Los censores del mundo

Si se miran con atención los hechos de violencia que se han registrado en nuestro país desde hace ya varios años, pero en particular desde octubre pasado, sus devastadoras secuelas, su mantención e incluso recrudecimiento en algunos sectores y, en particular, la imposibilidad del Estado y de sus autoridades para restablecer –y eventualmente mantener– el orden público, se puede apreciar que la gran piedra de tope para solucionar este problema han sido los actuales “derechos humanos”.

            En efecto, los actuales “derechos humanos” han estado en el meollo de nuestra presente crisis político-social (y ahora económica) desde dos perspectivas complementarias: primero, legitimando en buena medida los hechos de violencia que nos aquejan hasta hoy; y segundo, impidiendo que la fuerza pública pueda restablecer el orden y la paz social, imprescindibles para cualquier convivencia democrática y Estado de Derecho.

            Respecto de la violencia, ella ha sido ampliamente justificada por los actuales “derechos humanos”, al considerarla legítima, en atención a exigir o a defender ciertos derechos que se consideran fundamentales, tanto, que incluso se mira con buenos ojos a quienes usan la violencia para luchar por ellos.

            En cuanto a la verdadera neutralización de la fuerza pública que hoy nos aqueja, los actuales “derechos humanos” consideran que quienes participan en estas manifestaciones violentas, por el hecho de estar defendiendo estos derechos, se encuentran escudados por ellos, de tal forma que cualquier respuesta que se dé a su agresión, es considerada ilegítima y será duramente sancionada, como de hecho ha ocurrido frecuentemente.

            Sin embargo, los actuales “derechos humanos” no toman en cuenta para nada los derechos de quienes sufren graves daños en su persona o bienes, como consecuencia de estas protestas violentas que han sido sacralizadas en su nombre: el resto de la población y las fuerzas de orden del país. Al parecer, estos últimos no tendrían importancia desde la perspectiva de los actuales “derechos humanos”, debiendo plegarse sumisamente a sus exigencias. Con lo cual, ya no seríamos todos iguales, pues los actuales “derechos humanos” protegen solamente a ciertos grupos, aquellos que están de su lado, evidentemente.

            Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a una situación semejante? En parte, ello se debe a la conquista y al auténtico monopolio que se ha producido en la composición de los organismos internacionales encargados de determinar cuáles son estos derechos y quiénes los cumplen o no. De esta manera, lo que surgió como un gran avance en el proceso civilizador de la humanidad (cuya acta de nacimiento fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), hoy se encuentra completamente ideologizado por la izquierda más radical, que paso a paso, ha vaciado a los verdaderos derechos humanos de su genuino sentido, y los ha reemplazado por los actuales “derechos humanos”, usándolos como dóciles instrumentos para sus propios fines, usufructuando del prestigio que aún mantienen.

            Todo lo cual muestra el enorme poder que conlleva haberse erigido en una especie de “censor internacional”, que determina a su arbitrio qué es correcto e incorrecto a nivel global y quiénes se encuentran en el lado correcto de esta visión.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Economía y derechos humanos

Según hemos dicho en otras oportunidades, cuando se analiza el modo como hoy se conciben y exigen los derechos humanos, en particular los de segunda generación (los que conllevan prestaciones directas del Estado, como la salud o la educación), es imposible no preguntarse cómo se financiarán estos derechos cada vez más amplios y costosos.

            La pregunta, por mucho que algunos la rehúyan, es esencial, pues todas estas actividades requieren implementar una serie de medidas que, se quiera o no, conllevan recursos, y no pocos, dicho sea de paso. De hecho, cada año el erario del Estado se ve más y más comprometido, no solo para incorporar los nuevos y crecientes derechos que se reclaman como la cosa más natural, sino además, para mantener los ya existentes, que –no faltaba más– una vez adquiridos, obviamente no se pueden perder.

            Y por supuesto, uno de los blancos preferidos de esta vorágine de derechos, es el modelo económico neoliberal, al cual suele culparse de prácticamente todos los males e injusticias, que los derechos humanos estarían llamados a reparar. Evidentemente, lo anterior no significa que no haya cosas que corregir del modelo, que como toda obra humana es perfectible y puede ser mal usada. Pero en muchos casos, la mirada de estos “derechohumanistas” apunta a su completa destrucción, pues como se ha dicho, sería el origen de todos los males, la peor maldición que ha caído sobre la faz de la tierra.

            Mas, si se consiguiera ese propósito, ¿de qué manera o por cuánto tiempo podrían mantenerse los enormes gastos que requieren estos derechos tan ardorosamente proclamados y exigidos? Porque si se atenta contra el mecanismo que permite la producción de la riqueza, se propina un golpe mortal a la misma fuente de donde surgen estos recursos –tan necesarios como olvidados– que les permiten existir. Sería como matar a la gallina de los huevos de oro.

            Lo anterior, por mucho que en un principio surja la apariencia de haber solucionado una “injusticia”, como por ejemplo, cuando se suben desmesuradamente algunos impuestos, se establecen precios máximos o se realizan expropiaciones estratégicas. En todos estos casos, se está generando pobreza, y la posibilidad de acceder a créditos internacionales o de iniciar una espiral inflacionaria tienen también un beneficio limitado que muy pronto se paga con creces, generando muchos más problemas que los que se buscó solucionar en un principio. Por eso, podría concluirse que es más lo que los derechos humanos dependen de la economía que lo contrario, aunque resulta obvio que ambos se influyen mutuamente.

            En consecuencia, si los derechos humanos requieren de una economía sana para poder solventarse, el mayor daño que puede hacerse a estos derechos, es atentar contra dicho sistema económico, pues proporciona uno de los elementos básicos para su existencia. Incluso podría hablarse del “derecho humano a una economía sana”, pues se insiste, atentar contra la misma es hacerlo contra los derechos humanos en su globalidad. Pocos o casi ningún derecho humano de los que actualmente se implementan continuaría existiendo, si volvemos una economía pastoril o si lo absorbiera todo el Estado.

            Por tanto, hay que andarse con bastante más cuidado al momento de criticar tanto al “modelo” en nombre de los derechos humanos –lo cual no obsta a perfeccionarlo–, pues con ello estamos atentando contra estos mismos derechos en su globalidad.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un problema insoluble

Los derechos humanos han irrumpido prácticamente en todos los ámbitos de la vida, al punto que en la actualidad, casi no existe esfera humana que no se relacione con ellos: desde la estructuración política y jurídica de un país, hasta aspectos tan íntimos como la sexualidad y la familia, pareciera que nada puede quedar fuera de su vista.

            Ahora bien, aun siendo muy positivo que un aspecto tan importante del Derecho como su contenido sea objeto de creciente atención, y no baste con la sola promulgación formal de las leyes de un país, como casi todo en la vida, los beneficios de esta exigencia material dependen del adecuado planteamiento que se haga de estos derechos humanos, pues como decía ya el viejo Aristóteles, en el punto medio está la virtud.

            En efecto, aun siendo un aspecto fundamental de nuestras actuales sociedades, la sola proclamación y defensa de los derechos humanos no bastan por sí mismas para conseguir un mundo mejor, pues en buena medida, ello depende de cómo se lleve a cabo dicha proclamación y defensa. O si se prefiere, hechas de mala manera, pueden resultar a la postre un remedio peor que la enfermedad, e incluso convertirse un problema insoluble.

            Lo anterior se debe a que en muchas ocasiones, cuando se analiza el modo en que los diferentes organismos internacionales (a saber, cortes y comités) plantean e incluso exigen a los Estados el cumplimiento de los derechos humanos que defienden, resulta imposible no experimentar cierta inquietud, que es lo que motiva la aprensión recién señalada. Ello, ya que por regla general, esas exigencias respecto de la puesta en práctica de estos derechos (o mejor dicho, las críticas por no lograrlo) tienen al menos tres características.

            La primera, es que tendríamos derecho prácticamente a todo, con lo cual el catálogo de derechos humanos que se exige cumplir a los Estados no hace más que crecer y crecer.

            La segunda, que en ningún momento se aborda el delicado problema de los recursos económicos necesarios para llevarlos a cabo, casi como si fuera un tema sin importancia, pese a que cada vez se reclaman más prestaciones por parte del Estado para su satisfacción.

            Y la tercera, que suele ser muy común que cuando se critica a un Estado por no estar a la altura de las exigencias de estos organismos internacionales, ello no se atribuya a la falta de recursos, sino a la mala voluntad o incluso la acción conspiradora de sectores contrarios a estos derechos, presentándolos así como los grandes enemigos de los mismos.

            Se comprende que con estos supuestos, se genera una creciente rabia y frustración en vastos sectores de la población, que se consideran vejados tanto por poseer expectativas irrealizables (al presuponerse derechos y recursos infinitos), como por la animadversión que estiman, existiría hacia ellos de parte de diversos sectores de la sociedad.

            Con lo cual, lejos de contribuir a la paz y a la armonía social, los derechos humanos así planteados logran exactamente lo contrario: un creciente y permanente descontento, que nunca se conforma con nada, al crecer y crecer el catálogo de derechos, que además, se hacen cada vez más irrealizables por falta de recursos o por la supuesta acción contraria de sus enemigos. De esta manera, los derechos humanos se van convirtiendo en un problema insoluble. ¿Estaremos yendo por un buen camino?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El trabajo más fácil del mundo

Tal vez no exista trabajo más fácil hoy en día, que ser oposición a cualquier gobierno, como se ha demostrado hasta la saciedad en nuestro país. Ello, porque desde un cómodo palco, se pueden lanzar críticas a destajo contra el gobierno de turno, sin importar lo bien que esté luchando contra la pandemia o las medidas económicas que se encuentre implementando para afrontar la postpandemia, que seguramente será peor que nuestra actual crisis.

            En efecto, lo único que tienen que hacer quienes actualmente no tienen que dirigir un país, es considerar malo o al menos insuficiente todo lo que hagan las autoridades. No tanto porque como resulta obvio, siempre se puedan cometer errores, sino sobre todo, porque con esta permanente crítica, además de pretender minimizar sus eventuales logros, se busca dar la impresión que si ellos hubieran estado en el gobierno, lo habrían hecho mucho mejor.

            Por tanto, se está jugando con una premisa falsa, que además, es imposible de demostrar. La única forma sería que cuando ellos eventualmente sean gobierno, nos toque una situación semejante. Aunque también es cierto que de ocurrir lo anterior, ya se contaría con la experiencia de la actual crisis, con lo cual la comparación igualmente sería injusta.

            Se insiste en que pretender que la oposición, cualquier oposición, lo habría hecho mejor, es un hecho indemostrable y en el fondo, una petición de principio. Ello, pues nos encontramos frente a una situación inédita dentro de la historia de la humanidad, no tanto por los ribetes sanitarios de la actual crisis, sino debido a sus impresionantes repercusiones económicas: al estar inmersos en una economía global, el actual empeño por “detener el mundo” a fin de combatir la pandemia, no tiene precedentes.

            Pero además –y también nuestro país ha dado un triste ejemplo–, existen sectores de la oposición que casi parecen alegrarse de las malas noticias o de los errores que se cometen, sin importarles las consecuencias sanitarias y económicas que ello pueda traer consigo. Es como si no se dieran cuenta que si el gobierno, cualquier gobierno fracasa, es el país entero –incluidos ellos mismos–, quien se ve perjudicado.

            De ahí que lo lógico sería que la oposición, de cualquier país, apoyara al gobierno de turno en esta situación extrema, a fin de aunar esfuerzos para enfrentar de la mejor manera posible esta crisis y aminorar sus dañinos efectos a corto y mediano plazo, que cada vez se presentan más inquietantes y atemorizadores.

            Es por todo lo anterior que la ciudadanía debiera tomar adecuada nota de lo ocurrido y no dejarse instrumentalizar por un fácil inconformismo, fruto de una demagogia oportunista y muchas veces irresponsable. Porque una actitud semejante revela muy a las claras, que parte de la clase política quiere sencillamente aprovechar esta dolorosa situación para acceder al poder, anteponiendo ese interés particular al bien común general.

            Por eso, tal como ocurre con las personas, es en los momentos difíciles cuando se puede aquilatar adecuadamente la valía de las instituciones o de los grupos y su verdadera grandeza. Mas, si ni siquiera en este momento extremo son capaces de dejar de lado sus intereses, ¿qué se puede esperar para los tiempos de relativa normalidad?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Bioética y responsabilidad social en México: Guía bioética de covid-19

María Santillana 1

Doctora en Bioética (Candidata)

UNIVERSIDAD ANÁHUAC, MÉXICO-NORTE

1 mariaeugenia.santillana@gmail.com

Universidad Anáhuac, México-Norte

https://www.anahuac.mx/

Ciudad de México, México

Palabras clave: bioética, responsabilidad y derechos humanos.
En una pandemia es imprescindible la Bioética

       Cada sociedad se dota de un conjunto de valores que definen lo que la gente cree que está bien y mal, y que se reflejan en las conductas que se aceptan y rechazan. Todo ello se plasma en unas leyes que definen lo que se puede y no se puede hacer, y en un código penal que determina las consecuencias que deberá afrontar quien infrinja esas normas.

       Con frecuencia aparecen conflictos que hay que resolver, cuando confrontamos dos hechos que están bien pero entran en conflicto. En ese caso debemos optar por uno de ellos. Estos dilemas son los que resuelve la ética, que analizará las circunstancias que hay detrás de cada uno, sus posibles beneficios y riesgos asociados y la legislación. Así emitirá un juicio razonado y una recomendación sobre el camino a seguir.

       La evaluación ética es una reflexión crítica sobre la moralidad, un marco al que acudir para tomar la mejor decisión posible con nuestra escala de valores y con las normas existentes. Cuando los dilemas a debatir tienen que ver con las ciencias de la vida y la salud hablamos de Bioética.

     La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación ante el documento denominado «Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica», elaborada por integrantes del Consejo de Salubridad General para la emergencia de COVID-19, la cual plantea cómo resolver casos extremos en los que no haya equipos suficientes de terapia intensiva.

         De manera particular contiene criterios que ejercen una discriminación indirecta hacia las personas mayores, y las pone en desventaja en el acceso a los recursos de medicina crítica, lo que vulnera su derecho a la salud, a la vida y a la dignidad de la persona. La CNDH alertó que se trata de un documento en borrador, hasta donde se ha dicho, pero que tiene muchas posibilidades de instrumentarse ante el tamaño de la exigencia que le impondrá la pandemia a nuestros servicios de salud.

     Ante las implicaciones de decisiones bioéticas de emergencia como las que plantea un escenario de sobresaturación de servicios médicos asociada al COVID-19, la CNDH llama la atención para que se tomen en cuenta cuestiones tales como la de saber si desde la perspectiva del bloque de constitucional, la eventual aplicación de esta Guía violaría los derechos humanos de quienes no recibieran atención urgente debido a las circunstancias extremas de no disponer de recursos suficientes.

     A partir del análisis desde el bloque constitucional de derechos humanos, es importante precisar que la Guía es  contraria a disposiciones sobre el derecho a la salud vinculantes para México, tanto en el Sistema Universal como en el Sistema Regional de protección de los derechos humanos, ya que es un documento que justifica que el Estado Mexicano no garantice el acceso efectivo a los bienes de salud a todos los pacientes con COVID-19, en este caso a los recursos de medicina crítica.

    Es delicado que la Guía proponga que el triaje funcione como un órgano decisorio, que no esté supervisado y/o acompañado por un Comité de Bioética, que le permita tomar decisiones que involucren vidas humanas; asimismo, que sus criterios de integración del equipo de triaje, deban de aplicarse «idealmente», lo cual no garantiza la adecuada decisión en el respecto y garantía de los derechos humanos los pacientes con COVID-19.

    La Guía Bioética referida no posee una adecuada fundamentación, a pesar de que el mismo documento dice, en una nota al pie de página, sustentarse en “lo ordenado por el artículo 73, fracción XVI secciones 1ª. 2ª. y 3ª (sic)” de la Constitución.

      Se trata de una fundamentación errónea, con la que se pretende validar, y hacer vinculante, lo que en términos legales solo son una serie de recomendaciones, que no cuentan con el consenso de todos los miembros del Consejo, y que en algunos casos pueden generar responsabilidades jurídicas para los médicos que las sigan.

     De hecho, las irregularidades del documento incluyen una invasión de facultades que le corresponden exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, pues el Consejo de Salubridad General, también en nota al pie, dice que “en caso de que se soliciten suspensiones por vía de amparo respecto de las decisiones tomadas con apego a la presente guía, las mismas deberán ser denegadas”. Como mencionábamos anteriormente, el CSG no solo pretende que la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica” sea obligatoria para todas las autoridades administrativas del país, sino que -ilegalmente- también intenta normar el criterio de los jueces y magistrados, violentando la independencia del Poder Judicial de la Federación.

     La Guía Bioética publicada por el CSG apunta que, ante la posible saturación del sistema de salud, los recursos de la medicina crítica, como lo son los respiradores mecánicos, deberán utilizarse siguiendo el criterio de “salvar la mayor cantidad de vidas-por-completarse (sic)”. “Lo anterior se traduce en que las y los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de la medicina crítica son priorizados sobre los pacientes que tienen menor probabilidad de sobrevivir”. Es decir, si solo hay un respirador mecánico y dos pacientes lo necesitan, los galenos tendrían que elegir primero al enfermo que tiene mayores posibilidades de recuperarse, y de vivir más tiempo tras ello. Siguiendo ese criterio, primero debería atenderse a quien no tenga comorbilidades serias como diabetes, obesidad o hipertensión; en seguida a quienes aun teniendo esos padecimientos pueden tener una supervivencia a largo plazo, en tanto que en último lugar estarían los pacientes que tienen una “alta probabilidad de muerte dentro de un año”, afirma la guía.

      Estamos ante decisiones bioéticas que no están exentas de generar responsabilidades jurídicas, por lo que, en ese tenor, para evitarse problemas, los médicos deben seguir primero lo estipulado en la Constitución y en la Ley General de Salud. Al trabajar en una institución pública, los galenos están obligados a proteger la vida de todas las personas, derechos humanos que deben privilegiarse, independientemente de las recomendaciones del Consejo de Salubridad General.

     En caso de que se tenga que elegir a quién atender primero, si el sistema de salud pública llegara a saturarse con la actual pandemia de COVID-19, el profesional de la salud debe considerar lo que mandatan nuestras normas, y lo que la buena práctica médica estipula (lex artis). En este punto es importante señalar que los médicos no pueden ser sancionados si deciden no obedecer la Guía Bioética del Consejo de Salubridad General, pues esta, además de no contar con una fundamentación jurídica adecuada, no es obligatoria, por lo que tampoco genera responsabilidad alguna en caso de no seguirse.

     Considerando nuestro sistema jurídico, las decisiones médicas -por difíciles que sean- deben regirse, en primera instancia, por lo que señala la ley, enseguida vienen los criterios éticos que rigen el adecuado desempeño de la profesión. Las valoraciones subjetivas sobre lo que se considera justo o injusto son juicios de valor que no necesariamente son compartidos por una mayoría.

     Lamentablemente, la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica” del Consejo de Salubridad General no sigue estas pautas, adolece de la fundamentación legal adecuada, e incluye el calificativo de “injusto” para ejemplificar algunas situaciones que pudieran presentarse con la pandemia de coronavirus. Esto último es una muestra más de la deficiente elaboración del documento, el cual, por cierto, ya fue rechazado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

     “La Universidad Nacional se deslinda de los términos y del contenido del referido documento”, pues ni esa casa de estudios, ni su rector, Enrique Graue Wiechers, fueron convocados para la eventual aprobación de dicha guía, a pesar de que Graue, quien por cierto también es médico, es uno de los vocales titulares del Consejo de Salubridad General, aseveró la UNAM en un comunicado.

     Al respecto, no debemos olvidar que lo que es justo para algunos no necesariamente es legal, y lo que suele estar en las normas jurídicas no siempre responde a lo que cada persona considera como justicia. Por ello, antes de introducir este tipo de valoraciones, la obligación de todas las autoridades es acatar la ley, pues vivimos en un Estado de derecho, a pesar de las deficiencias que este presenta en México. Como autoridad sanitaria, el Consejo de Salubridad General no puede exceptuarse de este cumplimiento.

     El derecho a la salud es un derecho humano que salvaguarda el mayor bienestar físico, psicológico y social para todas las personas. Los sucesos que han derivado de la aparición de este nuevo coronavirus han mostrado que el alcance de ese bienestar implica muchos factores, como los ya anteriormente mencionados, y probablemente muchos más, por lo que, queda pendiente una redefinición interseccional de la salud desde una perspectiva de derechos humanos.

  Siempre se espera que a partir de las crisis surjan nuevos elementos que puedan mejorar las condiciones de vida vigentes. Esta pandemia ha sacado a relucir muchas carencias, desigualdades y rezagos que, muy probablemente, en otros momentos, no serían de gran relevancia. El mundo no volverá a ser el mismo una vez que se retomen las actividades cotidianas y comience a girar a la misma velocidad vertiginosa que solía hacerlo. Sin embargo, cuando se intente restablecer es el momento de replantear muchos aspectos partiendo desde la bioética social, herramienta que propicia el debate plural, ético y político, el respeto a los derechos humanos, la interdisciplinaridad, la libertad de pensamiento, la toma de decisiones centradas en el individuo y su contexto y aspira al desarrollo social en equilibrio con el entorno social, cultural y ambiental.

   Toda pandemia supone enormes retos a nivel social, sanitario y económico. Para una respuesta adecuada a esta emergencia, es imprescindible disponer de un marco ético de referencia para la planificación y toma de decisiones Por el momento, quedémonos con este simple mensaje: no nos olvidemos de la bioética.

Constitución y persona

Aunque parezca de Perogrullo, uno de los aspectos más importantes de una Constitución es el real valor que tenga la persona humana al interior de la misma, lo que va mucho más allá de las meras declaraciones que puedan hacerse en el documento en cuestión. Y dentro de otros, existen al menos dos elementos clave que deben ser tomados en cuenta.

            El primero es determinar si la Carta Fundamental “reconoce” u “otorga” una especial dignidad a la persona. La diferencia entre ambas posibilidades es fundamental, pues en el primer caso, se trata de un muro infranqueable que debe respetar sin excepciones y a partir del cual construir su andamiaje jurídico; en cambio si sólo la “otorga”, se trata de una cualidad no esencial, que podría o no asignarle a los sujetos de un país, pudiendo por ello dejar excluidos de dicho estatus a sectores más o menos amplios de la población.

            Luego de este punto esencial y como segundo elemento en parte derivado del mismo, la mayor o menor valía que se otorgue a la persona dependerá de cuánta libertad se le permita ejercer, sabiéndose de antemano que una libertad total y absoluta resulta imposible, por elementales razones de convivencia. Mas lo importante aquí es que mientras más labores absorba el Estado (y que por consiguiente quite a los particulares), menos esferas de autonomía tendrán las personas y viceversa.

            En efecto, si la organización jurídica, política y económica de una Constitución deja poco o nada a la iniciativa privada, o si se prefiere, al desenvolvimiento y originalidad de los sujetos regidos por ella, no sólo los está esclavizando en cierto modo, sino que de alguna forma, hace traslucir una gran desconfianza y/o una muy poca fe en las personas. Ello, pues les quita autonomía, ya sea porque considera que gracias a ella se producirán abusos o inoperancias, respectivamente.

            Dicho de otro modo: un desmesurado intervencionismo estatal en las diversas esferas de la vida, hace traslucir que para una óptica semejante, los gobernados son más o menos malvados o más o menos estúpidos, lo que explica que desconfíe completamente de ellos. Afortunadamente, para esta visión, ahí se encuentra el Estado y sus guardianes para poder enrielarlos a todos, por el bien de ellos mismos. “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”, podría decirse, al más puro estilo del despotismo ilustrado.

            De ahí que haya que tener bastante cuidado con la organización y las atribuciones que una Constitución otorga al Estado y los diversos organismos que lo componen, pues también es común que este gigantismo de lo público, se justifique o fundamente aduciendo un mejor servicio y preocupación por las mismas personas a las que termina aprisionando.

            Por tanto, en una época en que la autonomía individual es un bien tan apetecido y celosamente defendido, lo más opuesto a ella es un Estado gigante que pretenda sustituir el ejercicio y los frutos de dicha autonomía.

            En el fondo, todo lo dicho hasta aquí podría también justificarse preguntándose qué depende de qué para existir: si las personas del Estado o el Estado de las personas. Ahora, puesto que por una simple razón de causalidad, es el Estado el que está formado por las personas –al punto que no existiría sin ellas–, debiera primar esta última, lo que a su vez, obliga a que la persona sea la verdadera piedra angular de cualquier orden constitucional que realmente esté a su servicio y no lo contrario.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

Pecado de omisión

La creciente escalada de agitación y violencia que vive nuestro país, que aún presenta un futuro incierto, ha trastocado completamente una estabilidad y seguridad que creíamos muy sólida hasta hace menos de un mes, mostrando de manera irrefutable que es mucho más fácil destruir que construir cualquier realidad.

            Hasta ahora, mucho se ha hablado sobre violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas del Estado hacia los manifestantes, y es claramente un tema que traerá muchas consecuencias y debates en el futuro.

            Sin embargo, poco se ha hablado de la protección que merecen, con tanta justicia como los manifestantes, quienes han visto sus derechos afectados o abiertamente destruidos por los actos de violencia. En efecto, ¿quién protege a las víctimas de toda esta vorágine?

            Como se sabe, el Estado posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza, en aras a mantener el orden público. Esto es absolutamente necesario en cualquier Estado de Derecho, porque en caso contrario, primaría la autotutela, que como se sabe, es un remedio peor que la enfermedad. En consecuencia, los particulares renuncian al uso de la fuerza precisamente en aras de la paz y el orden social, que son la base para el ejercicio de sus derechos.

            Sin embargo, si el Estado no es capaz de garantizar este orden social, se verán afectados, como de hecho lo están siendo en este momento, un cúmulo de derechos humanos de la gran mayoría de la ciudadanía: la salud, la integridad física y psíquica, la libertad de tránsito, la libertad de trabajo, la libertad de ejercer una actividad económica y la propiedad, entre otros muchos. Todos ellos se podrían ver –y ahora se están viendo– perturbados, a veces de manera grave, al punto incluso de hacerse imposible su ejercicio. De esta manera, ¿quién responde por los perjuicios ocasionados?

            En realidad, lo que ocurre aquí, es que al margen de las responsabilidades individuales que pudieren existir en la alteración grave del orden público, que afecta estos derechos humanos de la gran mayoría de la población, el Estado igualmente posee su grado de culpa. Sin embargo, aquí podría hablarse, de manera figurada, de un “pecado de omisión”.

            En efecto, en el caso que estamos analizando, el Estado está violando derechos humanos por omisión, no por acción. Es decir, la vulneración se produce aquí no por acciones directas de sus agentes que perturben o hagan imposible el ejercicio de estos derechos, sino por no tomar las medidas mínimas necesarias para que ellos puedan realizarse.

            En el fondo, es una situación parecida a los delitos por omisión, que como su nombre indica, son cometidos no por acciones directas, sino por dejar de actuar cuando existe el deber jurídico de hacerlo (por ejemplo, el médico que deja de cuidar a su paciente y este muere).

            Por tanto, el Estado es responsable por no llevar a cabo lo que está obligado a hacer: preservar el orden público, esencial para que pueda primar el Estado de Derecho, aquella situación en que todos, tanto gobernantes como gobernados están sujetos a la ley.

            Compleja situación la del Estado, que puede ser acusado de violar derechos humanos tanto por acción como por omisión. Lo fundamental y dificilísimo en este caso, es encontrar un punto de equilibrio entre ambas formas de actuar.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

Sergio Mayer y los «derechos de las mujeres»

Hace unos días, el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Betrón dijo en entrevista lo siguiente:

«Sólo para mujeres definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer. Cuando empezó el show entraban a cabildo para decidir si nos daban el permiso para presentarnos y si los hombres le daban permiso o no a sus mujeres para vernos. Solo para mujeres fue parte de ese cambio importante, no solamente cultural, sino social. Incluso, Carlos Monsiváis, en algún momento, llegó a hablar y escribir del fenómeno de «Solo para mujeres» y lo que generaba el proyecto»

Las acérrimas críticas no se han hecho esperar, especialmente de mujeres, argumentando que lo que realmente ayudo a los derechos de la mujer fueron acontecimientos como la despenalización del aborto antes de las 12 semanas en la Asamblea Legislativa  del Distrito Federal.

Yerran brutalmente ambas partes. Tan mal esta nuestra sociedad que hay hombre que piensan que desnudarse ayuda a los derechos de las mujeres, peor aún, hay mujeres que llaman “derecho a decidir” el matar al hijo en el vientre materno.

Pero Sergio Mayer no es el único hombre que cree erróneamente que hacer ciertas cosas ayuda a los derechos de la mujer. Sin duda el diputado expreso lo que varios hombres y mujeres piensan pero no dicen: creen que protegen a la mujer usando preservativos, creen que publicando artículos sobre la «igualdad de género» es apoyar a la mujer, (ignorando lo dañino que es promoverla), que pintarse los labios para absurdas campañas es «entender» a la mujer, que promover el aborto es «velar por los derechos» de la mujer. Espectáculos llamados «stripers» y «table dance» no son más que la cosificación del hombre y la mujer, el pisoteo de su dignidad. Y los asistentes son los principales responsables de ello. Así que no debe tomarse a la ligera algo que es de suyo denigrante (no importa si lo defiende un diputado o una feminista radical).

A ti, hombre o mujer ¿quieres realmente respetar al otro?  entonces…

Deja de presentarle posibles «ligues» a tu amigo(a) casado(a)

Deja de pagar por la compañía de una mujer/hombre

Deja de contratar mujeres u hombres para las despedidas de soltero(a) de tus amigos(as)

Deja de pagar por sexo

Deja de cortejar mujeres/hombres casados

Deja de cometer adulterio

Deja de consumir pornografía

Deja de desviar el sueldo destinado a tu hogar para gastarlo con los «amigos»

Deja de practicar la promiscuidad so pretexto de que buscas al «amor de tu vida»

Deja de presionar/coaccionar a tu novio(a) para tener relaciones sexuales

Deja de decirle a tu novia que «puede contar contigo» sólo si aborta a tu hijo

Deja de promover el aborto como un derecho cuando se trata del asesinato en el vientre materno

Deja de aconsejar el aborto de tus nietos, sobrinos o de los hijos de algún amigo, tampoco lo pagues

Deja de cosificar a la mujer y al hombre

Cualquiera puede pintarse los labios para campañas absurdas «a favor de la mujer», otros más desnudarse en un show para “ayudar” a los derechos de los demás, pero no todos están dispuestos a dejar éstos hábitos tan dañinos y denigrantes. Probablemente a muchos hombres y mujeres nadie les hablo del respeto a sí mismos, no tuvieron a nadie que los guiará debidamente, que les corrigiera o que realmente fuese su amigo, y a otros más les tocaron circunstancias sumamente precarias y difíciles. Estas carencias, a la postre causan estragos en la vida de una persona. Aprovecharse no es una opción.

Apuesta por los verdaderos valores, por la práctica de las virtudes, aún habiendo cometido errores, es posible, con el tiempo limpiar la propia vida, implica un sacrificio es cierto, pero es por lo que vale la pena luchar, para ser ese hombre y mujer que todo padre quisiera para sus hijos…

Privacidad y vigilancia

Los días 6, 7 y 8 de noviembre en Santiago y 9 y 10 de noviembre en Concepción, se llevaron a cabo las “XIII Jornadas Internacionales de Derecho Natural”, coorganizadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad San Sebastián, con la presencia de destacadas personalidades chilenas y extranjeras, cuyo tema central fue “Conflictos entre privacidad y vigilancia”, en que además se abordaron problemas tan modernos y desafiantes como la seguridad ciudadana, la privacidad de los datos personales, la identidad digital, el blockchain y las bitcoins y criptomonedas.

            A primera vista, temas tan actuales como los mencionados pueden parecer extraños para un congreso de Derecho Natural, tradicionalmente abocado a temas más “clásicos”, por ejemplo, vinculados a la vida, la familia o la libertad religiosa, por mencionar sólo algunos de los más conocidos. Sin embargo, ello no es así. Y no lo es, puesto que la misión de la Ley y del Derecho natural es ir descubriendo –no inventando ni creando arbitrariamente– aquellos parámetros morales y jurídicos objetivos emanados de la realidad profunda del hombre, que realcen y resguarden la dignidad humana, parámetros necesarios para guiar nuestra conducta libre en las originales y cambiantes circunstancias históricas de cada época y lugar. En suma, recordarnos que la persona humana es un ser digno y que no puede ser reducido a la calidad de objeto, por muchos frutos que eventualmente puedan extraerse por medio de las nuevas tecnologías, como en el presente caso.

            Reflexionar sobre las amenazas a la privacidad en el mundo actual se hace cada vez más urgente, en atención al portentoso avance de la tecnología, que hace literalmente, que no acabemos de asimilar alguno de sus increíbles logros, cuando ya nos vemos remecidos por otro aún más espectacular, y así sucesivamente. Tan sucesivamente, que corremos el riesgo de insensibilizarnos ante tan inimaginables resultados…, o que algunos pretendan erigirse en dioses respecto de otros a través de los mismos.

            Y dentro de este mutifacético fenómeno, tal vez uno de los más inquietantes sea el de la creciente pérdida de privacidad, sea por propia voluntad de los afectados –que al exponer aspectos íntimos de sus vidas en las redes sociales estarían de alguna manera renunciando a la misma–, como por los cada vez más y mejores “ojos” que nos miran y vigilan por todas partes, al punto que ya no sabemos a ciencia cierta cuándo estamos realmente solos con nosotros mismos. No por nada, se señalaba en uno de los workshops de las jornadas, que hoy estamos siendo vigilados por incontables “pequeños hermanos”, haciendo referencia a la famosa novela “1984”, de George Orwell.

            Todo eso y mucho más amerita, como resulta evidente, una constante y crítica reflexión, a fin que la privacidad y otros derechos esenciales no sean avasallados por estas nuevas tecnologías, que tientan fácilmente al poder, sea público o privado, para dominar a las masas. En el fondo, acudir a la Ley y al Derecho natural es una obligación, si queremos no sucumbir ante este dominio de unos sobre otros por medio de la tecnología y seguir defendiendo la inclaudicable e indeleble dignidad humana.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera de Derecho

Universidad San Sebastián

Un constante espejismo

Mientras el mundo progre nos distrae con unos “derechos humanos” cada vez más estrambóticos (para minorías de todo tipo o animales, por ejemplo), que amenazan con convertir a sus beneficiarios en algo así como una nueva aristocracia henchida de privilegios, la marcha del mundo real, tozudamente ignorada, sigue su avance de manera inexorable. Y es que por muchos adornos que se generen, por mucha negación que se propague, por mucha ridiculización a la que se la someta, la realidad es realidad, y como tal, inevitable.

            De este modo, junto a estos “derechos humanos” –que dicho sea de paso, le otorgan cada vez más atribuciones al Estado para meterse en todo–, catapultados y publicitados cual fuegos artificiales, existen vastos sectores, crecientemente ignorados, que han ido quedando más y más postergados, pese a que su sufrimiento, causado por la existencia de problemas mucho más acuciantes, a veces graves, es un grito al cielo que clama atención y justicia.

            Dentro del cúmulo de estos problemas graves y urgentes, uno de los más evadidos es el de la soledad, creciente pandemia que amenaza con ser más dañina que otros asuntos delicados de salud pública como la obesidad, por ejemplo. La soledad de millones de personas, también aquí en Chile, amenaza con provocar un cúmulo de males, desde depresiones a accidentes domésticos e incluso suicidios. No por nada la tasa de suicidios de adultos mayores en Chile supera ampliamente el promedio de este mal.

            La soledad no solo afecta a muchos adultos mayores: es una pandemia que contagia igualmente a gente madura y joven, siendo sus causas múltiples y difíciles de combatir. Desde un malsano individualismo, que ve a los demás como enemigos o como obstáculos que impiden la autorrealización personal, pasando por la creciente estigmatización de los compromisos, que ha puesto a la familia en crisis; o desde la ya patológica adicción a las redes sociales hasta un consumismo incontrolado, todo esto y varios otros factores están convirtiéndonos en extraños entre nosotros, en seres-isla que intentan llevar una existencia que muy bien puede tornarse insoportable.

            Pero el problema no acaba ahí: esta tozuda realidad que se niega a desaparecer y que es imposible esquivar –al menos por mucho tiempo–, muestra que desde las dificultades de salud pública, se pasa rápidamente a problemas que afectan a la continuidad entera, a los propios Estados, esos mismos Estados que hoy se afanan febrilmente por generar, promover e imponer si fuese necesario estos “nuevos derechos”. Porque a fin de cuentas, las sociedades están constituidas por personas, y la situación de estas últimas afectará a las primeras inevitablemente. Es por eso que este siglo será testigo de cambios increíbles en la geopolítica y en los equilibrios internacionales, al punto que puede decirse sin temor a equivocarse, que la realidad superará ampliamente a la ficción.

            Por tanto, estaría bueno que estas masas constantemente postergadas, reaccionen de manera más enérgica ante este abuso y desidia de los actuales “derechos humanos”, a fin que los escasos recursos que tenemos se dediquen a lo verdaderamente importante y podamos liberarnos de este constante espejismo que ellos han creado e intentado imponer. De hecho, el giro que se está dando en varias partes del mundo hacia posturas más conservadoras parece ser una calara manifestación en tal sentido.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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