¿Estás consciente del genocidio mexicano? Por: José de Jesús Castellanos

 

El Siglo XX ha pasado a la historia como el siglo de los genocidios. Dos son los más llamativos y se encuentran enmarcados por el nacimiento del totalitarismo: el del nazismo y el del comunismo soviético. Hay otros menos recordados en Turquía, en África y en Asia, pero también son muestras de la barbarie de la que somos capaces los humanos.

Pero el más silencioso, incluso justificado por algunos, es el del aborto cuya práctica se ha convertido en violencia institucionalizada en el Siglo XXI en entidades nacionales o locales, como en el Distrito Federal.

Como reacción defensiva para rescatar de la barbarie al ser humano, en 1948 se promulgó con el consenso de las naciones miembros de la ONU, la Declaración de los Derechos Humanos. Documento de autoridad moral levantado cuando aún humeaban los restos de la Segunda Guerra Mundial. Declaración seguida de convenciones internacionales y regionales, de carácter vinculatorio, que obligan a los estados firmantes a respetar los derechos humanos.

En México tuvo que concluir el Siglo XX e iniciarse una transición democrática para que, finalmente, nuestra Constitución, a partir de este año, recogiera, reconociera y consagrara la protección de los derechos humanos. Fue éste un avance apoyado por todos los partidos políticos, por la mayoría de los estados de la federación y aplaudido por la sociedad mexicana como una luz de esperanza hacia el futuro. Pero no ha pasado mucho tiempo para que la llama de los derechos humanos se vea amenazada desde donde más debía protegerse: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El ministro Fernando Franco González Salas, responsable de presentar los proyectos de sentencia respecto de las acciones de inconstitucionalidad promovidos contra las reformas constitucionales de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que protegen la vida desde la concepción, ha presentado al pleno sendas propuestas que en sus términos, además de contradictorias, echan por tierra el fruto de la reforma constitucional y de aprobarse, institucionalizarían la violencia contra los seres humanos anidados en el seno materno, ampliando el genocidio que en el DF supera los 60 mil muertos, muchos más que las víctimas de la guerra contra la delincuencia organizada.

Para sustentar su argumentación, el Ministro Franco ha recurrido a la negación de la dignidad de la persona a los recién concebidos, pretendiendo establecer distinciones de personas o cuasi personas, en una regresión semejante a la que utilizaron los defensores de la esclavitud, los nazis para perseguir a judíos y gitanos, o los comunistas para exterminar a los burgueses.

El Ministro utiliza variedad de sofismas para sostener su argumentación, pretendiendo que la Constitución sea interpretada a partir de reglamentos, normas oficiales mexicanas o eventos internacionales sin consenso ni carácter vinculatorio, para negar lo que está, ya, expresamente reconocido en la Constitución, como son los Pactos Internacionales firmados por México y ratificados por el senado.

Persona, dice la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 1, fracción 2, «es todo ser humano». Y ser humano es toda aquella unidad plena, individual, aunque se encuentre en proceso de desarrollo, poseedora de un código genético humano. Éste es el caso del recién concebido o el nasciturus. También el Pacto internacional de derechos civiles y políticos dice en su artículo 16: «Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica», de modo que cualquier ser humano, aún el que está en el vientre materno, tiene derecho a que se reconozca su personalidad jurídica.

En cierta forma al Ministro Franco no le queda más remedio que reconocer dicha personalidad. Sin embargo, en su afán de justificar un proyecto de inconstitucionalidad, recurre al imaginario, a la fantasía, estableciendo distintos tipos de personas, para finalmente negar el derecho a la vida a los niños recién concebidos. Parecería que asistimos a un nuevo nominalismo con el propósito de abrir paso a la instauración de la violencia institucionalizada en México.

Resulta aberrante que en el máximo tribunal del país se presente una propuesta como ésta. Tan lamentable como lo fue la del Ministro Ramón Cosío en el caso de la controversia en el DF, que hasta el engrose tuvo que ser rechazado por el resto de los ministros al no respetar la decisión de la Corte y pretender introducir conceptos contrarios a lo expresado por el resto de los ministros, en una sentencia que merece ser revisada, sobre todo a la luz de la nueva redacción de los artículos 1º y 29º de la Constitución.

Pretender aprobar una declaratoria de inconstitucionalidad al ejercicio de la soberanía de los estados de Baja California y San Luis Potosí, sería una violación a la soberanía de dichos estados y una contradicción de alguno de los argumentos que se usaron para declarar lo contrario en el caso del DF.

En las manos de la Corte estará, a partir de la próxima semana, la vigencia del Estado de Derecho o la reapertura del estado totalitario en nuestro país.

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