¿Cuál es el verdadero fin?

Conocida es la dramática situación del médico argentino Leandro Rodríguez Lastra, quien ha sido condenado en Río Negro por no haber practicado hace un par de años un aborto a una joven víctima de una violación.

            De acuerdo a los datos que se manejan, la paciente llegó al centro de salud con un cuadro infeccioso grave, producto de haber intentado llevar a cabo un aborto por su cuenta, con un embarazo de más de 22 semanas de gestación. Ante esta situación, luego de estabilizar a la mujer, puesto que el embarazo había alcanzado las 35 semanas, estimó con toda razón que era demasiado peligroso llevar a cabo un aborto, razón por la cual, y previa consulta a la madre, se indujo el parto, salvándose en definitiva también la vida del hijo, el que fue dado en adopción. Y este es el motivo por el cual ha sido condenado por la justicia.

            Ahora, si se analiza bien el caso, se puede constatar que la verdadera causal para llevar adelante un aborto no era aquí la violación que diera origen al embarazo, sino el peligro inminente en que se encontraba la vida de la madre. Por tanto, lo importante era salvarla.

            ¿Quiere decir esto que constatado lo anterior, el médico estaba obligado a realizar un aborto sin más? No necesariamente, pues se supone que su puesta en práctica tiene precisamente el fin de salvar la vida de la madre, no el de matar al niño por ser tal, al menos de acuerdo a lo que señalan quienes avalan esta causal. El aborto es pues, un medio para otra cosa; medio discutible, sin lugar a dudas, pero medio, en definitiva.

            Mas si este “medio” no sirve para el fin –salvar la vida de la madre– y resulta mejor el camino por el cual optó el médico, ¿cuál es el problema? Si se piensa bien, se logró el objetivo perseguido por la ley con un costo menor –siempre, se insiste, si es que lo prioritario no sea matar al no nacido–, o si se prefiere, cumplió con la finalidad, aunque por otra vía. En realidad, puesto que un aborto es una intervención riesgosa, sobre todo en embarazos avanzados y, además en el presente caso, dado el cuadro infeccioso grave, de haberse puesto fin a la vida del niño, podría también haber muerto la madre. ¿Habría condena entonces?

            En realidad, todo esto pareciera indicar que lo que realmente interesa a los promotores de la ley fuese matar al no nacido, y que la vida de la madre (y las demás causales) fueran sólo una excusa para lograrlo. Únicamente esto permite explicar la furiosa reacción que ha generado este asunto, promovido no por la madre, sino por otros interesados.

            Ahora bien –y esto es una conjetura–: ¿cuál será la razón por la cual existe tanto interés en segar la vida del no nacido, al punto que no se tolera una acción que lo salve, aunque se cumpla el objetivo de la causal que lo autoriza? A nuestro juicio, la única explicación es que para sus partidarios, el poder eliminar a voluntad al no nacido es una cuestión evidente, incuestionable, que no admite excepciones ni otras alternativas.

Es por eso que para sus defensores, el aborto es un “derecho humano”, aunque no exista ningún instrumento internacional vinculante que lo establezca expresamente, sino alambicadas interpretaciones de los mismos, o documentos no obligatorios (el llamado soft law internacional). Mas, como para sus partidarios es un auténtico dogma, no se tolera bajo ninguna circunstancia que una vez establecido por la ley, alguien pueda esquivar su cumplimiento, aún si haberla obedecido hubiese tenido peores consecuencias. Por eso, por ser un “derecho humano”, no admite ninguna desviación a su totalitario mandato.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Derecho

Universidad San Sebastián

Derechos totalitarios

Como se sabe, recientemente el Tribunal Constitucional dio luz verde a la objeción de conciencia institucional –como lo había sostenido él mismo en la sentencia que dio luz verde a la ley de aborto en tres causales–, permitiendo de esta manera que instituciones privadas cuyo itinerario esté en contra de esta discutible práctica, puedan oponerse a ella. De no haberse dado esta sentencia, dichas instituciones hubieran tenido que traicionarse a sí mismas o sencillamente, dejar de existir.

            Ahora bien, más allá del debate que genera lo anterior, la actual situación es una muestra más del notable cariz totalitario que están adquiriendo lo que llamamos los “nuevos derechos humanos”, que poco o nada tienen que ver con los establecidos en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Ello, pues en la actualidad, ellos pretenden convertirse en una auténtica religión laica, con sus dogmas y herejes, contra la cual estaría prohibido oponerse y en caso de hacerlo, exponerse a las sanciones más drásticas y ejemplificadoras. Con lo cual se da la paradoja que en nombre de los derechos humanos, nacidos para protegerse del abuso, sobre todo estatal, pretende imponerse –repito: en nombre de estos “nuevos derechos humanos” – un auténtico totalitarismo no solo nacional, sino mundial.

            Lo anterior es más sorprendente aún, tomando en cuenta que si hay algo en lo cual no estamos de acuerdo en nuestras sociedades, es respecto de los parámetros del bien y del mal. Por eso no deja de ser curioso que en sociedades tan fragmentadas, se pretenda tener una especie de tabla de salvación de objetividad moral y jurídica en los derechos humanos. Es como si quisiera recobrarse algún grado de objetivismo moral, perdida para muchos, cualquier noción que apunte a la existencia de una ley natural.

            Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Y eso es lo que ocurre aquí: porque estos “nuevos derechos humanos” (como el supuesto “derecho al aborto”)  no tienen, como muchos pretenden, un origen consensuado de la comunidad internacional, que es el modo en que habitualmente son presentados a fin de dotarlos de legitimidad. No: su origen subyace en la labor que realizan diversos organismos –comisiones y tribunales internacionales en particular–, que pese a las buenas intenciones de algunos de sus miembros, se han erigido en auténticos oráculos de esta nueva religión en ciernes. Oráculos que por cierto, no responden ante nadie y cuya labor la ciudadanía ignora prácticamente por completo.

            El problema, como también hemos señalado reiteradamente, es que por muy discutibles o incluso arbitrarios que resulten algunos de estos nuevos planteamientos, están revestidos del manto de legitimidad que otorgan los derechos humanos, razón por la cual gozan, al menos en un principio, de carta de ciudadanía.

            Sin embargo, entre otros, existe un punto clave que permite distinguir el trigo de la paja: el grado de intervencionismo estatal, sumado a la injerencia en la vida privada de los ciudadanos, que los derechos humanos proclamados conllevan. Así, mientras más crecen ambas situaciones, más claro resulta su raigambre totalitaria, pues debe recordarse siempre que los verdaderos derechos humanos surgieron precisamente para defendernos del Estado, no para darle carta blanca a fin que pudiera inmiscuirse en todo y pretender así moldear nuestras vidas de acuerdo a su pseudo sacrosanta voluntad.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

Un “Gran hermano” omnipresente

El conocido refrán “la realidad siempre supera a la ficción” parece más actual que nunca, a la luz de varios acontecimientos sorprendentes, impensables hace pocos años. Y dentro de ellos, uno de los más inquietantes es la constante reducción del ámbito privado de las personas, es decir, de esa esfera de intimidad (aunque se comparta con otros) en la cual se puede pensar y decir lo que se quiera, en vista de la libertad de conciencia y de opinión.

En efecto, en la actualidad estamos asistiendo a una cada vez más peligrosa y totalitaria vigilancia de un cúmulo de acciones respecto de las cuales antes nos sentíamos razonablemente a salvo, no tanto de miradas (puesto que como se ha dicho, en varios casos son conductas que se comparten con otros), sino de eventuales consecuencias nefastas derivadas de las mismas, aunque no haya existido el ánimo ni en muchos casos la conciencia de estar haciendo algo malo o indebido e incluso, producto de acciones realizadas con la mejor de las intenciones o en un ambiente de broma o simple esparcimiento.

Nos referimos a la creciente amenaza de ser acusados de discriminadores o intolerantes por casi cualquier palabra, obra u omisión que se realice (hasta ahora, sólo los pensamientos se salvan de esta inquisición), sin importar el contexto, las intenciones o la oportunidad en que se realicen. De esta manera, hasta el gesto más inocente o incluso inconsciente puede ser duramente sancionado por ofender a alguien, fruto de un catálogo de conductas “políticamente incorrectas” que no hace más que crecer exponencialmente, al punto de no saber a ciencia cierta por cuáles conductas podríamos ser reprochados mañana.

Y por supuesto, la excusa de siempre es que con estas casi impredecibles conductas, se están violando ciertos “derechos humanos” de tal o cual persona o grupo, casi como si se tratara de una responsabilidad objetiva, en que lo único importante es la conducta realizada (sin consideración alguna de la intención), y la potencial ofensa que ella ocasiona (donde al contrario, la subjetividad del ofendido es primordial). Por eso, hay que tener mucho cuidado respecto de lo que se habla, escribe o hace, pues en un ambiente cada vez más susceptible por no ir contra lo “políticamente correcto”, es casi imposible no “pisar callos”, como se dice.

En realidad, esta mentalidad viene de ya viejos eventos internacionales (como la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993), que consideraban que en atención a la importancia de estos derechos, ellos no sólo debían impregnar todas las esferas de la vida, incluida la privada, sino que precisamente por dicha importancia, legitimaban un sistema de vigilancia mutua entre los Estados para su puesta en práctica.

Sin embargo, con el correr del tiempo, se pretende pasar desde esta vigilancia internacional a la vigilancia entre los propios ciudadanos, convirtiendo a unos en guardianes y censores de otros. Esto, unido a las redes sociales y a la creciente intercomunicación (la famosa “aldea global”), está haciendo que en definitiva, todos podamos ser vigilantes de y vigilados por todos, a fin que nadie ose decir o hacer algo contra los actuales “derechos humanos”, creando algo así como un “Gran Hermano” omnipresente, que lejos de permitir y garantizar la libertad que prometen estos derechos, termina asfixiándola en su nombre.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

“Derechos humanos” totalitarios

El debate que se está produciendo con motivo de la regulación de la objeción de conciencia institucional a propósito de la reciente ley de aborto, es una buena muestra de la polarización que están sufriendo nuestras sociedades y del intento de ciertos sectores por imponer su visión de las cosas de una manera que se acerca peligrosamente al totalitarismo.

En efecto, a pesar que el Tribunal Constitucional reconoció la legítima posibilidad de objetar a las personas jurídicas, la Contraloría primero y luego el gobierno, pretenden negar este derecho. Ahora bien, más allá de los argumentos técnicos, a nuestro juicio la clave para entender lo anterior, radica en que los defensores del aborto lo presentan como un “derecho humano”, pese a que ningún tratado internacional vinculante ni nuestro ordenamiento interno lo consideran como tal. De esta manera, al arroparlo con este prestigioso concepto, se sacraliza esta pretensión y se busca eliminar cualquier objeción a su respecto, puesto que al ser un “derecho humano”, nadie debiera poder oponerse al mismo, al menos racionalmente.

De este modo, generada artificialmente una especie de “opinión pública”, en buena medida gracias a los medios de comunicación, automáticamente se coloca en el terreno de los “malos” a quienes piensan distinto, por muchos argumentos que tengan, precisamente por estar en contra de algo tan evidente, valioso e indudable como los “derechos humanos”.

Sin embargo, poco o nada tienen que ver estas pretensiones con los auténticos derechos humanos, que surgieron como fruto de la toma de conciencia de la dignidad intrínseca y universal de todos y cada uno de los miembros de la especie humana, al margen de sus diferencias accidentales (como es el hecho de haber nacido o no), lo que obliga a proteger en particular a los más débiles, sobre todo si ellos no pueden hacerlo por sí mismos.

Nada de eso ocurre hoy con lo que podrían llamarse los “nuevos derechos humanos”, pues lejos de ser una realidad que en el fondo hay que descubrir, se han convertido en un concepto antojadizo y manipulable, que es utilizado estratégicamente por diversos grupos, incluso minoritarios, para imponer su modo de pensar sobre todos los demás, abusando del prestigio que aún le queda a este vocablo. Así, asumiendo una posición dogmática, buscan evitar el diálogo y el debate propios de toda sociedad democrática e imponer su visión sin más, de un modo que se acerca, según se ha dicho, peligrosamente al totalitarismo.

En consecuencia, al estar desprovistos de todo fundamento objetivo, estos “nuevos derechos” se han ido convirtiendo en un arma para sojuzgar posturas contrarias y en el fondo, en un vil instrumento de dominación, contrariando así su verdadero sentido y razón d ser. Es por eso que estos derechos van cambiando a una velocidad impresionante, a fin de servir a quienes los utilizan para imponer su agenda con visos de legitimidad.

Sin embargo, sospechosos “derechos humanos” son estos, que además de olvidar e incluso destruir a los más débiles, impiden también toda disidencia, pretendiendo así homogeneizar a sociedades enteras, curiosamente en nombre de la libertad que esos “derechos” dicen defender.

Por eso, tal como no todo lo que brilla es oro, tampoco todas las pretensiones que dicen serlo son realmente derechos humanos.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

#Chile Objeción de conciencia

Criticable, por decir lo menos, ha resultado la actitud de buena parte de la oposición a la iniciativa del Ministerio de Salud para permitir la objeción de conciencia, tanto a personas naturales como jurídicas, a propósito de la ley de aborto aprobada hace unos meses, siguiendo en esto el dictamen del Tribunal Constitucional sobre el particular. De tal forma, estos críticos pretenden que nada ni nadie pueda oponerse a esta práctica, por muy controvertida que sea, al tratarse en el fondo para ellos de un “derecho humano”.

Lo anterior resulta curioso, puesto que es sabido que el tema del aborto produce uno de los mayores debates de nuestro tiempo, al punto que en muchas ocasiones, su avance ha sido fruto de polémicas sentencias de tribunales superiores o de exiguas mayorías parlamentarias, todo lo cual demuestra muy a las claras que no se trata para nada de una materia pacífica. De ahí que los que se oponen a esta práctica, al menos hayan tratado de mantener a salvo sus propios principios y convicciones mediante la objeción de conciencia.

Y no es para menos: por mucho que algunos consideren el aborto como un derecho, incluso un “derecho humano”, parece demasiado, es más, resulta inaceptable, que un médico tenga que ser violentado en sus convicciones más profundas y obligado a cometer lo que él considera, con fundamento biológico, un asesinato. Por eso resulta totalitaria una actitud que so pretexto de supuestos “derechos humanos” (que se insiste, en este caso generan una gran y fundamentada polémica), pretenda imponerse de manera avasalladora, no aceptando la más mínima crítica ni disidencia. Lo cual se muestra con las amenazas que usualmente se esgrimen contra los objetores, que van desde la pérdida de sus trabajos o la imposibilidad de acceder a los mismos, hasta el corte de los fondos en caso de ser una institución que recibe ayuda del Estado.

¿Dónde ha quedado pues, el derecho humano fundamental a no verse obligado a actuar contra las convicciones más profundas de una persona? ¿Justifica el supuesto derecho de algunos la cuasi esclavitud de otros? ¿Es justo que el profesional de salud que de buena fe considera que el aborto es un crimen, tenga que ensuciarse las manos para no perder su fuente de trabajo, si además, es posible derivar a quien lo solicita con otro profesional que sí está dispuesto a hacerlo? ¿Ocurrirá lo mismo si se llega a aprobar la eutanasia?

El problema de fondo, y al cual hemos aludido varias veces, es que en la actualidad, el progresismo pretende imponer su agenda valórica amparándose en la noción de “derechos humanos”, que desprovistos de cualquier raigambre objetiva, hoy dan para todo. De esta manera, basta con asignarle este rótulo a cualquier pretensión, por polémica o absurda que sea, para que por ese solo hecho, se sacralice y se conviertan automáticamente en los peores herejes quienes se opongan a ella. Por eso volvemos a repetirlo: actualmente muchos de los “nuevos derechos humanos” –que poco o nada tienen que ver con la Declaración Universal de 1948– están siendo utilizados como verdaderos instrumentos de dominación, como mecanismos para imponer de manera totalitaria una serie de comportamientos que van desde el irrespeto a la vida de los más débiles, hasta anular el derecho de los padres para educar a sus hijos, por mencionar sólo algunas de las polémicas más conocidas de nuestros días. ¿Seguiremos pisando el palito?

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

El tiro por la culata

El reciente fallo del Tribunal Constitucional que dio luz verde a la ley de aborto, puede muy bien ser considerado un tiro por la culata para los requirentes. De hecho, tan sorprendente es su sentencia, que ni siquiera el gobierno pensó que llegaría tan lejos, lo que se demuestra por sus ácidas críticas a este organismo antes de conocer su veredicto.

Y con razón, puesto que este guardián de la Constitución no sólo legitimó la ley, sino que además –y de una manera bastante discutible–, por mayoría consideró que el no nacido no es persona, con lo cual está abriendo las puertas para ampliar el aborto en el futuro, al casi dejarlo sin protección ante los intereses de la madre.

Por eso, si hubiera podido anticiparse un fallo como este, lo mejor habría sido no solicitar su intervención, pues el daño al no nacido habría sido menor. Lo cual muestra que se ha producido un giro notable al interior de este tribunal –que contradice su anterior jurisprudencia–, pues como se ha dicho, nadie, ni siquiera los promotores de esta ley esperaban una decisión semejante.

Ahora bien, aun cuando desde nuestra perspectiva la protección que la Constitución otorga al no nacido podría haber sido más sólida, ello dista mucho de considerarlo, como hace el fallo, una “no-persona”, lo cual en el fondo, lo sitúa en el terreno de las “cosas”, al no tener ninguna posibilidad de imponerse como límite al querer de la madre, por mucho que existan, por ahora, requisitos y condiciones para abortar.

En realidad, sólo esta protección objetiva respecto del no nacido, al ser considerado como persona, establecida desde sus inicios por nuestra Carta Fundamental –y que ahora la mayoría del Tribunal Constitucional desconoce–, explica tanto las fundadas esperanzas de quienes impugnaron esta ley ante este organismo, como las despiadadas críticas que sus promotores hicieron al mismo como institución republicana. De no ser así, tampoco habría tenido sentido la enorme polémica que se produjo en las cámaras durante su tramitación.

Parte de la explicación de este –modificatorio– fallo del texto constitucional se debe a lo que este tribunal llama “interpretación evolutiva”, que hace que a su juicio, el tenor literal de la Constitución importe cada vez menos, al tener que ser reinterpretado (y eventualmente modificado) de acuerdo a las nuevas circunstancias de nuestra sociedad. Con lo cual no hay nada que en teoría no pueda cambiar, y notablemente, con el paso del tiempo y la voluntad del intérprete, sin que –se insiste– se altere un ápice el texto “interpretado”. Ello explica la existencia de muchos considerandos del fallo que exploran, al margen del texto constitucional, variados argumentos para justificar su veredicto, si bien también el articulado de la Carta Fundamental es objeto de un detallado análisis.

Aunque no se diga –si bien se lo menciona en más de una oportunidad–, esta sentencia sigue las huellas del conocido caso “Artavia Murillo vs. Costa Rica”, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, pues al igual que en el presente caso, la Corte fue mucho más allá de lo solicitado por las partes (la autorización de la FIV) y acabó fallando contra el tenor literal del tratado, despersonificando al no nacido.

Las consecuencias de ambos fallos, pues, serán muchas y graves en el futuro.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Mezclar peras con manzanas

Uno de los principales argumentos que esgrimen quienes impulsan el llamado “derecho al aborto”, es que se trata de una realidad prácticamente universal, lo cual hace insostenible contarnos dentro de una exigua minoría de países que prohíben esta práctica.

Sin embargo, el anterior razonamiento es falaz, no solo por llevar implícita la premisa según la cual lo nuevo es mejor que lo antiguo, o si se prefiere, que vamos progresando en materia moral, sino sobre todo por la lógica a la que dice acudir para fundamentarse.

En efecto, este razonamiento pretende que de un mero dato cuantitativo (el número de países en que se permite el aborto) es posible deducir lógicamente una consecuencia cualitativa (la bondad del mismo), olvidando que ambos elementos –el cuantitativo y el cualitativo– se encuentran en planos diferentes, siendo impropio pasar de uno a otro sin más, lo que en filosofía se conoce como Ley de Hume.

Si de verdad pudieran deducirse valores a partir de los simples hechos, habría que aplicar este mismo razonamiento (lo común es bueno, precisamente por ser común) a muchísimas realidades que hoy se dan más que nunca en la historia humana. Así, nunca se había producido el actual nivel de tráfico de armas, de personas o de drogas. O para poner otros ejemplos, los actuales índices de corrupción, de mentira a través de los medios de comunicación, de prostitución o de pornografía no tienen par en otras épocas. Sin embargo, pese a que cuantitativamente han crecido mucho, pocos se atreverían a concluir que por ese solo hecho son realidades buenas, loables y que hay que incentivar. Y de paso, también viene a demostrar que no siempre lo nuevo es mejor que lo antiguo.

Lo anterior quiere decir que la mera cantidad no es suficiente para calificar una conducta de buena o mala, pues se insiste, en caso de serlo, todos los comportamientos señalados serían irremediablemente buenos. En consecuencia, significa que existe otra premisa oculta, que hace que ciertos acontecimientos comunes sean considerados buenos y otros no y de paso, viene a confirmar la Ley de Hume.

Este elemento oculto es una concepción previa de lo que se considera bueno o malo (y por tanto, un elemento cualitativo), desde la cual se califican las conductas, sean éstas numerosas o escasas. Por tanto, no resulta lícito deducir valores a partir de simples hechos, no solo porque equivale a hacer pasar “gato por liebre”, como suele decirse, sino además, porque desde el plano racional equivale a mezclar peras con manzanas.

Por tanto, es completamente indiferente para calificar una conducta como buena o mala que ésta sea común o escasa y por lo mismo –aunque decirlo sea tabú–, las mayorías pueden equivocarse, por muy abrumadoras que sean.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

La Ciudad de México se vestirá de Familia con marcha multitudinaria.

Este sábado 24 de septiembre de 2016, la #CDMX será testigo de la mayor manifestación ciudadana en forma pacífica y respetuosa, que se haya visto en la historia de la capital del país bajo lemas de “Defendemos la Familia” y “Con mis hijos no te metas”; la cita es a las 12:00 horas en el Auditorio Nacional, de donde marcharan rumbo al Monumento del Ángel de la Independencia. Se espera la llegada de miles de ciudadanos de varios estados del país para unirse a esta multitudinaria Marcha Nacional por la Familia, el Matrimonio y los Niños.

Tenemos como antecedente inmediato dos semanas atrás, las Marchas por la Familia en las principales ciudades del país, y que de acuerdo a las cifras oficiales dadas por el Frente Nacional por la Familia, en 122 ciudades tuvieron en total una asistencia histórica de 1,140,580 personas, conformados por familias enteras, niños, jóvenes, ancianos, como una forma de hacer ver a las autoridades de este país encabezadas por el presidente Peña Nieto, la inconformidad generalizada principalmente por parte de los padres de familia, ante la amenaza de imposición de leyes y contenidos educativos nocivos que atentan contra la inocencia de los niños, el bienestar de la familia, y por consiguiente de la misma sociedad.

Las Marchas por la Familia han servido para activar canales de comunicación y debates que antes no se veían, buscando se reconozca el derechos de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y convicciones; lo cual consolidaría un verdadero Estado de derecho y de libertad de expresión, así como un mayor bienestar de la sociedad.

Como eco de las marchas en el interior de la república mexicana se han dado diversas críticas y ataques por parte del Lobby LGBT y simpatizantes de sus ideologías hacia el Frente Nacional por la Familia y participantes, diciéndose discriminados e insistiendo en reclamar falsos derechos.

También se han suscitado varios debates televisivos donde ha participado Mario Romo como representante del Frente Nacional por la Familia, y en donde representantes del Lobby LGBT han arremetido (a falta de argumentos sólidos) con una serie de acusaciones y señalamientos que rayan en la falta de respeto tanto a la Familia, el sentido común, y los valores que han siempre caracterizado al pueblo mexicano. Mientras tanto Mario Romo y otros representantes del Frente Nacional por la Familia han presentado cifras, estudios, y argumentos contundentes para defender el Matrimonio natural hombre-mujer como cimiento de la familia, que es la célula básica de la sociedad, y estamos hablando de una sociedad sana, que es lo que se busca preservar.

Se ha hecho énfasis en que el matrimonio natural es el único que da vida, ya que una unión hombre-hombre, o mujer-mujer no pueden generar vida, se ha visto que después de imponer por ley el “matrimonio” igualitario, enseguida se busca legalizar e instaurar como “derecho” la adopción de niños por parejas del mismo sexo, acerca de lo cual se debe destacar que no existe el “Derecho a adoptar” ni por homosexuales ni por heterosexuales, sino más bien que el derecho es del niño a ser adoptado, y darle lo que perdió: es decir un papá y una mamá.

También se debe hacer saber que existen estudios serios donde se ha demostrado que existe un menor bienestar y rendimiento académico en niños que viven bajo la tutela de parejas del mismo sexo, como por ejemplo el estudio presentado por Fernando Pliego Carrasco publicado en la UNAM en el año 2012, donde se muestra que en las parejas del mismo sexo hombre-hombre con hijos, estos tienen un índice de deserción escolar de 3.7%, el más alto de toda la población que se estudió, según el INEGI en 2010.
Y el segundo lugar con mayor deserción escolar es en familias donde las parejas son de mujer y mujer con un 2.9%.

Por otro lado, y para tener un criterio más claro de la importancia del objetivo de las Marchas por la Familia es oportuno dejar en claro algunas cuestiones más: Según la academia de Real de la Lengua Española, si buscamos en su diccionario la palabra Matrimonio nos dice que es la unión de un hombre y una mujer, etc. y su raíz etimológica vemos que viene de matris-monio que significa protección-de la madre, y se crea con el objetivo de proteger a la madre para que esta pueda criar hijos con una buena formación, con valores, con virtudes y bienestar, así que de entrada el nombre Matrimonio no aplica por ejemplo para uniones de dos hombres. Un hombre jamás podrá desempeñar el papel de una madre, si acaso usurparlo, ya que la mujer en su naturaleza posee características únicas.

Otro dato importante es que El Tribunal de Estrasburgo -el tribunal de derechos humanos más importante del mundo- que agrupa a 47 países del Consejo de Europa, y que por medio de sus 47 magistrados en forma unánime el 9 de junio de 2016 ha dictado una sentencia dada por el pleno dejando en claro tres puntos esenciales: a)No existe el derecho al “matrimonio” homosexual, b) El matrimonio solamente se puede entender como la unión entre un hombre y una mujer, y c)El Estado no comete ningún delito de discriminación al negarle a parejas del mismo sexo, el matrimonio.

Por todo lo anterior explicado vemos que es totalmente legitima esta lucha ciudadana por defender la Familia y la inocencia de los niños, a los cuales se les pretende ideologizar desde las aulas de clases en las escuelas en el estilo de vida homosexual bajo la falsa bandera de la no discriminación y la impartición de educación sexual.

Con las Marchas por la Familia y los Niños en el interior del país quedó en claro que México está despertando, al igual que otras naciones que se han visto atacadas por esta agenda mundial ideológica, que busca echar por tierra la estructura básica de toda sociedad estable, como es la familia; por eso vemos “despertar” ciudades Europeas como Berlín manifestándose en las calles contra el aborto, la eutanasia y demás males; o el caso de Eslovenia que recientemente dice NO al “matrimonio” homosexual en un referéndum, convirtiéndose en el primer país de Europa en echar atrás una ley de este tipo.

Así que el momento es ahora, y si no lo haces tú, nadie más lo hará; por eso este sábado 24 de septiembre asiste a la Marcha Nacional por la Familia y los Niños en la #CDMX en forma pacífica y respetuosa, tal como siempre ha caracterizado a las familias de bien de esta gran nación mexicana. Participa en Familia y juntos ¡Hagamos historia!

Algunas aclaraciones sobre las Marchas por la Familia

Desafortunadamente se ha desatado un verdadero linchamiento mediático contra quienes participaron en las marchas de provincia promoviendo a la familia, etiquetándolas de «marchas anti-gay» o «marchas homofóbicas» y se han generado numerosas polémicas en las redes sociales. Sin duda, que toda esta algarabía que algunos han levantado, tiene la finalidad de amedrentar a los ciudadanos capitalinos con la intención maliciosa de que asista el menor número de personas a la marcha del próximo sábado 24 de septiembre.

A continuación presento algunos “datos duros” sobre estas multitudinarias marchas: en total asistieron más de 1,200,00 personas de 127 ciudades de los diversos estados. En el caso de Guadalajara, fueron 275,000 personas las que se manifestaron. ¡Fue un verdadero día de fiesta en todo el país a favor de familia! Desfilaron pacíficamente abuelos, papás, tíos, jóvenes, niños. De igual forma, lo hicieron personas de diversas religiones (iglesias cristianas, mormones, católicos), así como personas sin ninguna religión.

El Frente Nacional por la Familia ha aclarado reiteradamente que los homosexuales, en virtud de la inmensa dignidad que tiene toda persona humana, merece respeto y consideración como cualquier otro ciudadano. En ningún momento se ha pensado en que sean marchas «contra los homosexuales» sino que se busca:

1) Dejar en claro que el verdadero y natural matrimonio es la unión de un hombre con una mujer para engendrar hijos y formar una familia;

2) Que la educación de los hijos corresponde prioritariamente a los padres de familia de acuerdo a sus convicciones y valores;

3) Que estas marchas no están “organizadas por la Iglesia católica” sino que se trata de un movimiento ciudadanos a lo largo y ancho de la república mexicana en la que se ha mostrado ampliamente la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos;

4) De igual forma, estas marchas no pretenden “crear enfrentamientos contra los homosexuales o algunos otros sectores de la sociedad”. Son manifestaciones civilizadas, pacíficas, constructivas y propositivas, esto es, promover el inmenso valor de la familia, partiendo de la base que cada ciudadano mexicano goza de la mayor libertad para externar sus opiniones sobre los temas de interés familiar, educativo, sobre la formación de sus hijos, acerca de las leyes en las que pueden resultar afectados los valores fundamentales y, en general, las relativas al bienestar de la sociedad.

Finalmente considero que el suceso inédito de que salgan a las calles más de un millón, doscientas mil personas de 127 ciudades de los estados (más los que se manifiesten el próximo sábado 24 de septiembre en el Ángel de la Independencia), podríamos afirmar –sin lugar a dudas- que es un hecho elocuente que habla por sí mismo y, por tanto, esta voluntad ciudadana debe de ser respetada y tomada en cuenta en una república que se supone que es democrática.

Organizaciones religiosas en México rechazan iniciativa sobre matrimonio igualitario y adopción

DOS MIL IGLESIAS CRISTIANAS EN MEXICO RECHAZAN INICIATIVA PRESIDENCIAL SOBRE MATRIMONIO Y ADOPCIÓN HOMOSEXUAL

*Las propuestas de reforma van en contra del sentir de la mayoría y afectan la identidad nacional. No queremos “cortinas de humo”, expresa la Unión Nacional Cristiana por la Familia.

*Subrayan que están a favor de la más amplia protección legal y jurídica para las uniones entre personas del mismo sexo, pero sin que ello trastoque a la institución denominada familia, que es la que le da solidez a la sociedad.

Representantes de dos mil iglesias cristianas en México pidieron el retiro de las iniciativas del Presidente de la República para la legalización del matrimonio y la adopción homosexual, así como de otras reformas que pretenden incorporar a la población estudiantil infantil a una “orientación” sobre identidad sexual. Advirtieron que este tipo de cambios legislativos van en contra del sentir de la mayoría de la sociedad e identidad nacional.

En conferencia de prensa en la que participaron más de 50 líderes de asociaciones religiosas cristianas del país, fue presentado un manifiesto público en el que se subraya al matrimonio, reconocido éste como la unión legítima y legal entre un hombre y una mujer, como la única figura garante para que los futuros mexicanos crezcan en un ambiente idóneo para su sano crecimiento.
Los dirigentes de iglesias cristianas advirtieron que no aceptarán más imposiciones de legislaciones y destacaron que las iniciativas en cuestión representan en el fondo una “cortina de humo” frente a graves problemas que enfrenta el país.

Precisaron incluso que la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), arrojó como resultado que en México el 70% de la población rechaza la adopción por parte de parejas del mismo sexo, contrario a lo que propone el Presidente Enrique Peña Nieto.

Creemos que ninguna iniciativa de ley presentada por el ejecutivo, partido o legislador alguno debe ser discutida sin tomar en cuenta el sentir de la población: el presidente de la república, los diputados y senadores, los gobernadores, presidentes municipales y alcaldes deben a sus electores respeto y están obligados a tomar en cuenta el beneficio de la mayoría, a ellos se deben y con ellos están comprometidos.

Ni una ley más sin el consenso de la mayoría. Por ello les pedimos contemplar la consulta popular antes de discutir cualquier proyecto legislativo de esa naturaleza.

En presencia de poco más de 50 dirigentes de Iglesias Cristianas de distintos puntos del país, el representante legal de la Unión Nacional Cristiana por la Familia, Luis Gallego, señaló que México es una nación a favor del matrimonio que reconoce la unión esencial entre un hombre y una mujer.
Es el único vínculo indisoluble que garantiza y protege el supremo interés del bienestar del niño.

Estuvieron presentes líderes de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús; Amistad Cristiana de México; Iglesia de Coalacloaya; la Alianza Cristiana de Aguascalientes; Iglesias Históricas de la Ciudad de México; Coordinación de Iglesias Cristianas en la Paz, Baja California; las Alianzas de Pastores Cristianos de Mexicali y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, entre otras.

En su mensaje dijeron que si bien su posición frente a las iniciativas del Presidente es por la defensa del matrimonio reconocido como la unión entre un hombre y una mujer, también están a favor de la más amplia protección legal y jurídica para las uniones entre personas del mismo sexo, pero sin que ello trastoque a la institución denominada familia.

Nos manifestamos por el respeto real e irrestricto a todas las personas, sin discriminación por su preferencia sexual. Exigimos leyes efectivas y sólidas, con sustento social, no cortinas de humo con iniciativas absurdas que contravienen el sentir de la mayoría de los mexicanos.

Como iglesias evangélicas, con una gran presencia a nivel nacional, reiteramos que la familia es ordenada por Dios y que el matrimonio debe realizarse entre un hombre y una mujer; los niños tienen a su vez el derecho de tener un padre y una madre para cumplir con su destino divino, dijeron.
En su mensaje las iglesias cristianas apuntaron que el modificar la Constitución del país debe ir en concordancia con un ambiente social incluyente y no discriminando a los mexicanos por sus creencias o convicciones. Imponer una visión que los mexicanos no aceptamos modificando la institución del matrimonio representa un grave atentado contra la libertad religiosa. México es un país eminentemente cristiano.

Al final de la lectura del mensaje, Luis Gallego manifestó que modificar el concepto que, antropológica y religiosamente, todos los mexicanos vivimos en el matrimonio, como la unión de un hombre y una mujer, es irresponsable y violenta los derechos del niño. “México es una nación que reconoce el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y reprobamos que se modifique este vínculo esencial en nuestra constitución”.

A los Legisladores les hacemos un llamado a que consideren seriamente que no debe pasar ninguna ley que atente contra las instituciones que dan solidez a nuestra sociedad mexicana. Y les dejamos una pregunta que deberán responder a la sociedad: ¿Por qué vulnerar a la única institución que puede ayudar a regenerar el tejido social de nuestro país?

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