Parece absurdo que el gobierno chileno pretenda continuar, casi como si no hubiera pasado nada,  con  lo  que  considera  su tarea  “refundacional”  del  país  (o  que  siga  “pasando  la retroexcavadora”), si al mismo tiempo está sumido, al igual que toda la clase política, en este verdadero pantano de ilegitimidad y descrédito que cada día se agranda y profundiza más, sacado a la luz por él mismo, con el propósito de dejar fuera de combate a un partido de  oposición, acusándolo  de  prácticas  que  muchos  de   sus  propios  adeptos  también realizaban. Así abrió sin querer una Caja de Pandora, saliéndole el tiro por la culata, al punto que ahora están casi más asustados ellos por lo que pueda venir que sus adversarios. Además, existen indicios que varios de estos posibles implicados están trabajando, sea abierta o solapadamente, más en evitar eventuales coletazos de este verdadero huracán político, que en tareas propiamente legislativas. Por tanto, además de la falta de legitimidad del  gobierno para erigirse  en adalid de  este  proceso refundacional,  tampoco le  estarían dedicando el tiempo que dicha labor requeriría.

Toda esta lamentable situación contrasta con el ímpetu que a ratos se muestra por impulsar el programa de gobierno, incluso pretendiendo acelerarlo en ciertos casos, como con la reforma laboral, a la cual además, se han introducido importantes modificaciones de última hora. Es como si de repente surgiera el apuro por aprobar estos cambios, antes que la cosa empeore aún más, ya que no pasa un día en el cual no aparezcan nuevos antecedentes, algunos francamente increíbles, que no hacen sino aumentar la complejidad y gravedad de esta situación, de lejos, la peor que ha tenido nuestra clase política desde el retorno a la democracia.

En  consecuencia,  en  un  ambiente  tan  enrarecido,  de  tanto  recelo,  en  que  las suspicacias y las desconfianzas no hacen sino crecer y crecer, parece impresentable que en el plano de las reformas legislativas, se actúe casi como si no hubiera pasado nada, se apure el tranco y no se cambie ni una coma el programa de gobierno.

Una actitud semejante no le hace bien al país, pues la legitimidad de las autoridades no se fundamenta solo en la manera en que han llegado al poder, sino sobre todo, en el modo  de  ejercerlo;  o  si  se  prefiere,  dicha  legitimidad no se  adquiere  de  una vez  para siempre  (ni  es,  por  tanto,  un  cheque  en  blanco),  sino  que  debe  mantenerse. Ello,  sin perjuicio  que  de  haberse  sabido  estas  prácticas,  seguramente  las  últimas  elecciones hubieran  tenido un  resultado  muy  distinto.  Por  eso,  seguir  en  esta  verdadera  burbuja legislativa no hará más que empeorar nuestra ya difícil situación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián