Hace pocos días y pese a la enorme polémica que ha generado, terminó aprobándose en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Garantías de la Niñez, gracias al cual el Estado podrá imponer, de llegar a convertirse en ley, una visión única no solo respecto de la sexualidad, sino más profundamente, de la concepción del ser humano, haciendo tabula rasa con las convicciones de los padres –religiosas o no–, su derecho preferente para educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia, entre otros derechos fundamentales que han sido borrados de un plumazo con esta nueva legislación.
Debe advertirse que el carácter totalitario de este y de otros intentos del Estado de imponer una visión “oficial” en materias amplia y legítimamente discutibles, incluso en áreas o ambientes privados y hasta íntimos de las personas, conlleva otorgarle un enorme poder, al permitirle por esta vía moldear la mente de sus ciudadanos. Es por eso que pocas cosas hay más nefastas para una sociedad, que el afán del Estado por meterse y regularlo todo.
De nada vale que exista o no un régimen democrático que en teoría, avale esta ilegítima intromisión. A fin de cuentas, este sistema político es sólo un mecanismo para elegir a sus gobernantes y para la toma de sus decisiones, pero no garantiza de suyo que dichas decisiones sean justas. Ello, porque el mero procedimiento o ritualidad no convierte en correctos sus resultados, pues tanto el bien como el mal pueden haber sido fruto de un arduo y meticuloso trabajo. Es a esto a lo que se ha llamado también “falacia procedimentalista”.
Otro argumento usualmente utilizado para imponer esta y otras conductas totalitarias del Estado, consiste en justificar dicho proceder señalando que se están protegiendo diversos “derechos humanos”, sea lo que fuere que se entienda por los mismos. En realidad, es tanto el prestigio que aún posee este concepto, pese a lo manoseado que se encuentra, que su sola evocación genera una casi automática legitimación de lo que se pretenda lograr a su sombra, lo que podría llamarse un “efecto talismán” de los derechos humanos.
El problema es que en la actualidad, estos derechos no son una realidad a descubrir sino a inventar, a crear mediante decisiones supuestamente consensuadas por los Estados mediante tratados internacionales. Pero al final, terminan dependiendo en los hechos de la interpretación más que antojadiza que hacen de estos tratados los comités y tribunales encargados de tutelarlos, gracias a lo cual han acabado en no pocos casos completamente deformados y alejados de su sentido original. Ello explica además que los mismos problemas (y por tanto, análogas aspiraciones totalitarias) se estén dando en la actualidad en muchísimos países al mismo tiempo, lo cual evidentemente no puede ser casualidad.
En consecuencia, lo importante entre otras cosas, es el fundamento y el resultado de las políticas y decisiones que se adoptan, sea a nivel nacional (exista o no una democracia) como internacional, y no tanto la manera en que se decidan, o si se prefiere, el camino que se siga para implantarlas.
Avanzamos así hacia un Estado cada vez más totalitario, que no contento con la dictadura sanitaria que ha impuesto desde casi un año y medio y del colapso económico global que esto está produciendo, pretende también ir cercenando cada vez más y más libertades. ¿Hasta dónde llegará?
Max Silva Abbott
Doctor en Derecho
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad San Sebastián
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