La necesidad de parámetros externos

Hace ya bastante tiempo que se ha ido imponiendo un dogma en materia política que se repite sin cesar –y que no se puede discutir–, aun cuando pareciera que por regla general, no se hayan calibrado adecuadamente sus reales y peligrosas implicancias: que el sistema democrático es el único posible, razón por la cual, nunca y bajo ninguna circunstancia podría optarse por otra forma de gobierno.

            Resulta evidente que la democracia ha sido una gran conquista de la humanidad, conquista que ha permitido convivir y progresar de manera pacífica a muchos pueblos y evitado conflictos graves, que de surgir, habrían cambiado notablemente nuestra historia. Sin embargo, ¿se entiende verdaderamente lo que significa el dogma recién mencionado?

            Si lo lleváramos a sus extremos, como muchos pretenden, significaría, en último término, que quienes dirigen un país –y de manera más general, la entera clase política–, tendrían una completa libertad para hacer, literalmente, lo que quisieran, siempre que se respetaran los cauces democráticos establecidos.

            Algunos podrán señalar, en parte con razón, que para eso existe la oposición y la alternancia en el poder, con lo cual la ciudadanía podría sancionar a quienes no logren hacer un gobierno mínimamente aceptable. Sin embargo, y siendo cierto en muchos casos, nuestro planteamiento va más allá: si de verdad la democracia resultara completamente inamovible ¿qué pasaría si la entera clase política se corrompiera y se pusiera de acuerdo para adueñarse de un país cambiando su institucionalidad, de tal modo de hacerse inexpugnables en el poder, sin dejar que surjan nuevas y reales alternativas? ¿Le daríamos este cheque en blanco?

            Con semejante situación, la alternancia en el poder no existiría realmente y el rol del gobierno y de la oposición se convertiría en una asquerosa parodia para aparentar la autodeterminación de un pueblo que en el fondo, sería esclavo de dicha clase política.

            Mas, de llegarse a una situación semejante, ¿qué diferenciaría en realidad a un régimen “democrático” de estas características de uno totalitario? A fin de cuentas, el pueblo sería un simple pelele de las decisiones de esta clase política, que sabiéndose invulnerable –al no poder sustituirse el sistema democrático por ningún otro–, tendría en el fondo, carta blanca para hacer lo que quisiera. Y si además cuenta con los suficientes aliados a nivel internacional que avalen su actuar, la tiranía puede hacerse peligrosamente posible.

            Todo lo anterior significa que la sola democracia, como forma de gobierno, es únicamente eso: una “forma”, o sea, un procedimiento, un mecanismo, un modo de obrar en política; pero por eso mismo, por ser un camino, es solo un medio, no un fin en sí misma.

            De ahí entonces, que el verdadero parámetro de legitimidad no pueda limitarse –ni empobrecerse– solo a un mero procedimiento, pues estaría abriendo las puertas a una posible tiranía, precisamente lo que la democracia busca evitar. Por eso, la democracia no puede legitimarse sólo a partir de sí misma, sin parámetros externos. Este parámetro debe ser material, de contenido: el real grado de libertad y de bienestar material y espiritual de su población.

            En caso contrario, se insiste, la democracia puede transformarse en una tiranía camuflada y en el fondo, en un dócil y soterrado instrumento de dominación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Quién manda a quién?

En los últimos años, se ha ido dando una tendencia en el funcionamiento de nuestras democracias, que debiera generar una profunda reflexión a su respecto, pues equivale a una completa extrapolación de su genuino sentido y razón de ser: que en vez de ser las autoridades políticas las que acaten los designios de la voluntad popular, sea la ciudadanía la que tenga que seguirle el juego a dichas autoridades y en general, a toda la clase política.

            En efecto, ya se ha visto en algunos países, a saber, Colombia o el Reino Unido, como luego de hacerse una consulta popular directa sobre materias cruciales para esos Estados, pese a lo manifestado por la ciudadanía, el mundo político haya hecho todo lo posible para torcerle la nariz a dicha decisión (en Colombia con éxito, en Gran Bretaña no), según ocurrió con el proceso de paz con las Farc y el Brexit, respectivamente. O incluso, que otras decisiones de tanta o más importancia (como en nuestro caso, llamando a votar por un proceso constituyente), se haya tomado esta decisión entre gallos y medianoche, en un contexto por decir lo menos enrarecido y de extrema violencia, forzando a la población a votar por una materia que hasta antes de ese momento, se encontraba muy al final de las encuestas y de lo decidido en la elección política anterior: si se quería o no generar una nueva Carta Fundamental.

            Por tanto, lo que en el fondo pareciera estar ocurriendo, es que la que lleva la voz cantante es la clase política, y a la ciudadanía sólo le correspondería plegarse obedientemente a sus dictados, a fin de darles legitimidad y hacer como si se tratara de una demanda popular. De ahí entonces, que sea lícito preguntarse quién manda a quién en nuestra actual situación.

            Tómese en cuenta, además, el creciente desprestigio en que ha caído la clase política no solo en Chile, sino en el mundo en general, fruto de una serie de prácticas e intereses que no coinciden, y a veces están en contra de los anhelos y necesidades de la población. De ahí que no extrañe que se la acuse reiteradamente de estar en una “burbuja”, o de vivir una “realidad paralela”, velando generalmente por sus prioridades –el poder– y no las nuestras.

            Así entonces, si se unen ambos factores, a saber, por un lado, la calidad de auténticos borregos en que se pretende convertir a la voluntad popular y por otro, el desprestigio de la clase política, la gran pregunta que surge sin mucha dificultad, es hasta cuándo se les va a seguir el juego.

            Es por eso qeu a partir de las premisas anteriores, convendría mirar con más atención las propuestas que formula el mundo político a la ciudadanía, máxime si buena parte o incluso la mayoría de este mismo espectro político está de acuerdo en lo que plantea para la “decisión” popular. Habría que ser demasiado iluso para pensar que aquí sólo existen las mejores intenciones para mejorar la vida de las personas, en particular cuando se exige para ello, tener más facultades o incluso un cheque en blanco. Y en los casos en que esta mejoría efectivamente pueda llegar a formar parte de la ecuación, los costos son generalmente una notable ganancia de poder de quienes la promueven.

            Por tanto, se vuelve a insistir: ¿hasta cuándo seguiremos obediente y sumisamente los dictados de quienes supuestamente nos obedecen? ¿Seremos capaces de romper este círculo vicioso y no seguir, como un burro, una zanahoria?

 

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

#Chile Una mínima coherencia

La tozuda insistencia de la gran mayoría del mundo político en realizar el plebiscito del 25 de octubre a como dé lugar, no sólo resulta sorprendente en atención a la realidad del país, sino que puede darnos una muy buena pista respecto de lo que podría ocurrir de redactarse una nueva Constitución.

            En efecto, desde el inicio de la pandemia, se ha obligado a la gran mayoría de la población a permanecer en sus hogares, restringiendo de manera incluso abusiva sus libertades públicas, a fin, se dice, de evitar contagios y eventuales muertes. De esta manera, y dependiendo del nivel de expansión de la enfermedad, o nos han encarcelado en nuestras propias casas, o las posibilidades de locomoción se han visto muy reducidas, al exigirse permisos –que no siempre se dan– para hacer algo que antes se podía realizar libremente: ir de un lugar a otro.

            De igual manera, y también en nombre de la pandemia, se han reducido y también prohibido diversas actividades económicas, lo que a nuestro juicio podría tener efectos más graves que la actual crisis sanitaria, por lo que creemos que se trata de un remedio peor que la enfermedad. Y en fin, la autoridad ha restringido o se ha inmiscuido prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas y privadas, lo que se acerca peligrosamente a prácticas totalitarias. Con la salvedad que al menos por ahora, cuenta con la aprobación de buena parte de la ciudadanía, al custodiar un fin mayor: nuestra la salud y nuestra vida.

            Así entonces, si fiestas, manifestaciones, misas y muchas otras actividades se han prohibido amparándose, como se ha dicho, en la protección de la salud e incluso de la vida de la población, ¿cómo se explica que pese a todo esto, se insista a brazo partido en la realización del plebiscito, con las aglomeraciones que conllevaría? Por mucho que se pretenda regular minuciosamente –una vez más– nuestro modo de proceder en tal evento, las posibilidades de contagio resultan evidentes y aumentarían exponencialmente.

            Tampoco parece justo que quienes tengan la enfermedad, los que estén cerca de contagiados o los ancianos, no puedan ejercer su derecho a voto, sobre todo en una ocasión tan importante como esta. Así, tanto si se generan restricciones, como si no se establecieran y se permitiera votar a todo el mundo, se producen problemas insolubles, a nuestro juicio.

            Tómese en cuenta además, que podría existir un segundo brote (la “segunda ola”) precisamente en esas fechas, como de hecho ya está ocurriendo aquí en Concepción, lo que vendría a empeorar aún más las cosas.

            En consecuencia, pareciera que a buena parte de nuestra clase política le importara la salud y la vida de los ciudadanos, siempre que ello no afecte sus propios intereses. Con lo cual, de ganar el Apruebo, surge una fundada duda y sospecha respecto de las reales preocupaciones de esta clase política que se plasmarían en una nueva Constitución. ¿Se puede esperar una Constitución realmente benéfica, que proteja a las personas, como se promete, si ni siquiera se es capaz de posponer el plebiscito, pese a las actuales circunstancias?

            No existe así, la más mínima coherencia, o si se prefiere, no puede haber mayor contradicción, entre la esta actitud de la clase política y el proceder que ha tenido hasta ahora de cara a la pandemia. El doble estándar resulta de esta manera, escandaloso.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El trabajo más fácil del mundo

Tal vez no exista trabajo más fácil hoy en día, que ser oposición a cualquier gobierno, como se ha demostrado hasta la saciedad en nuestro país. Ello, porque desde un cómodo palco, se pueden lanzar críticas a destajo contra el gobierno de turno, sin importar lo bien que esté luchando contra la pandemia o las medidas económicas que se encuentre implementando para afrontar la postpandemia, que seguramente será peor que nuestra actual crisis.

            En efecto, lo único que tienen que hacer quienes actualmente no tienen que dirigir un país, es considerar malo o al menos insuficiente todo lo que hagan las autoridades. No tanto porque como resulta obvio, siempre se puedan cometer errores, sino sobre todo, porque con esta permanente crítica, además de pretender minimizar sus eventuales logros, se busca dar la impresión que si ellos hubieran estado en el gobierno, lo habrían hecho mucho mejor.

            Por tanto, se está jugando con una premisa falsa, que además, es imposible de demostrar. La única forma sería que cuando ellos eventualmente sean gobierno, nos toque una situación semejante. Aunque también es cierto que de ocurrir lo anterior, ya se contaría con la experiencia de la actual crisis, con lo cual la comparación igualmente sería injusta.

            Se insiste en que pretender que la oposición, cualquier oposición, lo habría hecho mejor, es un hecho indemostrable y en el fondo, una petición de principio. Ello, pues nos encontramos frente a una situación inédita dentro de la historia de la humanidad, no tanto por los ribetes sanitarios de la actual crisis, sino debido a sus impresionantes repercusiones económicas: al estar inmersos en una economía global, el actual empeño por “detener el mundo” a fin de combatir la pandemia, no tiene precedentes.

            Pero además –y también nuestro país ha dado un triste ejemplo–, existen sectores de la oposición que casi parecen alegrarse de las malas noticias o de los errores que se cometen, sin importarles las consecuencias sanitarias y económicas que ello pueda traer consigo. Es como si no se dieran cuenta que si el gobierno, cualquier gobierno fracasa, es el país entero –incluidos ellos mismos–, quien se ve perjudicado.

            De ahí que lo lógico sería que la oposición, de cualquier país, apoyara al gobierno de turno en esta situación extrema, a fin de aunar esfuerzos para enfrentar de la mejor manera posible esta crisis y aminorar sus dañinos efectos a corto y mediano plazo, que cada vez se presentan más inquietantes y atemorizadores.

            Es por todo lo anterior que la ciudadanía debiera tomar adecuada nota de lo ocurrido y no dejarse instrumentalizar por un fácil inconformismo, fruto de una demagogia oportunista y muchas veces irresponsable. Porque una actitud semejante revela muy a las claras, que parte de la clase política quiere sencillamente aprovechar esta dolorosa situación para acceder al poder, anteponiendo ese interés particular al bien común general.

            Por eso, tal como ocurre con las personas, es en los momentos difíciles cuando se puede aquilatar adecuadamente la valía de las instituciones o de los grupos y su verdadera grandeza. Mas, si ni siquiera en este momento extremo son capaces de dejar de lado sus intereses, ¿qué se puede esperar para los tiempos de relativa normalidad?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

La autonomía del Banco Central

Como se sabe, una Constitución establece los órganos que configuran la organización de un Estado (Presidente de la República, Congreso, Poder Judicial, etc.), determina su estructura (cómo se conforman) y su funcionamiento (qué pueden hacer y qué no).

            Este entramado de reglas es fundamental para el funcionamiento de cualquier Estado, pues la idea es que quienes detentan en poder tengan sus prerrogativas establecidas de antemano de la manera más estricta posible, a fin de evitar abusos. Es decir, todo lo opuesto a darles un “cheque en blanco”, pues la tentación de usar mal sus facultades resulta demasiado fuerte. Lo anterior se resume diciendo que estas autoridades “sólo pueden hacer lo que está previa y expresamente permitido por la constitución y la ley”.

            Ahora bien, puesto que la tentación del poder resulta insaciable, la actividad económica no ha estado libre de caer en sus garras (en realidad, ha sido lo contrario). Sin embargo, suele olvidarse que la economía, disciplina aún en estudio, posee reglas y dinamismos propios y tremendamente complejos, que hacen difícil prever a cabalidad su funcionamiento y que además, se resisten a sucumbir ante excesivas reglamentaciones legales que pretendan “domesticarla”, por decirlo de alguna manera.

            Es así como por ejemplo, las políticas de congelamiento de precios pueden dar algunos buenos resultados en el corto plazo, pero más temprano que tarde, el desbarajuste y los costos que originarán serán mucho mayores que los beneficios iniciales. Y la razón es obvia: al poseer su propia “vida”, el devenir económico buscará el camino por el cual fluir, tal como un cauce de agua al cual se quisiera contener de manera indefinida y total.

            Obviamente, no se trata que al interior de un país impere la ley de la selva o un mercado salvaje, pues los abusos que se originarían serían espantosos y perjudicarían a la propia economía en su funcionamiento global. Es por eso que el Estado debe evitar estos abusos y dar el marco para su adecuado funcionamiento.

            Pues bien, una de las piezas clave para lograr lo anterior, es el Banco Central, encargado entre otras muchas cosas, de la emisión de moneda y de la fijación de las tasas de interés. Que este importante organismo tenga autonomía –como actualmente ocurre en Chile, al estar garantizada en la Constitución– y pueda tomar sus decisiones de acuerdo a criterios realmente económicos y no meramente políticos es esencial, pues como se ha dicho, la economía resulta bastante “indomable”.

            Por desgracia, cuando esta autonomía no ha existido, no ha sido raro que los gobiernos de turno intervengan en la emisión de moneda –generando a veces índices de inflación estratosféricos–, o pretendan fijar artificialmente tasas de interés ajenas a la realidad económica, siempre –era que no– con fines populistas.

            En consecuencia, tan importante como la separación de poderes para un país y que ellos gocen de verdadera autonomía, es que la economía pueda funcionar siguiendo su propia naturaleza. Es claro que la Constitución y la ley deben fijar un marco adecuado para permitir el desarrollo de la actividad económica y evitar abusos, como se ha dicho. Mas, luego de esta imprescindible reglamentación, se la debe dejar fluir, pues en caso contrario puede terminar arruinándola.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

A dos manos

Como hemos señalado anteriormente, nuestra idea es dedicar varias columnas a plantear diversos temas relacionados con una Constitución en general.

            Ahora, dentro de los anhelos y aspiraciones de muchos que propugnan por una nueva Constitución, sobresale el deseo que el Estado se haga cargo prácticamente de todos los problemas y necesidades de la población, a fin de lograr una neutralidad al momento de repartir beneficios y que los intereses particulares no favorezcan a unos en desmedro de otros.

            Sin embargo, en demasiadas ocasiones el Estado ha sido mal gestor en la solución de problemas comunes por diversos motivos, que van desde la corrupción hasta la impericia, entre otros. Es por eso que hace ya décadas, se ha planteado la posibilidad (y necesidad) que los particulares también intenten solucionar estas dificultades, siempre bajo la tutela o supervisión del Estado, a fin que en lo posible no se produzcan abusos o arbitrariedades. Y una forma en la cual se logra lo anterior es mediante el llamado principio de subsidiariedad.

            Si bien hay muchas definiciones a su respecto, una muy simple señala que este consiste en que el Estado realice únicamente aquellas actividades que los particulares no quieren, no pueden o no deben hacer. Es decir, la idea es que la primera opción para solucionar los problemas de la gente recaiga en esas mismas personas, no sólo por ser los directamente afectados, sino porque debido a ello, suelen comprenderlos mejor que la autoridad, más lejana y preocupada de variados asuntos al mismo tiempo.

            Sin embargo, esto no significa que los particulares lo hagan todo, pues en ese caso, el Estado casi no tendría razón de ser. Es por eso que aun teniendo la primera opción, es el gobierno de turno quien debe tomar la iniciativa en los tres casos que indica este concepto.

            Primero, cuando los particulares “no quieren” hacerlo, por ejemplo, en razón de ser muy difícil, costoso o con resultados muy a largo plazo. Además, la visión de los ciudadanos suele ser más inmediata, faltándole la óptica de conjunto que debiera tener la autoridad.

            Segundo, respecto de aquellas acciones que los ciudadanos “no deben” realizar, en razón de los peligros que generaría que su solución sólo quedara entregada a ellos. Así por ejemplo, sería absurdo que las Fuerzas Armadas o los ministerios se privatizaran, pues de hacerlo –en caso que se pudiera, por cierto– probablemente se usarían para satisfacer los intereses particulares antes que los del país, dañándose así gravemente el bien común.

            Y tercero, el Estado debiera llevar a cabo las actividades que los privados “no pueden” hacer, como serían aquellas –en parte similares a las del primer caso– demasiado costosas o de muy largo aliento, aun cuando tengan el deseo de llevarlo a cabo.

            Lo importante de todo lo dicho, es que el principio de subsidiariedad logra que muchos de los problemas que aquejan a la mayoría de la población, puedan ser solucionados por los propios afectados, por el Estado o por ambos, permitiendo así que surjan un sinnúmero de posibilidades de acción que no existirían si todo dependiera –en un caso más bien de laboratorio– de los particulares o –en muchos casos reales– solo del Estado.

            Por tanto, la ventaja del principio de subsidiariedad es que se cuenta con “dos manos” para enfrentar las dificultades de un país, “manos” que pueden trabajar conjunta o separadamente. Entonces, ¿vale la pena anular a la “mano” privada en pos de la pública?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Derecho

Universidad San Sebastián

Un electorado cautivo

De acuerdo al presupuesto fundamental del sistema democrático, en teoría los electores, o si se prefiere, el pueblo, tiene la libertad para elegir, de entre las diferentes alternativas que se le presentan, aquella que mejor defienda sus intereses, pudiendo optar a su antojo entre ellas. En consecuencia, es esta posibilidad de cambiar de gobernantes lo que viene a demostrar en los hechos, que realmente detenta el poder soberano de un Estado.

            Sin embargo, ¿qué ocurre cuando este pueblo aparentemente libre y soberano ha sido secuestrado –a veces de manera subrepticia– por los gobernantes que hipotéticamente son elegidos por él? ¿Qué pasa si más allá de la teoría y de las leyes –que dicen lo que deber ser– los electores se encuentran en una situación tal, que en la práctica no les es posible, o les resulta muy difícil no seguir “reeligiendo” a quienes detentan el poder, sencillamente porque dependen de sus beneficios para satisfacer un cumulo de necesidades básicas?

            Esto es, a nuestro juicio, lo que ha ocurrido en la última primaria en Argentina, preludio de la próxima elección presidencial y legislativa: que tantos años de subsidios y beneficios otorgados por el Estado para ayudar a satisfacer necesidades básicas (luz, agua, gas, etc.), han generado una casi absoluta dependencia de vastos sectores de la población de estas dádivas. Ello, a pesar que esta política pone a mediano y largo plazo en peligro su mantenimiento, ya que al fijarse precios máximos para estos servicios, se desincentiva la inversión para crearlos y mantenerlos. En consecuencia, la elección de una alternativa distinta para ejercer el poder (que entre otras cosas, busca evitar que estos mismos servicios colapsen en el futuro), se hace casi imposible, coartando casi por completo la libertad de optar del electorado.

            De ahí que haya que mirar con bastante cuidado, e incluso con algún grado de desconfianza, aquellas políticas impulsadas por los gobernantes demasiado generosas en beneficio de grandes sectores de la población. Sin duda los favorecen, y a veces en materias muy importantes. Pero más allá de la satisfacción inmediata de necesidades, muchas veces legítimas, hay que hacer un esfuerzo no menor para superar esta especie de encandilamiento que produce una política semejante y ver si gracias a ella, los electores podrían acabar siendo cautivos de quienes las propugnan.

            Es decir, hay que ser un poco mal pensados y preguntarse qué lleva a los gobernantes de turno –no importa cuáles– a ser tan generosos con el electorado, pues a fin de cuentas, la mera liberalidad es bastante extraña en nuestros días, no siendo la política la excepción.

            En el fondo, un nuevo peligro que se yergue sobre la libertad de países enteros, es que termine dependiendo del Leviatán, la satisfacción de demasiadas necesidades importantes de los ciudadanos, al punto que sin su ayuda resulte difícil, cuando no imposible cubrirlas. Por tanto, más allá de las apariencias y del beneficio inmediato, lo que importa destacar es que la dependencia de beneficios estatales puede terminar convirtiéndose en una nueva forma de esclavitud, lo cual hace que más allá de las apariencias, sean los supuestos elegidos y representantes del pueblo quienes realmente dominan a sus cautivos electores.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

Casi como una cápsula del tiempo

Con bastante más publicidad de la que usualmente recibe, hace pocos días ha finalizado en Caracas el XXV Foro de Sao Paulo, tradicional reunión de los representantes más destacados de la extrema izquierda del continente americano (y también de otras latitudes), que de manera casi ininterrumpida se han juntado anualmente desde 1990, como medio para buscar cursos de acción alternativos ante la caída del Muro de Berlín y al colapso del otrora imperio soviético.

            Y año a año vuelven a levantar sus banderas de lucha, alabando a los regímenes afines a sus ideas (Venezuela, Bolivia, Nicaragua…), a la vez que criticando hasta el paroxismo a sus contrarios, englobados bajo expresiones amplias como “capitalismo”, “derecha”, “imperialismo” y varios otros epítetos que literalmente, destilan odio.

            Evidentemente, en un país (y a fuer en un continente) libre –muy distinto a los modelos político-económicos propugnados por el Foro–, cada cual puede expresar, en libertad, pero con respeto, sus propias ideas y dejar claro sus puntos de vista respecto de prácticamente lo que sea. Sin embargo, no deja de sorprender el lenguaje y la perspectiva utilizadas, propias de los años 60 y 70, que a veces casi parecen ser una especie de cápsula en el tiempo, que recuerdan los mejores años de la Guerra Fría.

            En efecto, tal vez el elemento que de manera más fuerte atraviesa de cabo a rabo los a veces furibundos párrafos de cada declaración final –y la actual no es la excepción–, sea un infinito odio hacia el “imperialismo”, esto es, Estados Unidos. Así, de lejos es el enemigo contra el cual se dirigen los peores dardos y maldiciones, considerándolo casi el único responsable de todos los males que a su juicio existen, y buscan ser superados con reuniones como ésta.

            Se insiste en que cada uno puede expresar sus propias convicciones como mejor le parezca. Mas lo que llama la atención, junto al apoyo a regímenes que han generado violencia y pobreza a raudales –al punto de haberse convertido en muchos casos en parias dentro de la comunidad internacional–, es esta especie de ensimismamiento retrospectivo, nostálgico de una utopía que no fue, todo lo cual parece cegarlos ante la realidad del mundo.

            Lo anterior resulta evidente, ya que parece difícil, cuando no imposible, conectar los anhelos de este foro con un mundo crecientemente globalizado; donde el comercio internacional es un hecho indesmentible y en el que los nacionalismos proteccionistas que ahora están surgiendo no son precisamente de izquierda; en el cual el avance de la inteligencia artificial o de la nanotecnología son parte de la llamada cuarta revolución industrial; o finalmente –por poner en el tapete sólo algunos de los fenómenos actuales–, un mundo en el cual los afanes de autonomía individual son cada vez mayores.

            En consecuencia, es como si parte del continente quisiera encerrarse en sí mismo y aislarse del mundo, creyendo que aumentando el tamaño e intervencionismo del Estado a través de su burocracia, se solucionarán como por arte de magia todos los problemas presentes y futuros. Deseo más que ilusorio, al poder constatarse fácilmente con múltiples ejemplos históricos de varios países, no solo lo errado, sino lo nefasto y hasta terrorífico que ha resultado este camino.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera

Universidad San Sebastián

#HablemosAlGrano La ‘tierna’ oposición y su obsesión por los #Hashtags

Al menos antes y después de sus 100 primeros días de gobierno, el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le seguirá restregando en la cara a los autollamados opositores que poco pueden hacer frente a sus más de 30 millones de votantes que lo llevaron al gobierno, el tsunami electoral con el que ganó de manera insultante y la creciente aceptación de su popularidad, ¡vaya, una luna de miel! que parece le durará todavía un buen rato y no se ve que las cosas vayan a cambiar en el corto plazo.

El tema no es si hace lo que quiere, como las 100 puntos de su plan de gobierno, que hasta la fecha señala un día y otro también, si no que no hay una voz seria a la que se le pueda considerar «contrapeso» u oposición necesariamente real y realista, muy a pesar de la necesidad de contar con voces lo suficientemente sólidas para, efectivamente, considerarlas o contrastarlas frente a lo que AMLO y su gobierno puedan señalar.

La realidad de estos suspirantes a la lista de verdaderos contrapesos, es que su actuación se desdibuja por su falta de argumentos contundentes o sus argumentos lo suficientemente irreales que al presentarlos y ponerlos en el crisol del «México Real», de alguna forma se pierden y terminan en el mejor de los casos como frases para titular una noticia o los tan recurrentes «hashtags».

No se diga si particularmente se ponen frente a no más de dos minutos de las abarrotadas conferencias de prensa «mañaneras» de AMLO para que éste los despedace, al grado de llamarlos «ternuritas» y los manda a «no hacer el ridículo». Algo así como esto que dijo el pasado 26 de febrero, cito textual:

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR: «¿Qué sucede? Que están atravesando una crisis y se están precipitando, pensando que de la noche a la mañana pueden crear un grupo.

No. Tienen que formar cuadros, no sacar la nota, no. Ya se reunieron y van a hacer contrapeso, pero eso es muy ficticio, pues es como para decirles ‘ternuritas’».

Con esa franqueza, que esta vez deberían aprender a escuchar las recomendaciones de un viejo lobo de mar, como AMLO, habrá que ampliarles algunas otras, a ver:

Particularmente para aquellos líderes, estos que tiran la piedra (y esconden la mano y se desdicen, deslindan, aclaran y dicen que ellos siempre o nunca han sido así) un día y al otro le aplauden, deberían saber que efectivamente es con argumentos, o con un poquito de más conocimiento de administración pública, por ejemplo, y no con sus publicaciones programadas en su «feis» y twitter, como dejarán de jugarle al «opositor que México espera».

Porque eso sí, han aprendido en lo público a envolverse en la bandera (claro, por unas horas) y autoproclamándose opositores (de cafecito o comidas -dependiendo su agenda-) y en privado correr al primer chasquido gubernamental a «reunirse para mantener un diálogo» con los «altas autoridades» a las que según ellos le explican sus fallidos argumentos genuinamente opositores, que terminan desvaneciéndose en el siguiente «tweet» o publicación rimbombante, en el que incluso agradecen la oportunidad de reunirse y elogian su disposición al diálogo y hasta tomarse la #fotopalfeis enalteciendo su compromiso y visiones gubernamentales.

Una oposición seria, informada, argumentada no se desvive y obsesiona por lograr seguidores en las redes sociales «metiéndole» pautas y bloqueando opositores o ponerse #palafoto, «convocando» a grupos afines (que a la primera de cambios o los silencian o desconocen) cuando así les conviene.

Estas «ternuritas opositoras» hoy viven de piratearse, en el discurso, mensajes históricos de personajes como Maquío o que se creen su cuento de asumir una inexistente tradición de «congruencia», que presumen a sus bases y a aquellos que se creen los pies de foto, mensajes de redes, el uso, recreación y las más de las veces abuso de «frases matonas», como dice el Doctor César Lozano.

El riesgo de jugarle a ser opositor de día y aliado de noche es que en esos síndromes de gatitos con complejo de león realmente se la crean dando «la gran lucha ideológica», «histórica» en «redes sociales» o pagando desplegados y en su simulación «mediática» haya quien les compre (y pague) su juego.

Hacen falta contrapesos, pero no de hoy ni de hace un año, o dos o tres, que brillen por su congruencia, no por su apertura (y simulado diálogo) con todo tipo de grupos que realmente trabajan en sus diversos espacios no para ser la nueva oposición, sino por un país que requiere de buenas ideas, buenos argumentos y buenos ciudadanos que no venden intenciones para tomarse «la foto de unidad» mientras están los medios.

Hace falta una oposición que no pague desplegados en los medios para que los reconozcan como tales, sino parafraseando los textos bíblicos, los conozcan y reconozcan por sus obras, no por sus «hashtags”.

#DATOALGRANO
Hablando de oposición, desde este espacio le deseamos éxito al nuevo espacio digital #LaNacionTV, evolución de la revista La Nación, que dirige a comunicadora Maricarmen Rizo. Es momento de abrirnos a nuevas plataformas con ideas y contenido que fortalezcan el debate en los medios de comunicación y los actores públicos.

¿Importa realmente la voluntad popular?

Se supone que vivimos en una época en la cual la democracia es considerada un dogma incuestionable, que en teoría permite ampliar la libertad y la autonomía personales al grupo en su globalidad, al someter a votación las más diversas materias, con lo cual este grupo no estaría haciendo otra cosa, siguiendo la afamada frase de Rousseau, que “obedecerse a sí mismo”.

            Sin embargo, al margen del constante problema de si todo puede ser votado por una mayoría, o si se prefiere, si lo que ella determina está más allá del bien y del mal y se legitima por sí mismo, a veces surge la inquietante pregunta de si la actual clase política de verdad respeta esta voluntad popular, como no se cansa de repetir.

            En efecto, si se analiza someramente lo que ha ocurrido recientemente en el Reino Unido a propósito del Brexit, y hace más o menos un año, en Colombia, con motivo del plan de paz con las Farc, surgen poderosas razones para dudarlo. Ello, pues los hechos han demostrado que quienes ocupan puestos políticos gracias al sistema democrático, parecieran respetan esta forma colectiva de tomar decisiones únicamente cuando coincide con sus propias convicciones.

            Como se recordará, en el caso del Brexit, en su momento se llamó a la ciudadanía a votar, en un ejercicio de democracia directa, respecto de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, ganando sorpresivamente (al menos de acuerdo a lo que los medios de comunicación señalaban), la opción por abandonarla. Sin embargo, recientemente, el Parlamento británico ha dado pasos en sentido contrario, incluso surgiendo la posibilidad de llamar a una nueva votación popular para volver a debatir la cuestión.

            En el caso de Colombia, hace ya un tiempo, pese a la increíble campaña mediática y política a favor del proceso de paz con las Farc, el pueblo nuevamente usando su voto, rechazó este proposición. ¿Qué pasó luego? El congreso, haciendo oídos sordos al clamor popular, dio luz verde al proceso, firmándose posteriormente el acuerdo de paz que había sido además, debatido en La Habana, un ejemplo impecable de respeto por los derechos humanos, por lo demás. Sin perjuicio que el actual presidente ha dado pasos en el sentido de respetar esa decisión popular, el hecho es que en su momento, en el anterior gobierno, sencillamente, se la desconoció.

            En consecuencia, pareciera que en ciertas materias la voluntad popular debe seguir con mucho respeto y sumisión lo que la clase gobernante y el dogma de lo políticamente correcto han determinado ya de manera inapelable. En caso contrario, su decisión será ignorada o esquivada de alguna manera, para que el plan inicial pueda continuar.

            Lo anterior significa que la apelación a la voluntad popular ha sido, en estos casos, sólo una pantalla, un simple elemento legitimador para darle valor a una decisión que ya ha sido tomada en las alturas. Ello, sin considerar la a veces grosera presión de muchos medios de comunicación en pro del resultado querido por la cúpula dominante.

            Por tanto, nos queda esta inquietante duda: ¿hasta qué punto es realmente libre y soberana esta voluntad popular que tanto dicen respetar y defender aquellos mismos que gracias a esa voluntad popular han sido elegidos y nos gobiernan?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Director de Carrera de Derecho

Universidad San Sebastián

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