¿VALIÓ DE ALGO EL PLEBISCITO DE SALIDA?

No había terminado este segundo proceso constituyente al que hemos estado sometidos (el primero fue en el último gobierno de Bachelet), y a pocas horas de conocerse el aplastante triunfo del “Rechazo”, buena parte de nuestra clase política comenzaba a trazar las líneas de un tercer proceso, oliendo el resultado inminente del plebiscito.

Todo lo cual obliga a hacer algunas preguntas y comentarios.

    Una primera pregunta es por qué existe tanto apresuramiento para generar una nueva Constitución. Mal que mal, hay otros problemas mucho más graves y urgentes (económicos, de seguridad, etc.) que se enfrentan con leyes más que con constituciones, y donde quisiera verse al menos la mitad del empeño e interés que se pone en este nuevo proceso constituyente.

    Otro aspecto de vital importancia es que de acuerdo con las reglas establecidas y aprobadas en el plebiscito de entrada, de ganar el “Rechazo”, sigue vigente la actual Constitución y se da por terminado el proceso constituyente.

Por tanto, para iniciar otro, es imprescindible llamar a un nuevo plebiscito de entrada, a fin de que la ciudadanía se manifieste. O sea, es necesario consultar al “poder constituyente originario” (el pueblo), dado que los poderes Ejecutivo y Legislativo sólo tienen el “poder constituyente derivado”, que únicamente puede hacer reformas sobre el texto vigente, no iniciar por sí mismo un nuevo proceso.

Se insiste en que este es un punto esencial. Y en el Derecho Público (donde estamos), sólo se puede hacer lo expresamente permitido por la Constitución y las leyes.

    De nada vale, en nuestra opinión, apelar al 78% que en el plebiscito de entrada optó por un nuevo texto constitucional, al menos por dos razones.

La primera, debido a lo señalado al principio (las reglas eran claras: si ganaba el “Rechazo” al final, se acababa el proceso; no se estaba dando un mandato “eterno” para hacer cuantos procesos constituyentes se quisieran).

Y la segunda, es que claramente la legitimidad del plebiscito de entrada es menor que la del plebiscito de salida, pues en el primero hubo voto voluntario y en el segundo, obligatorio. Es por eso que el primero también debiera haber sido obligatorio; como no lo fue y sufragó cerca de la mitad del electorado, tiene por ello mucho menor representatividad.

    Esto es importante, porque en la primera oportunidad, se ganó con 5.8 millones de votos; en cambio, el “Rechazo” último, ganó con 7.8 millones. Por tanto, no está tan claro que un “80%”, como se señala, quiera necesariamente una nueva Carta Fundamental.

    En consecuencia, pretender que el poder constituyente derivado (el Congreso y el Presidente) inicie motu proprio un nuevo proceso constituyente sin consultarle a la ciudadanía es, al menos, una bofetada a la decisión popular (sobre todo dada la magnitud de la derrota del “Apruebo”), por mucho que se quieran justificar en el plebiscito de entrada, pues se insiste, no se estaba preguntando a la ciudadanía lo que ahora se quiere hacer.

    Además, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es que el propósito de una Constitución no es sólo asentar las bases para una mejor vida de sus ciudadanos, sino tal vez más que eso, limitar el poder de los gobernantes, que fue precisamente el principal motivo histórico por el que surgieron las constituciones en su momento. 

    ¿Querrá decir lo anterior que nuestra clase política está tan interesada por limitar su propio poder que quiere actuar a la brevedad, incluso saltándose las reglas?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

COSAS QUE CUESTA ENTENDER

Quedando un mes para el trascendental plebiscito en que se decide el futuro político y económico del país, conviene tener en cuenta dos aspectos muy generales de estas dos áreas de la vida humana: la política y la economía, tan estrechamente vinculadas entre sí.

    Respecto de la política, una cosa que resulta bastante curiosa, es que al mismo tiempo que la clase política es no sólo cada vez más rechazada, sino incluso despreciada por gran parte de la opinión pública, al mismo tiempo existan tantos sectores que ven en el Estado y su agresiva e intervencionista actividad la solución a todos sus problemas y casi podría decirse que el secreto de su propia felicidad. Ello, pues ese mismo Estado en el que se colocan todas las esperanzas de una vida mejor, está dirigido, precisamente, por esa clase política que tanto se critica, a través de un nepotismo y clientelismo cada vez más inaceptable.

    Es decir, los mismos personajes son vistos desde un ángulo casi como delincuentes (por ejemplo, al denunciarse múltiples escándalos de corrupción) y por otro, casi como ángeles (al asumir que el Estado y sus cada vez más entidades lucharán de forma honesta y desinteresada por el bien de sus ciudadanos). Ello, porque las instituciones están formadas por personas, precisamente esas mismas de la clase política y sus múltiples allegados. 

    Por tanto, pareciera existir algo así como un desdoblamiento de la realidad (incluso casi una esquizofrenia), al diferenciar artificialmente entre las personas de carne y hueso y las “instituciones” del Estado, sin darse cuenta que estas instituciones son dirigidas por esas mismas personas que tanto fastidio producen.

    Y este es un dato que debe tenerse muy en cuenta de cara al borrador de la nueva Constitución, pues el grado de intervencionismo estatal que propone resulta absolutamente asfixiante, al entrometerlo prácticamente en todas las actividades de los ciudadanos.

    En cuanto a la vida económica, también parece existir una notable distorsión de la realidad, pues se cree que a mayor intervencionismo estatal, mejores serán sus resultados, siendo que la historia ha mostrado mil veces lo contrario, aunque evidentemente, se requiere una mínima regulación. Y la razón es la misma: porque el aparato estatal está formado por personas, que como se ha visto tanto, en demasiados casos querrán sacar su “tajadita” de los negocios sobre los cuales pueden intervenir fruto de este entrometimiento estatal.

    Por tanto, lo único que ocasiona lo anterior es un notable empobrecimiento del país –además de la corrupción, que contribuye a su vez al desprestigio de esa misma clase política, volviendo al primer problema–, tumbando por tierra las a veces irresponsables e incumplibles promesas hechas por los múltiples derechos sociales que promete el texto constitucional. Por eso, algo está pasando con la percepción que mucha gente tiene de la realidad.

    De hecho, a tanto llega esta situación, que no deja de ser curioso que ante la grave crisis económica en ciernes, pero que ya se hace sentir (sobre todo con una inflación galopante, mucho mayor que la oficial), no se haya producido un nuevo “estallido social”, como el de hace tres años, pues parece inexplicable que en ese momento  se hayan destruido sectores enteros de varias ciudades por un alza de 30 pesos en el valor del pasaje del metro, y hoy nadie haga nada, pese a que la bencina sube al menos 10 pesos todas las semanas.

    Sin duda alguna, hay cosas de nuestro mundo actual que cuesta mucho entender.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿APROBAR PARA REFORMAR?

Como resulta evidente, el plebiscito del próximo 4 de septiembre exige estar bien informado, a fin de que el voto tenga realmente sentido. Y un aspecto fundamental, es tener claridad respecto de los mecanismos de reforma del proyecto constitucional que se propone.

    Que una Constitución cuente con adecuados mecanismos de reforma (ni muy difíciles, ni muy fáciles) es fundamental para su propia sobrevivencia, al permitirle adaptarse a los cambios que sufre toda sociedad. De ser muy flexible, se convierte en un títere de los gobiernos de turno –que la modifican a voluntad– y deja de limitar al poder; si es muy rígida, corre el riesgo de fosilizarse y tener una existencia nominal, al no ser útil para su tiempo.

    Ahora bien, respecto del texto propuesto, han surgido múltiples críticas. Por eso sus defensores han sugerido la fórmula de “aceptar para luego modificar”. Mas, ¿es tan así?

    Examinando el texto, los mecanismos de reforma se encuentran regulados entre los arts. 383 y 388 y se contemplan varias posibilidades: por petición del Presidente, de diputados y de representantes regionales e incluso por iniciativa popular o también indígena. Esto último no deja de ser curioso, no sólo porque se los trataría como si ellos no fueran parte del pueblo, sino además, porque como se verá, se les otorga una situación privilegiada.

    Sin embargo y simplificando mucho las cosas, los requisitos exigidos para estos casos son sumamente difíciles de cumplir, salvo para las reformas menores (que exigen 4/7 del total de diputados y representantes). Para materias importantes, a lo anterior debe agregarse la realización de un referéndum ratificatorio (a menos que se hayan obtenido 2/3 del total de diputados y representantes en un inicio, en cuyo caso el referéndum no sería necesario). Por su parte, en el caso de la iniciativa popular, ella debe reunir al 10% de ciudadanos inscritos en el último padrón electoral (lo que es una cifra casi imposible de lograr), que a su vez, debiera votarse en un referéndum que se haría coincidir con la próxima elección.

    También contempla el reemplazo total de la Constitución. Esta posibilidad puede ser solicitada por el 25% de los ciudadanos inscritos en el último padrón electoral, mediante la elección de una Asamblea Constituyente convocada por un referéndum. Igualmente pueden solicitar este referéndum el Presidente más 3/5 de los diputados y representantes, y finalmente, estos últimos sin el Presidente, con un cuórum de 2/3. El proyecto presentado por esta Asamblea también deberá ser sometido a un nuevo referéndum.

    Por tanto, las posibilidades de reforma se hacen muy difíciles, cuando no imposibles.

    Sin embargo, a todo lo anterior debe agregarse lo señalado por los arts. 66 y 91, que exigen que los pueblos y naciones indígenas (y sólo ellos) sean consultados previamente y deban aceptar, respecto de cualquier adopción de medidas administrativas, legislativas y “en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”. Igualmente, en el caso de convocar una Asamblea Constituyente, tienen escaños reservados y deben ser consultados durante el proceso. Esto quiere decir que prácticamente ninguna reforma constitucional sería factible sin su consentimiento.

    Así las cosas, ¿será posible realmente modificar esta Constitución en caso de ser aprobada? La respuesta es claramente negativa.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

UN ESTADO INTERDICTO

Conocido el borrador definitivo de la Constitución a plebiscitarse el 4 de septiembre próximo, es imposible no quedar con una desagradable sensación de dependencia de nuestro país de instancias internacionales que nadie controla y que muchas veces se encuentran totalmente ideologizadas, lo cual equivale a perder por completo nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, aunque se diga de forma constante lo contrario.

    Lo anterior se debe a que en este borrador existen permanentes alusiones a tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, lo cual hace que cambie radicalmente el centro de gravedad en cuanto a la manera de organizarnos y respecto de los derechos a ser defendidos por el Estado en su supuesta labor de servir a las personas.

    En efecto, se alude, ya sea a tratados internacionales en general, a tratados de derechos humanos en particular, y a otras disposiciones similares, en los arts. 15.1, 26.1, 28.1, 29, 33.1, 98, 109, 111.l, 123.1, 126.1, 148.1, 220.o, 240, 307, 309.1, 322.1, 336.1, 337.2 y la disposición transitoria 54. Los arts. 287.d y 289.1, 2, 3, 12 y 13, aluden a las facultades del Presidente de la República para negociar, concluir, firmar y ratificar tratados internacionales.

    Particularmente grave es a nuestro juicio el art. 15.1, que reza: “1. Los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional”.

    Esto significa no sólo que los tratados internacionales de derechos humanos se consideran parte de la Constitución, sino sobre todo, la interpretación que de los mismos hacen sus órganos guardianes (comités, comisiones y tribunales internacionales), interpretación que al evolucionar muy rápidamente, se ha ido alejando más y más del sentido original de estos tratados y en definitiva, de lo que acordaron los Estados en su momento. 

    De esta forma, al ser parte de la Carta Fundamental, a través de estas interpretaciones se la va modificando desde fuera de manera constante, saltándose sus propias normas de reforma. Además, estos órganos guardianes no son controlados por nadie, sus miembros no son elegidos por el pueblo, ni tampoco responden por su labor una vez concluida ésta.

    En consecuencia, son los tratados y sobre todo su mañosa interpretación los que pueden modificar la Constitución, pero nunca lo contrario. Por eso, aunque se diga que estos tratados forman parte de la misma y se encuentran a su nivel, en la práctica no es así: la Constitución queda completamente subordinada a la exégesis internacional en materia de derechos humanos, que como es obvio, afectan a todo el ordenamiento jurídico.

    En definitiva, Chile quedaría completamente entregado al capricho de estos organismos, cual persona interdicta (esto es, la que no puede administrar sus bienes, al ser incapaz de ejercer sus derechos), debiendo el aparato estatal seguir fielmente los dictados de estas entidades internacionales. En suma, nos convertiríamos en un Estado interdicto.

    En el fondo, el centro de gravedad pasaría desde nuestro país a estos organismos internacionales. Mas, ¿es esta la constitución verdaderamente democrática y participativa que se prometió? ¿Es realmente la casa de todos los chilenos?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un peligroso solipsismo

La labor realizada por la Convención Constitucional recibe más y más críticas de múltiples sectores, varios en un principio muy afines a su existencia. Y la razón fundamental pareciera radicar en lo que podría considerarse un peligroso solipsismo de su parte.

            Como se sabe, el solipsismo apunta a aquella situación en la cual para el sujeto sólo es real lo que él ve o percibe, o como señala la RAE, es una “forma radical de subjetivismo según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo”. Y algo así pareciera estarle ocurriendo a la Convención, si se analizan las propuestas que de ella emanan.

            No vamos a entrar aquí en los múltiples ejemplos de propuestas que a lo menos llaman la atención, cuando no son vistas como una amenaza por buena parte de la población. Queremos llamar la atención sobre lo que estimamos, es parte del origen de este problema.

            A nuestro juicio, este “solipsismo convencional”, manifestado en el deseo de refundar Chile, no sólo obedece a razones ideológicas, sino a un aspecto que ya advertimos apenas fue elegida la Convención: el sistema de votación empleado para darle origen.

            En efecto, mutatis mutandis, se utilizó el mismo sistema que se emplea para las demás elecciones “normales”, lo que a nuestro juicio tiene al menos dos graves inconvenientes.

            El primero es que se dio origen a una notable dispersión de candidatos y votos, lo que hizo que muchos convencionales resultaran electos por un puñado de sufragios a veces ridículo, casi un insulto dada la trascendental importancia de la labor a la que estaban postulando. De esta forma, se ha dado el absurdo que para otros cargos de mucho menor importancia, quienes los detentan obtuvieron muchos más votos que varios convencionales.

Evidentemente, lo anterior resta mucha legitimidad a este proceso. No sólo por no representar realmente al “pueblo”, dada la exigua votación obtenida por muchos convencionales, sino además, porque claramente las bancadas resultantes no reflejan la realidad del país, habiendo por ello sectores sobre y sub representados, a veces groseramente. Mal puede, así las cosas, surgir una Constitución “de todos los chilenos”.

            Y esto se vincula al segundo inconveniente: que al elegirse al órgano que tiene la misión de establecer las “reglas del juego” para el país entero, se supone que por mucho tiempo, debieran haberse generado unas reglas de elección muy diferentes a las usadas (ignoro cuáles: no soy politólogo), precisamente porque no era una elección común.

Por tanto, lo absurdo es que se haya usado el mismo tipo de procedimiento que en la elección de todas las demás autoridades, que simplemente “juegan” de acuerdo con las reglas ya establecidas de antemano –sin poder alterarlas–, no que tienen, como en este caso, la misión de crearlas para el futuro. Es evidente que esta “receta electoral” debiera haber sido otra, para garantizar un muy amplio voto popular y real legitimidad para cada uno de los convencionales elegidos y que además, representaran de verdad nuestra realidad nacional.

            Así, esta falla en su origen ha hecho que al no representar realmente a nuestra sociedad, el sector ideológico dominante sobre representado no tenga contrapeso y que por tanto, no exista un debate equilibrado. Esto contribuye a que este sector se separe cada vez más y más de la realidad, cayendo así en este auténtico “solipsismo convencional”.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El problema del poder (y II)

En nuestra última columna abordábamos el tema del poder y algunas de sus características: ser exclusivo, excluyente y expansivo y por lo mismo, estar centrado sólo en sí mismo, rebajando a todo lo demás a simples medios para consolidarse.

            Ahora quisiéramos tocar brevemente y como una de las consecuencias de lo anterior, el conocido dicho según el cual, “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Tema importante, pues permite comprender al menos en parte lo que ocurre en la cabeza de algunos poderosos, a fin de tenerlo muy en cuenta por nuestro propio bien.

            Veamos. Como seres dotados de libertad, estamos capacitados para emplearla de buena o de mala forma. Y por lo mismo, hay varias herramientas que vienen en nuestro auxilio para ayudarnos a actuar de manera correcta; entre otras, nuestras convicciones religiosas (si las hay), la conciencia (aunque se puede adormecer) y las consecuencias que podemos prever fruto de nuestras acciones (si bien muchas veces de manera errónea).

            De hecho, estos tres elementos han sido muchas veces los que han impedido que tomemos el mal camino. Por tanto, mientras contemos con más de ellos (religión, conciencia y consecuencias), si son más fuertes y se encuentran en armonía mutua, más eficaz debiera ser su labor. Y al contrario, la falta de uno o de todos ellos o su debilitamiento nos deja literalmente a la deriva, haciendo mucho más probable que optemos por el mal camino.

            El problema es que mientras más alto se esté en la escala del poder, más probable es que estos tres elementos se debiliten o incluso desaparezcan, precisamente por el efecto que sobre el sujeto genera saberse poseedor de este poder.

            Ahora, imaginémonos una situación en la cual se está tan alto, que ya no se tengan convicciones religiosas y que fruto de incurrir por el mal camino, la conciencia se haya adormecido tanto, que ya no sólo no remuerda, sino que incluso justifique esas acciones (“actúa como piensas, si no, terminarás pensando como actúas”). Sólo quedaría el auxilio de las consecuencias negativas que podrían sufrirse por un mal comportamiento.

            Sin embargo, si precisamente fruto de ese poder que se detenta, esas consecuencias no afectaran al sujeto, o si pudiera “destruirlas” a su antojo y no padecer sus resultados, ¿qué armas tiene para resistir la tentación de hacer el mal? Ello, porque más de alguna vez esta ha sido la última valla de contención que ha impedido obrar de forma indebida. Pero cuando se está más allá de esta posibilidad, cuando se tiene precisamente el poder de modificarlo todo a su antojo y “saltarse” estas consecuencias, ¿qué le impide hacer lo indebido?

            Y es este el gran problema: que si el sujeto sabe que no tendrá consecuencias negativas fruto de sus acciones o que podrá destruirlas, sólo le quedan, de acuerdo con lo señalado aquí, sus convicciones religiosas y su conciencia para evitar obrar el mal, las que seguramente este mismo poder se habrá encargado de dejar fuera de combate.

            Por tanto, mientras más poder se tenga, mientras más y más grandes y monstruosas cosas se puedan hacer, mayor peligro de perder el control, sobre todo si se llega a poseer un poder ilimitado. Al superarse los parámetros normales, al tener un poder sobrehumano, resulta casi inevitable que el sujeto sucumba ante él.

Imagínense lo que puede llegar a ocurrir si se tiene un poder global…

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El problema del poder

El tema del poder (entendido de manera muy simple como la capacidad de imponer a otros la propia voluntad, incluso por la fuerza) ha sido un problema para el ser humano desde sus orígenes y tal vez hoy, más importante que nunca.

            El poder puede ser concebido como un instrumento para lograr muchos fines, buenos o malos, siendo absolutamente necesario para los gobernantes, al darles la facultad de dictar normas y de imponerlas, pues sin él, nadie les haría caso y no podrían gobernar.

            Sin embargo, desde hace ya varios siglos y de manera creciente, el poder también ha sido concebido y utilizado como un fin en sí mismo: el poder por el poder. Esto no quiere decir que no se lo pueda emplear para otros objetivos (casi siempre malos, dada esta visión), pero su fin fundamental es obtener, acrecentar y consolidar ese poder. Y tal vez como nadie, los Estados han sido los principales representantes y aplicadores de esta perspectiva.

            Por lo mismo, se ha dicho que el poder así concebido tiene tres características: es exclusivo, excluyente y expansivo. “Exclusivo”, porque no tolera a otro poder igual a sí mismo: por su naturaleza está hecho para la soledad, para ser único. “Excluyente” (que viene a ser la otra cara de la exclusividad), pues hará todo lo posible por dejar fuera de combate a cualquier otro poder que represente un peligro para él y eventualmente, lo sustituya. Y “expansivo”, porque por su propia naturaleza tenderá a crecer, a adquirir más poder. O si se prefiere, no se detendrá por propia iniciativa, sino únicamente si se enfrenta con otro poder que no pueda vencer. Sus límites son, por tanto, fácticos.

            Resulta evidente además que desde esta perspectiva, el poder es completamente autorreferente: todo lo subordina y lo entiende desde y para sí mismo, pues nada que no sea su propio engrandecimiento puede atraer más su atención, salvo que sea un peligro que vencer para sobrevivir.

            Ahora bien, desde hace ya varios siglos se ha tratado por diversos medios de limitar al poder. En nuestro caso de occidentales, regulándolo mediante el Derecho (estableciendo de antemano qué se puede hacer, cuánto o en qué intensidad, quién, cómo y cuándo ejercerlo) y dividiéndolo en diferentes órganos (o lo que es lo mismo, evitando que se concentre en unas solas manos) para debilitarlo y que estas entidades se controlen entre sí.

            Sin embargo y de manera similar al agua, que busca siempre por dónde escurrir, el poder, expansivo de suyo, buscará otros derroteros que le permitan su ansiada hegemonía. Y lamentablemente hoy ha logrado superar en buena medida estas trabas, subiendo un peldaño, si así pudiera decirse; es decir, pasando desde los Derechos nacionales al Derecho Internacional. Ello, pues en este ámbito la ausencia de control es abismante, tanto porque las normas que lo regulan tienen muchas más dificultades que las nacionales para imponerse, como por la casi total falta de control respecto de la actuación de sus principales organismos. Con la agravante de que intenta presentarse como si el Derecho Internacional de verdad lo limitara. Y al igual que todo poder, el internacional busca crecer y lograr la hegemonía, como demuestra la cada vez mayor influencia que tiene sobre nuestros países.

            Y esto no es teoría de la conspiración, sino simple lógica: hoy estamos asistiendo a la creciente consolidación de un poder internacional al cual es cada vez más difícil resistir.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Hacia una democracia tutelada o protegida?

Un problema sobre el cual no se ha reflexionado lo suficiente de cara al actual proceso constituyente, es cómo podría verse afectado el sistema democrático con motivo de la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución, como se pretende.

            La idea en principio parece buena: que los tratados de derechos humanos suscritos por Chile sean incorporados al llamado “bloque de constitucionalidad”, de tal forma de enriquecer y complementar el catálogo de derechos fundamentales establecidos por la propia Carta Magna. De esta manera, podrían mejorarse varios de ellos, al tener que armonizar ambas normativas, nacional e internacional, teniendo el juez local más elementos de juicio al momento de resolver los casos que se le encomienden.

            Sin embargo, lo que pocas veces se señala es que en la práctica lo que termina incorporándose a este bloque no son propiamente los textos de los tratados, sino la interpretación -bastante libre, dicho sea de paso- que de los mismos hacen los organismos internacionales encargados de tutelarlos (cortes, comisiones y comités), que en la práctica han terminado monopolizando dicha interpretación.

            Lo anterior ha hecho que el sentido y alcance de estos tratados haya evolucionado mucho y muy rápido, de la mano de sus órganos guardianes, lo que hace que muchas veces lo que ellos exigen a los Estados suscriptores, se aleje del primitivo sentido del tratado que además de los derechos contemplados, ha dado origen a dichos órganos guardianes. Mas, al tener este monopolio, muchos estiman que en el fondo, el tratado es lo que ellos interpretan.

            En consecuencia, puesto que los Estados habrían aceptado esta situación al suscribir los tratados originales (y por tanto, la labor de estos organismos guardianes), sus defensores consideran que las leyes e incluso la Constitución de estos países debiera seguir a pies juntillas los dictámenes y recomendaciones de estos tribunales y comités, limitando bastante su libertad para autodeterminarse como nación.

            Más aún: varios de sus defensores estiman que estos derechos humanos establecidos internacionalmente, también son un límite para las decisiones democráticas, que nunca podrían oponerse a ellos o contradecirlos. Incluso, llevado a sus extremos, estos derechos humanos en permanente evolución, podrían afectar aspectos fundamentales de los itinerarios y razón de ser de diversos partidos políticos, al estar en contra, se insiste, de estos derechos humanos establecidos y monopolizados desde las alturas internacionales.

            Es por todo lo anterior que podríamos terminar en presencia de una democracia “tutelada o protegida”, en el sentido de estar sometida a los dictámenes de estos organismos internacionales, que se han convertido en la actualidad en los verdaderos censores de los derechos humanos a nivel global.

            El problema se agrava, además, pues tanto en el nombramiento de sus integrantes, el desempeño de sus funciones y en la exigencia de ulteriores responsabilidades, la ciudadanía no tiene ninguna participación. De hecho, prácticamente desconoce su existencia. Y además, la actividad de estos organismos no es controlada por nadie, pues no existe ni de lejos algo así como una división de poderes, como ocurre al interior de los Estados.

            Este es pues, un gran problema, que amerita un abierto y amplio debate.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un momento crucial

Al igual que las personas, los países no tienen su futuro asegurado, como lo demuestran sobradamente la existencia de vidas arruinadas y de estados fallidos. Y si bien ese futuro va construyéndose paso a paso con las decisiones que se toman a cada instante, existen momentos decisivos para la historia, tanto individual como colectiva, o si se prefiere, situaciones de inflexión cruciales, en que hay que actuar con mucho cuidado, al mismo tiempo que con decisión.

            Ahora bien, tal como una persona tendrá mayores posibilidades de éxito si posee un cierto equilibrio global que le permita tomar mejores decisiones (lo cual sería muy difícil, por ejemplo, para un sujeto irascible o demasiado cómodo), mutatis mutandis, algo parecido ocurre también en el caso de los países: que es especialmente importante que en esos momentos cruciales existan ciertos equilibrios en su interior, a fin que las decisiones que se adopten no sean demasiado extremas, pues como decía el viejo Aristóteles, en el justo medio está la virtud.

            Pues bien, actualmente en Chile estamos viviendo un momento de inflexión en nuestra historia, al estar en debate ni más ni menos que una nueva Constitución, que de ser aprobada –lo que por cierto no puede darse por descontado–, tendrá enormes e insospechadas consecuencias para todos nosotros de aquí a las próximas décadas.

            Sin embargo y como se ve a diario, en razón de las mayorías obtenidas en la Convención Constitucional, no existe en su interior ningún equilibrio entre las diferentes y arraigadas cosmovisiones de país que conviven en nuestra realidad cotidiana. Lo anterior ha hecho que esa mayoría actúe sin contrapeso, con lo que más que acuerdos entre visiones distintas, se está produciendo la imposición de una de ellas. Es por eso que resulta imperioso tratar de equilibrar esta situación de alguna manera –o al menos aminorar esta grave descompensación–, a través de otras instituciones del Estado.

            De esta forma, ¿se imagina alguien el impulso y el aumento de potencia que podría tener la ya desbocada actuación de nuestros convencionales, con un Poder Ejecutivo que no sólo le siga la corriente, sino que incluso pueda impulsarla a llegar más lejos? Al menos la composición del Congreso del próximo gobierno será algo más equilibrada que la actual. Sin embargo, desde el punto de vista de los contrapesos, sería nefasto seguir cargando la balanza a favor de la mayoría de la Convención Constitucional.

            Es por eso que pese a estar ya muy cargadas las tintas, para al menos tratar de evitar un aún mayor extremismo, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo haga o al menos intente hacerle de contrapeso. No para estorbar, se insiste, sino para al menos intentar equilibrar las aguas en este momento fundamental de nuestra historia.

            Es algo parecido a lo que ocurre con la tiranía de las mayorías: que cuando no existe nada que al menos morigere su afán o incluso fiebre por imponer su visión de las cosas, el fruto resultante termina siendo peor que la situación que en teoría se quería superar.

Esa es la razón por la cual estamos en un momento crucial de nuestra historia, y la actual elección presidencial es de lejos la más importante, tal vez de los últimos cien años.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Qué tipo de sociedad queremos?

Como resulta obvio, son muchas las reflexiones que pueden hacerse a partir de la última elección, que incluso en algunos aspectos debieran ser objeto de estudio entre otros, por los especialistas en ciencia y filosofía política. Comentaremos al voleo algunas de ellas, referidas sobre todo a los resultados del sufragio presidencial.

            Una primera cosa que llama la atención es la baja votación que obtuvieron varios candidatos que o eran conocidos desde hace tiempo (algunos incluso habiéndose presentado en otras ocasiones) o contaban con el respaldo de los partidos tradicionales más importantes. De entre las muchas lecturas que lo anterior suscita, una muy verosímil es el cansancio o desilusión que parecieran generar los políticos y los partidos tradicionales en un segmento cada vez mayor de la población. Da la impresión que muchos se han aburrido de votar por el “mal menor”, que en no pocas ocasiones ha terminado siendo una opción tanto o más mala que la que se quería evitar y en el fondo, contra la cual se sufragó al elegir a la supuestamente contraria.

            De hecho, pareciera crecer en gran parte del electorado la sensación que en buena medida, estos sectores tradicionales son más aliados entre sí que verdaderos competidores, como se presentan oficialmente. Y que ellos operan en una especie de mundo paralelo, siendo cada vez más impermeables a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la población.

            Otro aspecto llamativo es la votación que obtuvieron candidatos o partidos nuevos, no alineados con las posturas tradicionales. Incluso uno de los candidatos ni siquiera está en Chile, quedando tercero en las preferencias. Este hecho sin duda debe ser estudiado científicamente en el futuro inmediato. Otro signo más que indica el cansancio aludido, lo que hace buscar nuevas alternativas para que el clamor de muchos votantes sea realmente escuchado.

            Un tercer elemento interesante es que en atención a las candidaturas presentadas, fueran las posturas más extremas de este abanico las más votadas. Otro factor que parece indicar que las posturas de centro no atraen demasiado, precisamente por ser cada vez más impermeables a las necesidades de vastos sectores de la población.

            En cuarto lugar, lo anterior significa que esta segunda vuelta tiene bastante más importancia que las situaciones análogas que se han dado en elecciones anteriores. Ello, pues el concepto de sociedad que representa uno y otro candidato no pueden ser más antagónicos, que simplificando mucho las cosas, podría resumirse en el binomio estatismo-libertad. De ahí la trascendencia del presente caso, que permitirá saber qué tipo de sociedad queremos.

            Finalmente, es de esperar que el actual proceso constituyente no busque interferir a posteriori cambiando las reglas del juego de esta elección, dependiendo de quién sea el ganador del 19 de diciembre. No sólo sería una actuación ilegítima, sino que además estaría desconociendo la voluntad popular, que ha sido, no hay que olvidarlo, la que ha dado vida a la Convención Constitucional.

            Como se ve, se trata de una elección crucial, razón por la cual todos debemos votar. Ante una situación tan trascendente, no tendrá después derecho a alegar por lo que ocurra quien no cumpla con este grave deber cívico.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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