Por la Constitución muere el político

Siguiendo con las columnas referidas a una Constitución, un tema que no puede dejar de abordarse es el de los derechos que ésta consagra, que determinan tanto el marco jurídico de un país, como aquello a lo cual los ciudadanos pueden aspirar.

            El tema de los derechos fundamentales, esto es, los establecidos en una Carta Fundamental, es hoy un aspecto obligado de cualquier régimen legítimo, pues la idea es que el Estado esté al servicio de la persona. Sin embargo, luego de este punto de partida universal, comienza la discusión respecto de cuáles derechos deben establecerse y su fisonomía.

            Dentro de este interminable debate, uno de los aspectos más controvertidos es el referido a los derechos económicos, sociales y culturales (y algunos están comenzando a agregar los derechos ambientales). La característica común a los mismos, es que exigen recursos y acciones directas por parte del Estado. Y obviamente, la cantidad de matices respecto de cuánta injerencia puede o debe tener el Estado en esta labor, también es objeto de ardua polémica.

            Ahora bien, un aspecto que resulta fundamental al momento de abordar estos derechos, es su real posibilidad de ser llevados a la práctica; o si se prefiere, que no se saca nada con establecerlos genial y brillantemente en el papel, si al momento de realizarlos, ellos quedan en las meras buenas intenciones.

            En realidad, si ocurre lo anterior, se puede crear un escenario mucho más complejo y hasta peligroso que el existente antes de establecer estos derechos. Ello, pues al consagrarlos en una Constitución, se generan un cúmulo de expectativas en la ciudadanía –muchas veces irreales, por cierto–, que hacen que la vara con que se medirá la labor de los gobernantes de turno se eleve sobremanera, lo que evidentemente, hace mucho más difícil satisfacer dichas expectativas.

            Lo anterior se ve agravado además, pues como se ha dicho, la puesta en práctica de estos derechos sociales requiere abundantes recursos del Estado, que como todo el mundo sabe, hay que producir, pues ellos generan, por decirlo de algún modo, “costos fijos permanentes” para el Estado, al tener que “mantener funcionando” estos derechos.

            Todo esto y mucho más hace, como se ha dicho, que haya que tener mucho cuidado al establecer los derechos económicos, sociales y culturales, pues tal como “por la boca muere el pez”, podría decirse que “por la Constitución muere el político”.

            Por lo mismo, la historia es maestra para mostrarnos lo que ocurre cuando se actúa de manera irresponsable sobre el particular. Conocida es la situación que generó el despliegue de estos derechos en la Alemania de la Constitución de Weimar (1919), en que al ser imposible cumplir con lo prometido (dada la crisis económica post Primera Guerra Mundial), contribuyeron al advenimiento del Nacionalsocialismo y luego a la Segunda Guerra Mundial.

            Obviamente en nuestro caso, las repercusiones serían mucho menores. Pero la historia muestra igualmente demasiados casos de países que destruyen su futuro al prometer aquello que no pueden cumplir.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

Menos torta

A veces existen poderosos presupuestos tácitos, más o menos ocultos en un razonamiento, que pueden llegar a distorsionarlo notablemente, al punto que si se sacan de la ecuación, el resultado cambia por completo. Y dentro del actual debate en torno a una nueva Constitución, al menos existe a nuestro juicio uno muy poderoso: que la actividad económica seguirá dando los frutos –mejor o peor valorados– que ha generado hasta ahora.

            Dicho de otra manera: muchos creen que con un cambio esencial de nuestra normativa constitucional, será posible repartir mejor la “torta”, esto es, los recursos que genera la actividad económica, a fin de lograr una sociedad más justa. Sin embargo, lo que varios no parecen captar, es que con una alteración tan drástica de las reglas del juego –entre las cuales se cuentan también las de la actividad económica–, la “torta” puede verse bastante menguada, al punto que aun cuando se obtuviera una mejor repartija de la misma, tocaría menos que hasta ahora, al haber sido reducida a una “tortita”.

            La anterior aseveración no es un intento para “asustar” ante la eventualidad de posibles cambios de nuestro orden social y económico, sino una lógica exposición de algunas de sus posibles consecuencias. Lo que sí se pretende con este razonamiento, es quitar este presupuesto tácito que parece estar presente en el pensamiento de muchos, pues como se ha dicho, a nuestro juicio es falaz.

            Ahora bien, ¿por qué un cambio de las reglas del juego de la actividad económica reduce nuestra “torta” a una “tortita”? En realidad, la razón es bastante simple: porque para generar riqueza, hay que producirla, pues esta no viene sola. Pero además, alguien tiene que hacerlo, y se ha visto demasiado frecuentemente que el Estado no es buen empresario. En consecuencia, la generación de riqueza requiere, guste o no, la actividad de privados, más libres o más sujetos a reglas impuestas por el propio Estado, pero privados, a fin de cuentas. Y por último, esta actividad de privados persigue, se quiera o no, el lucro, pues los buenos samaritanos no son comunes en la actividad económica. Sin lucro, la economía no funciona, como mostró más allá de toda duda el desplome del sistema soviético hace algunos años.

            Pues bien, todo lo anterior requiere de reglas claras, que aseguren que estos privados, haciendo cálculos, puedan al menos contar con una razonable posibilidad de obtener este tan denostado lucro, que es el motor de su actividad. Estas reglas claras las otorga la actual Carta Fundamental, lo que se demuestra con el desarrollo económico de los últimos cuarenta años.

            Mas, si sobre estas reglas pende una espada de Damocles, e incluso surge la posibilidad que ellas sean cambiadas en un futuro cercano, sin saberse a ciencia cierta en qué sentido, estas seguridades jurídicas que otorgan la confianza mínima que hacen posible la actividad económica, se esfuman como por encanto. En consecuencia, es como si no hubiera reglas, hasta que se aclare si se sigue con las existentes hasta la fecha o se crean otras.

            De este modo, sea cual fuere el resultado que finalmente surja, mientras no se despeje esta incógnita, la actividad económica al menos disminuirá, pues nadie se arriesgará a invertir sin reglas claras y mucho menos, sin reglas. La “torta” se convertirá así en “tortita”, al menos por un buen tiempo. Y este es el incómodo dato que hay que añadir a la ecuación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera de Derecho

Universidad San Sebastián

El aborto es seguro, legal y «gratuito»

El 24 de abril del 2007 se despenalizó el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación sin necesidad de argumentar ninguna causa. Es decir que el día de hoy se cumplen 8 años de este acontecimiento que le ha costado la vida a 135 mil seres humanos, aproximadamente.

Justamente hace unos días hablaba sobre este tema en una entrevista para un programa radiofónico… y me causó mucha curiosidad como la locutora enfatizó en tres ocasiones la siguiente frase: “el aborto es seguro, legal y gratuito”.

Es curioso que esta frase (que es muy escuchada en diferentes medios) contenga tres adjetivos que en principio son buenos. El adjetivo “seguro” comunica certeza y confianza; la palabra “legal” supone protección y que es algo bueno; y que sea “gratuito” lo vuelve atractivo, a quién no le agradaría algo que sea gratis.

El aborto será “seguro” para la madre, considerando solo la parte física. Pero ¿qué hay de la parte emocional? Porque una de cada dos mujeres que aborta presenta síntomas de trastornos depresivos. Y será “seguro” para la madre… en el mejor de los casos, porque para el ser humano gestado, el aborto es letal.

El aborto será “legal” en el DF, sin embargo, las leyes deberían estar para proteger a las personas no para matarlas,. La ley no puede construir la realidad, por lo tanto no puede ni debería intentar definir cuando un ser en gestación se vuelve humano. Eso no es un asunto legal, sino médico. Y la medicina nos dice que la vida humana inicia en el momento de la fertilización.

El aborto será “gratuito” pero lo es porque es financiado de los impuestos de todos los capitalinos. Cada una de las personas productivas está pagando el asesinato de seres humanos en el vientre de su madre. Esto es altamente insensato sabiendo las carencias y necesidades que existen en el Distrito Federal y en donde podrían ocuparse mejor los recursos.

El aborto no es seguro, no debería ser legal ni tampoco gratuito.

El día de ayer fueron entregadas 142,900 firmas de personas que están en contra del aborto y a favor de la vida desde el momento de la fertilización. Y el día de la mañana miles de personas saldrán a la calle en la 4ta Marcha por la Vida para manifestarse a favor de la vida del ser humano en el vientre materno, de la mujer embarazada y de la maternidad y paternidad responsable.

La sociedad mexicana está alzando la voz, somos muchos los mexicanos que defendemos la vida. Son muchos las madres y padres de familia que día a día trabajan y luchan por la vida de sus hijos, son muchas las madres solteras que han sido valientes al defender la vida de sus hijos, son muchos los jóvenes indignados ante los peligros y consecuencias del aborto.

Hoy a ocho años de su legalización, la sociedad mexicana le dice NO al aborto. Las autoridades deben escuchar nuestra voz y tomar decisiones de acuerdo a la verdad.

Juan Antonio López Baljarg

@Juanlbaljarg

Realidad y Derecho

En varios países occidentales, el tradicionalmente llamado “Derecho de Familia” está sufriendo una evolución tal, que corre el riesgo de volverse irreconocible.

En efecto, en el último tiempo, cada vez más países tienden a ampliar el concepto de matrimonio, a fin de incluir en él a parejas del mismo sexo (siendo ahora el turno de Francia). Sin embargo, se han ido dando también otras situaciones que hacen imposible no meditar sobre este asunto. Así, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, Brasil, un notario aceptó como válida una relación estable entre dos mujeres y un hombre con hijos; en California se aprobó una ley que permite tener tres padres legales, pues se estima que un niño criado por dos personas del mismo sexo, si es hijo de uno de ellos, puede tener relación con su otro progenitor biológico; finalmente (y sólo como último botón de muestra), en Argentina se está debatiendo una profunda reforma al Código Civil, para permitir entre otras cosas, el vientre de alquiler o la inseminación post mortem.     

De esta manera, pareciera que el Derecho de Familia fuera una especie de sustancia arcillosa a la cual podemos dar la forma que queramos. Incluso, algunos consideran que su forma tradicional es arbitraria, motivada por razones ideológicas o religiosas. Mas, ¿es realmente así?

En realidad no. Ello, porque se olvida que la regulación jurídica que nos ha regido durante milenios, no ha sido el resultado de una determinada idea arbitraria que pretendió imponerse a una realidad plástica e indeterminada para así aprisionarla, sino en verdad, ocurrió exactamente lo contrario. O si se prefiere, y para usar un refrán popular, “la necesidad creó el órgano”, lo que significa, en el fondo, que la regulación jurídica no vino más que a ordenar una situación real e imprescindible para la raza humana.

¿Cuál? Sencillamente, la porfiada realidad mostraba de manera inequívoca que las relaciones sexuales entre hombres y mujeres eran la manera de engendrar nuevos seres humanos, que a la postre, sustituirían a sus progenitores. Además, que este relevo generacional era imprescindible para que las sociedades, por primitivas que fueran, siguieran existiendo. Que suele establecerse un lazo afectivo entre los padres y entre éstos y los hijos. Finalmente (entre otras muchas consideraciones), que estos hijos requieren un ambiente de cuidado y cariño para su desarrollo como personas, todo lo cual redunda a la postre en beneficio de la sociedad de la que forman parte.

En consecuencia, fue esta situación, natural y espontánea, lo que el Derecho de Familia vino a regular poco a poco, una vez que se alcanzó un nivel mínimo de civilización, como demuestra la universalidad de la institución matrimonial. Por eso es el Derecho el que deriva de la realidad de las cosas y no lo contrario, como muchos pretenden hoy. ¿Será éste último el camino correcto?

 

*Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Chile