Resulta verdaderamente llamativo, a fuer de inaceptable, el modo en que en los últimos años, diversos gobiernos de sociedades supuestamente libres, han ido restringiendo más y más nuestras libertades, al punto que los Estados democráticos de Occidente van acercándose rápidamente a los tan denostados Estados totalitarios, que tanto sufrimiento y dolor han causado en el mundo.

            En efecto, con diversas excusas (una pandemia, el “cambio climático”, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, etc.), en varios países se anuncian o, peor aún, se van adoptando diversas medidas que cierran cada vez más el cerco sobre nuestras libertades, otorgándole un creciente poder al Estado (y en el fondo, a los gobernantes), y a la par, se van mitigando los mecanismos de control que debieran tener los ciudadanos sobre aquel.

            De esta manera, en el pasado hemos sido encerrados en nuestras propias casas, restringiéndose casi por completo nuestra libertad de movimiento; y ahora, se nos amenaza con todo tipo de nuevas limitantes, desde las llamadas “ciudades de 15 minutos” hasta la “huella de carbono”, o desde impuestos de toda clase que cada vez afectan más áreas de la vida antes consideradas completamente normales y hasta incentivadas por el Estado, hasta la digitalización del dinero y el fin del efectivo.

            En suma y como se ha dicho, todo esto le otorga más y más poder al Estado, limita el control ciudadano sobre el mismo, permite la arbitrariedad y el abuso, y sanciona la iniciativa y la vida misma de los ciudadanos, no solo con todo tipo de restricciones, sino además, con el castigo de impuestos o de multas, estas últimas muchas veces completamente desproporcionadas en relación con el supuesto ilícito que les da origen.

            De esta manera y dentro de esta temática, en Chile como en otros países, se quiere levantar el secreto bancario, so pretexto de controlar las operaciones del narcotráfico y de otras operaciones ilícitas. Con lo cual, los ciudadanos quedaríamos completamente desnudos ante la inquisidora mirada del Estado, que podría hurgar de manera indecente nuestras más mínimas actividades. Esto no solo resulta completamente inaceptable de cara a la libertad y la intimidad de los ciudadanos, sino que resulta absurdo, toda vez que es el Estado quien debe tener la máxima transparencia para que los ciudadanos puedan fiscalizar sus actividades y no al revés, como se pretende con esta medida.

            Además, los negocios ilícitos suelen hacerse de forma extra bancaria, así que la excusa de evitar estas conductas tampoco resulta válida. De hecho, ya existen mecanismos para indagar en cuentas bancarias, entre otras cosas, para el posterior lavado de dinero, pero deben ser autorizados por un juez dentro de un proceso con reglas y resguardos, pues como se ha dicho, conllevan una tremenda intromisión por parte del Estado.

Finalmente, lo curioso es que tan equivocada medida es apoyada por casi todos los sectores de nuestro espectro político, incluso aquel que dice defender nuestras libertades.

            ¿Se dará luz verde a esta absurda, totalitaria, injusta y dañina medida, que actualmente se está discutiendo en el congreso?

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad San Sebastián