El deber de predecir

Actualmente se está produciendo dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un inquietante fenómeno, que hace que muchas veces los países no tengan claro respecto de qué “derechos humanos” podrían ser juzgados. Lo anterior, por tres motivos.

El primero es que de acuerdo con lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la doctrina mayoritaria, los tratados tienen un “sentido autónomo”, esto es, que el sentido y alcance de los derechos que establecen no dependen ni de su tenor literal, ni de las intenciones de sus redactores, ni tampoco de lo que los propios Estados hayan entendido al momento de suscribirlos, sino que del órgano creado por ese mismo tratado para tutelarlo, lo que en el presente caso, recae en este tribunal internacional.

El segundo motivo, es que estos mismos tratados son considerados “instrumentos vivos”, de modo que su interpretación debe adaptarse a las actuales circunstancias, lo que hace que dicha interpretación sea evolutiva, dinámica, finalista, sistemática y holística, entre otras características, con lo cual nuevamente su sentido originario puede cambiar y de hecho ha cambiado notablemente con el correr del tiempo.

Finalmente, el tercer motivo radica en que de acuerdo con el llamado principio “pro homine”, es necesario buscar la norma que más proteja o que menos restrinja los derechos humanos involucrados en un conflicto. De este modo, la Corte ha considerado que para fundamentar sus fallos, ella puede acudir a las disposiciones que desde su perspectiva, mejor protejan los derechos en juego. Es por eso que ha acudido a tratados universales de derechos humanos, a otros de alcance regional (sobre todo europeos), a lo fallado por otros tribunales internacionales (en particular el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), a lo dictaminado por diversos tribunales constitucionales del mundo, a leyes internas de algún país e incluso al llamado “soft law” internacional, esto es, un conjunto de documentos no vinculantes de Derecho Internacional (Declaraciones, Principios, Recomendaciones, etc.). En suma, puede fundamentar sus sentencias de cualquier modo, quedando a su arbitrio la elección del material utilizado y también la interpretación del mismo.

Todo lo anterior hace que exista una notable –cuando no absoluta– incerteza respecto de cómo entenderá este tribunal los derechos humanos en juego en un litigio que tenga que resolver. Con lo cual no sólo los países podrían ser condenados en virtud de disposiciones o normas que ellos no han suscrito o incluso de otros países, sino además, mediante la utilización de interpretaciones absolutamente imprevisibles.

Pero además, todo lo anterior conlleva que este tribunal estaría juzgando hechos del pasado con criterios generados muchos años después y por tanto, con un inaceptable efecto retroactivo. Es decir, los estados serían condenados en virtud de criterios imprevisibles, con lo cual se hace imposible saber hoy cuándo se estaría violando un “derecho humano”.

Todo esto ha hecho que algunos hayan dicho irónicamente, que los Estados tendrían el “deber de predecir” las interpretaciones y dictámenes de este tribunal, lo cual además de injusto, es absolutamente opuesto al verdadero espíritu de los reales derechos humanos.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Como dos imanes que se repelen

Según hemos dicho muchas veces, las ideas –buenas o malas, acertadas o desastrosas– son lo más poderoso que existe en el ser humano, ya que si ellas logran convencer a muchos, son capaces de transformar el mundo para adaptarlo a esas ideas. Es cosa de ver nuestra organización política o económica para darse cuenta de ello.

De ahí entonces que sea de vital importancia saber cuáles son las ideas que hoy están circulando y se encuentran asentadas en grupos importantes de la población, lo cual no impide que ellas sigan luchando por expandirse y ganar más adeptos para su causa. Se equivocan rotundamente, pues, quienes consideran que ellas son un tema demasiado etéreo, teórico, inútil o baladí. Por eso se ha dicho que no hay nada más práctico que una buena teoría.

Ahora bien, dentro del cúmulo de ideas que hoy luchan por la hegemonía, el autodenominado “progresismo” se encuentra en una auténtica lucha sin cuartel por cambiarlo todo, el menos en Occidente, pretendiendo así dejar su impronta profunda en nuestras sociedades en un cúmulo de materias.

Así, sólo por mencionar las más llamativas, se pretende afectar a la vida (control de la natalidad, aborto, eutanasia, procreación artificial, manipulación genética, hibridación, transhumanismo); la familia (intento del Estado por sustituir a los padres en la formación de sus hijos, uniones civiles, matrimonio homosexual con adopción incluida, “matrimonio con uno mismo”, poligamia e incluso incesto); la ecología (consideración del ser humano como un animal más, “derechos” de los animales, atribuirles la calidad de persona, cambios en los hábitos alimenticios); la sexualidad (educación sexual, anticoncepción, la ideología de género, con sus cada vez más orientaciones u opciones sexuales –el conglomerado LGBTTTI y suma y sigue–, los derechos sexuales y reproductivos); la libertad de conciencia y de expresión (al existir un cúmulo de “verdades oficiales”, como las recién señaladas, contra las cuales está vedado oponerse, so pena de ser juzgado por discriminador o intolerante) y el gelatinoso concepto de derechos humanos (elevados a la categoría de religión y que cada vez abarcan más y más aspiraciones, por descabelladas, injustas o imposibles que sean).

La lista es larga y obviamente hay muchas otras materias no mencionadas aquí. Mas lo que nos interesa recalcar, es que esta verdadera “cruzada progresista” no tiene ninguna intención de detenerse, pues siempre abogará por nuevos cambios, por inimaginables que sean. Se equivocan rotundamente quienes creen que cediendo por aquí o por allá, lograrán aplacar su sed de reformas, pues a fin de cuentas, quieren cambiarlo todo, precisamente, para hacerlo calzar con estas ideas “progre” que buscan transformar de raíz nuestras sociedades.

En realidad, quien cede en algún punto, creyendo que con eso podrá “abuenarse” con el adversario, sólo logra que este último dé un paso más, “corriendo el cerco” más lejos, si así pudiera decirse, pues su “leit motiv” es siempre estar en la vanguardia de los cambios, siempre “progresar”, nunca detenerse ni estancarse como si la misión estuviera en parte ya cumplida. En suma, son como dos imanes que se repelen, de tal suerte que si se mueve uno, el otro inevitablemente se aleja. Esa es, en verdad, nuestra actual situación.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

En nombre de los «derechos humanos»

Actualmente asistimos a lo que parece ser una abierta contradicción: por un lado, todos creemos y somos fervientes defensores de los derechos humanos –al constatar su sentido común y utilidad– y al mismo tiempo, muchas veces nos vemos empujados, cuando no coaccionados, a actuar de manera contraria a nuestras convicciones más profundas (o las más de las veces, a no actuar de acuerdo a ellas), curiosamente, también en nombre de estos mismos derechos humanos. ¿Cómo es esto posible?

En efecto, realidades tan cruciales y vitales tanto para la propia persona como para cualquier sociedad democrática como la objeción de conciencia y la libertad de expresión se están viendo cada vez más amenazadas y cercenadas en nombre de los “derechos humanos”. Basta ver lo que está ocurriendo hoy con el proyecto de ley de aborto, que restringe cada vez más la objeción de conciencia de quienes se oponen a él por considerarlo un crimen, o con la creciente presión de lobby LGBTI (se siguen agregando letras…), contra el cual, se pretende que ni siquiera se pueda pestañear. Y todo, se insiste, en nombre de los “derechos humanos”. ¿Cómo hemos llegado a esto?

La respuesta es mucho más imple de lo que parece: desprovistos de todo referente objetivo (en el fondo, de una ley natural), los “derechos humanos” hoy son –y mañana serán– cualquier cosa. Se equivocan quienes creen que los “derechos humanos” que hoy defiende el establisment de lo políticamente correcto son los derechos consagrados por la Declaración Universal de 1948.

De esta manera, los “derechos humanos” han sido asaltados por las ideologías de turno. Y entre otras, en ellos hoy campean a sus anchas la ideología de género (sobre todo por medio de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”) y –al servirles como instrumento para imponerse– las ideas de no discriminación y de tolerancia. Así, se han convertido en el contenido esencial de los actuales “derechos humanos”, más aún, en el centro de tablero de todos los restantes derechos, cambiando completamente su jerarquía (primando incluso sobre el derecho a la vida o la libertad de conciencia) y también el modo normal de entenderlos, a fin de hacerlos tributarios para su causa.

De esta manera, los derechos sexuales y reproductivos, como punta de lanza de la ideología de género, y la no discriminación (puesto que todo lo que se oponga a dicha ideología es considerado discriminatorio) se están convirtiendo en las tenazas que pretenden sojuzgar a nuestras sociedades a fin no sólo que toleremos su particular modo de pensar y de actuar (de ahí la mencionada anulación de la objeción de conciencia), sino que de manera más profunda, nos convirtamos en dóciles seguidores, cuando no en convencidos activistas de su causa.

Y todo esto se realiza en nombre de los nuevos “derechos humanos”, que al ser revestidos con esta etiqueta, adquieren una preferencia absoluta para imponerse ante todo y sobre todos (en efecto: ¿quién podría ser tan desalmado para oponerse a los “derechos humanos”?), pretendiendo así adquirir un dogmatismo, legitimidad e irresistibilidad (perdón por el neologismo) dignos de un Estado totalitario. Pero esta vez, con la peligrosa agravante de hacerse en nombre de estos “derechos humanos”.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Un actor cada vez más relevante

La semana pasada se organizó en la Universidad San Sebastián un congreso con invitados de Estados Unidos, Argentina, Perú y Chile, que versó sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su situación actual, desde una mirada más bien crítica, en atención a la creciente importancia que ha ido adquiriendo en el continente.

La razón de hacer un encuentro académico con esta visión buscaba poner de relieve varias prácticas polémicas que ha ido llevando a cabo este tribunal, no con un afán destructivo, sino todo lo contrario: puesto que los derechos humanos son importantes, cualquier institución que se dedique a este tema debe ser absolutamente ejemplar al momento de respetarlos, para no contradecirse a sí misma.

Además y según se ha dicho, la importancia de este tribunal ha ido en aumento en los últimos años, influyendo de manera decisiva en una serie de asuntos internos de los países que le han dado competencia. Sin embargo, pese a ello, la mayoría de la población, e incluso muchísimos abogados, no acaban de enterarse de este estado de cosas. Y como hasta ahora prácticamente todos, sino todos los congresos que se han realizado sobre el particular han sido absolutamente acríticos respecto de esta situación, se consideró oportuno poner “algunos puntos sobre las íes”, como suele decirse y analizar también lo que puede ser perfectible o derechamente, merece fundadas críticas.

Así por ejemplo, se expuso sobre el sistema probatorio que ha seguido este tribunal, constatándose varias falencias no menores al momento de su admisibilidad y ponderación; o el cada vez más teórico rol subsidiario que debiera tener la Corte de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, rol que ha cambiado casi a una especie de imposición total de su modo de entender los derechos humanos, dejando anuladas las propias competencias del Estado para determinar la mejor forma de hacerlos efectivos atendiendo las circunstancias específicas del propio país. Igualmente, se criticaron algunas sentencias, cuya fundamentación deja bastante que desear, en particular por haberse fallado contra el texto expreso de la Convención, o la relación que pretende tener la Corte Interamericana con los tribunales locales, sobre todo con motivo de un reciente fallo de la Corte Suprema Argentina. Por último, también se analizó la pretensión de la Corte que los jueces locales apliquen la Convención y la jurisprudencia emanada de este tribunal internacional sobre sus propias leyes locales, incluida su constitución, lo que técnicamente se conoce como “control de convencionalidad”.

Obviamente se trata de materias muy técnicas, que incluso resultan novedosas para varios abogados. Sin embargo, es absolutamente necesario poner más atención a este fenómeno, puesto que su creciente influencia es prácticamente ignorada tanto por políticos como por la ciudadanía, todo lo cual, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener sus promotores, afecta la propia soberanía y la democracia de nuestros países. Además, por mucho que esto se haga en nombre de los “derechos humanos”, basta ver las concepciones diametralmente opuestas que existen hoy a su respecto, para darse cuenta que aquí no todo lo que brilla es oro.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Los nuevos «Derechos humanos».

Hoy en día, los llamados “derechos humanos” dan para todo. Es cosa que cualquier aspiración, por rara, absurda, chocante o arbitraria que sea se disfrace con la categoría de “derechos humanos”, para que casi por arte de magia, se imponga o intente imponerse de forma arrolladora y sin consideraciones a muchas otras aspiraciones legítimas o a verdaderos derechos.

            El problema se agudiza, sin embargo, porque fruto de haberse perdido en buena parte de nuestras sociedades cualquier referencia a una ley natural, qué es considerado correcto, justo o debido varía notablemente entre unos y otros. Por tanto, una cosa que debe tenerse muy en claro es la siguiente: no porque ciertos sectores enarbolen alguna aspiración como un “derecho humano” eso significa que se trate de un clamor popular, de un anhelo mayoritario que puja hace mucho tiempo por ser reconocido o de algo evidente. Muy por el contrario: en una época en que somos “extraños morales” (al punto de no estar de acuerdo en aspectos fundamentales sobre el bien y el mal), todo, absolutamente todo puede terminar convirtiéndose en un “derecho humano”.

            De esta manera, los manoseados “derechos humanos” se han convertido en un verdadero Caballo de Troya que puede adentrarse en la ciudadela de cualquier situación o estado de cosas que se quiera hacer cambiar mediante su ataque. Basta que se organice cualquier grupo con recursos o contactos y “cree” el derecho humano tal o cual, para que por muy minoritario que sea o por muchas resistencias que tenga en la gran mayoría de la sociedad civil, vaya expandiéndose, por las buenas o por las malas (con todo tipo de presiones, amenazas, arbitrariedades y abusos), cual mancha de aceite, que como tal, pretenden penetrar todos los engranajes del tejido social.

            Y por supuesto, para la correcta aplicación de estos “derechos humanos” y evitar posible violaciones a los mismos, se asigna un papel protagónico y hegemónico al Estado, quien se convierte en su guardián y garante, a costa de muchos otros verdaderos derechos, como la vida, la libertad de conciencia, de opinión o de enseñanza, entre otros. Ello, porque como el Estado ha sacralizado estos “nuevos derechos”, oponerse a ellos es una herejía inaceptable, que debe ser castigada o prevenida por cualquier medio, siempre en nombre de estos “derechos humanos”, obviamente.

            De esta manera, desarraigados de cualquier contenido y fundamento objetivo, los actuales “derechos humanos” poco o nada tienen que ver con lo que tradicionalmente se ha entendido por los mismos y de manera sorprendente y subrepticia, se han ido convirtiendo en un sutil pero efectivo medio de dominación de sociedades enteras, pues se insiste, oponerse a estos “nuevos derechos” es visto como la mayor de las barbaries, dogmatismos o involuciones para un ser civilizado. Y por supuesto, quienes los defienden, tienen licencia para trasgredir los verdaderos derechos de sus enemigos, en nombre, precisamente, de estos nuevos y cambiantes “derechos humanos”.

            Una muestra más de lo que ocurre cuando los parámetros del bien y del mal se pierden en una sociedad, lo que únicamente favorece a los más fuertes, haciéndolos aún más fuertes.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

«Instrumentos vivos».

Cuando cursaba mis estudios de doctorado en España y era, en palabras de un buen amigo, un “estudiambre”, me tocó trabajar copiando en computador para un libro que se estaba preparando (“Textos Internacionales de Derechos Humanos II, 1978-1998”, Pamplona, Eunsa, 1998, 2145 páginas), un cúmulo de documentos internacionales, tanto universales como regionales. Y ya en esa época, me sorprendió la auténtica maraña de textos de todo tipo, extensión y contenido que existían sobre esta materia y a menudo me preguntaba por su utilidad, al ser la gran mayoría de ellos, no vinculantes, lo que usualmente se conoce como soft law internacional.

Sin embargo, estaba profundamente equivocado: pese a no ser vinculantes (pues para serlo se requiere de una aprobación formal del Estado), su influencia es cada vez mayor, teniendo por ello una creciente eficacia dentro de los países, al punto que cabría preguntarse dónde ha quedado el consentimiento de los Estados (el principio “pacta sunt servanda”, esto es, “lo pactado obliga”), elemento fundamental en el Derecho Internacional.

En parte esto se debe a que resulta común que varios tratados de derechos humanos contemplen la creación de organismos internacionales encargados de interpretarlos y custodiarlos, los cuales, para llevar a cabo sus funciones, elaboran un cúmulo de documentos (observaciones o recomendaciones, por ejemplo) que pese a no ser obligatorios, son presentados como si lo fueran, no siendo infrecuente que los Estados los apliquen directamente o inspiren en ellos leyes o sentencias locales, con lo cual este soft law adquiere eficacia para ellos.

Lo anterior no sería tan complejo si no fuera porque los tribunales, organismos y doctrina internacional consideran que los tratados de derechos humanos son “instrumentos vivos”, que por lo mismo, deben ser interpretados de una manera “evolutiva”, “dinámica”, “progresista”, “finalista” y “sistemática”, entre otras características, para lo cual el soft law tiene un papel primordial (junto a las sentencias de tribunales internacionales, si bien este tema no se trata aquí). De esta manera, tanto el tenor literal de los tratados como la intención de sus redactores importan cada vez menos y mediante esta “interpretación” se van “actualizando” de acuerdo a los nuevos tiempos, con lo cual la posibilidad de ir alejándose de su genuino sentido resulta más que evidente.

Es esto precisamente lo que ha ido ocurriendo con el correr del tiempo, so pretexto de “interpretación”, ayudado en buena medida por el soft law, pues en buenas cuentas, lo que importa en la práctica es lo que señalan los organismos que custodian estos tratados, cuyas aseveraciones se irían, por decirlo de algún modo, “agregando” a los mismos.

O si se prefiere, es como si estos organismos dijeran: “el tratado soy yo”. En consecuencia, puesto que los Estados han suscrito el tratado y reconocido a esos organismos internacionales, ellos pretenden que los países estarían obligados a seguir sus indicaciones respecto de este “instrumento vivo” de manera ciega y continua.

El problema, como resulta obvio, es que este proceso no es controlado por los Estados, resulta imprevisible para ellos, es cupular y absolutamente antidemocrático. Sin embargo, avanza sin pausa, en buena medida debido a su desconocimiento.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del derecho
Universidad San Sebastián

Mezclar peras con manzanas

Uno de los principales argumentos que esgrimen quienes impulsan el llamado “derecho al aborto”, es que se trata de una realidad prácticamente universal, lo cual hace insostenible contarnos dentro de una exigua minoría de países que prohíben esta práctica.

Sin embargo, el anterior razonamiento es falaz, no solo por llevar implícita la premisa según la cual lo nuevo es mejor que lo antiguo, o si se prefiere, que vamos progresando en materia moral, sino sobre todo por la lógica a la que dice acudir para fundamentarse.

En efecto, este razonamiento pretende que de un mero dato cuantitativo (el número de países en que se permite el aborto) es posible deducir lógicamente una consecuencia cualitativa (la bondad del mismo), olvidando que ambos elementos –el cuantitativo y el cualitativo– se encuentran en planos diferentes, siendo impropio pasar de uno a otro sin más, lo que en filosofía se conoce como Ley de Hume.

Si de verdad pudieran deducirse valores a partir de los simples hechos, habría que aplicar este mismo razonamiento (lo común es bueno, precisamente por ser común) a muchísimas realidades que hoy se dan más que nunca en la historia humana. Así, nunca se había producido el actual nivel de tráfico de armas, de personas o de drogas. O para poner otros ejemplos, los actuales índices de corrupción, de mentira a través de los medios de comunicación, de prostitución o de pornografía no tienen par en otras épocas. Sin embargo, pese a que cuantitativamente han crecido mucho, pocos se atreverían a concluir que por ese solo hecho son realidades buenas, loables y que hay que incentivar. Y de paso, también viene a demostrar que no siempre lo nuevo es mejor que lo antiguo.

Lo anterior quiere decir que la mera cantidad no es suficiente para calificar una conducta de buena o mala, pues se insiste, en caso de serlo, todos los comportamientos señalados serían irremediablemente buenos. En consecuencia, significa que existe otra premisa oculta, que hace que ciertos acontecimientos comunes sean considerados buenos y otros no y de paso, viene a confirmar la Ley de Hume.

Este elemento oculto es una concepción previa de lo que se considera bueno o malo (y por tanto, un elemento cualitativo), desde la cual se califican las conductas, sean éstas numerosas o escasas. Por tanto, no resulta lícito deducir valores a partir de simples hechos, no solo porque equivale a hacer pasar “gato por liebre”, como suele decirse, sino además, porque desde el plano racional equivale a mezclar peras con manzanas.

Por tanto, es completamente indiferente para calificar una conducta como buena o mala que ésta sea común o escasa y por lo mismo –aunque decirlo sea tabú–, las mayorías pueden equivocarse, por muy abrumadoras que sean.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Un Estado confesional.

Se supone que de acuerdo a la mentalidad dominante en muchos sectores, el Estado debiera ser neutral en cuanto a lo que considera correcto, no pudiendo imponer ninguna “visión del mundo” a sus ciudadanos y debiendo, por el contrario, otorgar el marco jurídico para permitir que cada cual “desarrolle libremente su personalidad”, como suele decirse, dado el politeísmo valórico que impera en nuestras sociedades. En consecuencia, optar por alguna de las concepciones de sus ciudadanos sería discriminatorio respecto de las restantes.

Ahora bien, al margen de la imposibilidad real de una completa neutralidad del Estado (ya que de existir no podría tomarse prácticamente ninguna decisión, al requerir de elecciones basadas en valoraciones), lo que hoy está ocurriendo en muchos países dista mucho de este ideal, lo que de paso viene a demostrar su imposibilidad.

En efecto, dentro de las variadas funciones que el Estado ha ido asumiendo a lo largo del último siglo, actualmente una tarea que se considera esencial es la efectiva tutela de los derechos humanos, a fin de permitir una convivencia civilizada en que nadie imponga por la fuerza su “visión del mundo” a otros, y propiciar el diálogo y la tolerancia como elementos esenciales de cualquier sociedad democrática.

Sin embargo, es precisamente en esta labor de defensa y promoción de los derechos humanos que el Estado ha ido perdiendo su neutralidad (o mejor, ahora se nota más que no lo es, pues ella nunca existió), en particular en su defensa de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”.

Lo anterior resulta ineludible, al margen de los derechos que se quieran defender, pues es inevitable que surjan conflictos de derechos, sobre todo si se los concibe en un contexto de “todo o nada”, es decir, que para que prime uno debe eliminarse por completo el otro. De esta manera, ante estos nuevos derechos, hoy por hoy todos los demás comienzan a ceder, gracias al aparato coactivo del Estado, que los defiende a brazo partido mediante sentencias o leyes, precisamente por considerarlos “correctos”.

Mas, desde este momento, el Estado ya no puede alegar una pretendida neutralidad (que nunca ha existido, se insiste), al estar optando de manera tan clara por estos derechos, que considera más importantes que otros, como la vida del no nacido, la libertad religiosa, de conciencia y de opinión, o el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.

Resulta evidente así que estamos en presencia de un Estado confesional (e incluso podría llegar a decirse que en presencia de una comunidad internacional confesional), en que los “derechos sexuales y reproductivos” han sido elevados a la categoría de verdadera religión secular, con sus dogmas, sacerdotes y por supuesto, herejes.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

¡Ay de quien se oponga!

Actualmente, los derechos humanos se han convertido para muchos en una nueva religión. De esta manera, puesto que el ethos occidental no concibe una realidad en la cual no se los respete, aboga insistentemente por ellos y critica sin compasión a quienes los desconocen.

Hasta aquí pareciera estar todo bien. Sin embargo, la gran pregunta que surge en una época como esta, sumida en profundos conflictos respecto de lo que se considera bueno y malo, es de cuáles derechos humanos estamos hablando.

En efecto, debido a nuestro “politeísmo valórico” nos hemos convertido en “extraños morales”, lo cual hace poco probable que en un tema como el de los derechos humanos exista algún tipo de acuerdo. Y si se mira la evolución que ellos han tenido, se nota muy a las claras que pese a mantenerse su terminología, su contenido ha variado sustancialmente, al punto que podría decirse que la primitiva Declaración Universal de 1948 está muerta, o mejor, conserva su apariencia, cual cuerpo embalsamado, pero rellenada con otra cosa. Todo lo cual permite imponer estos nuevos derechos manteniendo el ropaje de los antiguos.

Estos nuevos derechos parecieran tener como centro de tablero los llamados “derechos sexuales y reproductivos”, en torno a los cuales giran y se comprenden los demás, incluyendo el derecho a la vida, afectándolo todo: desde la familia, completamente deformada, hasta el Estado, que debe encargarse diligentemente de satisfacerlos y castigar sin compasión a quienes los perturben.

Es por esto también que la campaña por su hegemonía no descansa, y se emplean todos los medios posibles para imponerlos, tanto nacionales como internacionales, muchas veces al margen de las tradiciones, idiosincrasias y hasta decisiones democráticas de los pueblos.

El problema sin embargo, es que como a pesar de su profunda metamorfosis se sigue hablando a su respecto de “derechos humanos”, quien se oponga a los mismos, por muy buenas razones que tenga en atención a este cambio que han sufrido, será víctima de todas las críticas y sanciones imaginables –lo que incluye el poder coactivo del Estado–, incluso a costa de sus propios derechos humanos. En este tema la herejía no es admitida, razón por la cual estos derechos sólo se tendrán mientras se esté del lado “correcto”, pero ¡ay de quien se oponga a este orden de cosas! Si lo hace perderá su carta de ciudadanía y por tanto, estos derechos que supuestamente son universales.

Es por eso que hay que decirlo con todas sus letras: los actuales “derechos humanos” se han convertido en un instrumento de dominación para imponer una visión de las cosas bastante discutible, que poco o nada tiene que ver con su genuino sentido.

Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Derechos humanos, sí. Y las obligaciones humanas ¿Qué?

Los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos, cuáles son sus derechos en la sociedad y las obligaciones y responsabilidades que esos derechos conllevan. Pero deben evitar que lo “políticamente correcto”, en el concepto de derechos y obligaciones, suplante a la ética, al sentido común y a la objetividad.

A todo derecho corresponde una obligación. Cuando en la práctica no existen algunos de los derechos humanos, o los han conculcado, hay que intentar ganarlos a pulso, sin esperar a que el papá Estado los conceda. En este caso, primero cumplir con las obligaciones inseparables a esos derechos, para después poderlos reclamar.

Los derechos humanos que son tomados de la Ley Natural, se definen como inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica, para que todos puedan ejercer las cualidades de la inteligencia, el talento y la espiritualidad.

Los derecho humanos nos corresponden a todos, desde la concepción hasta la muerte natural, estén o no escritos en las leyes de las naciones.

Las obligaciones humanas también deben estar escritas en las leyes civiles y religiosas, para su total cumplimiento.

Los derechos humanos no son negociables a la baja, por ningún motivo. Solamente la dejación de los ciudadanos, origina que se vaya perdiendo el derecho a disfrutarlos.

Hay muchos derechos humanos y su enumeración total es muy difícil. Cada uno los puede denominar como quiera y ponerlos en el orden de preferencia que considere conveniente, de acuerdo con sus creencias y preferencias. Aunque haya otras opiniones, relaciono los me parece que son más importantes.

El derecho a la vida y a la libertad religiosa no son unos derechos más, sino unos derechos primarios que tienen que gozar de protección especial, para poder nacer, vivir y expresar libremente la Fe de cada uno. Son unos derechos humanos que deben estar en todas las constituciones democráticas, y nunca sujeto a la dictadura de lo políticamente correcto.

1. Derecho a y para la vida, desde la concepción, hasta la muerte natural. Contrapuesto este derecho al crimen del aborto, al de la eutanasia, al de la muerte asistida y a la utilización de los embriones humanos. Este es el derecho humano, sobre el que se asientan todos los demás derechos. Si este derecho no se cumple por los gobiernos y la sociedad, difícilmente se pueden cumplir los demás.
2. Derecho a que los matrimonios tengan el número de hijos que quieran, teniendo en cuenta la paternidad responsable.
3. El derecho a buscar y a obtener asilo en cualquier país, cuando en el suyo propio, se esté sometido a persecución política o religiosa.
4. El derecho a emigrar por las malas condiciones del país de origen, relacionadas con los graves motivos de persecuciones religiosas, étnicas, racismo, xenofóbicos, homofóbicos, económicos, políticos, conflagraciones, estragos climatológicos, epidémicas, de salud, etc.
5. El derecho a exigir que no se aborten voluntariamente, los embarazos de criaturas que parezcan diferentes. (Síndrome Down y similares).
6. El derecho a fundar y pertenecer a asociaciones empresariales, que velen por la defensa de los intereses de los propietarios y accionistas de las empresas.
7. El derecho a fundar y pertenecer a sindicatos laborales, no amarillos, que velen por la defensa de los intereses de sus afiliados.
8. El derecho a la democracia política, con elecciones independientes y periódicas, voto libre y secreto, sufragio universal y participación en los diferentes niveles públicos del gobierno.
9. El derecho a la fidelidad matrimonial.
10. El derecho a la intimidad de la vida privada, la honra y la reputación.
11. El derecho a la libertad de asociación y a la reunión de forma pacífica.
12. El derecho a la libertad de expresión, opinión, difusión, investigación y recepción de la información.
13. El derecho a la libertad de movimiento, para circular libremente por el país, cambiar de domicilio y entrar o salir del país.
14. El derecho a la libertad de nacer todos libres e iguales, en dignidad, derechos y obligaciones, para que con razón y conciencia, comportarse fraternalmente en la familia y en la sociedad.
15. El derecho a la libertad de profesar y practicar la religión que cada uno quiera, de forma privada y pública.
16. El derecho a la Memoria Histórica y el Derecho al Olvido, aunque se contradigan con las leyes de algunas naciones, son dos derechos indiscutibles.
17. El derecho a la presunción de inocencia, hasta que no se pruebe su culpabilidad.
18. El derecho a la privacidad de la vida privada y al honor personal, familiar, social y empresarial.
19. El derecho a la propiedad intelectual e industrial. (Patentes, libros, música, arte, etc.)
20. El derecho a la propiedad, individual y colectiva de forma que nadie pueda ser privada de ella injustamente.
21. El derecho a morir dignamente, sin que existan, ni leyes ni organizaciones que pueda decidir, quién y cómo vive y quién muere. (Eutanasia)
22. El derecho a no ser detenido arbitrariamente, ni desterrado.
23. El derecho a no ser excluidos por las nuevas políticas de la identidad racial, sexual, de género, de religión, de los derechos reproductivos, etc. que están tratando de imponer a la sociedad, a través de las leyes relacionadas con las LGTB.
24. El derecho a no ser obligado a pertenecer a ninguna asociación política, religiosa o laboral.
25. El derecho a no ser sometido a esclavitud o trabajos forzosos, encubiertos o legales.
26. El derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
27. El derecho a no tener que emigrar por la fuerza y dejar la familia, los amigos, los ancestros, la tierra, la religión, el trabajo, los negocios, la estabilidad, las costumbres, los sabores, los colores, los olores, etc., debido a tener que buscar en otro sitio, las oportunidades que el país no ofrece, para poder subsistir dignamente la familia.
28. El derecho a no tener que realizar obligatoriamente, las cosas incompatibles con la moral.
29. El derecho a pensar y opinar en conciencia.
30. El derecho a poder defenderse ante los tribunales, aunque no tenga medios económicos para hacerlo.
31. El derecho a poder ejercer la insumisión y la objeción de conciencia, ante las exigencias militares.
32. El derecho a poder elegir a los representantes políticos y sociales y a poder ser elegible.
33. El derecho a practicar la objeción de conciencia.
34. El derecho a que exista el apoyo a la familia, por parte del Gobierno, al ser esa una institución básica del orden social y económico.
35. El derecho a que exista una educación pública, gratuita (las ventajas e inconvenientes las desarrollaré en otro artículo) y de calidad competitiva, con la educación privada e internacional, para que los alumnos puedan formarse bien y competir el día de mañana, en igualdad de condiciones.
36. El derecho a que la sociedad y el Estado protejan a la familia con las leyes justas.
37. El derecho a que ni el estado, ni los médicos, apliquen el homicidio de la eutanasia bajo ninguna circunstancia.
38. El derecho a que ninguno de estos derechos, sea suprimido en ninguna circunstancia.
39. El derecho a que no exista la corrupción entre los políticos y servidores públicos, en función de sus privilegios y su inmunidad e impunidad.
40. El derecho a que no haya clonaciones humanas, pues son contrarias a las leyes morales y opuestas a la dignidad de la procreación. Cada clon humano o humanoide es un ser humano.
41. El derecho a que no se haga apología del odio, contra ningún grupo social, religioso, político, étnico, ni económico.
42. El derecho a que no se investigue, manipule o explore con los embriones humanos o células madres embrionarias, ya que al ser vidas humanas, hay que tenerles respeto y dignidad. Lo moralmente aceptables, es hacer las investigaciones con células madre adultas.
43. El derecho a que no se modifiquen las leyes para perjudicar los aspectos relacionados con el género humano, la familia y los derechos de sus integrantes, el derecho a la vida del no nacido, la autonomía educativa de los padres en la educación de sus hijos, los derechos de las minorías o de los grupos históricamente discriminados, la libertad religiosa, la libertad de cultos y la libertad de conciencia.
44. El derecho a que no se pueda practicar el suicidio asistido, aunque el enfermo quiera que se lo realicen.
45. El derecho a que se persiga el terrorismo.
46. El derecho a que se persigan las prácticas de usura legal.
47. El derecho a que se reconozca, que el único y verdadero matrimonio, es la unión de un hombre y una mujer.
48. El derecho a que solamente exista la guerra, si es justa.
49. El derecho a ser libres de poder actuar legalmente.
50. El derecho a ser respetados por la sociedad.
51. El derecho a ser siempre y todos, iguales ante las leyes y recibir su protección.
52. El derecho a tener asegurada la calidad de vida normal en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otras situaciones de pérdida de medios de subsistencia, por circunstancias independientes a la voluntad.
53. El derecho a tener asegurado, mediante el trabajo, a nosotros y nuestra familia, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
54. El derecho a tener leyes laborales justas, que regulen las relaciones entre empresarios y trabajadores.
55. El derecho a tener un horario de trabajo razonable, para dedicar tiempo de calidad a la familia, al descanso o al ocio.
56. El derecho a tener un juicio justo y público, realizado por un tribunal independiente e imparcial.
57. El derecho a tener un trabajo de libre elección, sin discriminación, con una remuneración equitativa y satisfactoria.
58. El derecho a tener un trato justo, sin torturas, penas crueles, ni vejaciones, aunque se esté inculpado, en procesos penales o militares.
59. El derecho a tener una calidad de vida, acorde con las circunstancias de la persona y del entorno social.
60. El derecho a tener una nacionalidad y a que esta no sea privada, de una forma arbitraria, junto a la libertad de poder cambiarla si se quiere.
61. El derecho a tener una personalidad jurídica, respaldada por documentos legales.
62. El derecho a tener una seguridad social y universal, que cubra los aspectos de salud, económicos, laborales y sociales, indispensables para el libre desarrollo de nuestra personalidad y dignidad.
63. El derecho a tener una vivienda digna y asequible.
64. El derecho a una educación sin atenuantes, ni condicionantes, ni presiones, en igualdad de condiciones para todos.
65. El derecho a voluntariamente contraer matrimonio y formar una familia, a partir de la edad núbil y sin restricciones por motivos de raza, nacionalidad, religión, casta o condición social.
66. El derecho al orden social, incluyendo el derecho a la huelga.
67. El derecho de los padres a poder escoger libremente, el tipo de educación que deseen para sus hijos, sin tener que aceptar obligatoriamente y con desventaja económica, la educación pública que el Estado ofrece como monopolio.
68. El derecho de los padres a que sus hijos no sean adoctrinados en las escuelas públicas obligatorias, con ideas y hechos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. (Ideología de Género)
69. El derecho inalienable e innegociable a la vida, a la libertad y a la seguridad de cada persona.

La Declaración de Derechos Humanos del 10 de Diciembre de 1948 hecha por la ONU, consta de un preámbulo y 30 artículos, que recogen los derechos de carácter político, social, económico y cultural. Posteriormente se han ido matizando y ampliando.

· Los artículos 1 y 2 recogen principios básicos en los que se sustentan los derechos: Libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación.
· Los del 3 al 11, los de carácter personal.
· Los del 12 al 17, los del individuo en relación con la comunidad.
· Los del 18 al 21, los de pensamiento, conciencia, religión y libertades políticas.
· Los del 22 al 27, los económicos, sociales y culturales.
· Del 18 al 30 repasan las condiciones y límites con que deben ejercerse dichos derechos.

Las obligaciones humanas:

A todo derecho humano le corresponde una obligación equivalente, de acuerdo con los valores de las personas y su ética. Las obligaciones son compromisos libres que surgen de la libertad individual o de la colectividad. Las obligaciones humanas cuando están bien cumplidas, son parte de la solución a los problemas de los derechos humanos, no cumplidos. Aunque cada vez es más difícil cumplir con una obligación, aunque sea fácil. Lo cómodo es exigir derechos y olvidarse de cumplir las obligaciones.

Los padres deben enseñar a sus hijos, que las Obligaciones Humanas tienen varios niveles: Nivel individual, nivel familiar, nivel colectivo o social, nivel nacional y nivel internacional.

Los padres tienen que asumir muchas de las obligaciones relaciones con sus hijos, mientras estos son menores de edad, aunque estos tienen que ser conscientes de cumplir, con sus verdaderas obligaciones.

Los padres tienen que explicar muy claramente a los hijos las obligaciones humanas, porque algunos se han acostumbrado a pensar, que todos tenemos derecho a todo, puesto que no les ha hablado de las obligaciones inherentes a los derechos.

Algunos se han habituado a que sea el Estado, el que provea de todos los derechos humanos, que conlleven una acción positiva y recursos económicos. Pero no suele ser lo normal y cada ciudadano tiene que intentar conseguir por su cuenta, el cumplimiento de los derechos humanos como por ejemplo: Educación, salud y vivienda.

Las naciones no pueden ser “paraíso de los derechos e infierno de las obligaciones”. Nunca ha existido esa posibilidad de conseguir derechos y no tener obligaciones, ni en las sociedades más ricas del mundo. En el primer mundo, las obligaciones suelen ser más benignas que violentas y los derechos humanos más, y más respetados.

Cada persona, según el puesto que ocupe en la sociedad, debe tener muy en cuenta estos diferentes niveles, pues no es correcto inhibirse de las Obligaciones Humanas, cumpliendo nada más las obligaciones cercanas o que crea que más le atañen. Las obligaciones no desaparecen, aunque no se practiquen. Algunos no hacen nada para cumplir con sus obligaciones, porque están muy ocupados en no hacer nada.

Los que no cumplen con las obligaciones, derivadas de los derechos humanos, producen un elevado costo social de la aplicación de los derechos humanos. Este costo tiene que ser pagado, por el resto de los ciudadanos.

La obtención de los derechos humanos, históricamente se han conseguido siempre, a través del esfuerzo colectivo de los ciudadanos, guiados por sus líderes. Nunca han sido regalados. No se pueden pedir nuevos derechos o mejorar los existentes, si previamente no se han cumplido las obligaciones ciudadanas. Por eso es necesario, ahora más que nunca, cumplir con las obligaciones que conllevan los derechos.

Existen muy pocas enseñanzas sobre el cumplimiento de las obligaciones humanas, inherentes a los derechos humanos, aunque haya muchos estudios, cursos y conferencias sobre estos derechos.

Hay leyes nacionales e internacionales, sobre las obligaciones que tienen los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto, para que establezcan y cumplan los derechos humanos, pero no hay leyes que a la sociedad le exijan cumplir, determinadas obligaciones que esos derechos conllevan.

1. La obligación de asistir a la escuela y educarse con esfuerzo, como los padres, maestros y la sociedad exige, justificando así los gastos producido por la familia o la sociedad.
2. La obligación de ayudar los que de verdad tengan necesidades, incluyendo a los que son diferentes o extranjeros, evitando el racismo y la xenofobia.
3. La obligación de conocer y practicar las virtudes y valores humanos, ya que son un beneficio personal, familiar y social.
4. La obligación de contribuir a la producción y al intercambio de bienes y servicios, de acuerdo con las capacidades de cada uno.
5. La obligación de cumplir las leyes justas y limitaciones que marque la sociedad, relacionadas con la moral, el orden público y el bienestar social.
6. La obligación de cumplir las leyes y respetar las costumbres, del país donde se encuentre el emigrante.
7. La obligación de cumplir los 10 Mandamientos de la Ley de Dios.
8. La obligación de cumplir y respetar todos los derechos humanos y enseñar con el ejemplo, a que otros los cumplan.
9. La obligación de dar a la familia la mejor protección y dignidad, sin desviacionismos personales.
10. La obligación de defender la reputación y honor de nuestra familia.
11. La obligación de denunciar actos de esclavitud, servidumbre, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes o cualquier otro, que vaya en contra de los derechos humanos.
12. La obligación de difundir la información recibida, para que otros puedan gozar también del derecho a recibirla.
13. La obligación de educarse lo mejor posible, académica, laboral y socialmente, aunque suponga sacrificarse de otras cosas.
14. La obligación de educarse y trabajar de acuerdo a sus posibilidades.
15. La obligación de enseñar a los hijos a que cumplan todas las obligaciones relacionadas con los derechos humanos, para evitar que si las incumplen, se den casos de sobreprotección consentida. (Influenza)
16. La obligación de los padres de respetar las decisiones de sus hijos, a partir de la edad núbil, para contraer matrimonio.
17. La obligación de luchar legalmente, por un trabajo, que tenga unos ingresos que permitan el desarrollo familiar y social, incluso para conseguir mejorar lo que se tiene. Hay muchas formas de luchar para conseguir mejoras: Las votaciones políticas, la formación profesional, el trabajo bien hecho, la responsabilidad familiar y social, etc.
18. La obligación de mantener vivo el medio ambiente, a través de la ecología en el planeta. Ver la encíclica Laudato Si.
19. La obligación de proporcionar a todos, seguridad física y de salud, en la medida que sea posible.
20. La obligación de realizar los trabajos en las condiciones a las que se ha comprometido.
21. La obligación de reconocer la personalidad jurídica de los demás.
22. La obligación de rechazar públicamente, las leyes que sean intrínsecamente malas y que vayan en contra de la ley moral.
23. La obligación de respetar el derecho a formar asociaciones pacíficas, políticas, laborales, profesionales o religiosas.
24. La obligación de respetar el derecho a la propiedad, el pensamiento, la conciencia y la religión de los demás.
25. La obligación de respetar la vida privada de los demás.
26. La obligación de respetar la vida, los bienes y la libertad de los demás.
27. La obligación de respetar las leyes justas del país de llegada o acogida del inmigrante, comportándose como el mejor de los ciudadanos, de forma que el ejemplo de cada uno, sirva para mejorar la imagen del grupo.

francisco@micumbre.com

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