¿Qué tipo de sociedad queremos?

Como resulta obvio, son muchas las reflexiones que pueden hacerse a partir de la última elección, que incluso en algunos aspectos debieran ser objeto de estudio entre otros, por los especialistas en ciencia y filosofía política. Comentaremos al voleo algunas de ellas, referidas sobre todo a los resultados del sufragio presidencial.

            Una primera cosa que llama la atención es la baja votación que obtuvieron varios candidatos que o eran conocidos desde hace tiempo (algunos incluso habiéndose presentado en otras ocasiones) o contaban con el respaldo de los partidos tradicionales más importantes. De entre las muchas lecturas que lo anterior suscita, una muy verosímil es el cansancio o desilusión que parecieran generar los políticos y los partidos tradicionales en un segmento cada vez mayor de la población. Da la impresión que muchos se han aburrido de votar por el “mal menor”, que en no pocas ocasiones ha terminado siendo una opción tanto o más mala que la que se quería evitar y en el fondo, contra la cual se sufragó al elegir a la supuestamente contraria.

            De hecho, pareciera crecer en gran parte del electorado la sensación que en buena medida, estos sectores tradicionales son más aliados entre sí que verdaderos competidores, como se presentan oficialmente. Y que ellos operan en una especie de mundo paralelo, siendo cada vez más impermeables a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la población.

            Otro aspecto llamativo es la votación que obtuvieron candidatos o partidos nuevos, no alineados con las posturas tradicionales. Incluso uno de los candidatos ni siquiera está en Chile, quedando tercero en las preferencias. Este hecho sin duda debe ser estudiado científicamente en el futuro inmediato. Otro signo más que indica el cansancio aludido, lo que hace buscar nuevas alternativas para que el clamor de muchos votantes sea realmente escuchado.

            Un tercer elemento interesante es que en atención a las candidaturas presentadas, fueran las posturas más extremas de este abanico las más votadas. Otro factor que parece indicar que las posturas de centro no atraen demasiado, precisamente por ser cada vez más impermeables a las necesidades de vastos sectores de la población.

            En cuarto lugar, lo anterior significa que esta segunda vuelta tiene bastante más importancia que las situaciones análogas que se han dado en elecciones anteriores. Ello, pues el concepto de sociedad que representa uno y otro candidato no pueden ser más antagónicos, que simplificando mucho las cosas, podría resumirse en el binomio estatismo-libertad. De ahí la trascendencia del presente caso, que permitirá saber qué tipo de sociedad queremos.

            Finalmente, es de esperar que el actual proceso constituyente no busque interferir a posteriori cambiando las reglas del juego de esta elección, dependiendo de quién sea el ganador del 19 de diciembre. No sólo sería una actuación ilegítima, sino que además estaría desconociendo la voluntad popular, que ha sido, no hay que olvidarlo, la que ha dado vida a la Convención Constitucional.

            Como se ve, se trata de una elección crucial, razón por la cual todos debemos votar. Ante una situación tan trascendente, no tendrá después derecho a alegar por lo que ocurra quien no cumpla con este grave deber cívico.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿El punto débil de nuestro sistema electoral?

La verdad es que en los varios años que llevo escribiendo en este diario, no creo recordar otra columna en que comparta una experiencia personal como en este caso, lo que también me lleva a escribir en primera persona, cosa que no suelo hacer.

            La razón de lo anterior radica en la crucial importancia que tienen las próximas elecciones, situación que justifica de sobra a mi juicio lo que se va a decir a continuación.

            Empecemos. En la penúltima elección me tocó ser apoderado de local en la ciudad de Concepción. Para ello, junto a muchos otros voluntarios, recibí por Zoom la formación básica para poder desempeñar esa labor, experiencia que resultó muy interesante.

            Ahora bien, dentro del curso que se nos impartió (de varias sesiones), se nos señaló expresa y reiteradamente que los apoderados de local tenían no solo el derecho, sino también el grave deber de estar presentes en la sala de digitación del local, en la cual como su nombre indica, se digitan los datos obtenidos de las actas de cada mesa luego del escrutinio, a fin de transferir la información final a la base central del Servel.

            La importancia de esta etapa final del conteo de los votos resulta evidente, lo que explica la insistencia en fiscalizar este momento crucial, del cual depende, ni más ni menos, que el cómputo final que dirime los ganadores del proceso eleccionario.

            Sin embargo, profunda fue mi sorpresa y desagrado, cuando llegado el momento de ingresar a la sala aludida, se me informó con absoluta indolencia que ello no era posible. Extrañado, señalé que de acuerdo con la formación que había recibido, tenía derecho a presenciar el proceso de digitación. Finalmente, y luego de llamar, según se me dijo, a la autoridad regional, se me denegó el acceso. Con lo cual este proceso fue realizado, al menos en ese local, a puerta cerrada y sin la fiscalización de nadie ajeno al sistema.

            Se comprende sin ninguna dificultad lo irregular de la situación. Es precisamente por eso que el proceso electoral contempla una serie de resguardos, para que la información se maneje a la luz, evitando los secretismos y, en consecuencia, posibles fraudes. Ello, pues la tentación de alterar los resultados para el candidato propio están a la orden del día.

            Sin embargo, todos estos remedios para evitar el fraude se van al tacho de la basura si en el momento decisivo no hay fiscalización. Esta situación es inaceptable, y proyecta una oscura sombra de duda sobre todo el proceso. Espero que nadie se ofenda, pero habría que ser demasiado iluso para asegurar que en esta instancia informática resulta imposible falsear los datos.

            Por eso lo anterior hace más necesario aún contar con apoderados de todos los candidatos en todas las mesas, a fin de que cada grupo pueda acceder a la información y enviarla a su vez a sus bases centrales, lo que hoy es muy fácil gracias a las redes sociales.

            He querido así compartir esta desagradable experiencia ad portas de la próxima votación, a fin de que el mayor número posible de personas sea consciente de este delicado e inaceptable punto débil que, al menos desde mi experiencia, presenta nuestro sistema electoral. Situaciones como esta no pueden volver a ocurrir, pues hacen que todo el sistema democrático –digámoslo de manera suave– pueda no servir para nada.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Un proceso soberano y democrático?

Como hemos dicho otras veces, resulta fundamental que un evento político tan trascendente para nuestro país como lo es el actual proceso constituyente sea objeto del máximo escrutinio y debate, propio de cualquier sociedad democrática que se precie y que no sea solo una apariencia de tal.

            Aclarado lo anterior, el tema que queremos comentar en esta oportunidad, que pese a su enorme trascendencia no ha recibido ni de lejos la atención ni el debate que merece, es la inquietante y cada vez mayor injerencia de diversos organismos e instancias internacionales de todo tipo en el que se supone, es “nuestro” proceso para generar una nueva Constitución.

            En efecto, tanto las mayores autoridades de la Convención como diversas comisiones, se muestran cada vez más abiertas y dispuestas a generar todo tipo de lazos con entidades foráneas, a fin de que ellas “asesoren” y eventualmente “guíen” nuestro camino constituyente. Y eso que siempre se dijo que en esta oportunidad –ahora sí–, se trataría de un proceso genuinamente representativo de los chilenos, popular y soberano, no dependiente de cúpulas y sectores alejados de la base ciudadana, a fin de plasmar en la nueva Carta Fundamental nuestras verdaderas intenciones y aspiraciones.

            Sin embargo, el 23 de agosto se firmó un Convenio de Colaboración con el Sistema de Naciones Unidas (que abarca a casi todos sus organismos) para la redacción de la nueva Constitución. Igualmente, “la OCDE asesorará a Chile en la redacción de la nueva constitución y acompañará el proceso”, según se leía en un titular hace pocos días.

Por otro lado, han existido varias reuniones con embajadores de la Unión Europea y con diversos organismos y ONGs internacionales, que poco o nada tienen que ver con el sentir popular, nuestras necesidades y aspiraciones. Finalmente, y como si fuera poco, el PNUD envío recientemente una serie de “recomendaciones” para el establecimiento de normas y conductas de la Convención.

            Ahora bien, pareciera que todo esto estaría vinculado con compromisos anteriores ya asumidos antes de nuestro proceso constituyente, como el de 2019, consistente en un Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible con la ONU para avanzar en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

            De este modo, se está produciendo una peligrosa, desconocida, creciente, no controlada ni tampoco solicitada injerencia de organismos internacionales de todo tipo –cuyo actuar no es fiscalizado por nadie– sobre nuestro proceso constituyente, supuestamente soberano. Con lo cual, surge cada vez más la impresión que la Convención –o al menos la mayoría de ella– es una caja de resonancia de lo que señalan estas instancias internacionales y no de lo que desea nuestro país. Situación que al menos debiera ser fuerte e insistentemente denunciada por quienes, dentro de este organismo, no estén de acuerdo con ella.

            ¿Es esto lo que realmente se prometió? ¿Es este el proceso popular, soberano y democrático que nos ofrecieron? ¿Es esto verdaderamente por lo que se votó? De hecho, y ante la cada vez mayor osadía de nuestros convencionales y de esta injerencia internacional, ¿dejarán expresarse a este pueblo, al que en teoría sirven, en un plebiscito de salida? Es más: ¿habrá plebiscito de salida?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un proceso cada vez más cuestionable

Toda auténtica sociedad democrática exige –y de hecho es un deber grave– que la actividad de las autoridades y servicios públicos esté siempre bajo la lupa de la ciudadanía, por la sencilla razón que existen menos posibilidades de abuso mientras más ojos observen la actuación de sus integrantes, la sometan a crítica –si corresponde desde su perspectiva–, e incluso acusen irregularidades en caso de haberlas. Pretender lo contrario no sólo resulta sospechoso (quien nada oculta, nada teme), sino propio de sociedades que se acercan peligrosamente al totalitarismo.

            Es por lo anterior que una actividad tan importante para nuestro país como la que realiza la Convención Constitucional debe ser sometida al máximo escrutinio posible, por el bien general del país, y por lo mismo, su proceder a una fiscalización rigurosa y constante.

            Sin embargo, cada vez crece más la impresión en virtud de la cual, buena parte de sus integrantes se creen más allá del bien y del mal, casi como si estuvieran premunidos de un mandato divino e irrevocable, que les hubiera dado carta blanca para hacer lo que les plazca y que además, tampoco se les pedirá cuenta por su labor. En otras palabras, actúan casi como si fueran los dueños de Chile, cual monarcas absolutos, cuyo actuar estaría sobre las leyes y la misma Constitución (que hay que recordarlo: aún nos rige), pretendiendo así refundar nuestro país desde cero.

            En realidad, la conducta que hasta la fecha han tenido la mayoría de sus miembros no sólo deja mucho que desear, sino que lo único que produce es la creciente deslegitimación del proceso. Debe recordarse, aunque incomode a algunos, que existen varios vicios que de entrada ya quitan bastante legitimidad al mismo, aspectos que debieran ser tenidos muy en cuenta para no acrecentar este déficit. El primero es que en el fondo, todo este devenir ha sido fruto de la violencia, con motivo del “estallido social” de octubre de 2019; el segundo, es que el proceso de elección de los constitucionales deja bastante que desear, al existir votaciones muy bajas de muchos –demasiados– de sus integrantes, al margen de haber sufragado en dicha elección menos del 40% de la ciudadanía.

            Si a lo anterior se añade el aumento desproporcionado de las asignaciones (lo cual resulta impresentable, pues todos sabían de antemano las reglas del juego al momento de presentarse para la elección); que se pretenda no exigir ningún requisito a los futuros asesores; el menosprecio de nuestra bandera y de nuestro himno nacional; el que se pretenda que Chile deje de ser una República; la exclusión de quienes piensan distinto a la mayoría de diversas comisiones, etc., la gran pregunta que procede formular ante estas y otras conductas claramente criticables, es ¿quién les dio la prerrogativa para obrar de este modo? ¿Es que acaso nos hemos convertido en esclavos de sus caprichos?

            El hecho de haber existido una votación popular (y al margen de las críticas mencionadas más arriba), no da un poder absoluto a los sujetos elegidos por ella ni legitima de antemano todo lo que hagan. En caso contrario, no serían responsables por su actuación. La soberanía sigue radicando en el pueblo, en nuestra nación, que tiene el pleno derecho de recuperarla si se traiciona la delegación que de ella pueda haber hecho en su momento. Quien no entienda esto, no es un verdadero demócrata.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Más de lo mismo?

Como se dice vulgarmente, “el movimiento se prueba andando”. Y efectivamente, el “movimiento”, o si se prefiere, la real calidad de la labor que la ciudadanía ha encomendado a la Convención Constitucional se prueba, más allá de promesas e intenciones, por el modo real y cotidiano de comportarse, por los hechos concretos de los cuales todos somos testigos.

            Resulta indudable que el alto porcentaje obtenido por el “Apruebo”, así como gran parte de los votos que dieron un escaño a los actuales integrantes de la Convención, fue motivado en buena medida por un rechazo generalizado de la población a la actividad cotidiana de la llamada “clase política”. Y no es para menos, pues la gente está más que harta de ver, salvo honrosas excepciones, cómo esta verdadera casta que tenemos enquistada, sólo vela por sus propios intereses, importándole bastante poco el bienestar de la ciudadanía a la cual dice servir, al punto que todo aquello que beneficie a esta última siempre se haga para que los primeros obtengan una ventaja y así seguir donde están.

            En consecuencia, fue la posibilidad de dar origen a un proceso jurídico y político que en teoría estuviera al menos en parte libre de esta “clase política”, lo que atrajo la atención de la ciudadanía y explica los resultados de las anteriores votaciones.

            Sin embargo, esta creencia y esperanza de la ciudadanía que permitió la llegada de varias caras nuevas a la Convención, es al mismo tiempo una espada de doble filo, pues las deudas se pagan. En consecuencia, y más allá de las ilusiones o deseos de los votantes, resulta crucial el modo en que cumplan su misión estos convencionales, misión que es clara y exclusiva: proponer una nueva Constitución, solo eso.

            Mas, si están enfrascados en un cúmulo de rencillas que no tienen ninguna relación con la tarea encomendada, o teniéndola, pretenden imponer una visión única y dejar sin voz a los que piensan distinto; o si comienzan a exigirse un cúmulo de dádivas y privilegios y hasta se han presentado personas disfrazadas en alguna sesión, ¿existe aquí realmente esa tan ansiada diferencia respecto de la política tradicional, que fue lo que motivó a votar a la ciudadanía como finalmente lo hizo? ¿Dónde está la tan ansiada pureza de intención, o si se prefiere, el verdadero interés por el bien común que anhela esta misma ciudadanía? ¿O es que estamos nuevamente en presencia de lo mismo de siempre y todo ha sido un engaño?

            Lo hemos dicho otras veces: la labor de la Convención conlleva una enorme responsabilidad, pues en definitiva, es un servicio, no una instancia para abusar de la buena fe que ha llevado a parte de la ciudadanía a poner a sus integrantes ahí. Máxime, si como se mencionó hasta el cansancio, la idea era que por fin el pueblo se sintiera representado en este proceso.

            En realidad, lo único que se consigue con todo lo que está ocurriendo es deslegitimar este mismo proceso, pues mientras más promesas se hayan realizado antes del mismo, mayor será la exigencia por la labor realizada. O si se prefiere, hay que estar a la altura de las circunstancias. Debe recordarse además, que existe un plebiscito de salida, lo que a veces parecieran olvidar nuestros convencionales. A menos que en su embotamiento, se crean con la legitimidad y el poder para declararlo innecesario. ¿Llegarán a tanto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un servicio, no un poder ilimitado

Como no puede ser de otra forma en cualquier democracia que se precie de tal, la ciudadanía observa con atención la labor que ha ido realizando la Convención Constitucional en sus primeros días de trabajo, dada la trascendencia de su tarea. Lo cual no debe ni puede ser de otra forma, puesto que mientras más ojos estén pendientes de su desempeño, existen más garantías de llegar a un mejor resultado.

            Lo anterior significa –lo hemos dicho antes– que la tarea de los convencionales es y debe ser vista como un servicio, no como una delegación ilimitada de facultades, una hoja en blanco o un poder absoluto. Mal que mal, la legitimidad de este organismo no solo proviene de la decisión popular (de ahí su carácter de servicio), pese a la alta abstención que hubo en su elección, sino que también está condicionada al plebiscito de salida, en el cual nuevamente, este mismo pueblo puede de forma libre y soberana aprobar o rechazar la propuesta que este organismo haga.

            En consecuencia, tanto en su origen como en su fin, la Convención está sujeta a un poder más alto y por lo mismo, ello muestra que su propio poder no es total, pues en ese caso nos encontraríamos en una tiranía, no en una democracia. De ahí que deba atenerse estrictamente a la tarea que le ha sido encomendada.

            Sin embargo, no han faltado actuaciones más que criticables de varios convencionales, que muestran claramente una extralimitación de sus facultades, lo cual –hay que decirlo– viene a ser una traición a la misión encomendada por el pueblo y no hace más que deslegitimar el proceso.

            Dicho de otro modo: por muy elegidos que hayan sido la mayoría de sus miembros para este proceso constituyente (si bien en varios casos con votaciones bien exiguas), esto no les otorga ni de lejos, un poder que pretenda imponerse sobre ese pueblo que les ha delegado esta misión. De ahí que sea ilegítimo pretender “refundar” este país, como si todo lo que ha ocurrido hasta ahora, incluida su propia elección, no valiera nada o fuera inexistente.

            Si se hubiera querido un poder ilimitado a la usanza de “L’Ancien Régime”, el mismo pueblo habría tenido que desprenderse de su propia soberanía, entregándola sin condiciones a este organismo, convirtiéndolo en consecuencia en un auténtico Leviatán. Pero una posibilidad así es impensable e imposible en una verdadera democracia.

            Sin embargo, a momentos da la impresión que varios de sus miembros no pensaran así, que no fueran conscientes de la existencia de un plebiscito de salida, o que estuvieran absolutamente confiados en que la ciudadanía aprobará su propuesta de Constitución (pues es sólo eso: una propuesta). Incluso, a veces pareciera que actuaran como si éste no fuera a producirse de acuerdo a lo establecido. También y por otro lado, como si sus integrantes estuvieran por sobre la ley. Todo lo cual, repetimos, no hace más que deslegitimar el proceso.

            Por eso se insiste: es fundamental que la ciudadanía y los demás poderes del Estado estén muy atentos a los pasos que dé la Convención Constitucional, pues ella es parte de algo mucho más amplio y profundo: no solo de un Estado de Derecho, sino de todo un país que por derecho y por deber, tiene la obligación de prestar la máxima atención al devenir de este momento y que no está obligado de antemano a aprobar cualquier cosa que ella proponga.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Elecciones del 6 de junio: ¿por qué partido votar?

El próximo domingo 6 de junio se realizarán las tan esperadas elecciones. Intermedias en México para elegir a 500 diputados y simultáneamente se elegirán los puestos a cargos federales y locales en treinta y dos entidades federativas del país. A partir del 1 de septiembre del 2021 constituirán la LXV Legislativa del Congreso de la Unión en nuestro país.
Se cuentan en total a diez partidos políticos. Muchas personas se cuestionan, ¿Y por cuál de todos esos partidos debo de votar?
Siempre ocurre en el cierre electoral, que la mayoría de los partidos ofrecen –como coloquialmente se dice- “el cielo, el mar, la luna y las estrellas”. Y observo confusión de la población ante tantas propuestas.
Me parece que existen algunas coordenadas en que habría que fijarse detenidamente:
1) Si dicho partido respeta la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural;

2) Si considera a la familia –la unión de un hombre y una mujer en orden a la procreación de hijos- como el pilar de la sociedad;

3) Si se respetan los valores y virtudes que han cimentado nuestra actual civilización;

4) Si se tiene en un alto concepto la libertad religiosa;

5) Si se fomenta la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus personales convicciones;

6) Si se respeta plenamente la libertad de expresión en los medios de comunicación;

7) Si se busca fortalecer la unidad social a través de la solidaridad, la subsidiariedad y evitando el fomentar cánceres sociales que dañen irreversiblemente –particularmente a los jóvenes- como por ejemplo la aprobación del consumo de todo tipo de drogas;

8) Si el partido y sus candidatos están decididos a hacer frente al crimen organizado;

9) Si existe un planteamiento serio y realista de combatir la corrupción e impunidad.

10) Si los candidatos tienen clara la independencia y autonomía de los tres Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial;

11) Si el partido y sus candidatos piensan ayudar a la iniciativa privada para impulsar el crecimiento económico, ya que a través de las décadas de historia moderna de la República Mexicana ha sido un valioso motor para la generación de empleos y fuente de riqueza nacional;

12) Si se sabe apreciar el noble esfuerzo de las sociedades intermedias que benefician al país y son un valioso apoyo para el gobierno. Si se piensa apoyarlos y concederles subvenciones para que realicen de modo más eficiente en tantas necesidades a los que el gobierno sencillamente no llega a cubrir satisfactoriamente;

13) Si se tiene claro el respetar los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y numerosas instituciones que auxilian en tantas necesidades sociales, como: ayudar a los ancianos, a los niños enfermos, a los huérfanos; a quienes promueven la integración familiar; que ayudan a madres solteras sin medios económicos para ser atendidas debidamente y dar a luz a su bebé; que velan por las personas que viven en desamparo, que proporcionan becas para que los jóvenes puedan estudiar una carrera universitaria y que, en este sentido, es sorprendente la generosidad del pueblo mexicano para ayudar a sus conciudadanos;

14) Si se evita toda tendencia a la demagogia y al populismo que arrastre peligrosamente al país hacia un Estado Socialista, como son los casos de Cuba, Venezuela, China, Vietnam, etc.

Quizá sean demasiadas metas, pero los gobernantes en conjunción con el apoyo de los ciudadanos pueden lograr estos objetivos y otros más ambiciosos. Recuerdo cómo se encontraban Alemania y Japón al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945: destruidos numerosos edificios, puertos y arruinados en su economía. Y siempre me ha sorprendido que en pocos años se convirtieron de nuevo en potencias económicas. ¿Cuál fue la clave? Que todos los ciudadanos tomaron conciencia que era urgente “arrimar el hombro” para levantar de nuevo a su Patria y lo lograron.

Una elección crucial

Como es de sobra conocido, este fin de semana se define literalmente el futuro de nuestro país para muchos años y eventualmente, su destino último.

            Lo anterior no es exagerado en lo más mínimo. Y no lo es, porque del resultado que arrojen las urnas respecto de los constituyentes, dependerá el rumbo que siga nuestro país, que podría oscilar entre un relativo continuismo o un cambio radical respecto de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Mas lo claro y que nunca hay que olvidar, es que tal como las personas no tienen su futuro asegurado, lo mismo aplica a cualquier país: el éxito no es un derecho, ni tampoco debe darse por descontado. Muchos ejemplos ya existen, que muestran cómo países que iban relativamente bien encaminados, han acabado siendo Estados fallidos.

            Por eso a nuestro juicio, el primer deber es salir a votar. La actual coyuntura es tal, que resulta una incomprensible irresponsabilidad no cumplir con este deber ciudadano.

            En segundo lugar, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, es que uno de los propósitos de una constitución es limitar al poder en pro de los derechos y la libertad de los ciudadanos. De ahí que haya que mirar con sospecha aquellas propuestas que buscan acrecentar de manera desmedida el poder del Estado –y por tanto, de quienes lo detentan–, pues ya tenemos experiencia de sobra para saber que a más poder, más corrupción y abuso. El problema es que en buena medida, muchos de los que pretenden redactar esta norma fundamental, son los mismos que terminarán siendo regulados por ella. De ahí que la tentación de hacer un traje a la medida sea más fuerte que nunca. Por eso se insiste: cuidado con aquellas propuestas que abogan por entregarle todo al Estado.

            En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior, también deben mirarse con sospecha aquellas propuestas que prometan demasiado, pretendiendo que una nueva constitución arreglará como por arte de magia todos nuestros problemas. Además de ser flagrantemente falso (entre otras cosas, porque se requieren de muchas leyes complementarias), debe recordarse que la constitución y las leyes son sólo normas, que señalan lo que desde su perspectiva debe ser. Pero tal como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, lo cierto es que “el papel resiste todo”. Por tanto, hay que ser lo suficientemente realistas y maduros para no pedir o esperar más de lo que realmente se puede dar.

            Finalmente, debemos ser conscientes que todo tiene un precio, y por tanto, mientras más se ofrezca, más caro terminará costando para la ciudadanía. No sólo en recursos económicos (lo que podría generar por ejemplo, impuestos insufribles, una ruina de la clase media y una destrucción de la economía), sino también –y tal vez sobre todo– políticos. Ello, pues las dádivas que se prometan tendrán inevitablemente una contrapartida: mantener a quienes las otorgan en el poder, al punto de terminar usándose como un verdadero chantaje por quienes detentan dicho poder para conservarlo. Nada es gratis en esta vida y lo contrario, esto es, creer que todo es por nuestro bien, o que la clase política está poblada únicamente por buenos samaritanos, es pecar de una ingenuidad rayana en lo infantil. De hecho, las peores esclavitudes son aquellas que se generan al aprovecharse de la necesidad de otros.

            Todo esto y mucho más debemos tener en cuenta ante esta importante decisión que como pueblo tenemos que tomar, para no arrepentirnos después.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Vale la pena jugar?

De manera creciente y preocupante, tanto en nuestro país como en otras latitudes, han ido surgiendo un conjunto de prácticas absolutamente incompatibles con una auténtica democracia, pese a que por regla general, quienes actúan de este modo proclaman a los cuatro vientos ser sus máximos defensores.

            En efecto, ya constituye un lugar común que diversos sectores consideren legítimos los resultados de una elección popular y los respeten, únicamente cuando permite a sus candidatos llegar al poder. En caso contrario, no sólo deslegitiman dichos resultados –señalando por ejemplo que hubo fraude–, sino además proceden a boicotear a sus triunfantes rivales tanto por vías pacíficas como violentas.

            Sin embargo, la gran pregunta que corresponde hacerse ante esta lamentable situación, es si de verdad vale la pena seguir participando en el juego democrático ante contrincantes que actúan de ese modo. Ello, porque la democracia se basa no solo en la idea de aceptar sus resultados aunque no sean los queridos –siempre que no haya habido trampa, evidentemente–, sino de manera más profunda, en la existencia de varias visiones del mundo que buscan influir en nuestras sociedades, que compiten entre sí de manera honesta, pacífica y respetuosa para acceder y mantenerse en el poder, siendo el pueblo el que aprueba o no su desempeño, religiéndolos o haciendo triunfar a sus oponentes, respectivamente.

            Mas, si como se ha dicho, una o ambas partes no respetan estas reglas del juego y solo demuestran su acuerdo con ellas en caso de que los favorezcan, lo que ocurre en el fondo, es que se han destruido las bases que le permiten a esta democracia existir. Y de manera indesmentible, la mayor prueba de este desapego es la legitimación de la vía violenta, que es precisamente lo que todo sistema democrático busca evitar, al punto que no puede ser un auténtico demócrata quien no renuncia a ella como técnica ofensiva para conseguir o mantenerse en el poder, o para quitárselo a sus contrincantes.

            En este sentido, sería como jugar con un oponente que sólo aceptara los resultados de esa competencia si gana, que los desconociera siempre que triunfe la otra parte, o que se saltara las reglas y las alterara a su gusto con tal de conseguir sus objetivos. Ante semejante escenario, ¿vale la pena seguir jugando?

            Evidentemente, no estamos propugnando ni a favor de una vía violenta. Pero creemos que es necesario advertir sobre lo antes dicho, pues hoy resulta muy común presentar al sistema democrático como infalible, incluso como incorrompible, siendo esto falso. Ello, pues la democracia se construye sobre ciertos presupuestos, como la proscripción de la violencia o –aunque no lo hayamos mencionado aquí– una auténtica libertad de expresión y de información. Y estos presupuestos no se dan por descontados, sino que requieren también un esfuerzo no solo para conseguirlos, sino también y tal vez más aún, para mantenerlos. Y es en estos presupuestos donde se nota una preocupante y creciente erosión a su respecto.

            En caso contrario, la democracia termina siendo una auténtica farsa, una careta que pretende dar legitimidad y arropar con su prestigio a quienes no creen en ella, ni merecen sus frutos.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

La necesidad de controlar al poder

Poco a poco, diversos recursos judiciales fallados exitosamente para los requirentes, han ido poniendo coto a lo que de manera clara a nuestro juicio, constituyen excesos de la autoridad. Ello, pues la actual situación de pandemia está permitiendo a esta última tener un desmesurado poder para restringir o impedir el ejercicio de un cúmulo de derechos, lo que evidentemente, puede generar situaciones injustas, sea por error o por su inadecuado uso.

            Este poder se ha manifestado no sólo en prohibiciones de todo tipo, sino además, en las sanciones –a veces absolutamente excesivas–, que la administración ha establecido a su completo arbitrio para quienes infrinjan la normativa generada por ella misma.

            Uno de los casos más frecuentes, ha sido considerar situaciones que a lo sumo debieran ser tratadas como una falta administrativa y que ameritan una multa –proporcionada, eso sí–, como si se tratara de delitos (en particular, el de poner en peligro la salud pública), que generan una pena mucho mayor. Sin embargo, por muy buenas intenciones que tenga la autoridad, ello no le da un cheque en blanco para establecer lo que quiera sin cortapisas.

            Afortunadamente como se ha dicho, algunos tribunales han comenzado a reaccionar. Así, el Tribunal Constitucional ha fallado en más de un caso, que para que se constituya un delito semejante, éste debe ser perpetrado por una persona enferma y no por una sana.

            Igualmente, la Corte Suprema y de forma unánime, consideró recientemente que la presencia en la noche de dos personas en la vía pública, de por sí, tampoco constituía un peligro para la salud pública, como sí podría serlo, por ejemplo, transitar de día e ir a un lugar concurrido sin tener el respectivo permiso o salvoconducto. La clave es así, el contacto con otros, la formación de grupos de personas sin tomar las medidas pertinentes. Por ello, si una situación objetivamente no va a contagiar a nadie, no hay por qué castigarla penalmente.

También se han producido otros fallos, como por ejemplo, el de la Corte Suprema que en razón del derecho de libertad de culto, permitió la celebración de misas con las medidas sanitarias requeridas, incluso en tiempos de cuarentena. Igualmente, y en estas mismas circunstancias, se le permitió a una librería realizar ventas de diversos artículos, tal como se deja a un supermercado, que sí pueden abrir pese a ofrecer productos similares.

            Todo lo relatado pretende así, poner un límite razonable a la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Evidentemente, no se trata de relajar las cosas al extremo de la irresponsabilidad, pero tampoco se puede pretender convertir al país en una inmensa cárcel. La idea es sancionar administrativamente lo que merezca serlo, pero no abusar de ello ni del poder del Estado para imponer castigos draconianos de naturaleza penal por situaciones que objetivamente, no implican la comisión de ningún delito. Lo cual tampoco quiere decir que la autoridad administrativa pueda hacer cualquier cosa dentro de sus competencias.

            En realidad, el actual Estado-policía está llegando demasiado lejos, conculcando con una facilidad pasmosa una serie de derechos fundamentales de la gran mayoría de la población. Y de hecho, el afán de control se hace cada vez más intenso. Una razón más para fiscalizar lo que ella hace, por medio de otros poderes que puedan vigilar su proceder, pues es propio de toda sociedad democrática y respetuosa del estado de derecho, tener instancias controladoras de la actividad de los poderes públicos a las que se pueda acudir.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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