¿Para qué tenemos democracia entonces?

En las últimas semanas, hemos dedicado varias columnas a analizar las recientes elecciones de Estados Unidos, no por un especial interés en ese país, sino debido a haber quedado literalmente atónitos frente al impresionante nivel de corrupción de todo tipo que se ha dado a su respecto, gracias a lo cual, hoy existe un presidente que no debiera ostentar el cargo de tal. Ello, porque si todo esto ocurre en un país desarrollado y con instituciones que aparentemente funcionan, surge una justificada e inquietante sombra de duda respecto al funcionamiento de nuestras propias democracias.

            La verdad es que al menos de manera pública, todos los esfuerzos que se han realizado desde las elecciones de noviembre para mostrar el gigantesco fraude electoral no han impedido que este haya conseguido su objetivo, torciendo completamente la voluntad popular. Ni los tribunales estatales, ni la Corte Suprema, ni el Congreso, fueron capaces de parar esta farsa. Todo lo cual demuestra que no basta con tener buenas leyes –que obviamente son necesarias–, sino que la clave es contar con personas honestas en los cargos de poder, lo que hace que la corrupción sea el cáncer de cualquier democracia.

            Sin embargo, tal vez lo más increíble de todo esto, es que la prestigiosa y conocida revista Time, haya reconocido abiertamente que Trump tenía razón, y que en el fondo, le robaron la elección. Para ello –continúa la revista–, se produjo una gigantesca coordinación entre diversos sectores políticos y empresariales, a fin de cambiar las reglas electorales y el modo de llevar a cabo los comicios en varios estados, con el confesado propósito de impedir la reelección del ex presidente. Todo, obviamente, en beneficio de la propia democracia, para lo cual, paradojalmente, hubo que destruir sus propias reglas de funcionamiento. El reportaje se titula “The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election” y se puede encontrar en el link: https://time.com/5936036/secret-2020-election-campaign/.

            Lo notable, se insiste, es que se reconozca, de un modo descarado, que se hizo trampa, justificándola en nombre de la misma democracia. Es que parece que la democracia solo vale si beneficia a determinados sectores, y en caso contrario, resulta lícito cargarse sus reglas y amañarlas a gusto, a fin de lograr el resultado querido por ellos, aunque implique dar una tremenda bofetada a la voluntad popular. Con lo cual, resulta no solo válido, sino incluso obligado, preguntarse para qué tenemos democracia, si se la puede manipular de esta manera.

            Lo anterior resulta crucial, pues como se ha dicho más arriba, proyecta una sombra de duda más que justificada para poner en tela de juicio la legitimidad total de nuestros sistemas políticos y jurídicos, en los cuales las decisiones democráticas podrían terminar siendo solo una pantalla que buscaría legitimar situaciones ya consolidadas u obtenidas de manera ilegal y clandestina. Incluso da pie para preguntarse hasta qué punto nuestras democracias son auténticas y si no estaremos frente a un espejismo.

            Con todo, aún quedan algunas batallas por librar, sobre todo luego del fracaso del segundo impeachment interpuesto contra Trump. Este viernes 19, la Corte Suprema debe ver varios casos de fraude electoral de diferentes estados disputados. Veremos si por fin, la ley y la constitución de ese país podrán imponerse y dejar de ser pisoteadas impunemente.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía dl Derecho

Universidad San Sebastián

Hasta las últimas consecuencias

Diversos medios de comunicación, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, han estado divulgando de manera profusa, todo tipo de informaciones respecto de las recientes elecciones en ese país, que van desde quienes afirman que todo ha sido normal y ejemplar, a aquellos que señalan la existencia de diversas irregularidades, hasta los que directamente, hablan del mayor fraude electoral de su historia. Y, cual serie de suspenso, la trama sigue y sigue, con noticias sorprendentes casi a diario, en espera del vencimiento de los plazos prestablecidos, tanto para un cambio de gobierno, como para la prolongación del actual, igualmente con varios mecanismos de acción, según cuál sea el veredicto final. Con todo, hay que reconoce que como siempre, la realidad supera ampliamente a la ficción.

            Sea como fuere, lo importante a nuestro juicio, es llegar hasta las últimas consecuencias de este verdadero melodrama político. No tanto para saber quién es el ganador (pues hasta donde sabemos, ningún organismo del país del norte ha declarado oficialmente vencedor a nadie, si bien se ha dado inicio al proceso de transición, pese a que las demandas continúan su curso y se ha dicho que se presentarán más), sino por la integridad misma del sistema democrático, no solo –nuevamente– de ese país, sino en el mundo entero.

            Lo anterior no obedece a teorías conspirativas ni a nada que se le parezca, sino a la simple observación de los hechos: si se han realizado acusaciones tan serias respecto del proceso eleccionario vivido, con múltiples demandas presentadas (varias de las cuales han sido rechazadas, por cierto), todo esto hace que al menos caiga una sombra de duda sobre el particular. Y esto es justamente lo que de forma obligatoria debe aclararse, al margen de quién resulte ganador. Pues si en el país más poderoso del planeta, que posee una de las democracias más ejemplares e ininterrumpidas del mundo se plantea una situación semejante (hasta donde sabemos, de lejos la más seria de su historia), ¿qué queda para las democracias menos saludables? ¿Cómo evitar también tener sospechas a su respecto?

            Porque en el fondo, estamos ante dos posibilidades: o esta pugna judicial de quienes alegan la existencia de un fraude en esta elección, ha sido llevada a cabo haciendo gala de una irresponsabilidad y temeridad sin precedentes (lo que debiera ser adecuadamente sancionado), o –peor aún– nos encontraríamos ante el mayor fraude político de la historia estadounidense, todo lo cual obligaría a revisar el funcionamiento de las elecciones no sólo en ese país, sino en el mundo entero.

Lo anterior, además, porque de acuerdo a los demandantes, en esta última situación se encontrarían también involucrados otros países, interesados en influir en las elecciones estadounidenses. Y si está poderosa nación puede eventualmente ser saboteada por potencias extranjeras, nuevamente resulta lícito preguntarse qué podría ocurrir con las democracias más jóvenes y débiles.

            Es por eso que –se insiste–, no puede quedar ningún margen de duda sobre el particular. El futuro global de la democracia como institución y modo de vida de nuestro tiempo, y en el fondo, la legitimidad misma de la política a nivel global, exigen llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Parece que cae el primero

El mundo optó por dar un salto al vacío. Ante la incompetencia y corrupción de la clase política “de siempre” se puso de moda votar por el que fuera, menos uno tradicional. Y es en esa apuesta tan arriesgada que hoy muchos países del mundo están gobernados por improvisados y en la gran mayoría de los casos mal preparados y tremendamente mal enfocados.
La clase política de siempre también construyó e hizo cosas buenas, no todo era malo, y en el afán de cambiar todo lo que ellos habían hecho, hasta lo bueno desaparecen.
Muchas de sus políticas son arcaicas, han probado fracasar en el pasado y simplemente por llevar la contraria las buscan implementar. Políticas proteccionistas, implementación de programas socialistas y dádivas para comprar al electorado. También suelen tener un discurso repetitivo, retador y que solo hace alusión al pasado.
A la hora de asignar el gasto no se basan en prioridades ni en visiones de largo plazo, es más, no existe una visión y solo se busca resolver el día a día. Los recursos se asignan a programas sociales y los proyectos de infraestructura y prioritarios pasan a segundo plano. Muchas veces los proyectos son solo promesas de campaña y no prioridades.
Lo responsable y conducente muchas veces es impopular y, por ende, aunque necesario, se descarta. Los grandes problemas se tratan por encima y se minimizan y lo que buscan es distractores todo el tiempo para tener temas de que hablar, no importa si son o no absurdos, relevantes o importantes, el chiste es distraer.
Otra actividad muy común es descalificar, desacreditar y lo más relevante de todo es como su discurso polariza. Sobre este último tema lo que estamos viendo es que los países liderados por estos extremistas disruptivos enfrentan hoy, además de crisis económicas e incertidumbre, una polarización de la sociedad que los ha llevado brotes de violencia y en algunos casos con consecuencias humanas.
El Reino Unido hoy enfrenta un proceso que requiere de un conciliador y un negociador, y no de un retador. El riesgo de que salgan de la Unión Europea sin acuerdo, es decir un “Hard Brexit” es muy alto.
Desde mi punto de vista el primer error fue salirse, pero salirse sin acuerdo será mucho peor. España enfrenta la peor crisis económica y política, al igual que Italia, y hoy los lidera esta ala extremista que no tiene rumbo.
En el mundo emergente, sobretodo en América Latina, existe este liderazgo que más que otra cosa está provocando rezago, crisis, polarización y destrucción de instituciones.
Pues muchas cosas en común tienen estos líderes como Donald Trump, quien es muy probable caiga en los comicios electorales en EEUU. El pueblo norteamericano vio en 4 años que le salió muy caro el experimento y parece que volverá a la política tradicional.
Este jueves habrá de nuevo debate y si no ocurre nada espectacular, el resultado no va a cambiar. Lo importante es que la gente salga a votar y aunque sea inminente el triunfo no se confíen. Esta condición de comodidad con el pretexto de que no tiene caso votar puede cambiar cualquier encuesta. ¡Hay que salir a votar!
Pues si cae el primero de esta nueva clase política, puede ser el presagio de que los demás, en su momento, también caerán.
Injustificable lo incompetente y corrupto de los políticos de siempre, pero todo parece indicar que este era un proceso por el que teníamos que pasar o padecer para demandar mejores líderes en el futuro. ¿Qué tiene que ver esto con economía y mercados? Todo, un líder te puede llevar al desarrollo o al ocaso.
@juansmusi​​​​​​​

CONFIARLE AL GATO LA CARNICERÍA

La verdad es que no es mi costumbre hacer columnas de política contingente, pues siempre he buscado analizar las raíces de los problemas que comento desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, en esta ocasión, y tomando en cuenta la importancia trascendental para nuestro futuro como país del plebiscito del 25 de octubre, haré una rara excepción.

            A mi juicio –y lo adelanto desde ya–, existen varias y poderosas razones para votar “Rechazo”, que se fundamentan tanto en la génesis como en el desarrollo de este proceso.

            Respecto de su génesis, esta no nos parece legítima, pues el acuerdo de noviembre por una nueva Constitución se obtuvo en un clima de violencia y temor, con un gobierno acorralado y bajo amenaza de derrocamiento, pese a su legitimidad democrática. Este solo hecho ya vicia todo el proceso, pues no se puede negociar “con una pistola sobre la mesa”, como podría decirse, razón por la cual el consentimiento obtenido es nulo. Ello, sin perjuicio que la vía violenta debiera ser inexistente para un auténtico demócrata, particularmente si este régimen funciona de una manera mínimamente decente, como es en nuestro caso.

            En segundo lugar, la idea de una nueva Constitución no era hasta ese momento –ni tampoco parece serlo ahora– un anhelo de la ciudadanía, pese a los esfuerzos del gobierno anterior por ponerlo en el tapete. Por tanto, resulta claro que obedece a los intereses de buena parte de la actual clase política, no a un clamor popular.

            En tercer lugar, el clima de violencia que se ha dado durante este proceso, interrumpido por la pandemia, que ya está retornando, enrareciendo y viciando el ambiente idóneo para una decisión como esta. Con lo cual, no cuesta mucho imaginar cómo será este ambiente en el futuro –y esto es crucial–, cualquiera sea la opción que triunfe, “Rechazo” o “Apruebo”. Por tanto, un proceso como este no puede darse bajo la sombra del temor.

En cuarto lugar, porque la votación se verá notablemente distorsionada con motivo de la pandemia, al impedirle votar a muchísimos ciudadanos, lo que añade más ilegitimidad al proceso. Así, si ni siquiera el claro riesgo para la vida de muchos chilenos ha sido suficiente para postergarlo, ¿qué decisiones se pueden esperar respecto de otros problemas futuros?

            En quinto lugar, porque en caso de ganar el “Apruebo”, nos parece que las diferencias entre la Convención Mixta y la Convención Constitucional son meramente cosméticas. Ello, pues resulta evidente que ambas serán conformadas en su grandísima mayoría o incluso en su totalidad por políticos, no por ciudadanos comunes, como pretende hacerse creer, sobre todo respecto de la Convención Constitucional. Difícilmente podrá competir un candidato independiente contra la maquinaria electoral y la experiencia de sus contrincantes.

            Y finalmente, en sexto lugar –y al margen de las presiones y clima de violencia antes aludido que se daría durante el proceso–, porque dada la composición de la eventual comisión redactora, se daría el absurdo que quienes generen una nueva Constitución, serían los mismos que en teoría, debieran ser limitados por ella, en caso de aprobarse en el plebiscito de salida. En consecuencia, y dado el actual clima político de nuestro país, de lucha fratricida entre gobierno y oposición, ¿cree alguien sinceramente que nuestra clase política no terminará haciendo un traje a su medida para adquirir más poder del que ya tiene? Pensar lo contrario sería como confiarle al gato la carnicería, como se dice vulgarmente.

            Estas son, entre otras, las razones por las cuales estoy a favor del “Rechazo” en el próximo plebiscito. Reitero mis disculpas por hacer una columna tan política, pero insisto, las actuales y trascendentales circunstancias de nuestro país lo ameritan sobradamente y me obligan, en conciencia, a compartir estas reflexiones.

Max Silva Abbott

La necesidad de parámetros externos

Hace ya bastante tiempo que se ha ido imponiendo un dogma en materia política que se repite sin cesar –y que no se puede discutir–, aun cuando pareciera que por regla general, no se hayan calibrado adecuadamente sus reales y peligrosas implicancias: que el sistema democrático es el único posible, razón por la cual, nunca y bajo ninguna circunstancia podría optarse por otra forma de gobierno.

            Resulta evidente que la democracia ha sido una gran conquista de la humanidad, conquista que ha permitido convivir y progresar de manera pacífica a muchos pueblos y evitado conflictos graves, que de surgir, habrían cambiado notablemente nuestra historia. Sin embargo, ¿se entiende verdaderamente lo que significa el dogma recién mencionado?

            Si lo lleváramos a sus extremos, como muchos pretenden, significaría, en último término, que quienes dirigen un país –y de manera más general, la entera clase política–, tendrían una completa libertad para hacer, literalmente, lo que quisieran, siempre que se respetaran los cauces democráticos establecidos.

            Algunos podrán señalar, en parte con razón, que para eso existe la oposición y la alternancia en el poder, con lo cual la ciudadanía podría sancionar a quienes no logren hacer un gobierno mínimamente aceptable. Sin embargo, y siendo cierto en muchos casos, nuestro planteamiento va más allá: si de verdad la democracia resultara completamente inamovible ¿qué pasaría si la entera clase política se corrompiera y se pusiera de acuerdo para adueñarse de un país cambiando su institucionalidad, de tal modo de hacerse inexpugnables en el poder, sin dejar que surjan nuevas y reales alternativas? ¿Le daríamos este cheque en blanco?

            Con semejante situación, la alternancia en el poder no existiría realmente y el rol del gobierno y de la oposición se convertiría en una asquerosa parodia para aparentar la autodeterminación de un pueblo que en el fondo, sería esclavo de dicha clase política.

            Mas, de llegarse a una situación semejante, ¿qué diferenciaría en realidad a un régimen “democrático” de estas características de uno totalitario? A fin de cuentas, el pueblo sería un simple pelele de las decisiones de esta clase política, que sabiéndose invulnerable –al no poder sustituirse el sistema democrático por ningún otro–, tendría en el fondo, carta blanca para hacer lo que quisiera. Y si además cuenta con los suficientes aliados a nivel internacional que avalen su actuar, la tiranía puede hacerse peligrosamente posible.

            Todo lo anterior significa que la sola democracia, como forma de gobierno, es únicamente eso: una “forma”, o sea, un procedimiento, un mecanismo, un modo de obrar en política; pero por eso mismo, por ser un camino, es solo un medio, no un fin en sí misma.

            De ahí entonces, que el verdadero parámetro de legitimidad no pueda limitarse –ni empobrecerse– solo a un mero procedimiento, pues estaría abriendo las puertas a una posible tiranía, precisamente lo que la democracia busca evitar. Por eso, la democracia no puede legitimarse sólo a partir de sí misma, sin parámetros externos. Este parámetro debe ser material, de contenido: el real grado de libertad y de bienestar material y espiritual de su población.

            En caso contrario, se insiste, la democracia puede transformarse en una tiranía camuflada y en el fondo, en un dócil y soterrado instrumento de dominación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Quién manda a quién?

En los últimos años, se ha ido dando una tendencia en el funcionamiento de nuestras democracias, que debiera generar una profunda reflexión a su respecto, pues equivale a una completa extrapolación de su genuino sentido y razón de ser: que en vez de ser las autoridades políticas las que acaten los designios de la voluntad popular, sea la ciudadanía la que tenga que seguirle el juego a dichas autoridades y en general, a toda la clase política.

            En efecto, ya se ha visto en algunos países, a saber, Colombia o el Reino Unido, como luego de hacerse una consulta popular directa sobre materias cruciales para esos Estados, pese a lo manifestado por la ciudadanía, el mundo político haya hecho todo lo posible para torcerle la nariz a dicha decisión (en Colombia con éxito, en Gran Bretaña no), según ocurrió con el proceso de paz con las Farc y el Brexit, respectivamente. O incluso, que otras decisiones de tanta o más importancia (como en nuestro caso, llamando a votar por un proceso constituyente), se haya tomado esta decisión entre gallos y medianoche, en un contexto por decir lo menos enrarecido y de extrema violencia, forzando a la población a votar por una materia que hasta antes de ese momento, se encontraba muy al final de las encuestas y de lo decidido en la elección política anterior: si se quería o no generar una nueva Carta Fundamental.

            Por tanto, lo que en el fondo pareciera estar ocurriendo, es que la que lleva la voz cantante es la clase política, y a la ciudadanía sólo le correspondería plegarse obedientemente a sus dictados, a fin de darles legitimidad y hacer como si se tratara de una demanda popular. De ahí entonces, que sea lícito preguntarse quién manda a quién en nuestra actual situación.

            Tómese en cuenta, además, el creciente desprestigio en que ha caído la clase política no solo en Chile, sino en el mundo en general, fruto de una serie de prácticas e intereses que no coinciden, y a veces están en contra de los anhelos y necesidades de la población. De ahí que no extrañe que se la acuse reiteradamente de estar en una “burbuja”, o de vivir una “realidad paralela”, velando generalmente por sus prioridades –el poder– y no las nuestras.

            Así entonces, si se unen ambos factores, a saber, por un lado, la calidad de auténticos borregos en que se pretende convertir a la voluntad popular y por otro, el desprestigio de la clase política, la gran pregunta que surge sin mucha dificultad, es hasta cuándo se les va a seguir el juego.

            Es por eso qeu a partir de las premisas anteriores, convendría mirar con más atención las propuestas que formula el mundo político a la ciudadanía, máxime si buena parte o incluso la mayoría de este mismo espectro político está de acuerdo en lo que plantea para la “decisión” popular. Habría que ser demasiado iluso para pensar que aquí sólo existen las mejores intenciones para mejorar la vida de las personas, en particular cuando se exige para ello, tener más facultades o incluso un cheque en blanco. Y en los casos en que esta mejoría efectivamente pueda llegar a formar parte de la ecuación, los costos son generalmente una notable ganancia de poder de quienes la promueven.

            Por tanto, se vuelve a insistir: ¿hasta cuándo seguiremos obediente y sumisamente los dictados de quienes supuestamente nos obedecen? ¿Seremos capaces de romper este círculo vicioso y no seguir, como un burro, una zanahoria?

 

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Buscar las soluciones racionalmente

Es tanto lo que se ha reflexionado, teorizado, concluido y comentado respecto de los últimos acontecimientos de nuestro país, que parece casi imposible no caer en los lugares comunes o señalar algo que no haya sido ya mencionado muchas veces.

            En efecto, se ha dicho de todo: que existe un descontento social acumulado por años; que la clase política en general no ha sabido escuchar la voz de la ciudadanía y que vive en una burbuja; que en la perpetración de los atentados a las estaciones de metro e innumerables comercios y edificios han intervenido extranjeros especialmente entrenados para tal efecto; que ha habido represión y violencia innecesaria por parte de las fuerzas armadas y de orden; que se han violado los derechos humanos de la población; que el Presidente debe renunciar; que es el momento de una Asamblea Constituyente y de cambiar nuestro sistema jurídico y económico de raíz; que es la hora en que la ciudadanía debe expresarse en las calles y dejar de lado, que sea temporalmente, los cauces democráticos institucionalizados; que se han dado noticias falsas; que este es un momento de inflexión en nuestra historia; y un largo etcétera.

            Evidentemente, este auténtico sunami político, social y económico, difícil de prever hace sólo un par de semanas, revela que al margen de si se trata de un fenómeno más –o menos– espontáneo, ha faltado la adecuada reflexión, no digamos para vaticinarlo, sino al menos, para detectar algunas de sus causas y debatir acerca de su importancia. Porque de no llevar a cabo esta necesaria reflexión, nos exponemos casi de manera imprudente a encontrarnos con sorpresas parecidas a la actual, que dejan a la inmensa mayoría de la ciudadanía atónita.

            Es por todo lo anterior, que si de verdad nos interesa preservar nuestra democracia, así como la tan necesaria paz social, es imprescindible en primer lugar, abandonar la violencia, no sólo porque ella atenta contra personas inocentes (como ocurre por ejemplo a propósito de los saqueos y los incendios), sino también, porque además de su falta de racionalidad, ella no necesariamente representa a los sectores más necesitados o a los más débiles, no siendo extraño que ocurra exactamente lo contrario.

Como país, por tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias, lo cual nos obliga a meditar como sociedad sobre nuestra situación actual y nuestro futuro común. Lo cual es más urgente aún, puesto que lo peor es tomar medidas importantes de forma apresurada, sencillamente para “apagar incendios”, como se dice.

            Por eso, junto a las medidas de emergencia que sean necesarias para combatir crisis como ésta, debemos abocarnos a pensar y debatir nuestros problemas. Y dentro de la sociedad civil, las universidades, como centros del saber y no meras cajas de resonancia del todo social, poseen un rol fundamental en esta labor. Es más: mantenerse al margen del debate sería negar su naturaleza y traicionarse a sí mismas. De ahí que deban colaborar con toda la pluralidad de saberes que cobijan en su seno, a fin de hacer el máximo de propuestas posibles.

            De nosotros depende, pues, poner lo que esté a nuestro alcance para salir de la crisis que nos aqueja, proponiendo las mejores soluciones dentro de lo posible, sabiendo que estas no serán ni fáciles ni rápidas, y que requerirán del esfuerzo de todos.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

¿Pan y… ocio?

El actual debate en torno a la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas y las sorprendentes reacciones que ha generado en todo el espectro político, pone una sombra de duda respecto de nuestra verdadera madurez democrática para autogobernarnos.

            En efecto, llama mucho la atención la completa irresponsabilidad para plantear proyectos de esta naturaleza, sin contar con estudios que indiquen sus potenciales impactos en un área tan sensible y valorada hoy como la economía. Máxime si se toma en cuenta que el panorama internacional se ve bastante complejo, entre otras cosas, por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el Brexit; y el nacional tampoco es el óptimo.

            De este modo, ¿qué es lo que se pretende lanzando propuestas como ésta? ¿Ganarse sus promotores unos votos en el plazo inmediato fácilmente e intentar colocarse en la vereda de “los buenos”? Pero además, ¿cómo es posible que el gobierno no sea capaz de plantear una oposición firme y fundada a tal disparate? ¿Es que no quieren aparecer como “los malos” y perder votos también en el plazo inmediato?

            Sin embargo –y espero estar equivocado–, lo más preocupante es que esta situación pareciera indicar que hoy por hoy, sólo sería posible, e incluso correcto, plantear de cara a la ciudadanía, únicamente propuestas agradables, que impliquen beneficios, ojalá inmediatos; en suma sólo buenas noticias. Y por el contrario, proponer algo incómodo, que signifique esfuerzo o una postergación en la obtención de los frutos, pareciera estar prohibido.

            Ahora bien, ¿a tal nivel de madurez y civilidad hemos llegado, que por fin se ha descubierto que la clave del progreso es plantear siempre un mundo mejor, sobre todo si es inmediato, sin importar si dichas propuestas son efectivamente positivas o incluso, sostenibles? Porque con una mentalidad semejante, nada impediría que se propusiera, por ejemplo, condonar las deudas que los ciudadanos tengan con la banca o rebajar sustancialmente los impuestos. ¿No gozarían tales propuestas, por muy absurdas que sean, de un respaldo popular impresionante?

            Por eso, ¿están preparadas nuestras actuales democracias para tomar decisiones difíciles, que impliquen sacrificios por un bien mayor, o únicamente están disponibles y demandantes cuando es posible sacar cuentas alegres aquí y ahora? ¿Se puede ofrecer así, algo que no sea “pan y circo”, o como convendría llamarlo en este caso, “pan y ocio”?

            En realidad, pareciera que muchos creen que todo podrá solucionarlo en su momento “papá-Estado”, que con su supuesta omnipotencia, logrará corregir los eventuales efectos colaterales negativos de las iniciativas que se propongan, hayan sido estos previstos o no. Pero por desgracia, los problemas y las dificultades, o si se prefiere, la tozuda realidad, no desaparece ni se amilana ante nosotros porque no estemos dispuestos a verla o a aceptarla (que son cosas bien distintas, aunque complementarias).

            Mientras no se tome real conciencia que, siguiendo a Lavoisier y traslapándolo desde la química a la economía, “nada se crea, nada se destruye, todo se transforma”, las propuestas absurdas como esta, que pretende producir y ganar lo mismo con menos esfuerzo, no pasará de ser un absurdo, en suma, una quimera, por mucha pirotecnia que la adorne y respaldo popular que la acompañe.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

Un electorado cautivo

De acuerdo al presupuesto fundamental del sistema democrático, en teoría los electores, o si se prefiere, el pueblo, tiene la libertad para elegir, de entre las diferentes alternativas que se le presentan, aquella que mejor defienda sus intereses, pudiendo optar a su antojo entre ellas. En consecuencia, es esta posibilidad de cambiar de gobernantes lo que viene a demostrar en los hechos, que realmente detenta el poder soberano de un Estado.

            Sin embargo, ¿qué ocurre cuando este pueblo aparentemente libre y soberano ha sido secuestrado –a veces de manera subrepticia– por los gobernantes que hipotéticamente son elegidos por él? ¿Qué pasa si más allá de la teoría y de las leyes –que dicen lo que deber ser– los electores se encuentran en una situación tal, que en la práctica no les es posible, o les resulta muy difícil no seguir “reeligiendo” a quienes detentan el poder, sencillamente porque dependen de sus beneficios para satisfacer un cumulo de necesidades básicas?

            Esto es, a nuestro juicio, lo que ha ocurrido en la última primaria en Argentina, preludio de la próxima elección presidencial y legislativa: que tantos años de subsidios y beneficios otorgados por el Estado para ayudar a satisfacer necesidades básicas (luz, agua, gas, etc.), han generado una casi absoluta dependencia de vastos sectores de la población de estas dádivas. Ello, a pesar que esta política pone a mediano y largo plazo en peligro su mantenimiento, ya que al fijarse precios máximos para estos servicios, se desincentiva la inversión para crearlos y mantenerlos. En consecuencia, la elección de una alternativa distinta para ejercer el poder (que entre otras cosas, busca evitar que estos mismos servicios colapsen en el futuro), se hace casi imposible, coartando casi por completo la libertad de optar del electorado.

            De ahí que haya que mirar con bastante cuidado, e incluso con algún grado de desconfianza, aquellas políticas impulsadas por los gobernantes demasiado generosas en beneficio de grandes sectores de la población. Sin duda los favorecen, y a veces en materias muy importantes. Pero más allá de la satisfacción inmediata de necesidades, muchas veces legítimas, hay que hacer un esfuerzo no menor para superar esta especie de encandilamiento que produce una política semejante y ver si gracias a ella, los electores podrían acabar siendo cautivos de quienes las propugnan.

            Es decir, hay que ser un poco mal pensados y preguntarse qué lleva a los gobernantes de turno –no importa cuáles– a ser tan generosos con el electorado, pues a fin de cuentas, la mera liberalidad es bastante extraña en nuestros días, no siendo la política la excepción.

            En el fondo, un nuevo peligro que se yergue sobre la libertad de países enteros, es que termine dependiendo del Leviatán, la satisfacción de demasiadas necesidades importantes de los ciudadanos, al punto que sin su ayuda resulte difícil, cuando no imposible cubrirlas. Por tanto, más allá de las apariencias y del beneficio inmediato, lo que importa destacar es que la dependencia de beneficios estatales puede terminar convirtiéndose en una nueva forma de esclavitud, lo cual hace que más allá de las apariencias, sean los supuestos elegidos y representantes del pueblo quienes realmente dominan a sus cautivos electores.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

La democracia como apariencia

Como hemos dicho muchas veces, tal vez una de las características más llamativas de nuestro tiempo sean las apariencias, que llevan a que la imagen de lo que se ve no coincida, y a veces para nada, con la realidad, al punto que de ser casi una máscara. Y en el presente caso, son nuestros sistemas democráticos los que parecen llevarse la palma.

            Veamos. Se supone que la democracia descansa sobre el reconocimiento de la igual dignidad de los miembros de una sociedad y en virtud de la misma, se llama a debatir de forma civilizada las diversas posturas que tengan unos y otros respecto de los más variados temas, triunfando aquella opción que obtenga las mayorías establecidas de antemano para su aprobación. Sin embargo, además de lo anterior, este sistema de gobierno presupone, aunque no siempre se diga expresamente, que las diferentes opiniones que se debaten tienen un fundamento, o si se prefiere, que obedecen a una cavilación racional de quienes las propugnan.

            Ahora bien, todo lo anterior no solo conlleva un nivel básico de educación de quienes participan en el debate democrático, sino también un mínimo análisis de las propuestas que se esgrimen y –digámoslo también– una pizca de interés por el bien común de la sociedad, a fin de no defender ideas mezquinas o abiertamente dañinas para el grupo, aunque esto último dé para otra columna.

            Sin embargo, si miramos la realidad y no las apariencias de lo que está ocurriendo hoy, se percibe por desgracia que muchas de las propuestas que se debaten y aceptan, no provienen de una reflexión sesuda y objetiva del problema que supuestamente se quiere resolver, sino de la ideología, de las emociones o incluso de lo que se “huele” en el ambiente y es considerado “políticamente correcto”.

            Y si a lo anterior se añade la cada vez mayor influencia de los medios de comunicación, que pueden levantar cualquier tema y hacerlo una “necesidad imperiosa” o por el contrario, no dar cobertura (y en el fondo ocultar) problemas verdaderamente importantes, surgen poderosas sospechas de si realmente estamos ante una verdadera democracia.

            Se insiste: resulta sorprendente cómo la “opinión pública” actual está siendo manipulada por diversos factores que hacen que como una veleta, cambie según los intereses del momento propugnados por diversos grupos minoritarios. De este modo, disfrazada de legitimidad, casi cualquier cosa puede imponerse a sociedades enteras, al venir supuestamente del clamor popular.

            Finalmente, si a esta grosera manipulación se añade una educación cada vez más deficiente (al punto que muchos no entienden lo que leen o no poseen los conocimientos históricos básicos), siendo sinceros, ¿de qué vale la opinión que se defienda o incluso la que gane, cualquiera que esta sea, si no existe un mínimo razonamiento serio a su respecto, sino una más o menos camuflada manipulación? Las estupideces o los errores siguen siendo tales, sin importar si son propugnados por muchos o pocos, pues aquí se ha dado más importancia al procedimiento (la emisión de las opiniones) que a su fundamento (su racionalidad).

            Es por eso que en buena medida, nuestras actuales democracias son sólo una apariencia, al encontrarse las mayorías secuestradas por diversas formas de manipulación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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