¿Más de lo mismo?

Como se dice vulgarmente, “el movimiento se prueba andando”. Y efectivamente, el “movimiento”, o si se prefiere, la real calidad de la labor que la ciudadanía ha encomendado a la Convención Constitucional se prueba, más allá de promesas e intenciones, por el modo real y cotidiano de comportarse, por los hechos concretos de los cuales todos somos testigos.

            Resulta indudable que el alto porcentaje obtenido por el “Apruebo”, así como gran parte de los votos que dieron un escaño a los actuales integrantes de la Convención, fue motivado en buena medida por un rechazo generalizado de la población a la actividad cotidiana de la llamada “clase política”. Y no es para menos, pues la gente está más que harta de ver, salvo honrosas excepciones, cómo esta verdadera casta que tenemos enquistada, sólo vela por sus propios intereses, importándole bastante poco el bienestar de la ciudadanía a la cual dice servir, al punto que todo aquello que beneficie a esta última siempre se haga para que los primeros obtengan una ventaja y así seguir donde están.

            En consecuencia, fue la posibilidad de dar origen a un proceso jurídico y político que en teoría estuviera al menos en parte libre de esta “clase política”, lo que atrajo la atención de la ciudadanía y explica los resultados de las anteriores votaciones.

            Sin embargo, esta creencia y esperanza de la ciudadanía que permitió la llegada de varias caras nuevas a la Convención, es al mismo tiempo una espada de doble filo, pues las deudas se pagan. En consecuencia, y más allá de las ilusiones o deseos de los votantes, resulta crucial el modo en que cumplan su misión estos convencionales, misión que es clara y exclusiva: proponer una nueva Constitución, solo eso.

            Mas, si están enfrascados en un cúmulo de rencillas que no tienen ninguna relación con la tarea encomendada, o teniéndola, pretenden imponer una visión única y dejar sin voz a los que piensan distinto; o si comienzan a exigirse un cúmulo de dádivas y privilegios y hasta se han presentado personas disfrazadas en alguna sesión, ¿existe aquí realmente esa tan ansiada diferencia respecto de la política tradicional, que fue lo que motivó a votar a la ciudadanía como finalmente lo hizo? ¿Dónde está la tan ansiada pureza de intención, o si se prefiere, el verdadero interés por el bien común que anhela esta misma ciudadanía? ¿O es que estamos nuevamente en presencia de lo mismo de siempre y todo ha sido un engaño?

            Lo hemos dicho otras veces: la labor de la Convención conlleva una enorme responsabilidad, pues en definitiva, es un servicio, no una instancia para abusar de la buena fe que ha llevado a parte de la ciudadanía a poner a sus integrantes ahí. Máxime, si como se mencionó hasta el cansancio, la idea era que por fin el pueblo se sintiera representado en este proceso.

            En realidad, lo único que se consigue con todo lo que está ocurriendo es deslegitimar este mismo proceso, pues mientras más promesas se hayan realizado antes del mismo, mayor será la exigencia por la labor realizada. O si se prefiere, hay que estar a la altura de las circunstancias. Debe recordarse además, que existe un plebiscito de salida, lo que a veces parecieran olvidar nuestros convencionales. A menos que en su embotamiento, se crean con la legitimidad y el poder para declararlo innecesario. ¿Llegarán a tanto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un servicio, no un poder ilimitado

Como no puede ser de otra forma en cualquier democracia que se precie de tal, la ciudadanía observa con atención la labor que ha ido realizando la Convención Constitucional en sus primeros días de trabajo, dada la trascendencia de su tarea. Lo cual no debe ni puede ser de otra forma, puesto que mientras más ojos estén pendientes de su desempeño, existen más garantías de llegar a un mejor resultado.

            Lo anterior significa –lo hemos dicho antes– que la tarea de los convencionales es y debe ser vista como un servicio, no como una delegación ilimitada de facultades, una hoja en blanco o un poder absoluto. Mal que mal, la legitimidad de este organismo no solo proviene de la decisión popular (de ahí su carácter de servicio), pese a la alta abstención que hubo en su elección, sino que también está condicionada al plebiscito de salida, en el cual nuevamente, este mismo pueblo puede de forma libre y soberana aprobar o rechazar la propuesta que este organismo haga.

            En consecuencia, tanto en su origen como en su fin, la Convención está sujeta a un poder más alto y por lo mismo, ello muestra que su propio poder no es total, pues en ese caso nos encontraríamos en una tiranía, no en una democracia. De ahí que deba atenerse estrictamente a la tarea que le ha sido encomendada.

            Sin embargo, no han faltado actuaciones más que criticables de varios convencionales, que muestran claramente una extralimitación de sus facultades, lo cual –hay que decirlo– viene a ser una traición a la misión encomendada por el pueblo y no hace más que deslegitimar el proceso.

            Dicho de otro modo: por muy elegidos que hayan sido la mayoría de sus miembros para este proceso constituyente (si bien en varios casos con votaciones bien exiguas), esto no les otorga ni de lejos, un poder que pretenda imponerse sobre ese pueblo que les ha delegado esta misión. De ahí que sea ilegítimo pretender “refundar” este país, como si todo lo que ha ocurrido hasta ahora, incluida su propia elección, no valiera nada o fuera inexistente.

            Si se hubiera querido un poder ilimitado a la usanza de “L’Ancien Régime”, el mismo pueblo habría tenido que desprenderse de su propia soberanía, entregándola sin condiciones a este organismo, convirtiéndolo en consecuencia en un auténtico Leviatán. Pero una posibilidad así es impensable e imposible en una verdadera democracia.

            Sin embargo, a momentos da la impresión que varios de sus miembros no pensaran así, que no fueran conscientes de la existencia de un plebiscito de salida, o que estuvieran absolutamente confiados en que la ciudadanía aprobará su propuesta de Constitución (pues es sólo eso: una propuesta). Incluso, a veces pareciera que actuaran como si éste no fuera a producirse de acuerdo a lo establecido. También y por otro lado, como si sus integrantes estuvieran por sobre la ley. Todo lo cual, repetimos, no hace más que deslegitimar el proceso.

            Por eso se insiste: es fundamental que la ciudadanía y los demás poderes del Estado estén muy atentos a los pasos que dé la Convención Constitucional, pues ella es parte de algo mucho más amplio y profundo: no solo de un Estado de Derecho, sino de todo un país que por derecho y por deber, tiene la obligación de prestar la máxima atención al devenir de este momento y que no está obligado de antemano a aprobar cualquier cosa que ella proponga.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Elecciones del 6 de junio: ¿por qué partido votar?

El próximo domingo 6 de junio se realizarán las tan esperadas elecciones. Intermedias en México para elegir a 500 diputados y simultáneamente se elegirán los puestos a cargos federales y locales en treinta y dos entidades federativas del país. A partir del 1 de septiembre del 2021 constituirán la LXV Legislativa del Congreso de la Unión en nuestro país.
Se cuentan en total a diez partidos políticos. Muchas personas se cuestionan, ¿Y por cuál de todos esos partidos debo de votar?
Siempre ocurre en el cierre electoral, que la mayoría de los partidos ofrecen –como coloquialmente se dice- “el cielo, el mar, la luna y las estrellas”. Y observo confusión de la población ante tantas propuestas.
Me parece que existen algunas coordenadas en que habría que fijarse detenidamente:
1) Si dicho partido respeta la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural;

2) Si considera a la familia –la unión de un hombre y una mujer en orden a la procreación de hijos- como el pilar de la sociedad;

3) Si se respetan los valores y virtudes que han cimentado nuestra actual civilización;

4) Si se tiene en un alto concepto la libertad religiosa;

5) Si se fomenta la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus personales convicciones;

6) Si se respeta plenamente la libertad de expresión en los medios de comunicación;

7) Si se busca fortalecer la unidad social a través de la solidaridad, la subsidiariedad y evitando el fomentar cánceres sociales que dañen irreversiblemente –particularmente a los jóvenes- como por ejemplo la aprobación del consumo de todo tipo de drogas;

8) Si el partido y sus candidatos están decididos a hacer frente al crimen organizado;

9) Si existe un planteamiento serio y realista de combatir la corrupción e impunidad.

10) Si los candidatos tienen clara la independencia y autonomía de los tres Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial;

11) Si el partido y sus candidatos piensan ayudar a la iniciativa privada para impulsar el crecimiento económico, ya que a través de las décadas de historia moderna de la República Mexicana ha sido un valioso motor para la generación de empleos y fuente de riqueza nacional;

12) Si se sabe apreciar el noble esfuerzo de las sociedades intermedias que benefician al país y son un valioso apoyo para el gobierno. Si se piensa apoyarlos y concederles subvenciones para que realicen de modo más eficiente en tantas necesidades a los que el gobierno sencillamente no llega a cubrir satisfactoriamente;

13) Si se tiene claro el respetar los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y numerosas instituciones que auxilian en tantas necesidades sociales, como: ayudar a los ancianos, a los niños enfermos, a los huérfanos; a quienes promueven la integración familiar; que ayudan a madres solteras sin medios económicos para ser atendidas debidamente y dar a luz a su bebé; que velan por las personas que viven en desamparo, que proporcionan becas para que los jóvenes puedan estudiar una carrera universitaria y que, en este sentido, es sorprendente la generosidad del pueblo mexicano para ayudar a sus conciudadanos;

14) Si se evita toda tendencia a la demagogia y al populismo que arrastre peligrosamente al país hacia un Estado Socialista, como son los casos de Cuba, Venezuela, China, Vietnam, etc.

Quizá sean demasiadas metas, pero los gobernantes en conjunción con el apoyo de los ciudadanos pueden lograr estos objetivos y otros más ambiciosos. Recuerdo cómo se encontraban Alemania y Japón al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945: destruidos numerosos edificios, puertos y arruinados en su economía. Y siempre me ha sorprendido que en pocos años se convirtieron de nuevo en potencias económicas. ¿Cuál fue la clave? Que todos los ciudadanos tomaron conciencia que era urgente “arrimar el hombro” para levantar de nuevo a su Patria y lo lograron.

¿Vale la pena jugar?

De manera creciente y preocupante, tanto en nuestro país como en otras latitudes, han ido surgiendo un conjunto de prácticas absolutamente incompatibles con una auténtica democracia, pese a que por regla general, quienes actúan de este modo proclaman a los cuatro vientos ser sus máximos defensores.

            En efecto, ya constituye un lugar común que diversos sectores consideren legítimos los resultados de una elección popular y los respeten, únicamente cuando permite a sus candidatos llegar al poder. En caso contrario, no sólo deslegitiman dichos resultados –señalando por ejemplo que hubo fraude–, sino además proceden a boicotear a sus triunfantes rivales tanto por vías pacíficas como violentas.

            Sin embargo, la gran pregunta que corresponde hacerse ante esta lamentable situación, es si de verdad vale la pena seguir participando en el juego democrático ante contrincantes que actúan de ese modo. Ello, porque la democracia se basa no solo en la idea de aceptar sus resultados aunque no sean los queridos –siempre que no haya habido trampa, evidentemente–, sino de manera más profunda, en la existencia de varias visiones del mundo que buscan influir en nuestras sociedades, que compiten entre sí de manera honesta, pacífica y respetuosa para acceder y mantenerse en el poder, siendo el pueblo el que aprueba o no su desempeño, religiéndolos o haciendo triunfar a sus oponentes, respectivamente.

            Mas, si como se ha dicho, una o ambas partes no respetan estas reglas del juego y solo demuestran su acuerdo con ellas en caso de que los favorezcan, lo que ocurre en el fondo, es que se han destruido las bases que le permiten a esta democracia existir. Y de manera indesmentible, la mayor prueba de este desapego es la legitimación de la vía violenta, que es precisamente lo que todo sistema democrático busca evitar, al punto que no puede ser un auténtico demócrata quien no renuncia a ella como técnica ofensiva para conseguir o mantenerse en el poder, o para quitárselo a sus contrincantes.

            En este sentido, sería como jugar con un oponente que sólo aceptara los resultados de esa competencia si gana, que los desconociera siempre que triunfe la otra parte, o que se saltara las reglas y las alterara a su gusto con tal de conseguir sus objetivos. Ante semejante escenario, ¿vale la pena seguir jugando?

            Evidentemente, no estamos propugnando ni a favor de una vía violenta. Pero creemos que es necesario advertir sobre lo antes dicho, pues hoy resulta muy común presentar al sistema democrático como infalible, incluso como incorrompible, siendo esto falso. Ello, pues la democracia se construye sobre ciertos presupuestos, como la proscripción de la violencia o –aunque no lo hayamos mencionado aquí– una auténtica libertad de expresión y de información. Y estos presupuestos no se dan por descontados, sino que requieren también un esfuerzo no solo para conseguirlos, sino también y tal vez más aún, para mantenerlos. Y es en estos presupuestos donde se nota una preocupante y creciente erosión a su respecto.

            En caso contrario, la democracia termina siendo una auténtica farsa, una careta que pretende dar legitimidad y arropar con su prestigio a quienes no creen en ella, ni merecen sus frutos.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Los verdaderos amos

Resulta casi un lugar común hablar hoy de una “crisis de la democracia”, motivada por diversos factores de todo tipo, desde la corrupción de la clase política, hasta la poca transparencia de sus procesos eleccionarios, sin olvidar la creciente apatía y desilusión de buena parte de la ciudadanía, o al contrario, el hecho que los que más hagan oír sus demandas, sean los grupos más agresivos, siempre minoritarios. Todo ello y mucho más, está haciendo que esta forma de organización política, hasta hace pocos años idolatrada de modo casi infantil, hoy sea vista con desdén y hasta desprecio por vastos sectores de la población.

            Lo anterior está generando lo que podríamos llamar metafóricamente, “democracias de cartón”, queriendo significar con lo anterior, una mera imagen, una máscara que pretende ser algo que claramente no es. O si se prefiere, una casi desesperada maniobra para mantener las apariencias, a fin que este statu quo pueda preservarse el mayor tiempo posible, para sacar del mismo el máximo de beneficios que pueda dar. Todo lo cual se hace cada día más difícil, al ir desafectándose de este sistema crecientes sectores de la población, según se mencionaba.

            Sin embargo (y no se trata de echar leña al árbol caído, sino de intentar descubrir realmente lo que está pasando), existe otro elemento que a nuestro juicio, viene a empeorar aún más las cosas, pero que pocas veces se comenta, y que ya henos tratado en varias oportunidades, si bien desde otros ángulos: el Derecho y las organizaciones internacionales.

            En efecto, las normas y, sobre todo, los organismos internacionales, están teniendo cada vez más injerencia en los asuntos internos de todo tipo de muchos países, incluido el nuestro, de una manera que por regla general, es completamente ignorada por la ciudadanía. Pese a lo cual, limita notable y a veces injustificadamente nuestras democracias, al punto que podría hablarse de democracias “tuteladas” o “protegidas” por este Derecho y organismos internacionales, llegando a bloquear y hasta prohibir algunas de sus decisiones.

            Evidentemente, no se trata que cada país se transforme en una burbuja que se desentienda de lo que ocurra más allá de sus fronteras y haga lo que le venga en gana, entre otras cosas, porque tarde o temprano, lo que pase en el exterior lo afectará a él también. Igualmente, razones mínimas de convivencia y humanidad, obligan a los Estados a estar en armonía y a cooperar con sus vecinos y en general, con la comunidad internacional.

            Sin embargo, existen un cúmulo de materias que nos afectan profundamente (piénsese por ejemplo, en los derechos humanos en general, en la inmigración o en diversas políticas públicas), cuyo origen último viene de estos organismos internacionales, que casi están dándole órdenes a nuestros países. Materias que evidentemente, no han sido determinadas por quienes nos vemos afectados por ellas, el pueblo, mediante ninguna decisión democrática, y que incluso, ni siquiera han estado presentes en los programas de gobierno previos a las elecciones. Y el gran problema, es que estos organismos internacionales no son controlados por nadie y por regla general, la ciudadanía ignora su existencia y poder. Todo lo cual, va poniendo día a día más cortapisas a nuestras propias decisiones democráticas.

            En consecuencia, la gran pregunta aquí, es a quién obedecen nuestros dirigentes, cuáles son sus verdaderos amos: ¿el pueblo al que ellos dicen representar, o estos organismos internacionales que nadie controla y que parecen querer ser nuestros titiriteros?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Una situación más que inquietante

Tan rápidos han sido los sucesos de Estados Unidos en las últimas semanas, que es posible que parte de la información expuesta aquí resulte hoy añeja o incluso irrelevante, tal como ha sido la tónica de este auténtico thriller de la vida real. Todo lo cual hace surgir la incógnita de qué podría pasar en este país en el futuro inmediato. Veamos algunos hechos.

            Como se sabe, el 06 de enero, día de la certificación de los colegios electorales en Washington DC, Trump dio un discurso ante cerca de un millón de seguidores. Más tarde, mientras se comenzaban a impugnar los resultados de algunos estados, se produjo el conocido e impactante asalto al Capitolio, produciéndose la evacuación del mismo. Sin embargo, superada la emergencia, se continuó con este proceso, las restantes impugnaciones no se realizaron y finalmente, se proclamó a Biden como presidente electo.

            Inmediatamente, se produjo una reacción en masa del partido demócrata, quien exigió la salida de Trump, acusándolo de haber incitado el asalto al Capitolio. Sin embargo, además de que nada en su discurso puede interpretarse en tal sentido, posteriores investigaciones han dado muestra de la escasa seguridad del edificio, de la colaboración de guardias para permitir el ingreso de los manifestantes, y el FBI ha confirmado que varios de ellos –algunos ya detenidos–, no son partidarios de Trump.

            De todas formas, se intentó primero inhabilitarlo a través de la Enmienda 25 de la Constitución, acudiendo al vicepresidente –quien se negó a hacerlo– y luego, en tiempo récord, la Cámara de Representantes votó un Impeachment, que debe ser visto por el Senado. De prosperar, impediría que Trump pueda postularse en 2024.

            Por otro lado, el aún presidente en ejercicio, fue censurado de las principales redes sociales, suerte que también corrieron muchos de sus colaboradores y millones de simpatizantes. Ello ha producido una gigantesca migración a otras redes, así como una drástica caída en la bolsa de los censuradores. Además, ha hecho surgir la pregunta sobre el real poder de estos medios de comunicación dentro de una sociedad democrática.

Al mismo tiempo, se está produciendo una auténtica caza de brujas hacia todos aquellos que han colaborado con el gobierno saliente. Y por su parte, Trump ha desclasificado muchísimos documentos –que llevará semanas o meses analizar–, que comprometen gravemente al partido demócrata, incluido Biden. Dado lo anterior, algunos republicanos han amenazado con presentar un impeachment contra este último el jueves.

            Con motivo del asalto al Capitolio, se ha resguardado la seguridad de Washington DC, que entre la guardia nacional y otros agentes, alcanza casi 30.000 efectivos. El centro de la ciudad ha sido vallado, al punto que parece una prisión. Y se planea una ceremonia de toma de posesión sin público, salvo los invitados de honor, a la cual Trump no asistirá.

            Al mismo tiempo, se esperan protestas en las principales ciudades del país, y los demócratas a su vez, temen un ataque interno de los propios militares que los custodian. Finalmente, y como si fuera poco, el lunes, en una entrevista realizada en NBC al jefe de la guardia nacional de DC, este declaró que se espera una “transición pacífica al poder militar” (“a peaceful transition to militar power”), lo que ha generado todo tipo de especulaciones.

            En consecuencia, dado todo lo relatado, hay motivos más que inquietantes para preguntarse qué podría pasar, lo cual tendrá, evidentemente, repercusiones mundiales.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Por imagen

A pesar que la gran mayoría de los medios de comunicación y de los gobiernos del mundo han dado por ganador al Joe Biden –si bien basándose en proyecciones, pues hasta ahora no ha sido proclamado oficialmente–, diversas y abundantes acusaciones de supuestas irregularidades, han empañado este proceso eleccionario y merecen atención.

            En efecto, existen varios indicios que al menos hacen atendible dicha posibilidad: desde aparentes discordancias anunciadas por diversas entidades, como Judicial Watch, entre el número total de votantes inscritos y los sufragios emitidos, hasta supuestos problemas con el conteo informático de votos, pasando por incidentes de todo tipo en muchos locales de votación (expulsión de observadores, llegada de boletas fuera de plazo, incluso de madrugada, acciones inapropiadas de vocales, etc.), entre otras. De hecho, en al menos siete estados (Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia) el conteo de votos no ha terminado, o se está haciendo uno nuevo y en algunos de ellos, ya han intervenido sobre el particular, cortes federales o incluso la Corte Suprema.

            Con todo, debe recordarse que esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Si bien a muchísima menor escala (pue solo aludía a Florida), pasó algo parecido en el año 2000, entre George W. Bush y Al Gore. En esa ocasión, luego de más de un mes de incertidumbre, y –aunque él mismo no lo hiciera– pese a que los medios también proclamaron a Gore como ganador, la Corte Suprema determinó que Bush era el real vencedor.

Por tanto, no es inédito que la Corte Suprema dirima quién es el vencedor en una elección presidencial en Estados Unidos, con la particularidad que el actual escenario parece bastante más grave que la de hace veinte años.

            Lo anterior amerita que esta situación deba ser investigada profundamente, sabiendo que el peso de la prueba sobre una supuesta irregularidad, recae totalmente sobre Trump, pues de acuerdo a las tendencias que hasta el momento se tienen, el ganador es Biden.

            Debe aclararse que lo anterior no se fundamenta solo en esta elección, sino en la integridad del sistema democrático en sí mismo, al darse en uno de los países en que dicho sistema se presenta de forma más sólida y que por su importancia, sirve de referencia para el resto del mundo. Es imperioso así, despejar toda duda razonable a este respecto.

            Además, también lo merecen los que votaron por Trump, que al final, resultaron ser una masa bastante mayor que la proyectada por las encuestas, que aseguraban una victoria fácil para Biden, lo que claramente no ocurrió.

            Finalmente, esta situación también debe investigarse de cara a los electores de Biden, para que no se cuestione su eventual futuro gobierno. Además, si todo está en regla, no hay nada que temer (ni probar en principio), razón por la cual, no se ve una razón irrefutable para negarse a esta revisión. Quien nada oculta, nada teme, dice el refrán.

            En consecuencia, todo lo dicho hace que, por simple imagen ante el resto del mundo y ante sí mismos, dado que los indicios van mucho más allá de un simple chisme (y a fin de no parecer un país bananero), resulte imperioso investigar esta delicada y lamentable situación. Dada su importancia, esta elección no puede quedar manchada, siendo por ello necesario salir de toda duda a su respecto.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

La necesidad de parámetros externos

Hace ya bastante tiempo que se ha ido imponiendo un dogma en materia política que se repite sin cesar –y que no se puede discutir–, aun cuando pareciera que por regla general, no se hayan calibrado adecuadamente sus reales y peligrosas implicancias: que el sistema democrático es el único posible, razón por la cual, nunca y bajo ninguna circunstancia podría optarse por otra forma de gobierno.

            Resulta evidente que la democracia ha sido una gran conquista de la humanidad, conquista que ha permitido convivir y progresar de manera pacífica a muchos pueblos y evitado conflictos graves, que de surgir, habrían cambiado notablemente nuestra historia. Sin embargo, ¿se entiende verdaderamente lo que significa el dogma recién mencionado?

            Si lo lleváramos a sus extremos, como muchos pretenden, significaría, en último término, que quienes dirigen un país –y de manera más general, la entera clase política–, tendrían una completa libertad para hacer, literalmente, lo que quisieran, siempre que se respetaran los cauces democráticos establecidos.

            Algunos podrán señalar, en parte con razón, que para eso existe la oposición y la alternancia en el poder, con lo cual la ciudadanía podría sancionar a quienes no logren hacer un gobierno mínimamente aceptable. Sin embargo, y siendo cierto en muchos casos, nuestro planteamiento va más allá: si de verdad la democracia resultara completamente inamovible ¿qué pasaría si la entera clase política se corrompiera y se pusiera de acuerdo para adueñarse de un país cambiando su institucionalidad, de tal modo de hacerse inexpugnables en el poder, sin dejar que surjan nuevas y reales alternativas? ¿Le daríamos este cheque en blanco?

            Con semejante situación, la alternancia en el poder no existiría realmente y el rol del gobierno y de la oposición se convertiría en una asquerosa parodia para aparentar la autodeterminación de un pueblo que en el fondo, sería esclavo de dicha clase política.

            Mas, de llegarse a una situación semejante, ¿qué diferenciaría en realidad a un régimen “democrático” de estas características de uno totalitario? A fin de cuentas, el pueblo sería un simple pelele de las decisiones de esta clase política, que sabiéndose invulnerable –al no poder sustituirse el sistema democrático por ningún otro–, tendría en el fondo, carta blanca para hacer lo que quisiera. Y si además cuenta con los suficientes aliados a nivel internacional que avalen su actuar, la tiranía puede hacerse peligrosamente posible.

            Todo lo anterior significa que la sola democracia, como forma de gobierno, es únicamente eso: una “forma”, o sea, un procedimiento, un mecanismo, un modo de obrar en política; pero por eso mismo, por ser un camino, es solo un medio, no un fin en sí misma.

            De ahí entonces, que el verdadero parámetro de legitimidad no pueda limitarse –ni empobrecerse– solo a un mero procedimiento, pues estaría abriendo las puertas a una posible tiranía, precisamente lo que la democracia busca evitar. Por eso, la democracia no puede legitimarse sólo a partir de sí misma, sin parámetros externos. Este parámetro debe ser material, de contenido: el real grado de libertad y de bienestar material y espiritual de su población.

            En caso contrario, se insiste, la democracia puede transformarse en una tiranía camuflada y en el fondo, en un dócil y soterrado instrumento de dominación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Quién manda a quién?

En los últimos años, se ha ido dando una tendencia en el funcionamiento de nuestras democracias, que debiera generar una profunda reflexión a su respecto, pues equivale a una completa extrapolación de su genuino sentido y razón de ser: que en vez de ser las autoridades políticas las que acaten los designios de la voluntad popular, sea la ciudadanía la que tenga que seguirle el juego a dichas autoridades y en general, a toda la clase política.

            En efecto, ya se ha visto en algunos países, a saber, Colombia o el Reino Unido, como luego de hacerse una consulta popular directa sobre materias cruciales para esos Estados, pese a lo manifestado por la ciudadanía, el mundo político haya hecho todo lo posible para torcerle la nariz a dicha decisión (en Colombia con éxito, en Gran Bretaña no), según ocurrió con el proceso de paz con las Farc y el Brexit, respectivamente. O incluso, que otras decisiones de tanta o más importancia (como en nuestro caso, llamando a votar por un proceso constituyente), se haya tomado esta decisión entre gallos y medianoche, en un contexto por decir lo menos enrarecido y de extrema violencia, forzando a la población a votar por una materia que hasta antes de ese momento, se encontraba muy al final de las encuestas y de lo decidido en la elección política anterior: si se quería o no generar una nueva Carta Fundamental.

            Por tanto, lo que en el fondo pareciera estar ocurriendo, es que la que lleva la voz cantante es la clase política, y a la ciudadanía sólo le correspondería plegarse obedientemente a sus dictados, a fin de darles legitimidad y hacer como si se tratara de una demanda popular. De ahí entonces, que sea lícito preguntarse quién manda a quién en nuestra actual situación.

            Tómese en cuenta, además, el creciente desprestigio en que ha caído la clase política no solo en Chile, sino en el mundo en general, fruto de una serie de prácticas e intereses que no coinciden, y a veces están en contra de los anhelos y necesidades de la población. De ahí que no extrañe que se la acuse reiteradamente de estar en una “burbuja”, o de vivir una “realidad paralela”, velando generalmente por sus prioridades –el poder– y no las nuestras.

            Así entonces, si se unen ambos factores, a saber, por un lado, la calidad de auténticos borregos en que se pretende convertir a la voluntad popular y por otro, el desprestigio de la clase política, la gran pregunta que surge sin mucha dificultad, es hasta cuándo se les va a seguir el juego.

            Es por eso qeu a partir de las premisas anteriores, convendría mirar con más atención las propuestas que formula el mundo político a la ciudadanía, máxime si buena parte o incluso la mayoría de este mismo espectro político está de acuerdo en lo que plantea para la “decisión” popular. Habría que ser demasiado iluso para pensar que aquí sólo existen las mejores intenciones para mejorar la vida de las personas, en particular cuando se exige para ello, tener más facultades o incluso un cheque en blanco. Y en los casos en que esta mejoría efectivamente pueda llegar a formar parte de la ecuación, los costos son generalmente una notable ganancia de poder de quienes la promueven.

            Por tanto, se vuelve a insistir: ¿hasta cuándo seguiremos obediente y sumisamente los dictados de quienes supuestamente nos obedecen? ¿Seremos capaces de romper este círculo vicioso y no seguir, como un burro, una zanahoria?

 

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Una mínima coherencia

La tozuda insistencia de la gran mayoría del mundo político en realizar el plebiscito del 25 de octubre a como dé lugar, no sólo resulta sorprendente en atención a la realidad del país, sino que puede darnos una muy buena pista respecto de lo que podría ocurrir de redactarse una nueva Constitución.

            En efecto, desde el inicio de la pandemia, se ha obligado a la gran mayoría de la población a permanecer en sus hogares, restringiendo de manera incluso abusiva sus libertades públicas, a fin, se dice, de evitar contagios y eventuales muertes. De esta manera, y dependiendo del nivel de expansión de la enfermedad, o nos han encarcelado en nuestras propias casas, o las posibilidades de locomoción se han visto muy reducidas, al exigirse permisos –que no siempre se dan– para hacer algo que antes se podía realizar libremente: ir de un lugar a otro.

            De igual manera, y también en nombre de la pandemia, se han reducido y también prohibido diversas actividades económicas, lo que a nuestro juicio podría tener efectos más graves que la actual crisis sanitaria, por lo que creemos que se trata de un remedio peor que la enfermedad. Y en fin, la autoridad ha restringido o se ha inmiscuido prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas y privadas, lo que se acerca peligrosamente a prácticas totalitarias. Con la salvedad que al menos por ahora, cuenta con la aprobación de buena parte de la ciudadanía, al custodiar un fin mayor: nuestra la salud y nuestra vida.

            Así entonces, si fiestas, manifestaciones, misas y muchas otras actividades se han prohibido amparándose, como se ha dicho, en la protección de la salud e incluso de la vida de la población, ¿cómo se explica que pese a todo esto, se insista a brazo partido en la realización del plebiscito, con las aglomeraciones que conllevaría? Por mucho que se pretenda regular minuciosamente –una vez más– nuestro modo de proceder en tal evento, las posibilidades de contagio resultan evidentes y aumentarían exponencialmente.

            Tampoco parece justo que quienes tengan la enfermedad, los que estén cerca de contagiados o los ancianos, no puedan ejercer su derecho a voto, sobre todo en una ocasión tan importante como esta. Así, tanto si se generan restricciones, como si no se establecieran y se permitiera votar a todo el mundo, se producen problemas insolubles, a nuestro juicio.

            Tómese en cuenta además, que podría existir un segundo brote (la “segunda ola”) precisamente en esas fechas, como de hecho ya está ocurriendo aquí en Concepción, lo que vendría a empeorar aún más las cosas.

            En consecuencia, pareciera que a buena parte de nuestra clase política le importara la salud y la vida de los ciudadanos, siempre que ello no afecte sus propios intereses. Con lo cual, de ganar el Apruebo, surge una fundada duda y sospecha respecto de las reales preocupaciones de esta clase política que se plasmarían en una nueva Constitución. ¿Se puede esperar una Constitución realmente benéfica, que proteja a las personas, como se promete, si ni siquiera se es capaz de posponer el plebiscito, pese a las actuales circunstancias?

            No existe así, la más mínima coherencia, o si se prefiere, no puede haber mayor contradicción, entre la esta actitud de la clase política y el proceder que ha tenido hasta ahora de cara a la pandemia. El doble estándar resulta de esta manera, escandaloso.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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