Cogobierno universitario

Un principio de la más elemental lógica indica que los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo una actividad, deben ser idóneos para la misma. Ello, porque en caso contrario, se corre el riesgo de no poder realizarla o de hacerlo mal.

Bueno, es precisamente esto lo que puede ocurrir si se aprueba el proyecto de ley de cogobierno universitario: porque el instrumento que se pretende fabricar (un gobierno conformado por académicos, personal administrativo y alumnos) no es el apropiado para ese fin.

Son muchas las razones que hacen desaconsejable esta iniciativa, además de las nefastas experiencias históricas de nuestro país a finales de los años 60 y principios de los 70. Por razones de espacio, sólo se hará alusión al cogobierno de los alumnos.

Un primer aspecto es que los alumnos no tienen la preparación adecuada, pues precisamente llegan a la universidad para aprender. Por eso no están en la mejor situación para tomar decisiones que además, repercutirán en ellos mismos. Con todo, ello no obsta para la existencia de otras instancias de participación estudiantil, como los centros de alumnos o la inclusión de sus representantes en diferentes órganos colegiados, con derecho a voz.

Por otro lado, los alumnos están de paso en la institución, por lo que carecen de la perspectiva de largo plazo que una universidad requiere.

Como si fuera poco, el cogobierno es la puerta de entrada perfecta para una malsana politización de las universidades, lo que además de desdibujarlas, merma su calidad.

Finalmente, entre otras razones, porque resulta inevitable que con este sistema, tanto el proyecto institucional de una universidad, así como las exigencias de su claustro académico (tanto para ingresar al plantel como para evaluar a los alumnos) terminen malográndose, pues la presión estudiantil podría deshacerse de ciertos docentes considerados políticamente incorrectos o demasiado duros; con lo cual, la mediocridad terminaría campeando a sus anchas.

Es por eso que la universidad es, por esencia, jerárquica; no por un afán de poder, sino por necesidades mínimas de conocimientos y de competencias para saber qué hacer. De ahí que no pueda pretenderse que todas las instituciones funcionen democráticamente, por razones elementales de sentido común. Con semejante criterio, podría abogarse para que los pacientes cogobernaran los hospitales, y que además, pudieran cuestionar de igual a igual las decisiones de sus médicos; con lo cual, no solo funcionarían mal los hospitales sino que los pacientes podrían incluso poner en riesgo su propia vida. ¿Cree alguien que sería este un camino correcto?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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