Se supone que los gobernantes elegidos democráticamente deben velar por las necesidades del pueblo soberano, al saberse los responsables de la conducción de un país, tanto de aquellos que les dieron su voto como de los que no, pues en caso contrario (esto es, si no les importaran en absoluto quienes no los apoyaron en las urnas), ello equivaldría casi a una autorización para destruir a sus enemigos. De ahí también la importancia de la temporalidad de su mandato y la posibilidad de alternarse en el poder.

            De este modo, la principal misión de los gobernantes debiera ser alcanzar el bien común, que puede ser definido como una situación que permite un mínimo clima de armonía, para que los diferentes sectores de una sociedad puedan mejorar en lo posible su situación material e inmaterial en general.

            Sin embargo, ¿qué pasa cuando el gobierno de turno sencillamente no hace nada o hace el que no se entera de situaciones graves que afectan a esta población? Es esta la pregunta que habría que hacerse respecto de muchos problemas que hoy aquejan a nuestro país, en que la autoridad pareciera no estar interesada en atenderlos en lo más mínimo, o sólo preocuparse por algunos de sus efectos, pero no por sus causas, dejándolos fluir.

            Así, por ejemplo, respecto de los catastróficos incendios forestales que asolaron al país hace algunas semanas, el gobierno reaccionó para mitigarlos, aunque tarde, pero no se vio una acción firme para impedirlos o para perseguir a sus responsables, echándole la culpa a situaciones absurdas. O también en lo que atañe a la inmigración ilegal, cada vez más descontrolada y abundante, en que los esfuerzos parecen apuntar más a intentar regularizar esta situación por cualquier medio, pero no ponerle freno (con lo cual esta empeora, al generarse un “efecto llamada”). O finalmente, el problema de la violencia, cada vez más generalizada y extrema, ante lo cual la autoridad observa, si es que lo hace, impasible.

            En suma (y los ejemplos podrían seguir), si no se percibe un real esfuerzo e interés por al menos intentar solucionar de verdad estos problemas y por el contrario, se gastan ingentes recursos en programas absurdos y que a nadie importan (como el del Ministerio de la mujer: “7 pasos para dibujar una clítoris”), o que pueden despertar cierto interés, pero no ahora, en atención a otras necesidades mucho más urgentes (como el nuevo, forzado e inconsulto proceso constituyente, que sólo importa a la clase política), parece legítimo preguntarse por el real papel que están cumpliendo estos gobernantes.

            Es por eso que puede acusarse una notable y creciente orfandad de la ciudadanía en estos momentos, que cada vez más angustiada ante estas y otras situaciones graves interpela a la autoridad para que tome cartas en el asunto, pero lejos de obrar como corresponde, esta autoridad hace oídos sordos a su clamor e incluso a momentos da la impresión que estuviera a favor de esos mismos problemas.

            Por tanto, surgen al menos tres preguntas: ¿Le importan realmente los problemas de la ciudadanía al actual gobierno? Porque claramente todo parece indicar que no. La segunda deriva de la anterior: ¿entonces qué intereses está realmente promoviendo? Todo lo cual fuerza a mirar hacia el ámbito internacional y a su difundida e inconsulta Agenda 2030. Y aquí viene la tercera pregunta: ¿A quién sirven realmente nuestros gobernantes?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián