¿Libertad de expresión?

En Islandia acaba de derogarse una ley que penalizaba la blasfemia, con el fin de garantizar la más absoluta libertad de expresión.

La libertad de expresión es una piedra angular de cualquier sistema democrático real, siendo fundamental para el debate de las ideas y la fiscalización de las acciones de los gobernantes. Sin embargo, también es esencial para toda convivencia pacífica, que cuando esa libertad de expresión se usa con una finalidad torcida, como puede ser el ánimo de ofender, de ridiculizar o de incitar al odio, existan las sanciones correspondientes.

Obviamente, no se trata de generar situaciones de privilegio para la religión; pero no parece adecuado dejar sin defensa a las posibles víctimas ante un uso claramente abusivo de la libertad de expresión en este ámbito.

Además, lo anterior contrasta abiertamente con la actual tendencia a castigar, y a veces duramente, la discriminación en múltiples formas, la cual suele centrarse cada vez más en la apreciación subjetiva o sentimiento de ofensa que dice sentir la supuesta víctima. De esta manera, en más de una ocasión, manifestaciones evidentes y bien intencionadas de libertad de expresión han sido sancionadas en virtud de la ofensa que manifiesta sufrir alguien, pese a no haber sido esa la intención, o incluso ni siguiera haber sido previsto por el supuesto ofensor, siendo un claro ejemplo de lo anterior el actual debate sobre del matrimonio homosexual.

En consecuencia, por mucha libertad de expresión que se defienda hoy, existen ciertos temas en que dicha libertad tiene límites infranqueables o incluso materias vedadas. Lo anterior suele fundamentarse señalando que una libertad de expresión sin límites podría ofender gravemente sentimientos o incitar el odio hacia ciertos grupos; sin embargo, similares argumentos podrían darse respecto de las convicciones y sentimientos religiosos de otros grupos de esa misma población. Por eso, la misma no discriminación que exigen los primeros debiera también aplicarse a los segundos.

En consecuencia, no puede dejar de percibirse una abierta contradicción cuando respecto de ciertos temas se aboga por una libertad de expresión abusiva e incluso insolente, y en otras materias se prohíbe terminantemente sobrepasar ciertos límites. Se nota así que no existe una real igualdad entre todos los ciudadanos, sino que a unos se los protege especialmente y a otros incluso se les quita toda protección. Lo anterior quiere decir que lo que importa en el fondo no sería tanto la libertad de expresión en sí misma, sino las materias a las que se alude con ella, lo cual resulta abiertamente discriminatorio.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Un muy mal proyecto en Chile

*Fuente: El Mercurio

Independiente de la posición que se tenga respecto del aborto, el actual proyecto que presenta el Ejecutivo para despenalizarlo en tres causales, técnicamente es muy malo, ya que se sustenta en una interpretación errada de la evidencia existente.

En relación con la mortalidad materna, el objetivo del proyecto buscaría disminuirla, permitiendo la interrupción del embarazo en aquellas mujeres con riesgo vital presente o «futuro». Es importante señalar que la mortalidad materna chilena es una de las más bajas del continente, aun con una legislación poco permisiva. Ninguna de las muertes maternas ocurridas en los últimos años se habría evitado con esta ley, pues estas no ocurrieron por falta de intervención médica, sino por complicaciones en el tercer trimestre de embarazo o asociadas al parto. Considerar que médicos generales se hagan cargo de pacientes de alta complejidad, como plantea la iniciativa legal, es un error técnico grave. Cualquier situación eventual puede ser invocada como «riesgo futuro», expandiendo la realización de abortos. Así, en esta causal el proyecto no resuelve ningún problema real y podría, incluso, aumentar las muertes maternas.

En la segunda causal, esta iniciativa legal procura resolver un drama real: el sufrimiento de una madre frente a un hijo con una malformación grave. Es una simplificación pensar que este proyecto resuelva de manera integral este drama. Aunque el diagnóstico de algunas de estas patologías puede hacerse precozmente en el embarazo, eso no corresponde a la realidad nacional, y la gran mayoría se hace después de las 20 semanas. A esta edad gestacional, toda madre ha establecido un vínculo con su hijo, y el aborto solo ofrece ponerla en la encrucijada de decidir si su hijo vive o muere, cuando realmente necesita apoyo, acompañamiento, cuidados médicos paliativos, nada de lo cual está planteado. Cabe señalar que el diagnóstico de certeza de una malformación fetal es muy complejo, aun en manos de especialistas; no obstante, el proyecto plantea que pueden hacerlo médicos generales. Nadie en su sano juicio aceptaría realizarse una cirugía cardíaca diagnosticada y manejada por un médico general. ¿Por qué el estándar debe ser menos para el diagnóstico y manejo de malformaciones fetales?

Respecto de la tercera causal, el objetivo del proyecto es que mujeres que han sido violadas no carguen con el drama de tener al hijo del violador. Nadie puede ser indiferente a esta tragedia; sin embargo, el proyecto solo propone poner fin al embarazo, omitiendo gravemente la denuncia y persecución del delito. Dado que la mayoría de los embarazos por violación son provocados por un conocido en el entorno de la víctima, el actual proyecto propone eliminar al hijo, pero no previene que la mujer siga en el entorno del abusador. Además, la interrupción del embarazo a las 12 o 18 semanas puede tener graves consecuencias físicas y psíquicas para la madre, pero el proyecto no plantea ningún tipo de prevención para ellas.

Finalmente, este proyecto no resuelve el problema del aborto clandestino. Sabemos que la actual legislación permite claramente actuar para los casos de riesgo vital aplicando el buen juicio clínico. Para las otras dos causales es evidente la necesidad de implementar más políticas de prevención y acompañamiento que las existentes. No es aceptable que se le ofrezca a la sociedad el aborto como solución, porque solo generará problemas, como ha ocurrido en los países con aborto legal.

Jorge Becker
Subespecialista Medicina Materno Fetal, Hospital Regional de Talca

Sebastián Illanes
Subespecialista Medicina Fetal, Universidad de los Andes

Elard Koch
Epidemiólogo, director MELISA Institute

Fuente: El Mercurio

La Idea de Derechos Humanos, es un concepto cristiano en su origen.

*Dr. Carlos Leite Poletti

El concepto de derechos humanos, nació en un contexto cristiano, un ejemplo claro es el de Santo Tomás Moro que, al precio de su propia vida demostró cómo los cristianos no dudan en rechazar, en nombre de la libertad de conciencia cualquier atropello o estratagema de atropello futuro. El concepto cristiano de DDHH y de la libertad responsable es original y profundo, tiene raíces en las enseñanzas de Jesús y más tarde en San Pablo, quien fue, abierta y completamente uno de sus promotores más enérgicos. La libertad es propia en su raíz al cristianismo, ya que, como marca San Pablo, «Cristo nos ha liberado para que fuéramos libres».

Hoy, a 1.700 años del Edicto de Milán, que otorgó la libertad religiosa y de culto  a los cristianos que vivían en el Imperio Romano, vemos como este Edicto marcó  el comienzo de un nuevo camino, de un icono que signo para siempre la historia de Europa y que ha llevado a lo largo de los siglos a la definición y conceptualización de los derechos humanos.

En este tema es fundamental aclarar un malentendido en el que no es difícil caer, ya que la palabra ‘libertad’ se puede interpretar de muchas formas y darle diversos significados según conveniencias contemporáneas del intérprete. No puede reducirse al mero libre albedrío, ya que buen ejercicio de la libertad religiosa no puede separarse de la interacción mutua entre fe y razonamiento. Esto, ni más ni menos, es, y constituye, al mismo tiempo, la barrera contra el relativismo y contra formas de fundamentalismo religioso que consideran, igual que el relativismo, la libertad religiosa conceptualmente como una amenaza para su afirmación ideológica.

El  hecho es claro y contundente, además debemos sostener que bajo el Papado de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, afirmó totalmente que el principio de la libertad religiosa es insoslayable, y no propuso una nueva doctrina. Al contrario, reiteró una experiencia humana común, debido claramente a que todos como personas, dotadas de razón y de libre voluntad y por lo tanto capaces de asumir la responsabilidad personal, se ven por su propia naturaleza obligados a buscar la verdad (palabras de Juan XXIII). Y es en la verdad esta esencia, un objeto posible de conocimiento racional y relacional también, donde encontramos la posibilidad de un sano ejercicio de la libertad. En ese nexo de unión se halla  la verdadera dignidad de la persona humana.

*Dr. en Derecho Uruguayo y católico

Asesor en Bioética de la Universidad de Montevideo

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