Entre el 20 y el 23 de septiembre se realizó en la ONU, en Nueva York, la “Cumbre del Futuro”, evento que se vio cristalizado en el documento titulado “Pacto para el Futuro”.
Como señala la misma página web de la ONU, este acuerdo “incluye un Pacto Digital Global y una Declaración sobre las Generaciones Futuras. El Pacto cubre una amplia gama de temas que incluyen la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la cooperación digital, los derechos humanos, el género, la juventud y las generaciones futuras, y la transformación de la gobernanza global”.
El texto fue aprobado por líderes de 193 países y pretende ser un acuerdo global para enfrentar una serie de problemas que aquejan actualmente a la humanidad. Vendría a ser una nueva versión de la Agenda 2030, pero aplazada para el año 2045.
De esta manera, además de reiterar las materias de la anterior agenda, agrega otras, tales como la inteligencia artificial, la financiación del desarrollo, la ciencia, la tecnología y la innovación. Igualmente, busca regular las redes sociales, lo que varios críticos consideran un abierto intento por censurarlas y controlarlas.
De hecho, respecto de esto último, en una columna anterior hablábamos del reciente documento titulado “Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia”, y en otra columna comentábamos la detención de Pavel Durov, fundador de Telegram. Ambos hechos se vinculan de lleno con este último y preocupante problema.
Como es de esperar, e igual que con la aludida Agenda 2030, este documento tendrá varias consecuencias para nuestros países, al buscar imponerse a los mismos con la excusa de enfrentar el delicado momento que en teoría vivimos como humanidad.
Ahora bien, y al margen de las buenas intenciones que en teoría existan aquí, nuevamente se pretende generar una serie de medidas impuestas de forma autocrática y sin la más mínima consideración por el parecer de los ciudadanos del planeta, pese a que seremos de lejos los más afectados por ellas. Y aunque se señale que el documento final ha sido el resultado de varios trabajos e informes previos, lo que se quiere recalcar aquí es que la ciudadanía no solo no ha tenido ninguna participación en ellos, sino que ni siquiera ha sido adecuadamente informada de este evento.
Tampoco basta con señalar que es suficiente por el hecho de que el documento haya sido aprobado por los representantes de decenas de países. Y no lo es, se insiste, porque la ciudadanía no ha sido informada de esto ni tampoco ha consentido en generar un gobierno global que se imponga a la soberanía y autodeterminación de los propios Estados. Ello, pues al buscar tener estas medidas una completa preferencia respecto de las decisiones nacionales, lo mínimo que cabe exigir es que la ciudadanía esté informada y otorgue su beneplácito.
Se trata así de otro paso más en pos de un gobierno global, que pretende imponer sus decisiones a la humanidad sin cortapisas ni controles, en teoría por su bien. Una tecnocracia en toda regla, que hace ilusoria y banal la institucionalidad de cada país.
En efecto, ¿de qué sirve tener una Constitución, una división de poderes, elecciones democráticas y un largo etcétera, si cualquier decisión local puede ser borrada de un plumazo por el querer de esta oligarquía tecnocrática global?
Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián
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