Los verdaderos amos

Resulta casi un lugar común hablar hoy de una “crisis de la democracia”, motivada por diversos factores de todo tipo, desde la corrupción de la clase política, hasta la poca transparencia de sus procesos eleccionarios, sin olvidar la creciente apatía y desilusión de buena parte de la ciudadanía, o al contrario, el hecho que los que más hagan oír sus demandas, sean los grupos más agresivos, siempre minoritarios. Todo ello y mucho más, está haciendo que esta forma de organización política, hasta hace pocos años idolatrada de modo casi infantil, hoy sea vista con desdén y hasta desprecio por vastos sectores de la población.

            Lo anterior está generando lo que podríamos llamar metafóricamente, “democracias de cartón”, queriendo significar con lo anterior, una mera imagen, una máscara que pretende ser algo que claramente no es. O si se prefiere, una casi desesperada maniobra para mantener las apariencias, a fin que este statu quo pueda preservarse el mayor tiempo posible, para sacar del mismo el máximo de beneficios que pueda dar. Todo lo cual se hace cada día más difícil, al ir desafectándose de este sistema crecientes sectores de la población, según se mencionaba.

            Sin embargo (y no se trata de echar leña al árbol caído, sino de intentar descubrir realmente lo que está pasando), existe otro elemento que a nuestro juicio, viene a empeorar aún más las cosas, pero que pocas veces se comenta, y que ya henos tratado en varias oportunidades, si bien desde otros ángulos: el Derecho y las organizaciones internacionales.

            En efecto, las normas y, sobre todo, los organismos internacionales, están teniendo cada vez más injerencia en los asuntos internos de todo tipo de muchos países, incluido el nuestro, de una manera que por regla general, es completamente ignorada por la ciudadanía. Pese a lo cual, limita notable y a veces injustificadamente nuestras democracias, al punto que podría hablarse de democracias “tuteladas” o “protegidas” por este Derecho y organismos internacionales, llegando a bloquear y hasta prohibir algunas de sus decisiones.

            Evidentemente, no se trata que cada país se transforme en una burbuja que se desentienda de lo que ocurra más allá de sus fronteras y haga lo que le venga en gana, entre otras cosas, porque tarde o temprano, lo que pase en el exterior lo afectará a él también. Igualmente, razones mínimas de convivencia y humanidad, obligan a los Estados a estar en armonía y a cooperar con sus vecinos y en general, con la comunidad internacional.

            Sin embargo, existen un cúmulo de materias que nos afectan profundamente (piénsese por ejemplo, en los derechos humanos en general, en la inmigración o en diversas políticas públicas), cuyo origen último viene de estos organismos internacionales, que casi están dándole órdenes a nuestros países. Materias que evidentemente, no han sido determinadas por quienes nos vemos afectados por ellas, el pueblo, mediante ninguna decisión democrática, y que incluso, ni siquiera han estado presentes en los programas de gobierno previos a las elecciones. Y el gran problema, es que estos organismos internacionales no son controlados por nadie y por regla general, la ciudadanía ignora su existencia y poder. Todo lo cual, va poniendo día a día más cortapisas a nuestras propias decisiones democráticas.

            En consecuencia, la gran pregunta aquí, es a quién obedecen nuestros dirigentes, cuáles son sus verdaderos amos: ¿el pueblo al que ellos dicen representar, o estos organismos internacionales que nadie controla y que parecen querer ser nuestros titiriteros?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Una situación más que inquietante

Tan rápidos han sido los sucesos de Estados Unidos en las últimas semanas, que es posible que parte de la información expuesta aquí resulte hoy añeja o incluso irrelevante, tal como ha sido la tónica de este auténtico thriller de la vida real. Todo lo cual hace surgir la incógnita de qué podría pasar en este país en el futuro inmediato. Veamos algunos hechos.

            Como se sabe, el 06 de enero, día de la certificación de los colegios electorales en Washington DC, Trump dio un discurso ante cerca de un millón de seguidores. Más tarde, mientras se comenzaban a impugnar los resultados de algunos estados, se produjo el conocido e impactante asalto al Capitolio, produciéndose la evacuación del mismo. Sin embargo, superada la emergencia, se continuó con este proceso, las restantes impugnaciones no se realizaron y finalmente, se proclamó a Biden como presidente electo.

