¿Una democracia funcional?

Un no, es un no. Y es eso lo que expresó por abrumadora mayoría el pueblo de Chile el 4 de septiembre pasado, sobre todo esa mayoría silenciosa que generalmente no vota, por desinterés, por desilusión, por apatía, por cualquier causa, pero siempre en el fondo, debido a su desencanto con la democracia y la clase política.

            Además, al haber sido obligatorio, este plebiscito tiene mucho más valor que el plebiscito de entrada, pues nunca antes en nuestra historia había sufragado tanta gente. Si se quería realmente un veredicto popular, aquí está su mejor demostración.

            Se reitera: de acuerdo con la legalidad ad hoc confeccionada para la ocasión, en el primer plebiscito (con voto voluntario) se preguntó si se quería una nueva Constitución y el mecanismo para proponer un texto. Nada más. Y se estableció claramente que en caso de rechazarse el texto en el plebiscito de salida (obligatorio y con muchísima más participación), sigue vigente la actual Carta Fundamental. Por tanto, si se quiere realizar un nuevo proceso, dada esta nueva modalidad, se requiere de otro plebiscito de entrada, así como otro de salida.

            En caso contrario (esto es, si torciendo su sentido, se considera que el plebiscito de entrada es suficiente para iniciar sin nueva consulta un nuevo proceso), ello querría decir que habría que repetirlo indefinidamente hasta que el pueblo por fin acepte alguna de las propuestas que se le hagan, plegándose así a la voluntad o al capricho de nuestros dirigentes.

            Por tanto, si se quiere una constitución democrática, lo menos que puede exigirse es que se respeten las reglas del juego establecidas por los propios interesados.

            Sin embargo, pese a lo claro de estas reglas del juego y sobre todo de su desenlace, salvo honrosas excepciones, nuestra clase política insiste en realizar un nuevo proceso constitucional, contra viento y marea. De nada importan los problemas que realmente aquejan a la ciudadanía. La principal preocupación de nuestros servidores públicos es de confeccionar un nuevo traje para estar más cómodos en su labor.

            Incluso, no han faltado figuras que literalmente han insultado a la ciudadanía, tildándola de ignorante, atrasada y hasta poco inteligente; a diferencia de ellos, claro, nuestros iluminados. Menos mal que contamos con su presencia. ¿Qué haríamos sin ellos?

            Más allá de hechos y sarcasmos, lo que debe realmente inquietarnos es hasta dónde es real la democracia que tenemos, o se trata simplemente de una pantalla, de una apariencia para legitimar decisiones que ya se encuentran tomadas de antemano por nuestros gobernantes. ¿O es que la democracia sólo vale y es valorada por ellos cuando acepta sus decisiones, cuando avala sus proyectos, cuando apoya sus planes?

            Lo anterior querría decir que la ciudadanía es simplemente la tramoya de una democracia funcional que no decide nada, sino que simplemente legitima con una apariencia de autodeterminación los deseos de la clase gobernante, a fin de que no se note que es una tiranía. Lo cual lleva a preguntarse, con justa razón, para qué seguir con la farsa.

            En efecto, si la decisión popular sólo es respetada y ensalzada cuando se pliega a los caprichos de nuestra clase dirigente, no sólo habría que repensar profundamente nuestro sistema político, sino, además, surge la pregunta de a quién sirven, pues claramente al pueblo no. Y la respuesta da sólo dos posibilidades: a ellos mismos, o a alguien superior.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

COSAS QUE CUESTA ENTENDER

Quedando un mes para el trascendental plebiscito en que se decide el futuro político y económico del país, conviene tener en cuenta dos aspectos muy generales de estas dos áreas de la vida humana: la política y la economía, tan estrechamente vinculadas entre sí.

    Respecto de la política, una cosa que resulta bastante curiosa, es que al mismo tiempo que la clase política es no sólo cada vez más rechazada, sino incluso despreciada por gran parte de la opinión pública, al mismo tiempo existan tantos sectores que ven en el Estado y su agresiva e intervencionista actividad la solución a todos sus problemas y casi podría decirse que el secreto de su propia felicidad. Ello, pues ese mismo Estado en el que se colocan todas las esperanzas de una vida mejor, está dirigido, precisamente, por esa clase política que tanto se critica, a través de un nepotismo y clientelismo cada vez más inaceptable.

    Es decir, los mismos personajes son vistos desde un ángulo casi como delincuentes (por ejemplo, al denunciarse múltiples escándalos de corrupción) y por otro, casi como ángeles (al asumir que el Estado y sus cada vez más entidades lucharán de forma honesta y desinteresada por el bien de sus ciudadanos). Ello, porque las instituciones están formadas por personas, precisamente esas mismas de la clase política y sus múltiples allegados. 

    Por tanto, pareciera existir algo así como un desdoblamiento de la realidad (incluso casi una esquizofrenia), al diferenciar artificialmente entre las personas de carne y hueso y las “instituciones” del Estado, sin darse cuenta que estas instituciones son dirigidas por esas mismas personas que tanto fastidio producen.

    Y este es un dato que debe tenerse muy en cuenta de cara al borrador de la nueva Constitución, pues el grado de intervencionismo estatal que propone resulta absolutamente asfixiante, al entrometerlo prácticamente en todas las actividades de los ciudadanos.

    En cuanto a la vida económica, también parece existir una notable distorsión de la realidad, pues se cree que a mayor intervencionismo estatal, mejores serán sus resultados, siendo que la historia ha mostrado mil veces lo contrario, aunque evidentemente, se requiere una mínima regulación. Y la razón es la misma: porque el aparato estatal está formado por personas, que como se ha visto tanto, en demasiados casos querrán sacar su “tajadita” de los negocios sobre los cuales pueden intervenir fruto de este entrometimiento estatal.

    Por tanto, lo único que ocasiona lo anterior es un notable empobrecimiento del país –además de la corrupción, que contribuye a su vez al desprestigio de esa misma clase política, volviendo al primer problema–, tumbando por tierra las a veces irresponsables e incumplibles promesas hechas por los múltiples derechos sociales que promete el texto constitucional. Por eso, algo está pasando con la percepción que mucha gente tiene de la realidad.

    De hecho, a tanto llega esta situación, que no deja de ser curioso que ante la grave crisis económica en ciernes, pero que ya se hace sentir (sobre todo con una inflación galopante, mucho mayor que la oficial), no se haya producido un nuevo “estallido social”, como el de hace tres años, pues parece inexplicable que en ese momento  se hayan destruido sectores enteros de varias ciudades por un alza de 30 pesos en el valor del pasaje del metro, y hoy nadie haga nada, pese a que la bencina sube al menos 10 pesos todas las semanas.

    Sin duda alguna, hay cosas de nuestro mundo actual que cuesta mucho entender.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El problema del poder

El tema del poder (entendido de manera muy simple como la capacidad de imponer a otros la propia voluntad, incluso por la fuerza) ha sido un problema para el ser humano desde sus orígenes y tal vez hoy, más importante que nunca.

            El poder puede ser concebido como un instrumento para lograr muchos fines, buenos o malos, siendo absolutamente necesario para los gobernantes, al darles la facultad de dictar normas y de imponerlas, pues sin él, nadie les haría caso y no podrían gobernar.

            Sin embargo, desde hace ya varios siglos y de manera creciente, el poder también ha sido concebido y utilizado como un fin en sí mismo: el poder por el poder. Esto no quiere decir que no se lo pueda emplear para otros objetivos (casi siempre malos, dada esta visión), pero su fin fundamental es obtener, acrecentar y consolidar ese poder. Y tal vez como nadie, los Estados han sido los principales representantes y aplicadores de esta perspectiva.

            Por lo mismo, se ha dicho que el poder así concebido tiene tres características: es exclusivo, excluyente y expansivo. “Exclusivo”, porque no tolera a otro poder igual a sí mismo: por su naturaleza está hecho para la soledad, para ser único. “Excluyente” (que viene a ser la otra cara de la exclusividad), pues hará todo lo posible por dejar fuera de combate a cualquier otro poder que represente un peligro para él y eventualmente, lo sustituya. Y “expansivo”, porque por su propia naturaleza tenderá a crecer, a adquirir más poder. O si se prefiere, no se detendrá por propia iniciativa, sino únicamente si se enfrenta con otro poder que no pueda vencer. Sus límites son, por tanto, fácticos.

            Resulta evidente además que desde esta perspectiva, el poder es completamente autorreferente: todo lo subordina y lo entiende desde y para sí mismo, pues nada que no sea su propio engrandecimiento puede atraer más su atención, salvo que sea un peligro que vencer para sobrevivir.

            Ahora bien, desde hace ya varios siglos se ha tratado por diversos medios de limitar al poder. En nuestro caso de occidentales, regulándolo mediante el Derecho (estableciendo de antemano qué se puede hacer, cuánto o en qué intensidad, quién, cómo y cuándo ejercerlo) y dividiéndolo en diferentes órganos (o lo que es lo mismo, evitando que se concentre en unas solas manos) para debilitarlo y que estas entidades se controlen entre sí.

            Sin embargo y de manera similar al agua, que busca siempre por dónde escurrir, el poder, expansivo de suyo, buscará otros derroteros que le permitan su ansiada hegemonía. Y lamentablemente hoy ha logrado superar en buena medida estas trabas, subiendo un peldaño, si así pudiera decirse; es decir, pasando desde los Derechos nacionales al Derecho Internacional. Ello, pues en este ámbito la ausencia de control es abismante, tanto porque las normas que lo regulan tienen muchas más dificultades que las nacionales para imponerse, como por la casi total falta de control respecto de la actuación de sus principales organismos. Con la agravante de que intenta presentarse como si el Derecho Internacional de verdad lo limitara. Y al igual que todo poder, el internacional busca crecer y lograr la hegemonía, como demuestra la cada vez mayor influencia que tiene sobre nuestros países.

            Y esto no es teoría de la conspiración, sino simple lógica: hoy estamos asistiendo a la creciente consolidación de un poder internacional al cual es cada vez más difícil resistir.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

La clave está dentro

Desde ya hace varios años, existe un movimiento jurídico muy fuerte que busca otorgar la calidad de persona a los animales, o al menos a algunos de ellos (como los grandes primates), con el objetivo de protegerlos, estableciendo para los mismos derechos que todos, incluidos nosotros, debiéramos respetar. Sin embargo y aun entendiendo la noble finalidad que los motiva, el camino no parece ser el adecuado. Veamos por qué.

            Ante todo, es fundamental tener en cuenta que una realidad no se convierte en “persona” por la actitud que adopten las leyes frente a la misma. Es decir, un objeto o cosa sigue siendo igualmente objeto o cosa por mucho que las leyes lo protejan especialmente, o impongan las penas del infierno para quien atente contra ellos. Así por ejemplo, podría establecerse la pena de muerte para quien osara dañar unas ruinas arqueológicas sagradas o a ciertos animales, pero ello no los convierte en personas. Sencillamente, se los tutela de una forma exagerada en este caso, pero siguen siendo objetos, cosas, incluso si se los protegiera más que a una verdadera persona, como si al mismo tiempo se sancionara con una multa el homicidio, por poner otro ejemplo ridículo.

            Lo anterior significa que la calidad de persona no depende de lo que las leyes o nosotros mismos pensemos o creamos respecto de algo, en este caso, de aquella realidad que se quiere proteger. Es al revés: la verdadera calidad de “persona” viene desde dentro del ser, de lo que es, de lo que éste es capaz de realizar, de su forma de comportarse, incluso de la actitud que puede adoptar frente a esas mismas leyes que buscan regularlo o protegerlo.

            En suma, lo que importa aquí es que este ser al cual llamamos “persona” (por ahora, los seres humanos), es un ente dotado de un control y autonomía propios que le permiten enfrentarse a esas normas y por tanto, seguirlas o no, hacerles caso o desobedecerlas. Nada de esto ocurre con las valiosas ruinas o los preciados animales del ejemplo anterior.

            Por lo tanto, esto significa que la calidad de “persona” es una realidad dada, una cualidad a reconocer que “está ahí”, esperándonos de alguna manera, que exige respeto. Mas, se insiste, no es porque sea reconocida que se “convierte” en persona (que es algo exterior a sí misma), sino que es persona por lo que ella puede hacer frente a las normas o leyes (o sea, la clave está en su interior). Por eso, son las posibilidades interiores de la persona hacia las leyes, y no la protección que las leyes pretendan otorgarle, lo que la convierte en persona.

            Con todo, es necesario darse cuenta que como en el fondo la calidad de persona depende de la pertenencia a una determinada especie (en este caso y hasta donde conocemos, la especie humana), todos aquellos que forman parte de esta especie son personas, de manera independiente a sus cualidades, nivel de desarrollo o incluso defectos. Ello, porque el grado de autonomía y libertad que tenga es algo accidental, accesorio, dependiente de forma irrefutable de su previa pertenencia a la especie humana, que es lo verdaderamente esencial. Es por eso que hay personas que son menores o dementes, por ejemplo, e igualmente se los trata como tales, aunque no puedan autodeterminarse como la mayoría de los seres humanos.

            Por tanto, la clave (la “calidad” de persona), va por dentro, es algo propio, no añadido o quitado por una realidad externa como la ley. Esto es crucial, pues en caso contrario la calidad de persona sería una ficción, una arbitrariedad, y cualquier ente podría ser persona.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿A nuestras espaldas?

Recién el 14 de octubre pasado, fue promulgada (y publicada al día siguiente) la Ley 21.383, titulada:Modifica la Carta Fundamental, para establecer el desarrollo científico y Tecnológico al servicio de las personas”.

El proyecto tuvo su inicio a instancias de los parlamentarios Girardi, Goic, Chahuán, Coloma y De Urresti; y como su nombre indica, versa sobre el desarrollo científico y tecnológico, la actividad cerebral y el respeto a nuestra integridad física y psíquica.

            De esta manera, se modificó el importantísimo art. 19 (que establece los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución), específicamente su Nº1, que tutela el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Es decir, el numeral clave del entramado de nuestros derechos, al depender todos ellos del hecho de permanecer vivos.

            Sin embargo, pese a lo anterior, se trató de una tramitación muy poco conocida por la opinión pública, al punto que su promulgación ha tomado por sorpresa a casi todo el mundo.

            Pues bien, el aludido proyecto añadió un último párrafo al art. 19 Nº1 que reza:El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

            Es decir, esta modificación alude a los llamados “neuroderechos”, que pretenden que los avances de la tecnología, como la genética, la bioingeniería y sobre todo la inteligencia artificial, no vulneren nuestros derechos humanos. Y defienden entre otros, ni más ni menos que derechos como la privacidad mental, la identidad personal o el libre albedrío.

            Ahora bien, si se legisla acerca de algo, es porque ese “algo” existe y puede causar problemas. De ahí que resulte imposible no vincular esta modificación constitucional con algunas de las frases que en su momento pronunciara el Presidente de la República, al anunciar el inicio de la licitación pública de la red 5G para Chile, y que se hicieron virales. Ello, pues señalaba textualmente (se transcribe del video de YouTube) que esta tecnología permitiría  “impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del internet de las cosas”; que igualmente dicha tecnología abría “la posibilidad que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos”; y finalmente, sentenciaba que “va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro”.

            Ahora bien, una materia tan sensible y trascendente al menos podría haber sido publicitada un poco más, y no hacerse esta reforma casi a nuestras espaldas, máxime al estar íntimamente vinculada a aspectos tan fundamentales como la vida, la integridad psíquica y la libertad. Lo menos que puede pedirse es que nos hubieran tomado algo más en cuenta.

Sin embargo, parece que tanto encierro forzoso ha ido acostumbrando a la autoridad a tomar una serie de importantes y trascendentes decisiones para la ciudadanía a la que en teoría sirve, de manera completamente autónoma y presentarle los hechos consumados. Lo cual hace preguntarse cada vez más a menudo, quién está realmente al servicio de quién.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El aborto y el derecho en las antiguas civilizaciones

En un interesante ensayo escrito por Federico Trino-Figueroa M.-Conde, titulado “La legalización del aborto en el derecho comparado” comenta que desde que existía la civilización, el aborto voluntario ha sido siempre castigado por las leyes. Sostiene que la condena al aborto no se ha limitado al cristianismo ni es una condena exclusivamente religiosa o moral.

La “arqueología jurídica” demuestra que las más antiguas civilizaciones consideraron la vida desde la gestación como un valor superior, que exige la protección del derecho por medio del establecimiento de sanciones ante eventuales ataques.

Diecisiete siglos antes de Cristo, el “Código de HammurabÍ”, dedica seis de sus preceptos –los párrafos 209 a 214- a sancionar con pena de talión y/o compensación económica, a los distintos tipos de abortos causados deliberadamente.

Y lo mismo se comprueba en los restantes “monumentos jurídicos” de la antigüedad precristiana, desde el “Éxodo” bíblico, a la literatura india del “Veda” o de las leyes de “Manú”.

Comenta este especialista que en la cultura griega y el Derecho Romano introdujeron nuevos factores y matices en esta evolución. Para el filósofo Aristóteles le resultaba muy claro que el aborto siempre es un acto criminal.

También apoyaba el concepto que en la práctica no se puede olvidar el “Juramento de Hipócrates” que prohibía a los médicos practicar el aborto voluntario.

Por su parte, el Derecho Romano, en su etapa clásica, vino a sentar el principio fundamental de la protección jurídica del concedido y el aborto era considerado como un delito.

Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo se explica que la despenalización del aborto en México haya sido aprobada de manera tan sorpresiva? Pienso que se debe a que el Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden Jr., aunque dice ser católico, es un partidario a ultranza del aborto.

Considero que si se hubiera reelegido como Presidente, Donald Trump, el aborto no hubiera sido despenalizado en México. Porque Trump siempre ha sido un claro defensor de la vida humana desde el momento de su concepción.

¿Por qué lo afirmo? Porque ya sabemos la gran influencia que ejerce el gobierno norteamericano en el Hemisferio Occidental, particularmente en Latinoamérica, y el hecho de que al aborto le hayan dado “vía rápida de aprobación” considero que se debió a la presión que ejerció la Casa Blanca sobre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y habitualmente son decisiones cupulares a cambio de generosos préstamos económicos. México siempre ha funcionado así y ahora no pudo haber sido la excepción. Pero respeto las opiniones contrarias.

Recuerdo que durante la campaña electoral del candidato a la Presidencia, Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), adoptó el significativo lema que “Gobernar era Poblar”. Se trataba de fomentar el crecimiento poblacional para fomentar el progreso de México en todos sus aspectos. Al poco tiempo, habiendo ya tomado el cargo de Primer Magistrado de la Nación, cambió radicalmente su postura. Entonces lanzó su lema con aquella funesta cancioncilla de que “La Familia Pequeña Vive Mejor”, que tanto daño hizo en la familia media mexicana porque introdujo una visión egoísta y centrada en darle prioridad al placer entre los cónyuges rompiendo de esta manera la visión unitiva y procreadora de la relación sexual y contribuyendo a trivializar el matrimonio

Se distribuyeron miles y miles de píldoras anticonceptivas en todo el país y lo más grave: en comunidades rurales –sin el consentimiento de las personas- a las mujeres se les ligaban las trompas de Falopio y a los hombres se les hacía la vasectomía. Claro está, cuando vinieron las reclamaciones por parte de los afectados que deseaban tener más hijos, ya no se podía hacer absolutamente nada para solucionar esta cruel e injusta imposición. Dicho en otras palabras, se atropellaron brutalmente la dignidad de las personas y los derechos humanos.

Actualmente, basta con una mera fotografía o un ultrasonido que muestre la existencia del bebé en el seno de su madre en el que se pueden observar su cabeza, el tronco y las extremidades. Incluso, cómo se mueve. Hasta pequeños detalles, por ejemplo, si se chupa el dedo y hasta cuando tira pequeñas patadas. Son pruebas evidentes e incuestionables de que existe la vida humana en el seno de la madre.

Ahora bien, si se considera “políticamente correcto” negar esta evidencia es que nos encontramos ante un eclipse de la razón. Ya no se discurre intelectualmente ni se ofrecen pruebas sino simplemente se hace violencia para imponer un punto de vista equivocado, más propio de un tirano.porque resulta incomprensible la decisión que tomó el actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lic. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En conclusión, la afirmación del Derecho Romano y de otros Códigos de civilizaciones antiguas acerca de que el concebido debe tener una protección legal, ya forma parte de la Ética Universal en la construcción de la teoría sobre el ser humano no nacido y en los derechos intrínsecos a su personalidad.

¿Por qué obedecer a quien viola las reglas?

Si como es obvio, resulta fundamental que las autoridades se sometan estrictamente a las leyes y a la constitución que regulan sus competencias, en el caso de la actual convención constitucional, dicha exigencia adquiere una importancia crucial, puesto que del resultado de su labor –de ser aprobada por la ciudadanía– depende nuestro presente y futuro.

            Sin embargo, se sabe que este organismo pretende que tanto su reglamentación como la toma de decisiones que en teoría debe proponer a la ciudadanía, puedan ser determinadas por mayoría simple y no por los dos tercios que establece y exige la reforma constitucional que ha permitido todo este proceso, en particular, el art. 133 de la actual carta fundamental. Lo cual constituye una violación flagrante de sus facultades, que a nuestro juicio, le quita por completo legitimidad a su labor.

            Hay que ser enfático: la convención constitucional no es la dueña de Chile, ni sus miembros dioses o reyes absolutos que tengan derecho a hacer lo que les plazca. La ciudadanía no ha consentido, ni de lejos, en darles carta blanca para  que puedan hacer lo que les venga en gana, ni menos obligarnos a seguir las directrices que de ellos emanen, por absurdas, dañinas o ilógicas que sean. Lejos ha quedado el tiempo de los monarcas o de los grupos absolutistas, que pretenden estar sobre la ley, pues esto atenta contra la democracia y los derechos humanos.

            En realidad, la situación es de extrema gravedad, y la violación de la normativa constitucional absolutamente inaceptable, a fuer de irresponsable. Además, de darse esta situación, ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué se estableció y reguló esta reforma constitucional si todo puede ser borrado de un plumazo por la convención?

            Más aún: ¿qué legitimidad puede tener un órgano que obra de este modo, por muy elegido que haya sido? ¿Quién le ha dado la prerrogativa o el derecho de dejar sin efecto estas normas que le permiten existir y actuar? Además, con semejante actitud, surgen poderosas razones para sospechar que ante tal grado de prepotencia (porque eso es), al final no habrá plebiscito de salida. Con lo cual, estaríamos consintiendo nuestra propia esclavitud.

            Por eso hay que decirlo con todas sus letras: este desacato total a la autoridad del pueblo y a la constitución es una auténtica revolución no violenta, pues al hacer caso omiso a la legalidad, atenta contra el sistema jurídico en su conjunto.

            Pero al mismo tiempo y como correlato más natural, también resulta válido preguntarse por qué habría que obedecer en un futuro los dictámenes de este órgano que claramente ha abusado de sus facultades. Ello, pues por razones evidentes (y es un principio básico del derecho público), todo lo que se haga como consecuencia de esta ilegalidad es nulo y de ningún valor, no generando obligación alguna de obediencia.

            Por tanto, la conclusión es completamente evidente: si la legitimidad es el poder digno de ser obedecido, en caso de saltarse sus propias reglas, la convención la perdería completamente, pues nadie puede autoarrogarse más derechos de los que realmente tiene; y al mismo tiempo, no existe el deber de obedecer a quien ha violado sus propias competencias.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Dos órdenes jurídicos paralelos

Una cosa que resulta absolutamente clara en nuestros días, es que el Derecho como fenómeno humano –y exclusivamente humano– no puede seguir siendo contemplado desde lo que podría llamarse una mirada “estatocéntrica”, esto es, como un orden jurídico emanado prioritaria o fundamentalmente del Estado, con un contenido autónomo.

            Muy por el contrario, en la actualidad existen un cúmulo de instancias internacionales que influyen cada vez más en nuestros ordenamientos jurídicos nacionales, ya sea instándolos a adoptar determinados contenidos, ya sea vedando normas internas, por no estar de acuerdo con su modo de ver y regular las cosas.

            De esta manera, hoy constituye una quimera pensar que un país estaría lo suficientemente “protegido” de influencias internacionales, por ejemplo, por poseer un sólido escudo de derechos fundamentales establecidos en su constitución. Ello, pues como se ha dicho, la permeabilidad de nuestros derechos nacionales va en aumento, pues existen cada vez más agentes internacionales de todo tipo –unos formales, otros no tanto–, que influyen en su contenido. En ocasiones, a través de normas vinculantes para los Estados, pero las más de las veces, gracias a la emisión de todo tipo de observaciones y recomendaciones (comprendidas dentro del llamado “soft law” internacional, esto es, disposiciones no vinculantes), que de alguna u otra manera, influyen en nuestros ordenamientos domésticos.

            En consecuencia, lo que hoy está ocurriendo en el fondo, es que existen dos órdenes jurídicos paralelos que afectan a nuestros países, uno nacional, emanado supuestamente del pueblo en caso de poseer un régimen democrático, y otro internacional, bastante difuso a decir verdad, surgido de un sinnúmero de organismos más o menos formales, compuesto de una infinidad de disposiciones tanto vinculantes como no vinculantes, y finalmente, carente de una unidad o coherencia material o de contenido entre unas disposiciones y otras, como pretende lograrse dentro de un ordenamiento jurídico nacional.

            Sin embargo, uno de los principales problemas de este orden foráneo que influye cada vez más en los nacionales, es su total falta de fiscalización, pues la ciudadanía no controla en absoluto (y ni siquiera conoce) la composición de los miembros de estos muchos y múltiples organismos internacionales (la ONU y sus aliados, la OEA, múltiples organismos formales, comités y comisiones de todo tipo, tribunales internacionales, ONGs casi infinitas, etc.). Además, estos organismos no son tampoco controlados por nadie en su labor (como en el Estado, en que en teoría unos poderes vigilan a otros), y finalmente, no responden por su tarea una vez concluida ésta.

            No obstante, pese a toda esta flagrante falta de control, la influencia de estos organismos no hace sino crecer día a día, al punto que los Estados son paulatinamente menos libres para decidir sus propios asuntos y se encuentran cada vez más amarrados por compromisos internacionales que sin embargo, con el tiempo obligan a más y más cosas, siendo difícil que esta haya sido la intención original al darles vida. En este sentido, casi daría la impresión que nos encontráramos al servicio de estas entidades.

            La gran pregunta que queda es sin embargo, si la ciudadanía ha dado su anuencia para terminar siendo tutelada prácticamente en todo por estos organismos que no la representan.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Más de lo mismo?

Como se dice vulgarmente, “el movimiento se prueba andando”. Y efectivamente, el “movimiento”, o si se prefiere, la real calidad de la labor que la ciudadanía ha encomendado a la Convención Constitucional se prueba, más allá de promesas e intenciones, por el modo real y cotidiano de comportarse, por los hechos concretos de los cuales todos somos testigos.

            Resulta indudable que el alto porcentaje obtenido por el “Apruebo”, así como gran parte de los votos que dieron un escaño a los actuales integrantes de la Convención, fue motivado en buena medida por un rechazo generalizado de la población a la actividad cotidiana de la llamada “clase política”. Y no es para menos, pues la gente está más que harta de ver, salvo honrosas excepciones, cómo esta verdadera casta que tenemos enquistada, sólo vela por sus propios intereses, importándole bastante poco el bienestar de la ciudadanía a la cual dice servir, al punto que todo aquello que beneficie a esta última siempre se haga para que los primeros obtengan una ventaja y así seguir donde están.

            En consecuencia, fue la posibilidad de dar origen a un proceso jurídico y político que en teoría estuviera al menos en parte libre de esta “clase política”, lo que atrajo la atención de la ciudadanía y explica los resultados de las anteriores votaciones.

            Sin embargo, esta creencia y esperanza de la ciudadanía que permitió la llegada de varias caras nuevas a la Convención, es al mismo tiempo una espada de doble filo, pues las deudas se pagan. En consecuencia, y más allá de las ilusiones o deseos de los votantes, resulta crucial el modo en que cumplan su misión estos convencionales, misión que es clara y exclusiva: proponer una nueva Constitución, solo eso.

            Mas, si están enfrascados en un cúmulo de rencillas que no tienen ninguna relación con la tarea encomendada, o teniéndola, pretenden imponer una visión única y dejar sin voz a los que piensan distinto; o si comienzan a exigirse un cúmulo de dádivas y privilegios y hasta se han presentado personas disfrazadas en alguna sesión, ¿existe aquí realmente esa tan ansiada diferencia respecto de la política tradicional, que fue lo que motivó a votar a la ciudadanía como finalmente lo hizo? ¿Dónde está la tan ansiada pureza de intención, o si se prefiere, el verdadero interés por el bien común que anhela esta misma ciudadanía? ¿O es que estamos nuevamente en presencia de lo mismo de siempre y todo ha sido un engaño?

            Lo hemos dicho otras veces: la labor de la Convención conlleva una enorme responsabilidad, pues en definitiva, es un servicio, no una instancia para abusar de la buena fe que ha llevado a parte de la ciudadanía a poner a sus integrantes ahí. Máxime, si como se mencionó hasta el cansancio, la idea era que por fin el pueblo se sintiera representado en este proceso.

            En realidad, lo único que se consigue con todo lo que está ocurriendo es deslegitimar este mismo proceso, pues mientras más promesas se hayan realizado antes del mismo, mayor será la exigencia por la labor realizada. O si se prefiere, hay que estar a la altura de las circunstancias. Debe recordarse además, que existe un plebiscito de salida, lo que a veces parecieran olvidar nuestros convencionales. A menos que en su embotamiento, se crean con la legitimidad y el poder para declararlo innecesario. ¿Llegarán a tanto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Si estamos solos en este asunto…

Durante varios siglos y por diversas razones, se consideró que existía un origen divino del poder, en particular de los reyes –si bien a veces éste pasaba primero por el pueblo–, pues se pensaba que no tenía sentido que la potestad de mandar, y por tanto de encontrarse en un nivel superior al de los súbditos, pudiera surgir de la mera suma del querer de esos mismos obligados. Y al mismo tiempo, existían ciertas reglas dadas (los Mandamientos o la ley natural), que buscaban orientar el ejercicio de ese poder. Por tanto, al estar más arriba que los hombres, se estimaba que sólo Dios podía dar legítimamente este poder, así como algunas pautas objetivas para su uso.

            Obviamente, este origen proveniente de lo alto no tenía por objeto como muchos creen hoy, que la persona o personas ungidas con este poder pudieran hacer con él lo que quisieran, sino todo lo contrario: tratar de evitar los abusos, al recordarle permanentemente a los gobernantes que ellos habían recibido este poder de alguien superior a ellos, ante quien tendrían que responder algún día, como en la parábola de los talentos. Además, existía esta pauta moral objetiva emanada del mismo Dios.

            Luego, se consideró que el poder emanaba de nosotros mismos, de la mera suma del querer de quienes se verían obligados por él. Y también, que habíamos llegado a una madurez suficiente para determinar por nosotros mismos la pauta de conducta a seguir.  Por tanto, luego de desterrar a Dios de la teoría política y ante la ausencia de contenidos objetivos, las únicas formas que se encontraron para controlar este poder fueron la de elegirlo, regularlo y dividirlo, para vigilarlo, ordenarlo y contrapesarlo. Así, al considerarnos seres adultos, de nosotros emanaba y de nosotros dependía contener este poder.

            Sin embargo, y sin olvidar los graves abusos que también se dieron durante la vigencia de la teoría del origen divino del poder, no hay que olvidar que los peores escenarios se han dado precisamente de la mano de las doctrinas “modernas” a su respecto, como muestran los siniestros totalitarismos que han diezmado a la humanidad. Lo cual ha originado nuevos remedios o un replanteamiento de los tradicionales para intentar contenerlo. Mas, como somos el único “protagonista”, siempre es lo mismo: elegir, regular o dividir al poder.

Sin embargo, puesto que el poder es de suyo expansivo, ¿qué pasaría si todos estos remedios terminaran siendo en el fondo dominados por un solo poder incontrastable, al punto de hacer esta elección, esta regulación y esta división ilusorias, incluso una farsa, como de hecho ocurre en varios países? ¿A quién acudir para intentar salir del atolladero?

Lo que queremos indicar, es que como para estas teorías modernas estamos solos en la tarea de controlar al poder, podemos perfectamente terminar en un callejón sin salida, incluso en un camino sin retorno, como por ejemplo, si surgiera un poder incontrastable a nivel nacional o global, que simule una elección, una regulación o una división a su respecto.

De esta manera, al no considerar que exista ninguna instancia ante la cual apelar, hay que darse cuenta que tenemos que ser nosotros mismos quienes debemos estar vigilantes y llegado el caso, actuar. Y cuando digo “nosotros”, me refiero a todos, cada uno desde su posición. Si estamos solos, nadie vendrá a salvarnos. Es el costo de esta independencia que tanto se defiende y de la cual muchos se sienten tan orgullosos.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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