ESI: Educación sexual integral

Casi como impulsado por un frenesí obsesivo, ha seguido avanzando en el congreso el polémico proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que busca, como su nombre indica, incluir este tema en la formación de nuestros niños desde la más tierna infancia.

            Además de darse a momentos la impresión que para sus promotores, esta fuera la primera y más urgente necesidad de los menores –a una edad en que están claramente interesados en otras cosas–, lo que produce verdadera indignación, es el sentido u orientación que pretende darse a esta mal llamada “educación”, al punto que en no pocos casos, podría hablarse directamente de corrupción de menores.

            En efecto, incentivar a la fuerza la sexualidad en nuestros niños y niñas casi desde que abren los ojos a este mundo, no sólo busca adelantar artificialmente un proceso que despertará años después, sino además, implica, literalmente, robarles su niñez e inocencia.

            Por otro lado, se habla insistentemente que gracias a esta nefasta legislación, los menores estarían en condiciones de reclamar “sus” derechos “sexuales y reproductivos”, lo cual no puede menos que llamar la atención, ya que hasta donde todo el mundo sabe, antes de la pubertad, los niños y niñas no pueden reproducirse.

            Pero además, el proyecto ESI va de la mano de otras ideas, como el controvertido concepto de “autonomía progresiva”, que en el fondo, pretende privar a los padres de su legítimo e irrenunciable derecho a criar y educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Por tanto, todo este proceso equivale a una especie de “expropiación” de nuestros niños. Sin embargo, de manera más profunda, muestra que algunos legisladores confían más en el Estado que en los padres, y estiman que a través de sus funcionarios, organismos y reglas, este Estado cuidará mejor a los menores que sus propios progenitores.

            De esta manera, se pretende que los menores tengan una autonomía absoluta en relación a su sexualidad (autonomía que curiosamente, no les permite impedir ser adoctrinados de forma dictatorial por el Estado en esta materia), lo que incide, entre otras polémicas y peligrosas cosas, en la edad necesaria para el consentimiento sexual. Así, se busca por vía legal, homologar en este asunto a menores y adultos, con lo cual no hay que ser demasiado suspicaz para darse cuenta del enorme campo que surge para el abuso a su respecto. Ello, pues por mucho que la ley pretenda imponer una ficción (es decir, algo que no es cierto), en este caso, la madurez del menor en esta materia, los adultos tendrán una enorme ventaja en este escenario. Incluso abre las puertas a la pedofilia, justificada aquí por la decisión supuestamente libre y madura del menor.

            Evidentemente, siempre pueden sacarse a colación ejemplos dramáticos de progenitores desalmados y de menores en situaciones inaceptables. Mas, si se van a buscar casos límite para justificar esta inadmisible ley, convendría indagar en cómo le ha ido a las instituciones del Estado en su labor subsidiaria de formar a nuestros niños, las que como se sabe, se encuentran en un proceso de profunda revisión, dado el verdadero infierno que se vivía en su interior. Por tanto, llegado el momento de comparar, el Estado sale perdiendo sin apelación posible. ¿Le entregaremos así algo tan preciado como nuestros niños?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián

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