Un peligroso solipsismo

La labor realizada por la Convención Constitucional recibe más y más críticas de múltiples sectores, varios en un principio muy afines a su existencia. Y la razón fundamental pareciera radicar en lo que podría considerarse un peligroso solipsismo de su parte.

            Como se sabe, el solipsismo apunta a aquella situación en la cual para el sujeto sólo es real lo que él ve o percibe, o como señala la RAE, es una “forma radical de subjetivismo según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo”. Y algo así pareciera estarle ocurriendo a la Convención, si se analizan las propuestas que de ella emanan.

            No vamos a entrar aquí en los múltiples ejemplos de propuestas que a lo menos llaman la atención, cuando no son vistas como una amenaza por buena parte de la población. Queremos llamar la atención sobre lo que estimamos, es parte del origen de este problema.

            A nuestro juicio, este “solipsismo convencional”, manifestado en el deseo de refundar Chile, no sólo obedece a razones ideológicas, sino a un aspecto que ya advertimos apenas fue elegida la Convención: el sistema de votación empleado para darle origen.

            En efecto, mutatis mutandis, se utilizó el mismo sistema que se emplea para las demás elecciones “normales”, lo que a nuestro juicio tiene al menos dos graves inconvenientes.

            El primero es que se dio origen a una notable dispersión de candidatos y votos, lo que hizo que muchos convencionales resultaran electos por un puñado de sufragios a veces ridículo, casi un insulto dada la trascendental importancia de la labor a la que estaban postulando. De esta forma, se ha dado el absurdo que para otros cargos de mucho menor importancia, quienes los detentan obtuvieron muchos más votos que varios convencionales.

Evidentemente, lo anterior resta mucha legitimidad a este proceso. No sólo por no representar realmente al “pueblo”, dada la exigua votación obtenida por muchos convencionales, sino además, porque claramente las bancadas resultantes no reflejan la realidad del país, habiendo por ello sectores sobre y sub representados, a veces groseramente. Mal puede, así las cosas, surgir una Constitución “de todos los chilenos”.

            Y esto se vincula al segundo inconveniente: que al elegirse al órgano que tiene la misión de establecer las “reglas del juego” para el país entero, se supone que por mucho tiempo, debieran haberse generado unas reglas de elección muy diferentes a las usadas (ignoro cuáles: no soy politólogo), precisamente porque no era una elección común.

Por tanto, lo absurdo es que se haya usado el mismo tipo de procedimiento que en la elección de todas las demás autoridades, que simplemente “juegan” de acuerdo con las reglas ya establecidas de antemano –sin poder alterarlas–, no que tienen, como en este caso, la misión de crearlas para el futuro. Es evidente que esta “receta electoral” debiera haber sido otra, para garantizar un muy amplio voto popular y real legitimidad para cada uno de los convencionales elegidos y que además, representaran de verdad nuestra realidad nacional.

            Así, esta falla en su origen ha hecho que al no representar realmente a nuestra sociedad, el sector ideológico dominante sobre representado no tenga contrapeso y que por tanto, no exista un debate equilibrado. Esto contribuye a que este sector se separe cada vez más y más de la realidad, cayendo así en este auténtico “solipsismo convencional”.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El problema del poder (y II)

En nuestra última columna abordábamos el tema del poder y algunas de sus características: ser exclusivo, excluyente y expansivo y por lo mismo, estar centrado sólo en sí mismo, rebajando a todo lo demás a simples medios para consolidarse.

            Ahora quisiéramos tocar brevemente y como una de las consecuencias de lo anterior, el conocido dicho según el cual, “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Tema importante, pues permite comprender al menos en parte lo que ocurre en la cabeza de algunos poderosos, a fin de tenerlo muy en cuenta por nuestro propio bien.

            Veamos. Como seres dotados de libertad, estamos capacitados para emplearla de buena o de mala forma. Y por lo mismo, hay varias herramientas que vienen en nuestro auxilio para ayudarnos a actuar de manera correcta; entre otras, nuestras convicciones religiosas (si las hay), la conciencia (aunque se puede adormecer) y las consecuencias que podemos prever fruto de nuestras acciones (si bien muchas veces de manera errónea).

            De hecho, estos tres elementos han sido muchas veces los que han impedido que tomemos el mal camino. Por tanto, mientras contemos con más de ellos (religión, conciencia y consecuencias), si son más fuertes y se encuentran en armonía mutua, más eficaz debiera ser su labor. Y al contrario, la falta de uno o de todos ellos o su debilitamiento nos deja literalmente a la deriva, haciendo mucho más probable que optemos por el mal camino.

            El problema es que mientras más alto se esté en la escala del poder, más probable es que estos tres elementos se debiliten o incluso desaparezcan, precisamente por el efecto que sobre el sujeto genera saberse poseedor de este poder.

            Ahora, imaginémonos una situación en la cual se está tan alto, que ya no se tengan convicciones religiosas y que fruto de incurrir por el mal camino, la conciencia se haya adormecido tanto, que ya no sólo no remuerda, sino que incluso justifique esas acciones (“actúa como piensas, si no, terminarás pensando como actúas”). Sólo quedaría el auxilio de las consecuencias negativas que podrían sufrirse por un mal comportamiento.

            Sin embargo, si precisamente fruto de ese poder que se detenta, esas consecuencias no afectaran al sujeto, o si pudiera “destruirlas” a su antojo y no padecer sus resultados, ¿qué armas tiene para resistir la tentación de hacer el mal? Ello, porque más de alguna vez esta ha sido la última valla de contención que ha impedido obrar de forma indebida. Pero cuando se está más allá de esta posibilidad, cuando se tiene precisamente el poder de modificarlo todo a su antojo y “saltarse” estas consecuencias, ¿qué le impide hacer lo indebido?

            Y es este el gran problema: que si el sujeto sabe que no tendrá consecuencias negativas fruto de sus acciones o que podrá destruirlas, sólo le quedan, de acuerdo con lo señalado aquí, sus convicciones religiosas y su conciencia para evitar obrar el mal, las que seguramente este mismo poder se habrá encargado de dejar fuera de combate.

            Por tanto, mientras más poder se tenga, mientras más y más grandes y monstruosas cosas se puedan hacer, mayor peligro de perder el control, sobre todo si se llega a poseer un poder ilimitado. Al superarse los parámetros normales, al tener un poder sobrehumano, resulta casi inevitable que el sujeto sucumba ante él.

Imagínense lo que puede llegar a ocurrir si se tiene un poder global…

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

El problema del poder

El tema del poder (entendido de manera muy simple como la capacidad de imponer a otros la propia voluntad, incluso por la fuerza) ha sido un problema para el ser humano desde sus orígenes y tal vez hoy, más importante que nunca.

            El poder puede ser concebido como un instrumento para lograr muchos fines, buenos o malos, siendo absolutamente necesario para los gobernantes, al darles la facultad de dictar normas y de imponerlas, pues sin él, nadie les haría caso y no podrían gobernar.

            Sin embargo, desde hace ya varios siglos y de manera creciente, el poder también ha sido concebido y utilizado como un fin en sí mismo: el poder por el poder. Esto no quiere decir que no se lo pueda emplear para otros objetivos (casi siempre malos, dada esta visión), pero su fin fundamental es obtener, acrecentar y consolidar ese poder. Y tal vez como nadie, los Estados han sido los principales representantes y aplicadores de esta perspectiva.

            Por lo mismo, se ha dicho que el poder así concebido tiene tres características: es exclusivo, excluyente y expansivo. “Exclusivo”, porque no tolera a otro poder igual a sí mismo: por su naturaleza está hecho para la soledad, para ser único. “Excluyente” (que viene a ser la otra cara de la exclusividad), pues hará todo lo posible por dejar fuera de combate a cualquier otro poder que represente un peligro para él y eventualmente, lo sustituya. Y “expansivo”, porque por su propia naturaleza tenderá a crecer, a adquirir más poder. O si se prefiere, no se detendrá por propia iniciativa, sino únicamente si se enfrenta con otro poder que no pueda vencer. Sus límites son, por tanto, fácticos.

            Resulta evidente además que desde esta perspectiva, el poder es completamente autorreferente: todo lo subordina y lo entiende desde y para sí mismo, pues nada que no sea su propio engrandecimiento puede atraer más su atención, salvo que sea un peligro que vencer para sobrevivir.

            Ahora bien, desde hace ya varios siglos se ha tratado por diversos medios de limitar al poder. En nuestro caso de occidentales, regulándolo mediante el Derecho (estableciendo de antemano qué se puede hacer, cuánto o en qué intensidad, quién, cómo y cuándo ejercerlo) y dividiéndolo en diferentes órganos (o lo que es lo mismo, evitando que se concentre en unas solas manos) para debilitarlo y que estas entidades se controlen entre sí.

            Sin embargo y de manera similar al agua, que busca siempre por dónde escurrir, el poder, expansivo de suyo, buscará otros derroteros que le permitan su ansiada hegemonía. Y lamentablemente hoy ha logrado superar en buena medida estas trabas, subiendo un peldaño, si así pudiera decirse; es decir, pasando desde los Derechos nacionales al Derecho Internacional. Ello, pues en este ámbito la ausencia de control es abismante, tanto porque las normas que lo regulan tienen muchas más dificultades que las nacionales para imponerse, como por la casi total falta de control respecto de la actuación de sus principales organismos. Con la agravante de que intenta presentarse como si el Derecho Internacional de verdad lo limitara. Y al igual que todo poder, el internacional busca crecer y lograr la hegemonía, como demuestra la cada vez mayor influencia que tiene sobre nuestros países.

            Y esto no es teoría de la conspiración, sino simple lógica: hoy estamos asistiendo a la creciente consolidación de un poder internacional al cual es cada vez más difícil resistir.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Hacia una democracia tutelada o protegida?

Un problema sobre el cual no se ha reflexionado lo suficiente de cara al actual proceso constituyente, es cómo podría verse afectado el sistema democrático con motivo de la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución, como se pretende.

            La idea en principio parece buena: que los tratados de derechos humanos suscritos por Chile sean incorporados al llamado “bloque de constitucionalidad”, de tal forma de enriquecer y complementar el catálogo de derechos fundamentales establecidos por la propia Carta Magna. De esta manera, podrían mejorarse varios de ellos, al tener que armonizar ambas normativas, nacional e internacional, teniendo el juez local más elementos de juicio al momento de resolver los casos que se le encomienden.

            Sin embargo, lo que pocas veces se señala es que en la práctica lo que termina incorporándose a este bloque no son propiamente los textos de los tratados, sino la interpretación -bastante libre, dicho sea de paso- que de los mismos hacen los organismos internacionales encargados de tutelarlos (cortes, comisiones y comités), que en la práctica han terminado monopolizando dicha interpretación.

            Lo anterior ha hecho que el sentido y alcance de estos tratados haya evolucionado mucho y muy rápido, de la mano de sus órganos guardianes, lo que hace que muchas veces lo que ellos exigen a los Estados suscriptores, se aleje del primitivo sentido del tratado que además de los derechos contemplados, ha dado origen a dichos órganos guardianes. Mas, al tener este monopolio, muchos estiman que en el fondo, el tratado es lo que ellos interpretan.

            En consecuencia, puesto que los Estados habrían aceptado esta situación al suscribir los tratados originales (y por tanto, la labor de estos organismos guardianes), sus defensores consideran que las leyes e incluso la Constitución de estos países debiera seguir a pies juntillas los dictámenes y recomendaciones de estos tribunales y comités, limitando bastante su libertad para autodeterminarse como nación.

            Más aún: varios de sus defensores estiman que estos derechos humanos establecidos internacionalmente, también son un límite para las decisiones democráticas, que nunca podrían oponerse a ellos o contradecirlos. Incluso, llevado a sus extremos, estos derechos humanos en permanente evolución, podrían afectar aspectos fundamentales de los itinerarios y razón de ser de diversos partidos políticos, al estar en contra, se insiste, de estos derechos humanos establecidos y monopolizados desde las alturas internacionales.

            Es por todo lo anterior que podríamos terminar en presencia de una democracia “tutelada o protegida”, en el sentido de estar sometida a los dictámenes de estos organismos internacionales, que se han convertido en la actualidad en los verdaderos censores de los derechos humanos a nivel global.

            El problema se agrava, además, pues tanto en el nombramiento de sus integrantes, el desempeño de sus funciones y en la exigencia de ulteriores responsabilidades, la ciudadanía no tiene ninguna participación. De hecho, prácticamente desconoce su existencia. Y además, la actividad de estos organismos no es controlada por nadie, pues no existe ni de lejos algo así como una división de poderes, como ocurre al interior de los Estados.

            Este es pues, un gran problema, que amerita un abierto y amplio debate.

 

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un momento crucial

Al igual que las personas, los países no tienen su futuro asegurado, como lo demuestran sobradamente la existencia de vidas arruinadas y de estados fallidos. Y si bien ese futuro va construyéndose paso a paso con las decisiones que se toman a cada instante, existen momentos decisivos para la historia, tanto individual como colectiva, o si se prefiere, situaciones de inflexión cruciales, en que hay que actuar con mucho cuidado, al mismo tiempo que con decisión.

            Ahora bien, tal como una persona tendrá mayores posibilidades de éxito si posee un cierto equilibrio global que le permita tomar mejores decisiones (lo cual sería muy difícil, por ejemplo, para un sujeto irascible o demasiado cómodo), mutatis mutandis, algo parecido ocurre también en el caso de los países: que es especialmente importante que en esos momentos cruciales existan ciertos equilibrios en su interior, a fin que las decisiones que se adopten no sean demasiado extremas, pues como decía el viejo Aristóteles, en el justo medio está la virtud.

            Pues bien, actualmente en Chile estamos viviendo un momento de inflexión en nuestra historia, al estar en debate ni más ni menos que una nueva Constitución, que de ser aprobada –lo que por cierto no puede darse por descontado–, tendrá enormes e insospechadas consecuencias para todos nosotros de aquí a las próximas décadas.

            Sin embargo y como se ve a diario, en razón de las mayorías obtenidas en la Convención Constitucional, no existe en su interior ningún equilibrio entre las diferentes y arraigadas cosmovisiones de país que conviven en nuestra realidad cotidiana. Lo anterior ha hecho que esa mayoría actúe sin contrapeso, con lo que más que acuerdos entre visiones distintas, se está produciendo la imposición de una de ellas. Es por eso que resulta imperioso tratar de equilibrar esta situación de alguna manera –o al menos aminorar esta grave descompensación–, a través de otras instituciones del Estado.

            De esta forma, ¿se imagina alguien el impulso y el aumento de potencia que podría tener la ya desbocada actuación de nuestros convencionales, con un Poder Ejecutivo que no sólo le siga la corriente, sino que incluso pueda impulsarla a llegar más lejos? Al menos la composición del Congreso del próximo gobierno será algo más equilibrada que la actual. Sin embargo, desde el punto de vista de los contrapesos, sería nefasto seguir cargando la balanza a favor de la mayoría de la Convención Constitucional.

            Es por eso que pese a estar ya muy cargadas las tintas, para al menos tratar de evitar un aún mayor extremismo, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo haga o al menos intente hacerle de contrapeso. No para estorbar, se insiste, sino para al menos intentar equilibrar las aguas en este momento fundamental de nuestra historia.

            Es algo parecido a lo que ocurre con la tiranía de las mayorías: que cuando no existe nada que al menos morigere su afán o incluso fiebre por imponer su visión de las cosas, el fruto resultante termina siendo peor que la situación que en teoría se quería superar.

Esa es la razón por la cual estamos en un momento crucial de nuestra historia, y la actual elección presidencial es de lejos la más importante, tal vez de los últimos cien años.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Qué tipo de sociedad queremos?

Como resulta obvio, son muchas las reflexiones que pueden hacerse a partir de la última elección, que incluso en algunos aspectos debieran ser objeto de estudio entre otros, por los especialistas en ciencia y filosofía política. Comentaremos al voleo algunas de ellas, referidas sobre todo a los resultados del sufragio presidencial.

            Una primera cosa que llama la atención es la baja votación que obtuvieron varios candidatos que o eran conocidos desde hace tiempo (algunos incluso habiéndose presentado en otras ocasiones) o contaban con el respaldo de los partidos tradicionales más importantes. De entre las muchas lecturas que lo anterior suscita, una muy verosímil es el cansancio o desilusión que parecieran generar los políticos y los partidos tradicionales en un segmento cada vez mayor de la población. Da la impresión que muchos se han aburrido de votar por el “mal menor”, que en no pocas ocasiones ha terminado siendo una opción tanto o más mala que la que se quería evitar y en el fondo, contra la cual se sufragó al elegir a la supuestamente contraria.

            De hecho, pareciera crecer en gran parte del electorado la sensación que en buena medida, estos sectores tradicionales son más aliados entre sí que verdaderos competidores, como se presentan oficialmente. Y que ellos operan en una especie de mundo paralelo, siendo cada vez más impermeables a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la población.

            Otro aspecto llamativo es la votación que obtuvieron candidatos o partidos nuevos, no alineados con las posturas tradicionales. Incluso uno de los candidatos ni siquiera está en Chile, quedando tercero en las preferencias. Este hecho sin duda debe ser estudiado científicamente en el futuro inmediato. Otro signo más que indica el cansancio aludido, lo que hace buscar nuevas alternativas para que el clamor de muchos votantes sea realmente escuchado.

            Un tercer elemento interesante es que en atención a las candidaturas presentadas, fueran las posturas más extremas de este abanico las más votadas. Otro factor que parece indicar que las posturas de centro no atraen demasiado, precisamente por ser cada vez más impermeables a las necesidades de vastos sectores de la población.

            En cuarto lugar, lo anterior significa que esta segunda vuelta tiene bastante más importancia que las situaciones análogas que se han dado en elecciones anteriores. Ello, pues el concepto de sociedad que representa uno y otro candidato no pueden ser más antagónicos, que simplificando mucho las cosas, podría resumirse en el binomio estatismo-libertad. De ahí la trascendencia del presente caso, que permitirá saber qué tipo de sociedad queremos.

            Finalmente, es de esperar que el actual proceso constituyente no busque interferir a posteriori cambiando las reglas del juego de esta elección, dependiendo de quién sea el ganador del 19 de diciembre. No sólo sería una actuación ilegítima, sino que además estaría desconociendo la voluntad popular, que ha sido, no hay que olvidarlo, la que ha dado vida a la Convención Constitucional.

            Como se ve, se trata de una elección crucial, razón por la cual todos debemos votar. Ante una situación tan trascendente, no tendrá después derecho a alegar por lo que ocurra quien no cumpla con este grave deber cívico.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿A nuestras espaldas?

Recién el 14 de octubre pasado, fue promulgada (y publicada al día siguiente) la Ley 21.383, titulada:Modifica la Carta Fundamental, para establecer el desarrollo científico y Tecnológico al servicio de las personas”.

El proyecto tuvo su inicio a instancias de los parlamentarios Girardi, Goic, Chahuán, Coloma y De Urresti; y como su nombre indica, versa sobre el desarrollo científico y tecnológico, la actividad cerebral y el respeto a nuestra integridad física y psíquica.

            De esta manera, se modificó el importantísimo art. 19 (que establece los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución), específicamente su Nº1, que tutela el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Es decir, el numeral clave del entramado de nuestros derechos, al depender todos ellos del hecho de permanecer vivos.

            Sin embargo, pese a lo anterior, se trató de una tramitación muy poco conocida por la opinión pública, al punto que su promulgación ha tomado por sorpresa a casi todo el mundo.

            Pues bien, el aludido proyecto añadió un último párrafo al art. 19 Nº1 que reza:El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

            Es decir, esta modificación alude a los llamados “neuroderechos”, que pretenden que los avances de la tecnología, como la genética, la bioingeniería y sobre todo la inteligencia artificial, no vulneren nuestros derechos humanos. Y defienden entre otros, ni más ni menos que derechos como la privacidad mental, la identidad personal o el libre albedrío.

            Ahora bien, si se legisla acerca de algo, es porque ese “algo” existe y puede causar problemas. De ahí que resulte imposible no vincular esta modificación constitucional con algunas de las frases que en su momento pronunciara el Presidente de la República, al anunciar el inicio de la licitación pública de la red 5G para Chile, y que se hicieron virales. Ello, pues señalaba textualmente (se transcribe del video de YouTube) que esta tecnología permitiría  “impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del internet de las cosas”; que igualmente dicha tecnología abría “la posibilidad que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos”; y finalmente, sentenciaba que “va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro”.

            Ahora bien, una materia tan sensible y trascendente al menos podría haber sido publicitada un poco más, y no hacerse esta reforma casi a nuestras espaldas, máxime al estar íntimamente vinculada a aspectos tan fundamentales como la vida, la integridad psíquica y la libertad. Lo menos que puede pedirse es que nos hubieran tomado algo más en cuenta.

Sin embargo, parece que tanto encierro forzoso ha ido acostumbrando a la autoridad a tomar una serie de importantes y trascendentes decisiones para la ciudadanía a la que en teoría sirve, de manera completamente autónoma y presentarle los hechos consumados. Lo cual hace preguntarse cada vez más a menudo, quién está realmente al servicio de quién.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿El punto débil de nuestro sistema electoral?

La verdad es que en los varios años que llevo escribiendo en este diario, no creo recordar otra columna en que comparta una experiencia personal como en este caso, lo que también me lleva a escribir en primera persona, cosa que no suelo hacer.

            La razón de lo anterior radica en la crucial importancia que tienen las próximas elecciones, situación que justifica de sobra a mi juicio lo que se va a decir a continuación.

            Empecemos. En la penúltima elección me tocó ser apoderado de local en la ciudad de Concepción. Para ello, junto a muchos otros voluntarios, recibí por Zoom la formación básica para poder desempeñar esa labor, experiencia que resultó muy interesante.

            Ahora bien, dentro del curso que se nos impartió (de varias sesiones), se nos señaló expresa y reiteradamente que los apoderados de local tenían no solo el derecho, sino también el grave deber de estar presentes en la sala de digitación del local, en la cual como su nombre indica, se digitan los datos obtenidos de las actas de cada mesa luego del escrutinio, a fin de transferir la información final a la base central del Servel.

            La importancia de esta etapa final del conteo de los votos resulta evidente, lo que explica la insistencia en fiscalizar este momento crucial, del cual depende, ni más ni menos, que el cómputo final que dirime los ganadores del proceso eleccionario.

            Sin embargo, profunda fue mi sorpresa y desagrado, cuando llegado el momento de ingresar a la sala aludida, se me informó con absoluta indolencia que ello no era posible. Extrañado, señalé que de acuerdo con la formación que había recibido, tenía derecho a presenciar el proceso de digitación. Finalmente, y luego de llamar, según se me dijo, a la autoridad regional, se me denegó el acceso. Con lo cual este proceso fue realizado, al menos en ese local, a puerta cerrada y sin la fiscalización de nadie ajeno al sistema.

            Se comprende sin ninguna dificultad lo irregular de la situación. Es precisamente por eso que el proceso electoral contempla una serie de resguardos, para que la información se maneje a la luz, evitando los secretismos y, en consecuencia, posibles fraudes. Ello, pues la tentación de alterar los resultados para el candidato propio están a la orden del día.

            Sin embargo, todos estos remedios para evitar el fraude se van al tacho de la basura si en el momento decisivo no hay fiscalización. Esta situación es inaceptable, y proyecta una oscura sombra de duda sobre todo el proceso. Espero que nadie se ofenda, pero habría que ser demasiado iluso para asegurar que en esta instancia informática resulta imposible falsear los datos.

            Por eso lo anterior hace más necesario aún contar con apoderados de todos los candidatos en todas las mesas, a fin de que cada grupo pueda acceder a la información y enviarla a su vez a sus bases centrales, lo que hoy es muy fácil gracias a las redes sociales.

            He querido así compartir esta desagradable experiencia ad portas de la próxima votación, a fin de que el mayor número posible de personas sea consciente de este delicado e inaceptable punto débil que, al menos desde mi experiencia, presenta nuestro sistema electoral. Situaciones como esta no pueden volver a ocurrir, pues hacen que todo el sistema democrático –digámoslo de manera suave– pueda no servir para nada.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

¿Un proceso soberano y democrático?

Como hemos dicho otras veces, resulta fundamental que un evento político tan trascendente para nuestro país como lo es el actual proceso constituyente sea objeto del máximo escrutinio y debate, propio de cualquier sociedad democrática que se precie y que no sea solo una apariencia de tal.

            Aclarado lo anterior, el tema que queremos comentar en esta oportunidad, que pese a su enorme trascendencia no ha recibido ni de lejos la atención ni el debate que merece, es la inquietante y cada vez mayor injerencia de diversos organismos e instancias internacionales de todo tipo en el que se supone, es “nuestro” proceso para generar una nueva Constitución.

            En efecto, tanto las mayores autoridades de la Convención como diversas comisiones, se muestran cada vez más abiertas y dispuestas a generar todo tipo de lazos con entidades foráneas, a fin de que ellas “asesoren” y eventualmente “guíen” nuestro camino constituyente. Y eso que siempre se dijo que en esta oportunidad –ahora sí–, se trataría de un proceso genuinamente representativo de los chilenos, popular y soberano, no dependiente de cúpulas y sectores alejados de la base ciudadana, a fin de plasmar en la nueva Carta Fundamental nuestras verdaderas intenciones y aspiraciones.

            Sin embargo, el 23 de agosto se firmó un Convenio de Colaboración con el Sistema de Naciones Unidas (que abarca a casi todos sus organismos) para la redacción de la nueva Constitución. Igualmente, “la OCDE asesorará a Chile en la redacción de la nueva constitución y acompañará el proceso”, según se leía en un titular hace pocos días.

Por otro lado, han existido varias reuniones con embajadores de la Unión Europea y con diversos organismos y ONGs internacionales, que poco o nada tienen que ver con el sentir popular, nuestras necesidades y aspiraciones. Finalmente, y como si fuera poco, el PNUD envío recientemente una serie de “recomendaciones” para el establecimiento de normas y conductas de la Convención.

            Ahora bien, pareciera que todo esto estaría vinculado con compromisos anteriores ya asumidos antes de nuestro proceso constituyente, como el de 2019, consistente en un Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible con la ONU para avanzar en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

            De este modo, se está produciendo una peligrosa, desconocida, creciente, no controlada ni tampoco solicitada injerencia de organismos internacionales de todo tipo –cuyo actuar no es fiscalizado por nadie– sobre nuestro proceso constituyente, supuestamente soberano. Con lo cual, surge cada vez más la impresión que la Convención –o al menos la mayoría de ella– es una caja de resonancia de lo que señalan estas instancias internacionales y no de lo que desea nuestro país. Situación que al menos debiera ser fuerte e insistentemente denunciada por quienes, dentro de este organismo, no estén de acuerdo con ella.

            ¿Es esto lo que realmente se prometió? ¿Es este el proceso popular, soberano y democrático que nos ofrecieron? ¿Es esto verdaderamente por lo que se votó? De hecho, y ante la cada vez mayor osadía de nuestros convencionales y de esta injerencia internacional, ¿dejarán expresarse a este pueblo, al que en teoría sirven, en un plebiscito de salida? Es más: ¿habrá plebiscito de salida?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

Un proceso cada vez más cuestionable

Toda auténtica sociedad democrática exige –y de hecho es un deber grave– que la actividad de las autoridades y servicios públicos esté siempre bajo la lupa de la ciudadanía, por la sencilla razón que existen menos posibilidades de abuso mientras más ojos observen la actuación de sus integrantes, la sometan a crítica –si corresponde desde su perspectiva–, e incluso acusen irregularidades en caso de haberlas. Pretender lo contrario no sólo resulta sospechoso (quien nada oculta, nada teme), sino propio de sociedades que se acercan peligrosamente al totalitarismo.

            Es por lo anterior que una actividad tan importante para nuestro país como la que realiza la Convención Constitucional debe ser sometida al máximo escrutinio posible, por el bien general del país, y por lo mismo, su proceder a una fiscalización rigurosa y constante.

            Sin embargo, cada vez crece más la impresión en virtud de la cual, buena parte de sus integrantes se creen más allá del bien y del mal, casi como si estuvieran premunidos de un mandato divino e irrevocable, que les hubiera dado carta blanca para hacer lo que les plazca y que además, tampoco se les pedirá cuenta por su labor. En otras palabras, actúan casi como si fueran los dueños de Chile, cual monarcas absolutos, cuyo actuar estaría sobre las leyes y la misma Constitución (que hay que recordarlo: aún nos rige), pretendiendo así refundar nuestro país desde cero.

            En realidad, la conducta que hasta la fecha han tenido la mayoría de sus miembros no sólo deja mucho que desear, sino que lo único que produce es la creciente deslegitimación del proceso. Debe recordarse, aunque incomode a algunos, que existen varios vicios que de entrada ya quitan bastante legitimidad al mismo, aspectos que debieran ser tenidos muy en cuenta para no acrecentar este déficit. El primero es que en el fondo, todo este devenir ha sido fruto de la violencia, con motivo del “estallido social” de octubre de 2019; el segundo, es que el proceso de elección de los constitucionales deja bastante que desear, al existir votaciones muy bajas de muchos –demasiados– de sus integrantes, al margen de haber sufragado en dicha elección menos del 40% de la ciudadanía.

            Si a lo anterior se añade el aumento desproporcionado de las asignaciones (lo cual resulta impresentable, pues todos sabían de antemano las reglas del juego al momento de presentarse para la elección); que se pretenda no exigir ningún requisito a los futuros asesores; el menosprecio de nuestra bandera y de nuestro himno nacional; el que se pretenda que Chile deje de ser una República; la exclusión de quienes piensan distinto a la mayoría de diversas comisiones, etc., la gran pregunta que procede formular ante estas y otras conductas claramente criticables, es ¿quién les dio la prerrogativa para obrar de este modo? ¿Es que acaso nos hemos convertido en esclavos de sus caprichos?

            El hecho de haber existido una votación popular (y al margen de las críticas mencionadas más arriba), no da un poder absoluto a los sujetos elegidos por ella ni legitima de antemano todo lo que hagan. En caso contrario, no serían responsables por su actuación. La soberanía sigue radicando en el pueblo, en nuestra nación, que tiene el pleno derecho de recuperarla si se traiciona la delegación que de ella pueda haber hecho en su momento. Quien no entienda esto, no es un verdadero demócrata.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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