Desde hace ya varios meses, diversos gobiernos han estado insistiendo de manera cada vez más obsesiva en la existencia de diversas “fake news” o noticias falsas, y anunciado variadas medidas para mitigar este fenómeno, que, en buen romance, significan la dictación de diversas leyes que busquen un mayor control sobre los medios de comunicación. Ello, con el fin –se dice– de combatir la desinformación y proteger la democracia.

            Nuestro gobierno no se ha quedado atrás, y recientemente ha impulsado diversas medidas en este mismo sentido, lo cual no ha dejado de ser criticado. En efecto, si el Estado quiere arrogarse el tremendo poder de determinar qué noticias son verdaderas y cuáles falsas, o si se prefiere, cuándo se está en presencia de desinformación y cuándo no, la deriva totalitaria se hace inevitable.

            En realidad, este peligroso fenómeno se ha expandido desde hace tiempo también a las redes sociales, que establecen cada vez más restricciones para sus usuarios, al punto que varios de ellos tienen prácticamente que hablar en clave o de manera figurada para evadir los algoritmos de control. Y eso que la idea original de estas redes era precisamente permitir la más amplia libertad de expresión.

            Ahora bien, aun cuando la libertad de expresión se encuentra protegida también por tratados internacionales (siendo un buen ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 13, que prohíbe la censura previa), debe advertirse que en algunos fallos de los últimos años (como por ejemplo, en los casos Kimel vs. Argentina, de 2008 y Mémoli vs. Argentina, de 2013), la Corte Interamericana ha tendido a debilitar este derecho, por ejemplo, al tolerar más que antes, la existencia de sanciones penales por abusos que pudieran producirse a este respecto.

            Igualmente, la libertad de expresión se ha visto debilitada dentro del Sistema Interamericano gracias a la suscripción por varios países que la integran, de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que so pretexto de impedir estas dos últimas situaciones, entrega al Estado, aunque no lo diga con estas palabras, la posibilidad de censurar contenidos si considera que vulneran a personas o grupos determinados por dichas causales.

            Todo esto significa que al menos en el Sistema Interamericano, la libertad de expresión (y, por tanto, también de prensa) se ha ido debilitando en los últimos años. De ahí que la actual arremetida contra las “fake news” podría ser simplemente un nuevo capítulo en esta campaña que parece detestarla.

            El tema es más que importante, pues la libertad de expresión y de prensa son uno de los principales pilares del sistema democrático y una forma de lograr el adecuado debate de ideas, que es precisamente lo que este régimen político busca conseguir.

            Sin embargo, desde el punto de vista del poder, esta libertad es una enemiga a veces temible, lo que hace que de manera permanente se encuentre “en la mira”, por decirlo de algún modo. De ahí que siempre haya sido una vieja tentación del poder dominarla por completo, como ocurre, precisamente, en los sistemas totalitarios.

            Todo lo dicho hace, pues, que nos encontremos en un momento muy importante para nuestro futuro político.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián