¿Un proceso soberano y democrático?

Como hemos dicho otras veces, resulta fundamental que un evento político tan trascendente para nuestro país como lo es el actual proceso constituyente sea objeto del máximo escrutinio y debate, propio de cualquier sociedad democrática que se precie y que no sea solo una apariencia de tal.

            Aclarado lo anterior, el tema que queremos comentar en esta oportunidad, que pese a su enorme trascendencia no ha recibido ni de lejos la atención ni el debate que merece, es la inquietante y cada vez mayor injerencia de diversos organismos e instancias internacionales de todo tipo en el que se supone, es “nuestro” proceso para generar una nueva Constitución.

            En efecto, tanto las mayores autoridades de la Convención como diversas comisiones, se muestran cada vez más abiertas y dispuestas a generar todo tipo de lazos con entidades foráneas, a fin de que ellas “asesoren” y eventualmente “guíen” nuestro camino constituyente. Y eso que siempre se dijo que en esta oportunidad –ahora sí–, se trataría de un proceso genuinamente representativo de los chilenos, popular y soberano, no dependiente de cúpulas y sectores alejados de la base ciudadana, a fin de plasmar en la nueva Carta Fundamental nuestras verdaderas intenciones y aspiraciones.

            Sin embargo, el 23 de agosto se firmó un Convenio de Colaboración con el Sistema de Naciones Unidas (que abarca a casi todos sus organismos) para la redacción de la nueva Constitución. Igualmente, “la OCDE asesorará a Chile en la redacción de la nueva constitución y acompañará el proceso”, según se leía en un titular hace pocos días.

Por otro lado, han existido varias reuniones con embajadores de la Unión Europea y con diversos organismos y ONGs internacionales, que poco o nada tienen que ver con el sentir popular, nuestras necesidades y aspiraciones. Finalmente, y como si fuera poco, el PNUD envío recientemente una serie de “recomendaciones” para el establecimiento de normas y conductas de la Convención.

            Ahora bien, pareciera que todo esto estaría vinculado con compromisos anteriores ya asumidos antes de nuestro proceso constituyente, como el de 2019, consistente en un Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible con la ONU para avanzar en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

            De este modo, se está produciendo una peligrosa, desconocida, creciente, no controlada ni tampoco solicitada injerencia de organismos internacionales de todo tipo –cuyo actuar no es fiscalizado por nadie– sobre nuestro proceso constituyente, supuestamente soberano. Con lo cual, surge cada vez más la impresión que la Convención –o al menos la mayoría de ella– es una caja de resonancia de lo que señalan estas instancias internacionales y no de lo que desea nuestro país. Situación que al menos debiera ser fuerte e insistentemente denunciada por quienes, dentro de este organismo, no estén de acuerdo con ella.

            ¿Es esto lo que realmente se prometió? ¿Es este el proceso popular, soberano y democrático que nos ofrecieron? ¿Es esto verdaderamente por lo que se votó? De hecho, y ante la cada vez mayor osadía de nuestros convencionales y de esta injerencia internacional, ¿dejarán expresarse a este pueblo, al que en teoría sirven, en un plebiscito de salida? Es más: ¿habrá plebiscito de salida?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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