            Inmediatamente, se produjo una reacción en masa del partido demócrata, quien exigió la salida de Trump, acusándolo de haber incitado el asalto al Capitolio. Sin embargo, además de que nada en su discurso puede interpretarse en tal sentido, posteriores investigaciones han dado muestra de la escasa seguridad del edificio, de la colaboración de guardias para permitir el ingreso de los manifestantes, y el FBI ha confirmado que varios de ellos –algunos ya detenidos–, no son partidarios de Trump.

            De todas formas, se intentó primero inhabilitarlo a través de la Enmienda 25 de la Constitución, acudiendo al vicepresidente –quien se negó a hacerlo– y luego, en tiempo récord, la Cámara de Representantes votó un Impeachment, que debe ser visto por el Senado. De prosperar, impediría que Trump pueda postularse en 2024.

            Por otro lado, el aún presidente en ejercicio, fue censurado de las principales redes sociales, suerte que también corrieron muchos de sus colaboradores y millones de simpatizantes. Ello ha producido una gigantesca migración a otras redes, así como una drástica caída en la bolsa de los censuradores. Además, ha hecho surgir la pregunta sobre el real poder de estos medios de comunicación dentro de una sociedad democrática.

Al mismo tiempo, se está produciendo una auténtica caza de brujas hacia todos aquellos que han colaborado con el gobierno saliente. Y por su parte, Trump ha desclasificado muchísimos documentos –que llevará semanas o meses analizar–, que comprometen gravemente al partido demócrata, incluido Biden. Dado lo anterior, algunos republicanos han amenazado con presentar un impeachment contra este último el jueves.

            Con motivo del asalto al Capitolio, se ha resguardado la seguridad de Washington DC, que entre la guardia nacional y otros agentes, alcanza casi 30.000 efectivos. El centro de la ciudad ha sido vallado, al punto que parece una prisión. Y se planea una ceremonia de toma de posesión sin público, salvo los invitados de honor, a la cual Trump no asistirá.

            Al mismo tiempo, se esperan protestas en las principales ciudades del país, y los demócratas a su vez, temen un ataque interno de los propios militares que los custodian. Finalmente, y como si fuera poco, el lunes, en una entrevista realizada en NBC al jefe de la guardia nacional de DC, este declaró que se espera una “transición pacífica al poder militar” (“a peaceful transition to militar power”), lo que ha generado todo tipo de especulaciones.

            En consecuencia, dado todo lo relatado, hay motivos más que inquietantes para preguntarse qué podría pasar, lo cual tendrá, evidentemente, repercusiones mundiales.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Por imagen

A pesar que la gran mayoría de los medios de comunicación y de los gobiernos del mundo han dado por ganador al Joe Biden –si bien basándose en proyecciones, pues hasta ahora no ha sido proclamado oficialmente–, diversas y abundantes acusaciones de supuestas irregularidades, han empañado este proceso eleccionario y merecen atención.

            En efecto, existen varios indicios que al menos hacen atendible dicha posibilidad: desde aparentes discordancias anunciadas por diversas entidades, como Judicial Watch, entre el número total de votantes inscritos y los sufragios emitidos, hasta supuestos problemas con el conteo informático de votos, pasando por incidentes de todo tipo en muchos locales de votación (expulsión de observadores, llegada de boletas fuera de plazo, incluso de madrugada, acciones inapropiadas de vocales, etc.), entre otras. De hecho, en al menos siete estados (Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia) el conteo de votos no ha terminado, o se está haciendo uno nuevo y en algunos de ellos, ya han intervenido sobre el particular, cortes federales o incluso la Corte Suprema.

            Con todo, debe recordarse que esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Si bien a muchísima menor escala (pue solo aludía a Florida), pasó algo parecido en el año 2000, entre George W. Bush y Al Gore. En esa ocasión, luego de más de un mes de incertidumbre, y –aunque él mismo no lo hiciera– pese a que los medios también proclamaron a Gore como ganador, la Corte Suprema determinó que Bush era el real vencedor.

Por tanto, no es inédito que la Corte Suprema dirima quién es el vencedor en una elección presidencial en Estados Unidos, con la particularidad que el actual escenario parece bastante más grave que la de hace veinte años.

            Lo anterior amerita que esta situación deba ser investigada profundamente, sabiendo que el peso de la prueba sobre una supuesta irregularidad, recae totalmente sobre Trump, pues de acuerdo a las tendencias que hasta el momento se tienen, el ganador es Biden.

            Debe aclararse que lo anterior no se fundamenta solo en esta elección, sino en la integridad del sistema democrático en sí mismo, al darse en uno de los países en que dicho sistema se presenta de forma más sólida y que por su importancia, sirve de referencia para el resto del mundo. Es imperioso así, despejar toda duda razonable a este respecto.

            Además, también lo merecen los que votaron por Trump, que al final, resultaron ser una masa bastante mayor que la proyectada por las encuestas, que aseguraban una victoria fácil para Biden, lo que claramente no ocurrió.

            Finalmente, esta situación también debe investigarse de cara a los electores de Biden, para que no se cuestione su eventual futuro gobierno. Además, si todo está en regla, no hay nada que temer (ni probar en principio), razón por la cual, no se ve una razón irrefutable para negarse a esta revisión. Quien nada oculta, nada teme, dice el refrán.

            En consecuencia, todo lo dicho hace que, por simple imagen ante el resto del mundo y ante sí mismos, dado que los indicios van mucho más allá de un simple chisme (y a fin de no parecer un país bananero), resulte imperioso investigar esta delicada y lamentable situación. Dada su importancia, esta elección no puede quedar manchada, siendo por ello necesario salir de toda duda a su respecto.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

La necesidad de parámetros externos

Hace ya bastante tiempo que se ha ido imponiendo un dogma en materia política que se repite sin cesar –y que no se puede discutir–, aun cuando pareciera que por regla general, no se hayan calibrado adecuadamente sus reales y peligrosas implicancias: que el sistema democrático es el único posible, razón por la cual, nunca y bajo ninguna circunstancia podría optarse por otra forma de gobierno.

            Resulta evidente que la democracia ha sido una gran conquista de la humanidad, conquista que ha permitido convivir y progresar de manera pacífica a muchos pueblos y evitado conflictos graves, que de surgir, habrían cambiado notablemente nuestra historia. Sin embargo, ¿se entiende verdaderamente lo que significa el dogma recién mencionado?

            Si lo lleváramos a sus extremos, como muchos pretenden, significaría, en último término, que quienes dirigen un país –y de manera más general, la entera clase política–, tendrían una completa libertad para hacer, literalmente, lo que quisieran, siempre que se respetaran los cauces democráticos establecidos.

            Algunos podrán señalar, en parte con razón, que para eso existe la oposición y la alternancia en el poder, con lo cual la ciudadanía podría sancionar a quienes no logren hacer un gobierno mínimamente aceptable. Sin embargo, y siendo cierto en muchos casos, nuestro planteamiento va más allá: si de verdad la democracia resultara completamente inamovible ¿qué pasaría si la entera clase política se corrompiera y se pusiera de acuerdo para adueñarse de un país cambiando su institucionalidad, de tal modo de hacerse inexpugnables en el poder, sin dejar que surjan nuevas y reales alternativas? ¿Le daríamos este cheque en blanco?

            Con semejante situación, la alternancia en el poder no existiría realmente y el rol del gobierno y de la oposición se convertiría en una asquerosa parodia para aparentar la autodeterminación de un pueblo que en el fondo, sería esclavo de dicha clase política.

            Mas, de llegarse a una situación semejante, ¿qué diferenciaría en realidad a un régimen “democrático” de estas características de uno totalitario? A fin de cuentas, el pueblo sería un simple pelele de las decisiones de esta clase política, que sabiéndose invulnerable –al no poder sustituirse el sistema democrático por ningún otro–, tendría en el fondo, carta blanca para hacer lo que quisiera. Y si además cuenta con los suficientes aliados a nivel internacional que avalen su actuar, la tiranía puede hacerse peligrosamente posible.

            Todo lo anterior significa que la sola democracia, como forma de gobierno, es únicamente eso: una “forma”, o sea, un procedimiento, un mecanismo, un modo de obrar en política; pero por eso mismo, por ser un camino, es solo un medio, no un fin en sí misma.

            De ahí entonces, que el verdadero parámetro de legitimidad no pueda limitarse –ni empobrecerse– solo a un mero procedimiento, pues estaría abriendo las puertas a una posible tiranía, precisamente lo que la democracia busca evitar. Por eso, la democracia no puede legitimarse sólo a partir de sí misma, sin parámetros externos. Este parámetro debe ser material, de contenido: el real grado de libertad y de bienestar material y espiritual de su población.

            En caso contrario, se insiste, la democracia puede transformarse en una tiranía camuflada y en el fondo, en un dócil y soterrado instrumento de dominación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Quién manda a quién?

En los últimos años, se ha ido dando una tendencia en el funcionamiento de nuestras democracias, que debiera generar una profunda reflexión a su respecto, pues equivale a una completa extrapolación de su genuino sentido y razón de ser: que en vez de ser las autoridades políticas las que acaten los designios de la voluntad popular, sea la ciudadanía la que tenga que seguirle el juego a dichas autoridades y en general, a toda la clase política.

            En efecto, ya se ha visto en algunos países, a saber, Colombia o el Reino Unido, como luego de hacerse una consulta popular directa sobre materias cruciales para esos Estados, pese a lo manifestado por la ciudadanía, el mundo político haya hecho todo lo posible para torcerle la nariz a dicha decisión (en Colombia con éxito, en Gran Bretaña no), según ocurrió con el proceso de paz con las Farc y el Brexit, respectivamente. O incluso, que otras decisiones de tanta o más importancia (como en nuestro caso, llamando a votar por un proceso constituyente), se haya tomado esta decisión entre gallos y medianoche, en un contexto por decir lo menos enrarecido y de extrema violencia, forzando a la población a votar por una materia que hasta antes de ese momento, se encontraba muy al final de las encuestas y de lo decidido en la elección política anterior: si se quería o no generar una nueva Carta Fundamental.

            Por tanto, lo que en el fondo pareciera estar ocurriendo, es que la que lleva la voz cantante es la clase política, y a la ciudadanía sólo le correspondería plegarse obedientemente a sus dictados, a fin de darles legitimidad y hacer como si se tratara de una demanda popular. De ahí entonces, que sea lícito preguntarse quién manda a quién en nuestra actual situación.

            Tómese en cuenta, además, el creciente desprestigio en que ha caído la clase política no solo en Chile, sino en el mundo en general, fruto de una serie de prácticas e intereses que no coinciden, y a veces están en contra de los anhelos y necesidades de la población. De ahí que no extrañe que se la acuse reiteradamente de estar en una “burbuja”, o de vivir una “realidad paralela”, velando generalmente por sus prioridades –el poder– y no las nuestras.

            Así entonces, si se unen ambos factores, a saber, por un lado, la calidad de auténticos borregos en que se pretende convertir a la voluntad popular y por otro, el desprestigio de la clase política, la gran pregunta que surge sin mucha dificultad, es hasta cuándo se les va a seguir el juego.

            Es por eso qeu a partir de las premisas anteriores, convendría mirar con más atención las propuestas que formula el mundo político a la ciudadanía, máxime si buena parte o incluso la mayoría de este mismo espectro político está de acuerdo en lo que plantea para la “decisión” popular. Habría que ser demasiado iluso para pensar que aquí sólo existen las mejores intenciones para mejorar la vida de las personas, en particular cuando se exige para ello, tener más facultades o incluso un cheque en blanco. Y en los casos en que esta mejoría efectivamente pueda llegar a formar parte de la ecuación, los costos son generalmente una notable ganancia de poder de quienes la promueven.

            Por tanto, se vuelve a insistir: ¿hasta cuándo seguiremos obediente y sumisamente los dictados de quienes supuestamente nos obedecen? ¿Seremos capaces de romper este círculo vicioso y no seguir, como un burro, una zanahoria?

 

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Una mínima coherencia

La tozuda insistencia de la gran mayoría del mundo político en realizar el plebiscito del 25 de octubre a como dé lugar, no sólo resulta sorprendente en atención a la realidad del país, sino que puede darnos una muy buena pista respecto de lo que podría ocurrir de redactarse una nueva Constitución.

            En efecto, desde el inicio de la pandemia, se ha obligado a la gran mayoría de la población a permanecer en sus hogares, restringiendo de manera incluso abusiva sus libertades públicas, a fin, se dice, de evitar contagios y eventuales muertes. De esta manera, y dependiendo del nivel de expansión de la enfermedad, o nos han encarcelado en nuestras propias casas, o las posibilidades de locomoción se han visto muy reducidas, al exigirse permisos –que no siempre se dan– para hacer algo que antes se podía realizar libremente: ir de un lugar a otro.

            De igual manera, y también en nombre de la pandemia, se han reducido y también prohibido diversas actividades económicas, lo que a nuestro juicio podría tener efectos más graves que la actual crisis sanitaria, por lo que creemos que se trata de un remedio peor que la enfermedad. Y en fin, la autoridad ha restringido o se ha inmiscuido prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas y privadas, lo que se acerca peligrosamente a prácticas totalitarias. Con la salvedad que al menos por ahora, cuenta con la aprobación de buena parte de la ciudadanía, al custodiar un fin mayor: nuestra la salud y nuestra vida.

            Así entonces, si fiestas, manifestaciones, misas y muchas otras actividades se han prohibido amparándose, como se ha dicho, en la protección de la salud e incluso de la vida de la población, ¿cómo se explica que pese a todo esto, se insista a brazo partido en la realización del plebiscito, con las aglomeraciones que conllevaría? Por mucho que se pretenda regular minuciosamente –una vez más– nuestro modo de proceder en tal evento, las posibilidades de contagio resultan evidentes y aumentarían exponencialmente.

            Tampoco parece justo que quienes tengan la enfermedad, los que estén cerca de contagiados o los ancianos, no puedan ejercer su derecho a voto, sobre todo en una ocasión tan importante como esta. Así, tanto si se generan restricciones, como si no se establecieran y se permitiera votar a todo el mundo, se producen problemas insolubles, a nuestro juicio.

            Tómese en cuenta además, que podría existir un segundo brote (la “segunda ola”) precisamente en esas fechas, como de hecho ya está ocurriendo aquí en Concepción, lo que vendría a empeorar aún más las cosas.

            En consecuencia, pareciera que a buena parte de nuestra clase política le importara la salud y la vida de los ciudadanos, siempre que ello no afecte sus propios intereses. Con lo cual, de ganar el Apruebo, surge una fundada duda y sospecha respecto de las reales preocupaciones de esta clase política que se plasmarían en una nueva Constitución. ¿Se puede esperar una Constitución realmente benéfica, que proteja a las personas, como se promete, si ni siquiera se es capaz de posponer el plebiscito, pese a las actuales circunstancias?

            No existe así, la más mínima coherencia, o si se prefiere, no puede haber mayor contradicción, entre la esta actitud de la clase política y el proceder que ha tenido hasta ahora de cara a la pandemia. El doble estándar resulta de esta manera, escandaloso.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El trabajo más fácil del mundo

Tal vez no exista trabajo más fácil hoy en día, que ser oposición a cualquier gobierno, como se ha demostrado hasta la saciedad en nuestro país. Ello, porque desde un cómodo palco, se pueden lanzar críticas a destajo contra el gobierno de turno, sin importar lo bien que esté luchando contra la pandemia o las medidas económicas que se encuentre implementando para afrontar la postpandemia, que seguramente será peor que nuestra actual crisis.

            En efecto, lo único que tienen que hacer quienes actualmente no tienen que dirigir un país, es considerar malo o al menos insuficiente todo lo que hagan las autoridades. No tanto porque como resulta obvio, siempre se puedan cometer errores, sino sobre todo, porque con esta permanente crítica, además de pretender minimizar sus eventuales logros, se busca dar la impresión que si ellos hubieran estado en el gobierno, lo habrían hecho mucho mejor.

            Por tanto, se está jugando con una premisa falsa, que además, es imposible de demostrar. La única forma sería que cuando ellos eventualmente sean gobierno, nos toque una situación semejante. Aunque también es cierto que de ocurrir lo anterior, ya se contaría con la experiencia de la actual crisis, con lo cual la comparación igualmente sería injusta.

            Se insiste en que pretender que la oposición, cualquier oposición, lo habría hecho mejor, es un hecho indemostrable y en el fondo, una petición de principio. Ello, pues nos encontramos frente a una situación inédita dentro de la historia de la humanidad, no tanto por los ribetes sanitarios de la actual crisis, sino debido a sus impresionantes repercusiones económicas: al estar inmersos en una economía global, el actual empeño por “detener el mundo” a fin de combatir la pandemia, no tiene precedentes.

            Pero además –y también nuestro país ha dado un triste ejemplo–, existen sectores de la oposición que casi parecen alegrarse de las malas noticias o de los errores que se cometen, sin importarles las consecuencias sanitarias y económicas que ello pueda traer consigo. Es como si no se dieran cuenta que si el gobierno, cualquier gobierno fracasa, es el país entero –incluidos ellos mismos–, quien se ve perjudicado.

            De ahí que lo lógico sería que la oposición, de cualquier país, apoyara al gobierno de turno en esta situación extrema, a fin de aunar esfuerzos para enfrentar de la mejor manera posible esta crisis y aminorar sus dañinos efectos a corto y mediano plazo, que cada vez se presentan más inquietantes y atemorizadores.

            Es por todo lo anterior que la ciudadanía debiera tomar adecuada nota de lo ocurrido y no dejarse instrumentalizar por un fácil inconformismo, fruto de una demagogia oportunista y muchas veces irresponsable. Porque una actitud semejante revela muy a las claras, que parte de la clase política quiere sencillamente aprovechar esta dolorosa situación para acceder al poder, anteponiendo ese interés particular al bien común general.

            Por eso, tal como ocurre con las personas, es en los momentos difíciles cuando se puede aquilatar adecuadamente la valía de las instituciones o de los grupos y su verdadera grandeza. Mas, si ni siquiera en este momento extremo son capaces de dejar de lado sus intereses, ¿qué se puede esperar para los tiempos de relativa normalidad?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

La autonomía del Banco Central

Como se sabe, una Constitución establece los órganos que configuran la organización de un Estado (Presidente de la República, Congreso, Poder Judicial, etc.), determina su estructura (cómo se conforman) y su funcionamiento (qué pueden hacer y qué no).

            Este entramado de reglas es fundamental para el funcionamiento de cualquier Estado, pues la idea es que quienes detentan en poder tengan sus prerrogativas establecidas de antemano de la manera más estricta posible, a fin de evitar abusos. Es decir, todo lo opuesto a darles un “cheque en blanco”, pues la tentación de usar mal sus facultades resulta demasiado fuerte. Lo anterior se resume diciendo que estas autoridades “sólo pueden hacer lo que está previa y expresamente permitido por la constitución y la ley”.

            Ahora bien, puesto que la tentación del poder resulta insaciable, la actividad económica no ha estado libre de caer en sus garras (en realidad, ha sido lo contrario). Sin embargo, suele olvidarse que la economía, disciplina aún en estudio, posee reglas y dinamismos propios y tremendamente complejos, que hacen difícil prever a cabalidad su funcionamiento y que además, se resisten a sucumbir ante excesivas reglamentaciones legales que pretendan “domesticarla”, por decirlo de alguna manera.

            Es así como por ejemplo, las políticas de congelamiento de precios pueden dar algunos buenos resultados en el corto plazo, pero más temprano que tarde, el desbarajuste y los costos que originarán serán mucho mayores que los beneficios iniciales. Y la razón es obvia: al poseer su propia “vida”, el devenir económico buscará el camino por el cual fluir, tal como un cauce de agua al cual se quisiera contener de manera indefinida y total.

            Obviamente, no se trata que al interior de un país impere la ley de la selva o un mercado salvaje, pues los abusos que se originarían serían espantosos y perjudicarían a la propia economía en su funcionamiento global. Es por eso que el Estado debe evitar estos abusos y dar el marco para su adecuado funcionamiento.

            Pues bien, una de las piezas clave para lograr lo anterior, es el Banco Central, encargado entre otras muchas cosas, de la emisión de moneda y de la fijación de las tasas de interés. Que este importante organismo tenga autonomía –como actualmente ocurre en Chile, al estar garantizada en la Constitución– y pueda tomar sus decisiones de acuerdo a criterios realmente económicos y no meramente políticos es esencial, pues como se ha dicho, la economía resulta bastante “indomable”.

            Por desgracia, cuando esta autonomía no ha existido, no ha sido raro que los gobiernos de turno intervengan en la emisión de moneda –generando a veces índices de inflación estratosféricos–, o pretendan fijar artificialmente tasas de interés ajenas a la realidad económica, siempre –era que no– con fines populistas.

            En consecuencia, tan importante como la separación de poderes para un país y que ellos gocen de verdadera autonomía, es que la economía pueda funcionar siguiendo su propia naturaleza. Es claro que la Constitución y la ley deben fijar un marco adecuado para permitir el desarrollo de la actividad económica y evitar abusos, como se ha dicho. Mas, luego de esta imprescindible reglamentación, se la debe dejar fluir, pues en caso contrario puede terminar arruinándola.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

A dos manos

Como hemos señalado anteriormente, nuestra idea es dedicar varias columnas a plantear diversos temas relacionados con una Constitución en general.

            Ahora, dentro de los anhelos y aspiraciones de muchos que propugnan por una nueva Constitución, sobresale el deseo que el Estado se haga cargo prácticamente de todos los problemas y necesidades de la población, a fin de lograr una neutralidad al momento de repartir beneficios y que los intereses particulares no favorezcan a unos en desmedro de otros.

            Sin embargo, en demasiadas ocasiones el Estado ha sido mal gestor en la solución de problemas comunes por diversos motivos, que van desde la corrupción hasta la impericia, entre otros. Es por eso que hace ya décadas, se ha planteado la posibilidad (y necesidad) que los particulares también intenten solucionar estas dificultades, siempre bajo la tutela o supervisión del Estado, a fin que en lo posible no se produzcan abusos o arbitrariedades. Y una forma en la cual se logra lo anterior es mediante el llamado principio de subsidiariedad.

            Si bien hay muchas definiciones a su respecto, una muy simple señala que este consiste en que el Estado realice únicamente aquellas actividades que los particulares no quieren, no pueden o no deben hacer. Es decir, la idea es que la primera opción para solucionar los problemas de la gente recaiga en esas mismas personas, no sólo por ser los directamente afectados, sino porque debido a ello, suelen comprenderlos mejor que la autoridad, más lejana y preocupada de variados asuntos al mismo tiempo.

            Sin embargo, esto no significa que los particulares lo hagan todo, pues en ese caso, el Estado casi no tendría razón de ser. Es por eso que aun teniendo la primera opción, es el gobierno de turno quien debe tomar la iniciativa en los tres casos que indica este concepto.

            Primero, cuando los particulares “no quieren” hacerlo, por ejemplo, en razón de ser muy difícil, costoso o con resultados muy a largo plazo. Además, la visión de los ciudadanos suele ser más inmediata, faltándole la óptica de conjunto que debiera tener la autoridad.

            Segundo, respecto de aquellas acciones que los ciudadanos “no deben” realizar, en razón de los peligros que generaría que su solución sólo quedara entregada a ellos. Así por ejemplo, sería absurdo que las Fuerzas Armadas o los ministerios se privatizaran, pues de hacerlo –en caso que se pudiera, por cierto– probablemente se usarían para satisfacer los intereses particulares antes que los del país, dañándose así gravemente el bien común.

            Y tercero, el Estado debiera llevar a cabo las actividades que los privados “no pueden” hacer, como serían aquellas –en parte similares a las del primer caso– demasiado costosas o de muy largo aliento, aun cuando tengan el deseo de llevarlo a cabo.

            Lo importante de todo lo dicho, es que el principio de subsidiariedad logra que muchos de los problemas que aquejan a la mayoría de la población, puedan ser solucionados por los propios afectados, por el Estado o por ambos, permitiendo así que surjan un sinnúmero de posibilidades de acción que no existirían si todo dependiera –en un caso más bien de laboratorio– de los particulares o –en muchos casos reales– solo del Estado.

            Por tanto, la ventaja del principio de subsidiariedad es que se cuenta con “dos manos” para enfrentar las dificultades de un país, “manos” que pueden trabajar conjunta o separadamente. Entonces, ¿vale la pena anular a la “mano” privada en pos de la pública?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Derecho

Universidad San Sebastián

Un electorado cautivo

De acuerdo al presupuesto fundamental del sistema democrático, en teoría los electores, o si se prefiere, el pueblo, tiene la libertad para elegir, de entre las diferentes alternativas que se le presentan, aquella que mejor defienda sus intereses, pudiendo optar a su antojo entre ellas. En consecuencia, es esta posibilidad de cambiar de gobernantes lo que viene a demostrar en los hechos, que realmente detenta el poder soberano de un Estado.

            Sin embargo, ¿qué ocurre cuando este pueblo aparentemente libre y soberano ha sido secuestrado –a veces de manera subrepticia– por los gobernantes que hipotéticamente son elegidos por él? ¿Qué pasa si más allá de la teoría y de las leyes –que dicen lo que deber ser– los electores se encuentran en una situación tal, que en la práctica no les es posible, o les resulta muy difícil no seguir “reeligiendo” a quienes detentan el poder, sencillamente porque dependen de sus beneficios para satisfacer un cumulo de necesidades básicas?

            Esto es, a nuestro juicio, lo que ha ocurrido en la última primaria en Argentina, preludio de la próxima elección presidencial y legislativa: que tantos años de subsidios y beneficios otorgados por el Estado para ayudar a satisfacer necesidades básicas (luz, agua, gas, etc.), han generado una casi absoluta dependencia de vastos sectores de la población de estas dádivas. Ello, a pesar que esta política pone a mediano y largo plazo en peligro su mantenimiento, ya que al fijarse precios máximos para estos servicios, se desincentiva la inversión para crearlos y mantenerlos. En consecuencia, la elección de una alternativa distinta para ejercer el poder (que entre otras cosas, busca evitar que estos mismos servicios colapsen en el futuro), se hace casi imposible, coartando casi por completo la libertad de optar del electorado.

            De ahí que haya que mirar con bastante cuidado, e incluso con algún grado de desconfianza, aquellas políticas impulsadas por los gobernantes demasiado generosas en beneficio de grandes sectores de la población. Sin duda los favorecen, y a veces en materias muy importantes. Pero más allá de la satisfacción inmediata de necesidades, muchas veces legítimas, hay que hacer un esfuerzo no menor para superar esta especie de encandilamiento que produce una política semejante y ver si gracias a ella, los electores podrían acabar siendo cautivos de quienes las propugnan.

            Es decir, hay que ser un poco mal pensados y preguntarse qué lleva a los gobernantes de turno –no importa cuáles– a ser tan generosos con el electorado, pues a fin de cuentas, la mera liberalidad es bastante extraña en nuestros días, no siendo la política la excepción.

            En el fondo, un nuevo peligro que se yergue sobre la libertad de países enteros, es que termine dependiendo del Leviatán, la satisfacción de demasiadas necesidades importantes de los ciudadanos, al punto que sin su ayuda resulte difícil, cuando no imposible cubrirlas. Por tanto, más allá de las apariencias y del beneficio inmediato, lo que importa destacar es que la dependencia de beneficios estatales puede terminar convirtiéndose en una nueva forma de esclavitud, lo cual hace que más allá de las apariencias, sean los supuestos elegidos y representantes del pueblo quienes realmente dominan a sus cautivos electores.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

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