La CEPAL contraria a la familia

CEPAL. 2ª Conferencia Regional. México DF. Oct 2015.
Del 6 al 9 de octubre tendrá lugar en México DF la revisión del llamado Consenso de Montevideo de la Comisión Económica para América latina y Caribe, CEPAL, organismo dependiente de Naciones Unidas.

El llamado consenso de Montevideo fue el documento aprobado en la reunión mantenida del 12 al 15 de agosto de 2013. El objetivo de la reunión de México es evaluar los avances y replanificar objetivos.
El documento de trabajo censura lo que –a su juicio- son retrocesos ,“síntomas de estancamiento y retroceso en la región”. Citamos textualmente:

  • • Resurgimiento de discursos conservadores: oposición del aborto, exaltación de la familia
  • • La ideología de la familia como valor ha florecido el resurgimiento de la alianza entre los sectores más conservadores
    • Resurge con éxito la oposición al aborto
  • Los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo una asignatura pendiente limitando fuertemente la autonomía de la mujer.

En su opinión, las “restricciones a los derechos reproductivos de los adolescentes” supone una “imposición de la maternidad no deseada”

El informe también lamenta que en Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana “el aborto no haya sido despenalizado en todas sus circunstancias”.

Entre los informes nacionales, Bolivia se queja de que los obstáculos que encuentra para implantar su plan integral de prevención del embarazo adolescente:

“La Iglesia católica limita las posibilidades de ejercer los derechos sexuales y reproductivos”
Por su parte, Chile, señala que su primer reto es la despenalización del aborto:

“El régimen legal prohibitivo importa la negación de los Derechos Humanos de las Mujeres”

Entre lo que consideran éxitos y avances destacan la ley de identidad de género en Argentina y el matrimonio entre personas del mismo género en Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil.

También se felicitan por la legalización del aborto en Uruguay en el 2012 y por la sentencia T.-841 de la Corte colombiana que permite el aborto bajo el supuesto de “daños a la salud mental” de la madre.

Entre los objetivos para la agenda del futuro se encuentra el acceso universal a la salud sexual y reproductiva (eufemismo de aborto) y a los métodos anticonceptivos.

Además, el feminismo debe avanzar “promoviendo la democracia dentro de la propia familia, con políticas de derechos de todos sus miembros, incluída la política de libertad sexual”.

Incluso llegan a asegurar que para el desarrollo no es necesaria la familia, pero sí la perspectiva de género:

“El desarrollo económico y democrático, la estabilidad política, la generación de empleo y la promulgación de leyes son condiciones para el desarrollo siempre y cuando dicho proceso integre la perspectiva de género”.

Sin duda se trata de una agenda con un marcado sesgo ideológico, que en lugar de reconocer el derecho a la vida y el apoyo social a las mujeres con embarazos en dificultad, defienden el descarte de la vida ‘incómoda’.

En lugar de defender la familia como célula básica de la sociedad y factor de estabilidad y desarrollo, la consideran una “ideología” y una amenaza.

Por supuesto no es lo que piensa la sociedad latinoamericana ni sus jóvenes. Muéstrales tu oposición.

Esta es –textualmente- una de las conclusiones que se llevarán a una cumbre latinoamericana que comienza mañana martes en México DF: aborto y ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo.

Incluso dicen que para garantizar el desarrollo hacen falta políticas «con perspectiva de género”. ¿No será que hacen falta políticas con «perspectiva de familia”?

En definitiva: pretenden imponer la agenda destructora del derecho a la vida y de la familia en todos nuestros países.

El documento de trabajo censura lo que –a su juicio- son retrocesos, «síntomas de estancamiento y retroceso en la región”. Te cito textualmente:

• Resurgimiento de discursos conservadores: oposición del aborto, exaltación de la familia
• La ideología de la familia como valor ha florecido el resurgimiento de la alianza entre los sectores más conservadores
• Resurge con éxito la oposición al aborto
• Los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo una asignatura pendiente limitando fuertemente la autonomía de la mujer.
• En su opinión, las «restricciones a los derechos reproductivos de los adolescentes” supone una «imposición de la maternidad no deseada”
• Observo que en lugar de defender el derecho a la vida y promover política sociales de apoyo a la maternidad, defienden el derecho al aborto, que como sabe, no está recogido en ningún tratado internacional.
• Observo también que en lugar de defender y promover a la familia como célula básica de la sociedad y factor de desarrollo y estabilidad, la consideran una “ideología conservadora”.
• En lugar de promover leyes y políticas con perspectiva de familia, promueven leyes y políticas con perspectiva de género.
• Si de verdad quieren comprometerse con el futuro de la región, su desarrollo económico, social y democrático, necesariamente deberán de hacerlo con las familias sin descartar a nadie.
• Si su agenda permanece en posiciones ideológicas estrechas, quiero que sepa que no me representa.

Un muy mal proyecto en Chile

*Fuente: El Mercurio

Independiente de la posición que se tenga respecto del aborto, el actual proyecto que presenta el Ejecutivo para despenalizarlo en tres causales, técnicamente es muy malo, ya que se sustenta en una interpretación errada de la evidencia existente.

En relación con la mortalidad materna, el objetivo del proyecto buscaría disminuirla, permitiendo la interrupción del embarazo en aquellas mujeres con riesgo vital presente o «futuro». Es importante señalar que la mortalidad materna chilena es una de las más bajas del continente, aun con una legislación poco permisiva. Ninguna de las muertes maternas ocurridas en los últimos años se habría evitado con esta ley, pues estas no ocurrieron por falta de intervención médica, sino por complicaciones en el tercer trimestre de embarazo o asociadas al parto. Considerar que médicos generales se hagan cargo de pacientes de alta complejidad, como plantea la iniciativa legal, es un error técnico grave. Cualquier situación eventual puede ser invocada como «riesgo futuro», expandiendo la realización de abortos. Así, en esta causal el proyecto no resuelve ningún problema real y podría, incluso, aumentar las muertes maternas.

En la segunda causal, esta iniciativa legal procura resolver un drama real: el sufrimiento de una madre frente a un hijo con una malformación grave. Es una simplificación pensar que este proyecto resuelva de manera integral este drama. Aunque el diagnóstico de algunas de estas patologías puede hacerse precozmente en el embarazo, eso no corresponde a la realidad nacional, y la gran mayoría se hace después de las 20 semanas. A esta edad gestacional, toda madre ha establecido un vínculo con su hijo, y el aborto solo ofrece ponerla en la encrucijada de decidir si su hijo vive o muere, cuando realmente necesita apoyo, acompañamiento, cuidados médicos paliativos, nada de lo cual está planteado. Cabe señalar que el diagnóstico de certeza de una malformación fetal es muy complejo, aun en manos de especialistas; no obstante, el proyecto plantea que pueden hacerlo médicos generales. Nadie en su sano juicio aceptaría realizarse una cirugía cardíaca diagnosticada y manejada por un médico general. ¿Por qué el estándar debe ser menos para el diagnóstico y manejo de malformaciones fetales?

Respecto de la tercera causal, el objetivo del proyecto es que mujeres que han sido violadas no carguen con el drama de tener al hijo del violador. Nadie puede ser indiferente a esta tragedia; sin embargo, el proyecto solo propone poner fin al embarazo, omitiendo gravemente la denuncia y persecución del delito. Dado que la mayoría de los embarazos por violación son provocados por un conocido en el entorno de la víctima, el actual proyecto propone eliminar al hijo, pero no previene que la mujer siga en el entorno del abusador. Además, la interrupción del embarazo a las 12 o 18 semanas puede tener graves consecuencias físicas y psíquicas para la madre, pero el proyecto no plantea ningún tipo de prevención para ellas.

Finalmente, este proyecto no resuelve el problema del aborto clandestino. Sabemos que la actual legislación permite claramente actuar para los casos de riesgo vital aplicando el buen juicio clínico. Para las otras dos causales es evidente la necesidad de implementar más políticas de prevención y acompañamiento que las existentes. No es aceptable que se le ofrezca a la sociedad el aborto como solución, porque solo generará problemas, como ha ocurrido en los países con aborto legal.

Jorge Becker
Subespecialista Medicina Materno Fetal, Hospital Regional de Talca

Sebastián Illanes
Subespecialista Medicina Fetal, Universidad de los Andes

Elard Koch
Epidemiólogo, director MELISA Institute

Fuente: El Mercurio

¿Convencionales o naturales?

El reciente y dividido fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos (5 contra 4), que obliga a todos sus Estados miembros a aceptar el matrimonio homosexual de manera independiente a lo decidido por muchos de ellos en votaciones populares, sin duda traerá varios conflictos en relación con otros derechos, como la libertad de conciencia o de educación. Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre otro punto: el fundamento de los derechos humanos.

En efecto, para muchos este fundamento es convencional, esto es, proviene del acuerdo de los propios interesados, ya se trate de una votación popular, parlamentaria o de un Estado en el caso de un tratado internacional. Así, los obligados por ellos sólo lo estarían por propia voluntad, en virtud de su autonomía. De ahí que estos sectores sean alérgicos a esa otra concepción que estima que los derechos humanos provienen de una realidad objetiva y natural –la inherente y universal dignidad humana– y que por ello, poseen un núcleo inderogable y sobre todo, que deben ser descubiertos, ojalá por todos, no inventados o creados por un acuerdo.

Este asunto es de la máxima importancia, pues si son convencionales, cada comunidad política tendría plena libertad de decidir, en virtud de su autodeterminación, qué considerará derechos y qué no, sin perjuicio de poder cambiar de parecer en el futuro. Y por lo mismo, aunque esté en desacuerdo con lo decidido por otras comunidades políticas, dadas estas premisas, no cabría más que respetar su decisión, tal como exige que se respete la propia. Esa es la razón por la cual, volviendo al fallo aludido, en varios Estados miembros se habían realizado votaciones populares para decidir sobre el controvertido tema del matrimonio homosexual, con resultados dispares.

Sin embargo, con su fallo, la Corte Suprema estadounidense pareciera colocar el fundamento de estos derechos en un nivel distinto, y desde su óptica, superior al meramente convencional, pues en caso contrario, sería una opinión –la suya– contra otra –la popular–. Si considera que todos los Estados miembros deben instaurarlo, es porque para ella se trataría de un derecho evidente; tan evidente, que no podría ser desconocido por ningún acuerdo, por muy democrático que fuese. Con lo cual, además, termina con cualquier debate a este respecto.

Mas, esta postura resulta irreconciliable con la idea de la convencionalidad (o si se prefiere, artificialidad) de los derechos humanos. Si realmente fueran convencionales, la sentencia debería haber reconocido la autonomía de cada Estado miembro para decidir.
Por tanto, ¿en qué quedamos? ¿Son convencionales o naturales?

*Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián

Objeción de conciencia en el aborto en Uruguay

OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL ABORTO EN URUGUAY, NO SE CONSIDERA OMISIÓN DE ASISTENCIA

*Dr. Carlos Leite Poletti

El tema es, como hasta ahora, casi inabarcable, pero quiero hacer un especial énfasis en lo siguiente. Un grupo de médicos uruguayos me hicieron sentir orgulloso de mi nacionalidad, a algunos los conozco personalmente, debido a que, aun contra el sistema y la prepotencia legislativa y gubernamental del Uruguay de hoy, lograron un fallo histórico del Tribunal de lo Contencioso administrativo que impugnó 11 de los 42 artículos del Dto. Reglamentario que reguló el crimen atroz del aborto.

El 13 de octubre de 20014, un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) eximió a los ginecólogos de la obligación de participar de los procesos vinculados al aborto y les permite dar información destinada a mantener el embarazo e incluso pedir ecografías. El alcance del derecho de objeción de conciencia para el personal de la salud fue uno de los aspectos más polémicos de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La reglamentación, según un centenar de ginecólogos que presentaron en el año 2013 un recurso para impugnar 11 de sus 42 artículos, limita la invocación de objeción de conciencia, a recetar el fármaco abortivo o hacer el legrado, Y LOS OBLIGABA a participar en todos los procedimientos previos y posteriores a la interrupción del embarazo, en un típico razonamiento y orden, que hace 70 años sería propia del Dr. Josef Mengele.

Este fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo POR UNANIMIDAD y considerado «histórico», consideró que los artículos recurridos dañan el libre ejercicio de la medicina y la libertad de conciencia como derecho humano, por lo que resolvió suspender su aplicación hasta tanto se pronuncie sobre el recurso de impugnación presentado.

Los profesionales que recurrieron la reglamentación argumentaron que la misma trasciende lo perseguido por la ley y les causa un grave daño. También consideraron que se quitó libertad a los médicos en el asesoramiento de las pacientes y afirmaron que todo lo previsto y regulado solo está dirigido a «la concreción del aborto» y no permite «brindar un espacio de contención donde puedan valorar otras alternativas».

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo acogió el planteo de los ginecólogos para suspender la ejecución de diez artículos de la reglamentación (uno de ellos en forma parcial).

¿Cuáles son las consecuencias?

La suspensión de los artículos impugnados habilita a los médicos abstenerse de participar en todas las actividades que por su naturaleza o propósito contribuyen a la realización del aborto. Vale decir, los médicos pueden abstenerse de las actividades preparatorias, como por ejemplo la puesta a punto del instrumental, e incluso de las posteriores necesarias para su conclusión. El médico puede objetar cualquier intervención en cualquier etapa del proceso para realizar el aborto; no estarán obligados ni siquiera a firmar el formulario IVE que en la primera consulta debía ser firmado para que luego procediera el aborto.

A su vez, cae el artículo 32 que solo daba por válidas las objeciones de conciencia que siguieran los procedimientos establecidos en la reglamentación, por lo que alcanzará con que la misma se exprese de manera verbal, en los ámbitos que correspondan. Es un fallo unánime del TCA que entiende que es tan grave la afectación de la libertad de conciencia, que es necesario detener ese daño incluso antes del pronunciamiento definitivo. El daño es a la libertad de conciencia y al libre ejercicio de la medicina. La libertad de conciencia es un pilar del estado de derecho. No se puede obligar a una persona a hacer actividades que van contra su conciencia y principios éticos o religiosos.

*Doctor en Derecho Uruguayo y Católico
Asesor en Bioética de la Universidad de Montevideo

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