Nuevamente sobre la educación sexual integral

Mientras todo el mundo está preocupado por los avances de la actual pandemia, el confinamiento forzado al que se nos ha obligado por su causa, o a la grave crisis económica ya presente y sobre todo futura como resultado de todo lo anterior, diversos proyectos de ley, de alto y polémico contenido valórico, siguen avanzando sigilosamente en el Congreso. En este sentido, el actual inmovilismo que afecta a nuestras sociedades, ha venido como anillo al dedo para los partidarios de estos proyectos, puesto que la ciudadanía no puede expresar su malestar como en tiempos normales, o al menos, generar la legítima y pacífica presión que es de la esencia de cualquier verdadera democracia.

            Según se comentaba en nuestra columna anterior, el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) busca que se imponga de manera global y al margen del querer de los padres, una determinada forma de entender la sexualidad a nuestros niños, desde la más tierna infancia. De esta manera, además de sexualizarlos de forma casi patológica, de aprobarse este proyecto, surgirán muchísimos problemas, tanto entre los padres y el Estado por medio de las entidades educacionales, como entre estos padres y sus propios hijos, pues como se ha dicho, se pretende adoctrinarlos de acuerdo a la perspectiva de género, de acuerdo a la cual, la sexualidad es una realidad completamente plástica y cambiable. Y sobre esta base impuesta, se buscará otorgarles una completa libertad y autonomía para llevarla a la práctica.

            Así, solo por poner algunos problemas sobre la mesa, ¿se imagina alguien las consecuencias que podría tener para las próximas generaciones el haber sido empujado a dar rienda suelta con su sexualidad desde párvulo y experimentar con ella a más no poder, probando todas las formas posibles a su respecto? ¿Existe algún estudio que advierta sobre las posibles secuelas que lo anterior podría tener para nuestros niños, secuelas que sin duda los afectarán durante toda su vida? O para mencionar problemas más concretos y medibles, ¿se imagina alguien la proliferación de enfermedades de transmisión sexual que podría producirse, fruto de forzar a ejercer una sexualidad sin límites? ¿O los abusos de que podrían ser objeto los niños, al postular su tempranísima “autonomía progresiva” en este ámbito?

            Lo anterior, sin perjuicio de la delicada pregunta de si el Estado tiene realmente el derecho de imponer su visión en esta materia, haciendo tabula rasa con las concepciones y la libertad de los padres. Ello, pues lo anterior equivale a un auténtico secuestro de nuestros niños, cuya formación pasa a depender casi exclusivamente del Estado. Más, ¿por qué habría que preferir a un funcionario público en vez de la familia natural para la formación de nuestros niños y jóvenes? ¿Es que los padres van a perder la tuición de sus propios hijos si no están de acuerdo con estas políticas? Incluso, ¿tienen los padres alguna función respecto de sus hijos o solo deben comportarse como obedientes borregos en lo que a su formación atañe, según los dictados del Estado?

            En fin, las preguntas e inquietudes pueden seguir acumulándose hasta el infinito. Sin embargo, un aspecto que pocas veces se señala, es que parece absolutamente contradictoria una legislación totalitaria como esta, dentro de un sistema democrático. De ahí que surjan razonables dudas de si realmente seguimos viviendo en un régimen semejante.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

ESI: Educación sexual integral

Casi como impulsado por un frenesí obsesivo, ha seguido avanzando en el congreso el polémico proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que busca, como su nombre indica, incluir este tema en la formación de nuestros niños desde la más tierna infancia.

            Además de darse a momentos la impresión que para sus promotores, esta fuera la primera y más urgente necesidad de los menores –a una edad en que están claramente interesados en otras cosas–, lo que produce verdadera indignación, es el sentido u orientación que pretende darse a esta mal llamada “educación”, al punto que en no pocos casos, podría hablarse directamente de corrupción de menores.

            En efecto, incentivar a la fuerza la sexualidad en nuestros niños y niñas casi desde que abren los ojos a este mundo, no sólo busca adelantar artificialmente un proceso que despertará años después, sino además, implica, literalmente, robarles su niñez e inocencia.

            Por otro lado, se habla insistentemente que gracias a esta nefasta legislación, los menores estarían en condiciones de reclamar “sus” derechos “sexuales y reproductivos”, lo cual no puede menos que llamar la atención, ya que hasta donde todo el mundo sabe, antes de la pubertad, los niños y niñas no pueden reproducirse.

            Pero además, el proyecto ESI va de la mano de otras ideas, como el controvertido concepto de “autonomía progresiva”, que en el fondo, pretende privar a los padres de su legítimo e irrenunciable derecho a criar y educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Por tanto, todo este proceso equivale a una especie de “expropiación” de nuestros niños. Sin embargo, de manera más profunda, muestra que algunos legisladores confían más en el Estado que en los padres, y estiman que a través de sus funcionarios, organismos y reglas, este Estado cuidará mejor a los menores que sus propios progenitores.

            De esta manera, se pretende que los menores tengan una autonomía absoluta en relación a su sexualidad (autonomía que curiosamente, no les permite impedir ser adoctrinados de forma dictatorial por el Estado en esta materia), lo que incide, entre otras polémicas y peligrosas cosas, en la edad necesaria para el consentimiento sexual. Así, se busca por vía legal, homologar en este asunto a menores y adultos, con lo cual no hay que ser demasiado suspicaz para darse cuenta del enorme campo que surge para el abuso a su respecto. Ello, pues por mucho que la ley pretenda imponer una ficción (es decir, algo que no es cierto), en este caso, la madurez del menor en esta materia, los adultos tendrán una enorme ventaja en este escenario. Incluso abre las puertas a la pedofilia, justificada aquí por la decisión supuestamente libre y madura del menor.

            Evidentemente, siempre pueden sacarse a colación ejemplos dramáticos de progenitores desalmados y de menores en situaciones inaceptables. Mas, si se van a buscar casos límite para justificar esta inadmisible ley, convendría indagar en cómo le ha ido a las instituciones del Estado en su labor subsidiaria de formar a nuestros niños, las que como se sabe, se encuentran en un proceso de profunda revisión, dado el verdadero infierno que se vivía en su interior. Por tanto, llegado el momento de comparar, el Estado sale perdiendo sin apelación posible. ¿Le entregaremos así algo tan preciado como nuestros niños?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián