Se está haciendo costumbre que diversas autoridades elegidas democráticamente en sus respectivos países deleguen parte de sus poderes a entidades internacionales no elegidas, que de este modo quedan facultadas para tomar cada vez más decisiones que los afectan, sin que los ciudadanos puedan hacer nada para defenderse de potenciales abusos.

            De este modo, gracias a esta delegación se produce al mismo tiempo una grave merma de las facultades de los funcionarios estatales delegantes, así como una total falta de control de la actividad de estas nuevas autoridades internacionales por parte de los ciudadanos.

            Es esto precisamente lo que se busca lograr con un futuro tratado aún en discusión que favorece a la OMS, de prevención, preparación y respuesta ante pandemias, que, de acuerdo con sus promotores, debiera ver la luz en 2024.

            Este acuerdo pretende lograr una mejor reacción y respuesta ante eventuales futuras pandemias, para lo cual daría a la OMS una serie de facultades que se impondrían a los Estados participantes en virtud de este tratado, como declarar la existencia de una pandemia y las medidas para combatirla (diagnósticos, vacunaciones, encierros, etc.).

            Se ha debatido mucho si este acuerdo conlleva o no una cesión de soberanía de los Estados a este organismo internacional. Con todo, resulta evidente que, si se está trabajando en un borrador de tratado, es para que la OMS tenga aún más influencia en los países que la integran en caso de surgir una emergencia sanitaria global. Por tanto, resulta evidente que los países quedarán más sujetos a sus decisiones que antaño.

            Ahora bien, sea cual fuere la situación final, al menos cabe hacer dos comentarios.

            El primero, es que los representantes de cada país debieran al menos consultar de alguna manera a sus ciudadanos si es que están de acuerdo con que comprometan a sus Estados ante la comunidad internacional, representada por alguno de sus órganos. Lo que no parece lógico es que actúen motu proprio, pues esta delegación de facultades, cualesquiera que sean, requiere de una autorización expresa del pueblo afectado. En caso contrario, es como si el mandatario actuara sin tener facultades, con lo cual los supuestos compromisos que adquiere no tendrían ningún valor. Por eso, ¿quién los autorizó para actuar así?

            El segundo comentario, en íntima relación con el anterior y que viene a reforzarlo, es que, con esta delegación impropia, la ciudadanía pierde cualquier oportunidad de controlar o al menos “castigar” una mala actuación del organismo beneficiado, en este caso la OMS. Ello, pues en caso de una mala gestión, no le es posible acusarlo ante nadie ni tampoco sancionarlo, por ejemplo, no reeligiendo a sus miembros para un futuro período.

            De este modo, lo que termina ocurriendo es que se genera una especie de dictadura internacional, en que surgen órganos que no son controlados por nadie y sobre los cuales la ciudadanía no tiene poder alguno, todo lo cual hace que dicho órgano pueda actuar en la más absoluta impunidad e interferir de manera notable en la vida de las personas.

            Si a lo anterior se agrega que la OMS no es una entidad neutra, al depender para su existencia del financiamiento de diferentes países o incluso entidades privadas, cualquier entrega de poder a su respecto se torna aún más peligrosa e inexcusable.

            Así las cosas, ¿de qué sirve tener regímenes democráticos en cada país?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián