Como resulta natural, a medida que se acerca la fecha de las próximas elecciones, los ánimos se van caldeando y surgen todo tipo de rencillas y descalificaciones entre los contendores y sus partidarios. Y no es para menos, al existir tantas expectativas de uno y otro sector en su propio proyecto político.

            Sin embargo, y más allá de cualquier

, existe un dato de trascendental importancia relacionado con las próximas elecciones que no debe ser pasado por alto: este consiste en los pocos recursos que tendrá el próximo gobierno para llevar a cabo no sólo su propio programa, sino las prestaciones que de ordinario realiza el Estado. Tan así, que ya varias voces vaticinan un período más que complejo, independientemente de quien salga ganador en las urnas.

            En realidad, la situación no puede ser más grave, puesto que este verdadero desfondamiento de los recursos públicos podría tener consecuencias devastadoras en los próximos años. Piénsese, por señalar sólo un ejemplo, en las numerosas muertes que podrían producirse dada la falta de medios que afectará a la salud pública.

            Ahora bien, ¿justifica el juego político una situación como ésta? ¿Resulta aceptable que un gobierno deje literalmente y a propósito en la bancarrota al siguiente, al prevenir que será de signo contrario, para eventualmente volver al poder luego de ese nuevo mandato?

            Claramente no, porque en este caso se está jugando con los destinos de todo un país, lo que podría incluso causar muertes, según se ha dicho. O si se prefiere, la política no es algo así como un juego de “Monopoly”, en el que se hace cualquier cosa para arruinar a los adversarios y hacerles el mayor daño posible a fin de ganar la partida. Ello, pues en el presente caso, los efectos de este desfalco son reales y además, inmerecidos para la población.

            En consecuencia, debiera existir una investigación exhaustiva y sanciones posteriores respecto del expolio que se ha producido con las arcas públicas y los grandes préstamos adquiridos, comenzando por una profunda auditoría externa. Ello, se insiste, porque resulta inadmisible que se juegue con una frivolidad así con los destinos de un país entero.

            De hecho, en una época en que tanto se enarbolan los derechos humanos, resulta claro que esta notable falta de recursos va a producir la violación de varios de esos derechos, situación que resultaba perfectamente evitable. Ello, pues este gasto y endeudamiento excesivos no se han debido a una situación extraordinaria, como las catástrofes naturales que de tanto en tanto azotan a Chile, sino al programa de gobierno y otras medidas que se fueron adoptando sobre la marcha, pero se reitera, dentro de una situación normal para el país.

Se insiste en que esta falta de prestaciones generalizada que se avecina no corresponde tanto al programa del próximo gobierno, sea cual sea, sino a las operaciones y servicios que el Estado chileno proporciona de continuo, algo así como los “costos fijos” de la actividad del país, y que debe ser llevada a cabo por las autoridades de uno u otro signo.

Así entonces, ¿puede salir tan indemne un gobierno notablemente descuidado o incluso doloso con el uso de los recursos públicos, hecho en parte para hacer inviable una futura administración? ¿La política da para todo, incluso dañar gravemente a la población? ¿Se puede jugar así con las personas a las que se dice servir?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián