. Si se quería realmente un veredicto popular, aquí está su mejor demostración.

            Se reitera: de acuerdo con la legalidad ad hoc confeccionada para la ocasión, en el primer plebiscito (con voto voluntario) se preguntó si se quería una nueva Constitución y el mecanismo para proponer un texto. Nada más. Y se estableció claramente que en caso de rechazarse el texto en el plebiscito de salida (obligatorio y con muchísima más participación), sigue vigente la actual Carta Fundamental. Por tanto, si se quiere realizar un nuevo proceso, dada esta nueva modalidad, se requiere de otro plebiscito de entrada, así como otro de salida.

            En caso contrario (esto es, si torciendo su sentido, se considera que el plebiscito de entrada es suficiente para iniciar sin nueva consulta un nuevo proceso), ello querría decir que habría que repetirlo indefinidamente hasta que el pueblo por fin acepte alguna de las propuestas que se le hagan, plegándose así a la voluntad o al capricho de nuestros dirigentes.

            Por tanto, si se quiere una constitución democrática, lo menos que puede exigirse es que se respeten las reglas del juego establecidas por los propios interesados.

            Sin embargo, pese a lo claro de estas reglas del juego y sobre todo de su desenlace, salvo honrosas excepciones, nuestra clase política insiste en realizar un nuevo proceso constitucional, contra viento y marea. De nada importan los problemas que realmente aquejan a la ciudadanía. La principal preocupación de nuestros servidores públicos es de confeccionar un nuevo traje para estar más cómodos en su labor.

            Incluso, no han faltado figuras que literalmente han insultado a la ciudadanía, tildándola de ignorante, atrasada y hasta poco inteligente; a diferencia de ellos, claro, nuestros iluminados. Menos mal que contamos con su presencia. ¿Qué haríamos sin ellos?

            Más allá de hechos y sarcasmos, lo que debe realmente inquietarnos es hasta dónde es real la democracia que tenemos, o se trata simplemente de una pantalla, de una apariencia para legitimar decisiones que ya se encuentran tomadas de antemano por nuestros gobernantes. ¿O es que la democracia sólo vale y es valorada por ellos cuando acepta sus decisiones, cuando avala sus proyectos, cuando apoya sus planes?

            Lo anterior querría decir que la ciudadanía es simplemente la tramoya de una democracia funcional que no decide nada, sino que simplemente legitima con una apariencia de autodeterminación los deseos de la clase gobernante, a fin de que no se note que es una tiranía. Lo cual lleva a preguntarse, con justa razón, para qué seguir con la farsa.

            En efecto, si la decisión popular sólo es respetada y ensalzada cuando se pliega a los caprichos de nuestra clase dirigente, no sólo habría que repensar profundamente nuestro sistema político, sino, además, surge la pregunta de a quién sirven, pues claramente al pueblo no. Y la respuesta da sólo dos posibilidades: a ellos mismos, o a alguien superior.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

EL PELIGRO DE LA TENTACIÓN TOTALITARIA

Aquel 9 de noviembre de 1989, cuando los alemanes disidentes demolían el Muro de Berlín, parecía un sueño largamente esperado por millones de personas, no sólo en aquellas naciones dominadas por el Comunismo, sino en todos los ciudadanos del mundo libre que se oponían a ese sistema totalitario marxista-leninista, que despreciaba y no reconocía ningún derecho humano. Los berlineses del Este y del Oeste, al atravesar el Muro derruido, se abrazaban y gritaban de júbilo. Por fin, muchas familias se volvieron a reunir, después de tantos años de separación forzada.

Por esos años, el gobernante de la URSS, era Mijaíl Gorbachov (recién fallecido), desde 1985 a 1991. Fue impulsor de movimientos políticos y económicos renovadores, como la “Glásnost” y la “Perestroika”. Durante las elecciones presidenciales de junio de 1991, Boris Yeltsin salió electo como Presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia con el 58% de los votos.

En forma inesperada, en agosto de 1991, un grupo de comunistas de la “vieja guardia” intentaron dar un golpe de estado, pero fracasaron. Fueron unos días bastante tensos y críticos en que parecía que se vendrían abajo todas las libertades conquistadas. Me parece que resulta inolvidable la figura de Yeltsin montado sobre un tanque ruso, con un micrófono, exhortando a la desobediencia civil contra “los golpistas”, dispuesto a defender con su vida la libertad de su Patria.

Boris Yeltsin, quien gobernó de1991 a1999 -para sorpresa del mundo entero-, el 21 de diciembre de 1991 disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A esos países les proporcionó independencia y autonomía. Un mes antes, el 6 de noviembre de 1991, Yeltsin había prohibido el Partido Comunista Soviético. Se comenzaban a respirar nuevos vientos de libertad.

El 25 de diciembre de 1991, precisamente en la noche de Navidad, por vía televisiva, Mijaíl Gorbachov afirmó, delante de millones de telespectadores: “que el antiguo sistema (la URSS) se había derrumbado antes de que empezara a funcionar el nuevo sistema”, a la vez que anunciaba su renuncia total al Sistema Comunista Soviético. Desde luego, ese inolvidable1991 fue un año de trascendentales cambios para Rusia y esos países subyugados bajo de Comunismo de Europa del Este. En general, entre algunos intelectuales y académicos, se consideraba que -después de la disolución de la URSS- el marxismo-leninismo prácticamente estaba aniquilado. Pero, sin duda, era una visión ingenua y exageradamente optimista porque los seres humanos -a lo largo de la Historia- han mostrado que tienen la tendencia a imponerse sobre los demás y tomar el control político de una nación o de una institución.

Por ejemplo, en la China Comunista, desde 1949 con Mao Tse Tung, poseía un tremendo poderío militar, económico y humano. Y se hablaba del “despertar de ese gigante dormido” que en pocos años asombraría al mundo, como de hecho así ha ocurrido. Mismo caso, del Comunismo de Corea del Norte, establecido en 1948; Cuba, desde 1959, se encuentra bajo un férreo régimen marxista que parece no tener fin. En Laos, se instauró el Comunismo desde 1975, al término de la Guerra de Vietnam. Éste último país, al siguiente año, se declaró marxista-leninista. Otro país que tomó el mismo rumbo es: Nicaragua, con Daniel Ortega, que sucedió a Doña Violeta Barrios de Chamorro. Ortega ha sido Presidente desde 2007. A partir de ese año no ha dejado el poder político, al estilo de Fidel Castro. Es decir, en ambos casos se cancelaron las elecciones democráticas, los derechos humanos y se cayó en una dictadura.

En el caso de Venezuela, Hugo Chávez fundó el “Movimiento Bolivariano Revolucionario”. En 1992, Chávez encabezó un fallido golpe de Estado contra “Acción Democrática” del Presidente Carlos Andrés Pérez. Y a raíz de su fracaso fue encarcelado. Pero un par de años después, fue liberado de la prisión por el Presidente Rafael Caldera, de la Democracia Cristiana y en su Segundo Mandato (1994-1999), debido a que consideró que “faltaban pruebas suficientes” para que estuviera encarcelado. En realidad, el Estadista Caldera vio conveniente apoyar a los pequeños partidos de izquierda. Hugo Chávez era un oficial de carrera del ejército. Fundó el Partido Político “Movimiento Quinta República”. Fue electo Presidente de Venezuela en las elecciones de 1998. Tras años de turbulencia política en ese país, fue reelegido en 2006 y volvió a obtener la victoria en 2012. Un año antes le habían diagnosticado cáncer y falleció en Caracas en 2013, contando con casi sesenta años. Le sucedió Nicolás Maduro.

Ahora bien, ¿Qué pasos suele dar una democracia cuando pretende imponer el comunismo en un país? 1) Se promueve una fuerte división social entre las clases económicamente desahogadas (que son llamados “los malos”) y el pueblo proletario (que invariablemente son considerados “los buenos”). Les llueven adjetivos negativos a los empresarios y personas adineradas, como: burgueses, ultraconservadores, neoliberales, extremistas de derecha, etc.; 2) Históricamente el comunismo, poco a poco va controlando los medios de comunicación para manipular la información y se termina suprimiendo la libertad de prensa. 3) El Estado se convierte en el supremo rector de la Economía y único promotor de empleos. A las empresas independientes se les tiende a controlar con auditorías, o bien, se les satura con excesivos impuestos, de ordinario, difíciles de cumplir hasta el último detalle. 4) Se mira con desconfianza a las sociedades intermedias que muchas de ellas son de carácter filantrópico, altruistas y de apoyo social a los más necesitados; 5) En algunos casos, se expropian los bienes de “la clase burguesa” en beneficio del pueblo; 6) Se suprime la propiedad privada de los medios de producción; 6) Se aprueban leyes contra los no nacidos; se promueven a los homosexuales (en todas sus variables); 7) Se busca destruir los valores de la familia; 8) Se toma el control de la educación para indoctrinar de marxismo a los alumnos; 9) La errónea Economía de Estado lleva el país a la quiebra y, a continuación, surge una fuerte la Inflación y escasez de alimentos y medicinas. Bolivia y Ecuador que se autodenominan “socialistas”, lo más probable es que terminen siendo países comunistas.  Es evidente la trayectoria que lleva México, que ha tomado como modelo a Hugo Chávez y a su “Revolución Bolivariana”. Da toda la impresión que terminará por ceder ante “La Tentación Totalitaria”. En conclusión, recomiendo la lectura del artículo: ”LOS 5 ERRORES FUNDAMENTALES DEL MARXISMO”, que se puede encontrar en: https://www.mises.org.es/2015/01). Y para repasar conceptos básicos sobre el capitalismo responsable también es aconsejable la lectura del portal de la “Escuela Austriaca de Economía e Ideas de Libertad”.

LAS CUATRO MATERIAS BÁSICAS DE TODA CONSTITUCIÓN

Acercándose la votación del 4 de septiembre, resulta obligado abordar los contenidos básicos que debiera tener toda Constitución, y cómo los trata el texto propuesto.

    Tradicionalmente se señala que como mínimo, una Constitución debe regular cuatro cosas: la forma del Estado, la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado, los derechos humanos o fundamentales, y los mecanismos de reforma de esa Constitución.

    En cuanto a la forma del Estado, tradicionalmente se distingue entre los unitarios y los federales, siendo su diferencia básica, la concentración del poder en un único centro en los primeros, y compartido entre este centro y los Estados que componen ese país, en el segundo. En el proyecto se consagran las “autonomías” respecto de los pueblos originarios, convirtiendo a estos territorios, aún por determinar, casi en regiones independientes (¿en otro país?) y con un poder desproporcionado sobre las decisiones del resto de los chilenos.

    Respecto de la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado, no sólo se multiplican las entidades públicas de todo tipo, metiéndose en todas las esferas de la vida, sino que el equilibrio y limitaciones a su respecto (elemento clave de toda Constitución), brilla por su ausencia, generando en particular, una cámara de diputados casi todopoderosa.

    Por su parte, en lo que se refiere a los derechos humanos o fundamentales, igualmente se produce una auténtica “inflación” a su respecto, sobre todo de los derechos sociales, siendo un completo misterio cómo se sustentarán los cuantiosísimos gastos, tanto ocasionales como permanentes que conlleva su realización. Lo anterior, máxime si fruto del intervencionismo estatal recién señalado, la actividad económica se verá tremendamente desincentivada. Esto hace que muchos de estos derechos seguramente queden en el papel, además de una posible judicialización extrema a su respecto, precisamente por prometer lo que el país no puede dar.

    Finalmente, en cuanto a los mecanismos de reforma, es necesario antes explicar algo. 

    En sí misma, esta materia es muchísimo más específica que todas las anteriores, lo que puede llamar la atención. Sin embargo, resulta de la máxima importancia, pues de esto depende la vida de la Carta Fundamental. Ello, porque como toda obra humana, obedece (o debiera obedecer) a las circunstancias de su tiempo. Sin embargo, estas circunstancias van cambiando, lo que obliga a modificar las normas producidas a la sombra de otra realidad, para que sigan sirviendo en el presente. En caso contrario, las constituciones se fosilizan y pierden paulatinamente aplicación en los hechos, haciéndose nominales. De ahí la crucial importancia de contar con adecuados mecanismos de reforma: ni muy fáciles, para que la Constitución no se transforme en un traje a la medida del gobierno de turno, dejando de limitar su poder; pero tampoco demasiado difíciles, para evitar en el fondo, su suicidio.

    Ahora, los mecanismos de reforma de la propuesta de nueva Constitución son muchísimo más difíciles que los de la actual (aspecto que se le criticaba mucho), sin perjuicio que para casi todo, habría que solicitar el parecer a los pueblos originarios, con lo cual, esta Carta Magna se hace prácticamente inmodificable, o como se conoce en jerga constitucional, “pétrea”. De ahí que resulte inviable la fórmula “aceptar para reformar”.

    Por tanto, hay que tomar en cuenta estos cuatro aspectos al momento de votar.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Qué tipo de sociedad queremos?

Como resulta obvio, son muchas las reflexiones que pueden hacerse a partir de la última elección, que incluso en algunos aspectos debieran ser objeto de estudio entre otros, por los especialistas en ciencia y filosofía política. Comentaremos al voleo algunas de ellas, referidas sobre todo a los resultados del sufragio presidencial.

            Una primera cosa que llama la atención es la baja votación que obtuvieron varios candidatos que o eran conocidos desde hace tiempo (algunos incluso habiéndose presentado en otras ocasiones) o contaban con el respaldo de los partidos tradicionales más importantes. De entre las muchas lecturas que lo anterior suscita, una muy verosímil es el cansancio o desilusión que parecieran generar los políticos y los partidos tradicionales en un segmento cada vez mayor de la población. Da la impresión que muchos se han aburrido de votar por el “mal menor”, que en no pocas ocasiones ha terminado siendo una opción tanto o más mala que la que se quería evitar y en el fondo, contra la cual se sufragó al elegir a la supuestamente contraria.

            De hecho, pareciera crecer en gran parte del electorado la sensación que en buena medida, estos sectores tradicionales son más aliados entre sí que verdaderos competidores, como se presentan oficialmente. Y que ellos operan en una especie de mundo paralelo, siendo cada vez más impermeables a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la población.

            Otro aspecto llamativo es la votación que obtuvieron candidatos o partidos nuevos, no alineados con las posturas tradicionales. Incluso uno de los candidatos ni siquiera está en Chile, quedando tercero en las preferencias. Este hecho sin duda debe ser estudiado científicamente en el futuro inmediato. Otro signo más que indica el cansancio aludido, lo que hace buscar nuevas alternativas para que el clamor de muchos votantes sea realmente escuchado.

            Un tercer elemento interesante es que en atención a las candidaturas presentadas, fueran las posturas más extremas de este abanico las más votadas. Otro factor que parece indicar que las posturas de centro no atraen demasiado, precisamente por ser cada vez más impermeables a las necesidades de vastos sectores de la población.

            En cuarto lugar, lo anterior significa que esta segunda vuelta tiene bastante más importancia que las situaciones análogas que se han dado en elecciones anteriores. Ello, pues el concepto de sociedad que representa uno y otro candidato no pueden ser más antagónicos, que simplificando mucho las cosas, podría resumirse en el binomio estatismo-libertad. De ahí la trascendencia del presente caso, que permitirá saber qué tipo de sociedad queremos.

            Finalmente, es de esperar que el actual proceso constituyente no busque interferir a posteriori cambiando las reglas del juego de esta elección, dependiendo de quién sea el ganador del 19 de diciembre. No sólo sería una actuación ilegítima, sino que además estaría desconociendo la voluntad popular, que ha sido, no hay que olvidarlo, la que ha dado vida a la Convención Constitucional.

            Como se ve, se trata de una elección crucial, razón por la cual todos debemos votar. Ante una situación tan trascendente, no tendrá después derecho a alegar por lo que ocurra quien no cumpla con este grave deber cívico.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿El punto débil de nuestro sistema electoral?

La verdad es que en los varios años que llevo escribiendo en este diario, no creo recordar otra columna en que comparta una experiencia personal como en este caso, lo que también me lleva a escribir en primera persona, cosa que no suelo hacer.

            La razón de lo anterior radica en la crucial importancia que tienen las próximas elecciones, situación que justifica de sobra a mi juicio lo que se va a decir a continuación.

            Empecemos. En la penúltima elección me tocó ser apoderado de local en la ciudad de Concepción. Para ello, junto a muchos otros voluntarios, recibí por Zoom la formación básica para poder desempeñar esa labor, experiencia que resultó muy interesante.

            Ahora bien, dentro del curso que se nos impartió (de varias sesiones), se nos señaló expresa y reiteradamente que los apoderados de local tenían no solo el derecho, sino también el grave deber de estar presentes en la sala de digitación del local, en la cual como su nombre indica, se digitan los datos obtenidos de las actas de cada mesa luego del escrutinio, a fin de transferir la información final a la base central del Servel.

            La importancia de esta etapa final del conteo de los votos resulta evidente, lo que explica la insistencia en fiscalizar este momento crucial, del cual depende, ni más ni menos, que el cómputo final que dirime los ganadores del proceso eleccionario.

            Sin embargo, profunda fue mi sorpresa y desagrado, cuando llegado el momento de ingresar a la sala aludida, se me informó con absoluta indolencia que ello no era posible. Extrañado, señalé que de acuerdo con la formación que había recibido, tenía derecho a presenciar el proceso de digitación. Finalmente, y luego de llamar, según se me dijo, a la autoridad regional, se me denegó el acceso. Con lo cual este proceso fue realizado, al menos en ese local, a puerta cerrada y sin la fiscalización de nadie ajeno al sistema.

            Se comprende sin ninguna dificultad lo irregular de la situación. Es precisamente por eso que el proceso electoral contempla una serie de resguardos, para que la información se maneje a la luz, evitando los secretismos y, en consecuencia, posibles fraudes. Ello, pues la tentación de alterar los resultados para el candidato propio están a la orden del día.

            Sin embargo, todos estos remedios para evitar el fraude se van al tacho de la basura si en el momento decisivo no hay fiscalización. Esta situación es inaceptable, y proyecta una oscura sombra de duda sobre todo el proceso. Espero que nadie se ofenda, pero habría que ser demasiado iluso para asegurar que en esta instancia informática resulta imposible falsear los datos.

            Por eso lo anterior hace más necesario aún contar con apoderados de todos los candidatos en todas las mesas, a fin de que cada grupo pueda acceder a la información y enviarla a su vez a sus bases centrales, lo que hoy es muy fácil gracias a las redes sociales.

            He querido así compartir esta desagradable experiencia ad portas de la próxima votación, a fin de que el mayor número posible de personas sea consciente de este delicado e inaceptable punto débil que, al menos desde mi experiencia, presenta nuestro sistema electoral. Situaciones como esta no pueden volver a ocurrir, pues hacen que todo el sistema democrático –digámoslo de manera suave– pueda no servir para nada.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Un proceso soberano y democrático?

Como hemos dicho otras veces, resulta fundamental que un evento político tan trascendente para nuestro país como lo es el actual proceso constituyente sea objeto del máximo escrutinio y debate, propio de cualquier sociedad democrática que se precie y que no sea solo una apariencia de tal.

            Aclarado lo anterior, el tema que queremos comentar en esta oportunidad, que pese a su enorme trascendencia no ha recibido ni de lejos la atención ni el debate que merece, es la inquietante y cada vez mayor injerencia de diversos organismos e instancias internacionales de todo tipo en el que se supone, es “nuestro” proceso para generar una nueva Constitución.

            En efecto, tanto las mayores autoridades de la Convención como diversas comisiones, se muestran cada vez más abiertas y dispuestas a generar todo tipo de lazos con entidades foráneas, a fin de que ellas “asesoren” y eventualmente “guíen” nuestro camino constituyente. Y eso que siempre se dijo que en esta oportunidad –ahora sí–, se trataría de un proceso genuinamente representativo de los chilenos, popular y soberano, no dependiente de cúpulas y sectores alejados de la base ciudadana, a fin de plasmar en la nueva Carta Fundamental nuestras verdaderas intenciones y aspiraciones.

            Sin embargo, el 23 de agosto se firmó un Convenio de Colaboración con el Sistema de Naciones Unidas (que abarca a casi todos sus organismos) para la redacción de la nueva Constitución. Igualmente, “la OCDE asesorará a Chile en la redacción de la nueva constitución y acompañará el proceso”, según se leía en un titular hace pocos días.

Por otro lado, han existido varias reuniones con embajadores de la Unión Europea y con diversos organismos y ONGs internacionales, que poco o nada tienen que ver con el sentir popular, nuestras necesidades y aspiraciones. Finalmente, y como si fuera poco, el PNUD envío recientemente una serie de “recomendaciones” para el establecimiento de normas y conductas de la Convención.

            Ahora bien, pareciera que todo esto estaría vinculado con compromisos anteriores ya asumidos antes de nuestro proceso constituyente, como el de 2019, consistente en un Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible con la ONU para avanzar en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

            De este modo, se está produciendo una peligrosa, desconocida, creciente, no controlada ni tampoco solicitada injerencia de organismos internacionales de todo tipo –cuyo actuar no es fiscalizado por nadie– sobre nuestro proceso constituyente, supuestamente soberano. Con lo cual, surge cada vez más la impresión que la Convención –o al menos la mayoría de ella– es una caja de resonancia de lo que señalan estas instancias internacionales y no de lo que desea nuestro país. Situación que al menos debiera ser fuerte e insistentemente denunciada por quienes, dentro de este organismo, no estén de acuerdo con ella.

            ¿Es esto lo que realmente se prometió? ¿Es este el proceso popular, soberano y democrático que nos ofrecieron? ¿Es esto verdaderamente por lo que se votó? De hecho, y ante la cada vez mayor osadía de nuestros convencionales y de esta injerencia internacional, ¿dejarán expresarse a este pueblo, al que en teoría sirven, en un plebiscito de salida? Es más: ¿habrá plebiscito de salida?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un proceso cada vez más cuestionable

Toda auténtica sociedad democrática exige –y de hecho es un deber grave– que la actividad de las autoridades y servicios públicos esté siempre bajo la lupa de la ciudadanía, por la sencilla razón que existen menos posibilidades de abuso mientras más ojos observen la actuación de sus integrantes, la sometan a crítica –si corresponde desde su perspectiva–, e incluso acusen irregularidades en caso de haberlas. Pretender lo contrario no sólo resulta sospechoso (quien nada oculta, nada teme), sino propio de sociedades que se acercan peligrosamente al totalitarismo.

            Es por lo anterior que una actividad tan importante para nuestro país como la que realiza la Convención Constitucional debe ser sometida al máximo escrutinio posible, por el bien general del país, y por lo mismo, su proceder a una fiscalización rigurosa y constante.

            Sin embargo, cada vez crece más la impresión en virtud de la cual, buena parte de sus integrantes se creen más allá del bien y del mal, casi como si estuvieran premunidos de un mandato divino e irrevocable, que les hubiera dado carta blanca para hacer lo que les plazca y que además, tampoco se les pedirá cuenta por su labor. En otras palabras, actúan casi como si fueran los dueños de Chile, cual monarcas absolutos, cuyo actuar estaría sobre las leyes y la misma Constitución (que hay que recordarlo: aún nos rige), pretendiendo así refundar nuestro país desde cero.

            En realidad, la conducta que hasta la fecha han tenido la mayoría de sus miembros no sólo deja mucho que desear, sino que lo único que produce es la creciente deslegitimación del proceso. Debe recordarse, aunque incomode a algunos, que existen varios vicios que de entrada ya quitan bastante legitimidad al mismo, aspectos que debieran ser tenidos muy en cuenta para no acrecentar este déficit. El primero es que en el fondo, todo este devenir ha sido fruto de la violencia, con motivo del “estallido social” de octubre de 2019; el segundo, es que el proceso de elección de los constitucionales deja bastante que desear, al existir votaciones muy bajas de muchos –demasiados– de sus integrantes, al margen de haber sufragado en dicha elección menos del 40% de la ciudadanía.

            Si a lo anterior se añade el aumento desproporcionado de las asignaciones (lo cual resulta impresentable, pues todos sabían de antemano las reglas del juego al momento de presentarse para la elección); que se pretenda no exigir ningún requisito a los futuros asesores; el menosprecio de nuestra bandera y de nuestro himno nacional; el que se pretenda que Chile deje de ser una República; la exclusión de quienes piensan distinto a la mayoría de diversas comisiones, etc., la gran pregunta que procede formular ante estas y otras conductas claramente criticables, es ¿quién les dio la prerrogativa para obrar de este modo? ¿Es que acaso nos hemos convertido en esclavos de sus caprichos?

            El hecho de haber existido una votación popular (y al margen de las críticas mencionadas más arriba), no da un poder absoluto a los sujetos elegidos por ella ni legitima de antemano todo lo que hagan. En caso contrario, no serían responsables por su actuación. La soberanía sigue radicando en el pueblo, en nuestra nación, que tiene el pleno derecho de recuperarla si se traiciona la delegación que de ella pueda haber hecho en su momento. Quien no entienda esto, no es un verdadero demócrata.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Más de lo mismo?

Como se dice vulgarmente, “el movimiento se prueba andando”. Y efectivamente, el “movimiento”, o si se prefiere, la real calidad de la labor que la ciudadanía ha encomendado a la Convención Constitucional se prueba, más allá de promesas e intenciones, por el modo real y cotidiano de comportarse, por los hechos concretos de los cuales todos somos testigos.

            Resulta indudable que el alto porcentaje obtenido por el “Apruebo”, así como gran parte de los votos que dieron un escaño a los actuales integrantes de la Convención, fue motivado en buena medida por un rechazo generalizado de la población a la actividad cotidiana de la llamada “clase política”. Y no es para menos, pues la gente está más que harta de ver, salvo honrosas excepciones, cómo esta verdadera casta que tenemos enquistada, sólo vela por sus propios intereses, importándole bastante poco el bienestar de la ciudadanía a la cual dice servir, al punto que todo aquello que beneficie a esta última siempre se haga para que los primeros obtengan una ventaja y así seguir donde están.

            En consecuencia, fue la posibilidad de dar origen a un proceso jurídico y político que en teoría estuviera al menos en parte libre de esta “clase política”, lo que atrajo la atención de la ciudadanía y explica los resultados de las anteriores votaciones.

            Sin embargo, esta creencia y esperanza de la ciudadanía que permitió la llegada de varias caras nuevas a la Convención, es al mismo tiempo una espada de doble filo, pues las deudas se pagan. En consecuencia, y más allá de las ilusiones o deseos de los votantes, resulta crucial el modo en que cumplan su misión estos convencionales, misión que es clara y exclusiva: proponer una nueva Constitución, solo eso.

            Mas, si están enfrascados en un cúmulo de rencillas que no tienen ninguna relación con la tarea encomendada, o teniéndola, pretenden imponer una visión única y dejar sin voz a los que piensan distinto; o si comienzan a exigirse un cúmulo de dádivas y privilegios y hasta se han presentado personas disfrazadas en alguna sesión, ¿existe aquí realmente esa tan ansiada diferencia respecto de la política tradicional, que fue lo que motivó a votar a la ciudadanía como finalmente lo hizo? ¿Dónde está la tan ansiada pureza de intención, o si se prefiere, el verdadero interés por el bien común que anhela esta misma ciudadanía? ¿O es que estamos nuevamente en presencia de lo mismo de siempre y todo ha sido un engaño?

            Lo hemos dicho otras veces: la labor de la Convención conlleva una enorme responsabilidad, pues en definitiva, es un servicio, no una instancia para abusar de la buena fe que ha llevado a parte de la ciudadanía a poner a sus integrantes ahí. Máxime, si como se mencionó hasta el cansancio, la idea era que por fin el pueblo se sintiera representado en este proceso.

            En realidad, lo único que se consigue con todo lo que está ocurriendo es deslegitimar este mismo proceso, pues mientras más promesas se hayan realizado antes del mismo, mayor será la exigencia por la labor realizada. O si se prefiere, hay que estar a la altura de las circunstancias. Debe recordarse además, que existe un plebiscito de salida, lo que a veces parecieran olvidar nuestros convencionales. A menos que en su embotamiento, se crean con la legitimidad y el poder para declararlo innecesario. ¿Llegarán a tanto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un servicio, no un poder ilimitado

Como no puede ser de otra forma en cualquier democracia que se precie de tal, la ciudadanía observa con atención la labor que ha ido realizando la Convención Constitucional en sus primeros días de trabajo, dada la trascendencia de su tarea. Lo cual no debe ni puede ser de otra forma, puesto que mientras más ojos estén pendientes de su desempeño, existen más garantías de llegar a un mejor resultado.

            Lo anterior significa –lo hemos dicho antes– que la tarea de los convencionales es y debe ser vista como un servicio, no como una delegación ilimitada de facultades, una hoja en blanco o un poder absoluto. Mal que mal, la legitimidad de este organismo no solo proviene de la decisión popular (de ahí su carácter de servicio), pese a la alta abstención que hubo en su elección, sino que también está condicionada al plebiscito de salida, en el cual nuevamente, este mismo pueblo puede de forma libre y soberana aprobar o rechazar la propuesta que este organismo haga.

            En consecuencia, tanto en su origen como en su fin, la Convención está sujeta a un poder más alto y por lo mismo, ello muestra que su propio poder no es total, pues en ese caso nos encontraríamos en una tiranía, no en una democracia. De ahí que deba atenerse estrictamente a la tarea que le ha sido encomendada.

            Sin embargo, no han faltado actuaciones más que criticables de varios convencionales, que muestran claramente una extralimitación de sus facultades, lo cual –hay que decirlo– viene a ser una traición a la misión encomendada por el pueblo y no hace más que deslegitimar el proceso.

            Dicho de otro modo: por muy elegidos que hayan sido la mayoría de sus miembros para este proceso constituyente (si bien en varios casos con votaciones bien exiguas), esto no les otorga ni de lejos, un poder que pretenda imponerse sobre ese pueblo que les ha delegado esta misión. De ahí que sea ilegítimo pretender “refundar” este país, como si todo lo que ha ocurrido hasta ahora, incluida su propia elección, no valiera nada o fuera inexistente.

            Si se hubiera querido un poder ilimitado a la usanza de “L’Ancien Régime”, el mismo pueblo habría tenido que desprenderse de su propia soberanía, entregándola sin condiciones a este organismo, convirtiéndolo en consecuencia en un auténtico Leviatán. Pero una posibilidad así es impensable e imposible en una verdadera democracia.

            Sin embargo, a momentos da la impresión que varios de sus miembros no pensaran así, que no fueran conscientes de la existencia de un plebiscito de salida, o que estuvieran absolutamente confiados en que la ciudadanía aprobará su propuesta de Constitución (pues es sólo eso: una propuesta). Incluso, a veces pareciera que actuaran como si éste no fuera a producirse de acuerdo a lo establecido. También y por otro lado, como si sus integrantes estuvieran por sobre la ley. Todo lo cual, repetimos, no hace más que deslegitimar el proceso.

            Por eso se insiste: es fundamental que la ciudadanía y los demás poderes del Estado estén muy atentos a los pasos que dé la Convención Constitucional, pues ella es parte de algo mucho más amplio y profundo: no solo de un Estado de Derecho, sino de todo un país que por derecho y por deber, tiene la obligación de prestar la máxima atención al devenir de este momento y que no está obligado de antemano a aprobar cualquier cosa que ella proponga.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Una elección crucial

Como es de sobra conocido, este fin de semana se define literalmente el futuro de nuestro país para muchos años y eventualmente, su destino último.

            Lo anterior no es exagerado en lo más mínimo. Y no lo es, porque del resultado que arrojen las urnas respecto de los constituyentes, dependerá el rumbo que siga nuestro país, que podría oscilar entre un relativo continuismo o un cambio radical respecto de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Mas lo claro y que nunca hay que olvidar, es que tal como las personas no tienen su futuro asegurado, lo mismo aplica a cualquier país: el éxito no es un derecho, ni tampoco debe darse por descontado. Muchos ejemplos ya existen, que muestran cómo países que iban relativamente bien encaminados, han acabado siendo Estados fallidos.

            Por eso a nuestro juicio, el primer deber es salir a votar. La actual coyuntura es tal, que resulta una incomprensible irresponsabilidad no cumplir con este deber ciudadano.

            En segundo lugar, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, es que uno de los propósitos de una constitución es limitar al poder en pro de los derechos y la libertad de los ciudadanos. De ahí que haya que mirar con sospecha aquellas propuestas que buscan acrecentar de manera desmedida el poder del Estado –y por tanto, de quienes lo detentan–, pues ya tenemos experiencia de sobra para saber que a más poder, más corrupción y abuso. El problema es que en buena medida, muchos de los que pretenden redactar esta norma fundamental, son los mismos que terminarán siendo regulados por ella. De ahí que la tentación de hacer un traje a la medida sea más fuerte que nunca. Por eso se insiste: cuidado con aquellas propuestas que abogan por entregarle todo al Estado.

            En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior, también deben mirarse con sospecha aquellas propuestas que prometan demasiado, pretendiendo que una nueva constitución arreglará como por arte de magia todos nuestros problemas. Además de ser flagrantemente falso (entre otras cosas, porque se requieren de muchas leyes complementarias), debe recordarse que la constitución y las leyes son sólo normas, que señalan lo que desde su perspectiva debe ser. Pero tal como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, lo cierto es que “el papel resiste todo”. Por tanto, hay que ser lo suficientemente realistas y maduros para no pedir o esperar más de lo que realmente se puede dar.

            Finalmente, debemos ser conscientes que todo tiene un precio, y por tanto, mientras más se ofrezca, más caro terminará costando para la ciudadanía. No sólo en recursos económicos (lo que podría generar por ejemplo, impuestos insufribles, una ruina de la clase media y una destrucción de la economía), sino también –y tal vez sobre todo– políticos. Ello, pues las dádivas que se prometan tendrán inevitablemente una contrapartida: mantener a quienes las otorgan en el poder, al punto de terminar usándose como un verdadero chantaje por quienes detentan dicho poder para conservarlo. Nada es gratis en esta vida y lo contrario, esto es, creer que todo es por nuestro bien, o que la clase política está poblada únicamente por buenos samaritanos, es pecar de una ingenuidad rayana en lo infantil. De hecho, las peores esclavitudes son aquellas que se generan al aprovecharse de la necesidad de otros.

            Todo esto y mucho más debemos tener en cuenta ante esta importante decisión que como pueblo tenemos que tomar, para no arrepentirnos después.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

1 2 3