Los recientes y persistentes incendios forestales que están arrasando a nuestro país y que han destruido miles y miles de hectáreas, casas y hasta vidas humanas, son una señal de alerta crucial respecto de la situación que estamos viviendo como nación. No reconocerlo y mirar para el lado, o –lo que es lo mismo– echarle la culpa de lo ocurrido al cambio climático o a los conejos, es no querer o no poder ver lo que realmente nos está ocurriendo.

            Seamos claros: nuestra situación como país cambió drásticamente desde el 18 de octubre de 2019, y el relativo paréntesis que significó la pandemia no ha disminuido en absoluto el hecho que hoy por hoy, existen sectores, sobre todo de la extrema izquierda, que quieren lograr –para tomar un concepto conocido a nivel internacional– un “gran reseteo” de Chile. Es decir, una completa redefinición de nuestra institucionalidad.

            De hecho, el reciente y fracasado proceso constituyente es tal vez la mejor prueba de ello, situación que vuelve a repetirse, por desgracia, con la nueva aventura constitucional en la que nos ha embarcado casi toda nuestra clase política.

            Sin embargo, la situación se agrava sobremanera, porque junto a los cauces institucionales o pseudoinstitucionales, se sigue utilizando la violencia y otros mecanismos fácticos de desestabilización social y económica (como la inmigración ilegal descontrolada, por ejemplo), todo lo cual no hace sino generar la peor de las situaciones posibles, con la agravante que el gobierno se inhibe por regla general de tomar cartas en el asunto, a fin al menos de morigerar sus efectos, excusándose en el respeto de los “derechos humanos”.

            De esta manera, estos derechos, impulsados sobre todo desde instancias internacionales que nadie controla, se están convirtiendo no en un “escudo” para defender a la ciudadanía entre otras cosas de los abusos del Estado, sino que paradójicamente, en una protección para los enemigos de la institucionalidad. Con lo cual se da el absurdo que estos nuevos y discutibles “derechos humanos” se usan para desestabilizar sociedades, todo lo cual socava la base necesaria para la defensa de los verdaderos derechos humanos de la inmensa mayoría de la población.

            Se insiste que lo anterior resulta al menos absurdo, pues, así las cosas, los actuales “derechos humanos” permiten delinquir y atentar contra la institucionalidad impunemente, usando en parte esa misma institucionalidad, protectora de estos nuevos “derechos”, para no recibir el justo castigo que lo anterior conlleva. De esta manera, la propia institucionalidad se usa para su autodestrucción.

            Todo lo dicho obliga a mirar con mucha atención el real papel e intenciones de la autoridad. ¿Está el gobierno y buena parte de la “oposición” realmente interesados en restablecer el orden, la paz y la seguridad que legitiman su actividad y existencia? ¿Quién es quién en este juego?

            Por eso volvemos a preguntar, como ya hemos hecho tantas veces, quién está al servicio de quién: si la clase política de la ciudadanía o lo contrario, como parecen mostrar más y más hechos, sobre todo en los últimos años, tanto en Chile como en otras partes del mundo. No percatarse de la profunda crisis que hoy afecta a nuestro sistema político e institucional, es al menos una enorme cuando no inexcusable irresponsabilidad.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián